Ya
está mostrando la hilacha este gobierno, van a darle un poco de agua a estos
desahuciados para que no jodan, no sea que los zurdos se enojen y hagan manifestaciones.
Cínicos,
¿no saben acaso que gracias a las familias de estos soldados Macri ganó las
elecciones?¿Por qué tanto miedo a una sarta de degenerados que no han hecho
nada más que daño a este pobre país?
Sr.
Presidente, actúe como un hombre, tiene todas los recursos que le da la ley
para terminar con esta infamia anticristiana y no se preocupe tanto por los
marxistas y los periodistas afines, el pueblo que confió en usted lo va a
respaldar.
Si
de verdad quiere la pacificación nacional sobre la que tanto pontificó,
actúe con nobleza.
Si
tolera que ese rejuntado de parcas le marque la cancha, sepa que entonces
perderá el respeto y la admiración de millones que lo eligieron y ese será su
fin.
El Gobierno prepara un polémico permiso para represores detenidos
Un
borrador al que accedió Infonews muestra que desde el Ministerio de Defensa
levantarían las restricciones existentes para que los condenados por delitos de
lesa humanidad puedan atenderse en los hospitales militares. El texto.
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El gobierno nacional tiene lista una
resolución, la 65/16, por la cual permitirá que los militares detenidos por
crímenes de lesa humanidad sean atendidos en hospitales militares.
Por
decisión del gobierno nacional, los militares detenidos por crímenes de lesa
humanidad podrán volver a atenderse al Hospital Militar del que se fugaron dos
condenados en 2013
El borrador del texto del Ministerio de
Defensa, al que accedió Infonews, plantea la derogación de una resolución
anterior, firmada por el entonces ministro Agustín Rossi, el 26 de julio de
2013. Esa medida había sido tomada luego de que dos represores, Jorge Olivera y
Gustavo De Marchi, se fugaran tras haber sido atendidos en el Hospital Militar
Central Cosme Argerich ubicado en la avenida Luis María Campos.
"Adoptamos la resolución de no aceptar dentro de hospitales militares la
atención de aquellos que estén condenados por delitos de lesa humanidad, ya sea
en el caso de internación o tratamiento ambulatorio para evitar situaciones
como la que se produjo la semana pasada", explicó en su momento Rossi.
En paralelo, el Ministerio de
Justicia les había pedido a los jueces que derivaran a los detenidos con
problemas de salud al Hospital Penitenciario Central del Complejo Federal I de
Ezeiza, que “está dotado de las especialidades médicas de mediana y
alta complejidad, junto con una adecuada infraestructura de seguridad
penitenciaria”. En ese sentido, el entonces titular de la cartera, Julio Alak,
remarcó en 2013: “Se ha advertido que gran parte de esos traslados ordenados
judicialmente no revisten criterios médicos suficientes que justifiquen la
atención en dichos nosocomios y el correspondiente operativo de seguridad y
traslado”. Ante la eventualidad de que un detenido requiera la asistencia de un
especialista que no revistiera en la planta del Hospital Penitenciario de
Ezeiza, sugerimos que sea el profesional médico quien se traslade hasta la unidad
penitenciaria”.
Infonews accedió al borrador de la resolución del Ministerio de
Defensa que se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial
Hasta el momento,
aquellas personas privadas de su libertad por su participación en crímenes de lesa
humanidad que necesiten asistencia médica pueden ser atendidos en las unidades
carcelarias en que se encuentran y, en los casos de mayor gravedad que así lo
requieran, solicitar autorización al Poder Judicial y las autoridades del
ministerio, para ir a otros centros médicos.
Sin hacer referencia a las fugas que
motivaron la decisión anterior, en los fundamentos de la resolución del
ministro Martínez se dice que el objetivo de la medida es “proporcionar la
atención médica adecuada e idónea” a los detenidos. También
remarca que, pese a que distintas reglamentaciones vigentes “garantizan la
atención médica intramuros, ello no constituye óbice para que el interno del
sistema carcelario pueda procurarse atención médica por sus propios medios,
entendiendo por tales a los prestadores de las obras sociales a la que se
encuentran afiliados”.
Un detalle: el expediente de la medida del
ministro Martínez no pasó siquiera por la Dirección Nacional de Derechos
Humanos del propio ministerio. A un mes del 40º aniversario del último
golpe cívico-militar, la resolución que se publicará en los próximos días en el
Boletín Oficial despertará una fuerte polémica
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