domingo, 23 de marzo de 2014

La corporación judicial, el cristinismo y un sector radical juegan a favor de la impunidad

La corporación judicial, el cristinismo y un sector radical juegan a favor de la impunidad

marzo 23, 2014
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justicia--- 
Ayer señalamos que el descargo voluntario para el juez Norberto Oyarbide y el obligatorio para Claudio Bonadío (vinculado este último a Sergio Massa) formaban parte de una nueva coalición. La misma se formó después que la Corte Suprema de Justicia impidió con un fallo la elección popular del Consejo de la Magistratura. Fue entonces cuando el cristinismo adoptó una estrategia cercana a la practicada por sus antecesores montoneros. O sea, si no puedes derrotar a tus enemigos, únete a ellos. Y de este nuevo enfoque surgió otro fallo de la Corte, en este caso declarando la constitucionalidad de la ley de medios. Luego, esta alianza se evidenció en la elección de autoridades del Consejo de la Magistratura, en la cual los representantes de La Cámpora votaron a los camaristas Alejandro Sánchez Freites y Ricardo Recondo. Las primeras consecuencias las vimos el jueves pasado, con las distintas sanciones a Oyarbide y Bonadío. Pero en el caso del descargo obligatorio a Claudio Bonadío, también votó a favor el senador radical chubutense Mario Cimadevilla, quien también votó por la destitución del juez Daniel Rafecas, después de que éste allanara el departamento de Amado Boudou en Puerto Madero.

Un cuadro completo

Sin embargo, este senador chubutense no es el único radical del nuevo contubernio, ya que los principales abogados defensores de los kirchneristas amenazados por la justicia son los doctores Darío Richarte, ex segundo de la SIDE, y su socio Diego Pirota, y hace tiempo que existe una alianza entre la SI y la justicia federal. El enlace era hasta hace un tiempo el auditor Javier Fernández, quien le presentó a Richarte y Pirota a Julio de Vido quien, como dijimos, maneja un fondo de 100 millones de dólares para obtener sobreseimientos o cajoneamientos de causas contra funcionarios del cristinismo. Esta alianza se plasmó también en la Universidad de Buenos Aires, donde el contubernio llevó a la designación como rector de la misma del oscuro contador Alfredo Barbieri, vinculado en otro tiempo a José Pampuro, y como vicerrector a Richarte, el defensor de corruptos. Ninguno de los dos tiene una sola línea escrita sobre las materias que enseñan, ya que sólo se destacan por su actividad intrigante, sin ningún antecedente académico en una universidad que tuvo como rectores a Risieri Frondizi, Julio Olivera e Hilario Fernández Long, este último defenestrado en la noche de los bastones largos. A tanto llega esta trenza universitaria que De Vido donó el nuevo edificio de la Facultad de Ciencias Económicas, una edificación imponente para comprar voluntades a espaldas de los estudiantes ajenos a esta alianza espuria. Desde ahora hasta la entrega del poder la corporación judicial, ahora a cubierto de las intenciones colonizadoras de la presidente, goza de sus altos sueldos, ya que un fiscal gana 70.000 pesos limpios por mes y una subrogancia suma otros 40.000 pesos mensuales. Es decir, los mejores niveles de la historia. Esos fondos para la justicia los logró el hábil presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, un excelente político pese a las diatribas de Horacio Verbitsky y del abolicionista Eugenio Zaffaroni. El objetivo presidencial es la impunidad de ella y de sus hijos Máximo y Florencia, que firmaron recibos de los alquileres fraudulentos de Lázaro Báez de los hoteles presidenciales, una causa que duerme en tribunales por la acción de De Vido. Éste, además, insiste con la gran jugada que se viene, como es la desvinculación de Boudou de la causa Ciccone por la Cámara de Casación Penal, ya que el fiscal de casación Javier de Luca aceptó la excepción por falta de acción que presentó el estudio de Richarte y Pirota. Así, los camaristas, haciendo responsable al fiscal de Luca, podrían lograr que Boudou zafe de la causa.
Guille-3-14-2