El pacto
por Informador Público
Hoy, en Capital Federal, se realizarán las elecciones a jefe de
gobierno porteño cuyos resultados impactarán de lleno en el tablero
político nacional. Todo indica que el macrismo no podrá obtener más del
50% de los votos y por eso habrá balotaje entre el actual jefe de
gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y
quien quede en segundo lugar que, muy probablemente, sea el economista
Martín Lousteau. El kirchnerismo, cuyo candidato es el camporista
Mariano Recalde, podría quedar en el tercer puesto.
Ahora bien, lo que puso de manifiesto la contienda electoral porteña
es que, evidentemente, existe una suerte de pacto entre macristas y
kirchneristas para que la discusión del proceso electoral sea súper light.
Es decir, para que nada cambie y se mantenga así el status quo político
y económico. Y esto no sólo atañe a la Capital Federal, sino que
evidentemente el entendimiento tiene alcance nacional.
Así es como, sospechosamente, desde el kirchnerismo ya ni siquiera se
esfuerzan en recordar los escándalos que involucrados a las empresas de
Mauricio Macri y de su padre, que durante décadas manejaron la obra
pública y se beneficiaron con las medidas económicas de los gobiernos de
turno, como fue la estatización de la deuda privada mediante seguros de
cambio que llevó a que aún hoy, el conjunto de los argentinos, estemos
pagando los negociados hechos por unos pocos.
Macri y gran parte de sus seguidores prácticamente no están hablando
de los grandes casos de corrupción de la era K como es la causa Hotesur,
que tiene como principal protagonista a Máximo Kirchner, el hijo de la
presidenta que está siendo investigado, junto con Lázaro Báez y otros
empresarios ligados al kirchnerismo, de lavar millones de dólares a
través de negocios hoteleros. Pese a la contundencia de las pruebas,
como son las sumas millonarias invertidas por Báez en el alquiler de
habitaciones que nunca se ocuparon, pareciera que Macri tiene decidido
mirar para otro lado. Por eso se mantuvo en silencio el jueves pasado
cuando, quien en los papeles aparece como su principal competidor en la
pelea por ocupar el sillón de Rivadavia, como es Daniel Scioli, estuvo
en Río Gallegos, en el lanzamiento de la candidatura del hijo de la
presidenta.
El silencio de kirchneristas y macristas es compartido y se extiende a
otras áreas sensibles, donde tanto el Pro como los K tienen intereses
económicos en común. Un ejemplo concreto es el negocio del juego que en
Capital Federal es regenteado monopólicamente por Cristóbal López.
Lo único que atinó a decir a Rodríguez Larreta, en la campaña, es que
durante la gestión macrista “no aumentó la oferta del juego en capital
Federal”. La excusa no resiste el menor análisis ya que la recaudación
de las tragamonedas no solamente crece de forma escandalosa producto de
la falta de controles por parte del gobierno nacional, sino por el hecho
de que la administración porteña tomó la decisión política de abandonar
la pelea por cobrar impuestos en función de las fabulosas ganancias que
arrojan las maquinitas.
A cambio de que la Ciudad no cobre impuestos al juego, Lotería
Nacional deriva aproximadamente 300 millones de pesos por año a la
administración porteña. Este convenio, a su vez, le permite a Cristóbal
no tener que cancelar una deuda de $ 2000 millones en concepto de
Ingreso Brutos que nunca se pagó porque el cobro de ese gravamen se
encuentra judicializado. Ahora bien, el aporte de Lotería Nacional
resulta ínfimo respecto a lo que efectivamente debería aportar el zar
kirchnerista del juego en territorio porteño. Algunos números hablan por
sí solos: Cristóbal actualmente administra unas 6200 tragamonedas,
contabilizando los slots del hipódromo de Palermo y del casino
de Puerto Madero. Es decir, prácticamente, tiene la misma cantidad de
tragamonedas que la mayor operadora del juego en la Provincia de Buenos
Aires, que administra 14 salas de bingo y, según su último balance,
obtuvo ingresos en 2014 por aproximadamente $ 4890 millones y debe pagar
una alícuota del 12% en concepto de IB. Tomando como referencia estos
datos, Cristóbal debería pagar alrededor de $ 586 millones anuales de IB
en caso de aplicarse una alícuota del 12%, es decir, $ 286 millones más
que los módicos aportes que actualmente hace Lotería Nacional.
Los nexos entre macristas y kirchneristas se extienden, además, al
puñado de empresas que controlan el negocio de la obra pública, muchas
de ellas involucradas en todo tipo de escándalos por casos de
sobreprecios y pago de coimas.
También llama poderosamente la atención que el jefe de gobierno
porteño no se haya expedido sobre el escándalo que se está registrando
en la Justicia Electoral de La Plata, donde deberán dirimirse los
conflictos que se susciten en los comicios de la Provincia de Buenos
Aires que concentra, nada más y nada menos, que el 40% del padrón
electoral del país.
Como medio de comunicación independiente, el diario Hoy tiene la
obligación de plantear la existencia de este verdadero contubernio. No
nos sentimos iluminados. Solamente, con nuestras investigaciones y
editoriales buscamos problematizar el escenario político, intentando
instalar los interrogantes que otros callan. Ojalá, antes de las PASO
del 9 de agosto, los principales candidatos le demuestren a la gente,
con hechos concretos, que estamos equivocados. Eso demostraría que la
podredumbre no está tan extendida. Que así sea. (Hoy)