La Corrupción K en la “Década Ganada” (Capítulo LVII)
CAPÌTULO LVII
DENUNCIA PENAL CONTRA CRISTINA CAAMAÑO
Carrió
va a la Justicia porque es allí donde corresponde juzgar los delitos.
Cree en el Estado de Derecho, en la Democracia y en la República. Todas
sus acciones y propuestas son de Derecho, no de hecho. Ése es su gran
valor. Da testimonio permanente y una lección de vida, de compromiso,
con lo que pregona. Confiemos en que el pueblo sabrá reconocerlo.
Comentario de un lector.
1. Ejercicio irregular de sus funciones[1]
La diputada Elisa Carrió, junto a
su par Fernando Sánchez, presentó una denuncia penal contra la fiscal
coadyudante en la Fiscalía de Instrucción, Cristina Caamaño, y contra
funcionarios de la Procuración General de la Nación por presunto
“ejercicio irregular de sus funciones”.
Es por el interrogatorio y
presuntas amenazas contra el equipo del destituido fiscal José María
Campagnoli, equipo que este lunes (10/02) fue desalojado de su oficina.
Cristina Caamaño interrogó a los empleados de Campagnoli, que hoy fueron desalojados de su oficina.
Los diputados nacionales del ARI
Elisa Carrió y Fernando Sánchez denunciaron penalmente a la fiscal
coadyudante en la Fiscalía de Instrucción de Distrito de los Barrios de
Saavedra y Núñez, Cristina Caamaño, y a funcionarios de la Procuración
General de la Nación por presunto “ejercicio irregular de sus
funciones”, los que podrían configurar “amenazas, abuso de autoridad, e
incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
“El pasado lunes 2 de febrero la
fiscal Caamaño desembarcó en la fiscalía de Saavedra e interrogó a cada
uno de los empleados que trabajaron con el doctor José María Campagnoli,
mientras un prosecretario de su fiscalía, Pablo Becerra, tomaba nota de
las respuestas en una computadora portátil”, dice el escrito presentado
por Carrió y Sánchez.
Los denunciantes pidieron que se
investigue si “durante estos interrogatorios los empleados, jóvenes de
alrededor de 25 años, fueron amenazados por sus publicaciones en las
redes sociales” con motivo de la suspensión del fiscal Campagnoli.
En el texto presentado esta
mañana en Tribunales se consigna que, “según los hechos que hemos
conocido, las amenazas fueron de alto tenor invocándose el nombre de la
Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó”.
Recordemos que el “correctivo”
contra el fiscal José María Campagnoli por investigar al empresario K,
Lázaro Báez se extendió ahora a su equipo de trabajo, que fue desalojado
de las oficinas que ocupaba y donde se desempeñaba.
Los funcionarios de la Secretaría
de Investigaciones Penales (SIPE), que colaboraban con Campagnoli,
fueron notificados este lunes (10/02) sobre el cambio del lugar de
trabajo. Ahora deberán ir a la zona del edificio donde estaba alojado el
archivo, en la Fiscalía de Saavedra.
Gracias a la SIPE, Campagnoli pudo determinar la salida y el reingreso de más de 55 millones de dólares de Lázaro.
La fiscalía de Núnez-Saavedra,
desde la suspensión de Campagnoli, está en manos de una fiscal
subrogante y de la ex secretaria de Seguridad K, Cristina Caamaño.
Según recuerda Clarín este lunes,
la SIPE estaba integrada por jóvenes abogados expertos en tecnologías
informáticas y el secretario letrado Ignacio Rodríguez Varela, quien
ganó seis concursos para juez, pero el kirchnerismo en el Consejo de la
Magistratura se resistió a nombrarlo por ser hijo del ex ministro de
Justicia de la última dictadura.
Además de a Báez, Campagnoli
también estaba investigando a Diego Rodríguez, el hermano de la ministro
de Seguridad de la Nación María Cecilia Rodríguez, por su nexo con la
barra brava de River Plate. De hecho, la suspensión de Campagnoli
ocurrió apenas se designó a María Cecilia Rodríguez en el cargo de
Seguridad..
En declaraciones este mediodía a Radio Mitre, el fiscal Campagnoli explicó así lo ocurrido con su equipo: “Es
un escalón más en esta locura, están pretendiendo desmantelar una
fiscalía que funcionaba bien. Están mandado a una especie de sótano a un
grupo de investigadores brillantes, gente valiente que tiene títulos
ganados por sus méritos en cuestiones de derecho”, y agregó que “suena
como una represalia”.
2. Festeja Lázaro Báez: Cristina Caamaño, fiscal K, en lugar de Campagnoli[2
Cuando Cristina Fernández de
Kirchner sea pasado −no falta mucho ya− ¿qué quedará de Alejandra Gils
Carbó? ¿Renunciará antes del juicio político o será removida por juicio
político?
En definitiva, Gils Carbó terminó
siendo una desilusión para muchos porque resultó que tenía razón Héctor
Magnetto acerca de todo lo que advertía acerca del comportamiento de la
díscola funcionaria que acaba de consumar otra decisión tan
controvertida como genuflexa y, probablemente, encubridora de delitos:
designó a una fiscal de militancia K para que entienda en la causa del
testaferro de Néstor Kirchner, Lázaro Báez.
Cristina Camaño, cuando fue secretaria de Seguridad de la Nación, su fracaso fue estrepitoso y la reemplazó Sergio Berni.
La Procuración General de la
Nación designó a las fiscales Claudia Katok y Cristina Caamaño, esta
última ex funcionaria del Ministerio de Seguridad de la Nación, para
reemplazar a José María Campagnoli en la Fiscalía de Instrucción de
Distrito de los barrios de Saavedra y Núñez.
Katok es fiscal de Saavedra del fuero correccional y será la subrogante, mientras que Caamaño será coadyudante.
Caamaño se desempeñaba como
fiscal y con la creación del Ministerio de Seguridad de la Nación fue
convocada por Nilda Garré para ser secretaria de Seguridad.
Caamaño quedará, entonces, como
fiscal coadyuvante en la fiscalía descentralizada de Núñez y Saavedra,
de la cual ayer fue suspendido el fiscal José Campagnoli por un proceso
impulsado por la procuradora Alejandra Gils Carbó luego de que éste
investigara al empresario Lázaro Báez.
Caamaño fue fiscal hasta 2011 y
uno de los casos resonantes en los que intervino fue el crimen del
militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra. Luego asumió como
secretaria de Seguridad del Ministerio, y con la llegada de Sergio Berni
pasó a desempeñarse como secretaria de Cooperación con los Poderes
Judiciales.
El Tribunal de Enjuiciamiento
decidió ayer suspender en sus funciones a Campagnoli, a instancias de un
proceso impulsado por Gils Carbó, a su vez dirigente de la agrupación
Justicia Legítima la cual está alineada con el Poder Ejecutivo.
Desde que asumió como procuradora, Gils Carbó jamás tuvo contacto con el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.
“Se debe tener presente que la
Fiscalía descentralizada afronta una carga de trabajo mayor que las
ordinarias; en ese contexto, considero conveniente disponer medidas que
posibiliten un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles”,
sostiene la resolución firmada por el procurador fiscal Eduardo Casal.
Pese a los duros cuestionamientos
de la oposición, la titular de Justicia Legítima, Garrigos de Rébori,
defendió el proceso. “Institucionalmente se han cubierto todos los pasos
que son para todos los fiscales desde antes que Gils Carbó sea
procuradora”, señaló.
La magistrada de la Cámara del
Crimen no quiso opinar sobre la suspensión de Campagnoli porque, dijo,
en su rol podría intervenir en alguna causa vinculada con el fiscal.
En tanto, Justicia Legítima
emitió hoy un comunicado en el que deploró “las actitudes corporativas
de distintos colegas que por vía de hecho y desinformación a la opinión
pública pretenden influir en la marcha de los procedimientos instituidos
por la Constitución y las leyes”.
3. Respira Lázaro (y los K): Rechazan la restitución del fiscal Campagnoli[3]
La Sala de Feria de la Cámara en
lo Contencioso Administrativo Federal rechazó el planteo del suspendido
fiscal José María Campagnoli para ser restituido en su cargo. Campagnoli
fue suspendido en diciembre tras un proceso promovido por la
procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, luego de que el
fiscal comenzara a investigar al empresario K Lázaro Báez. También
investigaba al hermano de la ministro de Seguridad María Cecilia
Rodríguez.
José María Campagnoli fue remitido a juicio político por presunto mal desempeño al investigar al empresario K Lázaro Báez.
Campagnoli había pedido, mediante
una medida cautelar, que fuese reincorporado a su cargo de fiscal en lo
penal. Pero su solicitud fue rechazada por el juez Pablo Cayssials y
ahora lo ratificaron los camaristas Jorge Argento, Carlos Grecco y
Sergio Fernández, de la Sala de Feria de la Cámara.
La semana pasada, el fiscal
Miguel Ángel Gilligan había solicitado desestimar el planteo de
“inconstitucionalidad” presentado por el funcionario que fue suspendido
luego de haber investigado a Lázaro Báez.
El pedido del fiscal Gilligan se
produjo apenas días después de que la Cámara habilitara la feria
judicial para tratar la medida cautelar elevada por Campagnoli para que
se suspendiera la decisión de separarlo de su cargo por presuntas
irregularidades en la investigación que llevó contra el empresario
cercano al gobierno nacional.
Recordemos que Campagnoli fue
suspendido en diciembre pasado en un proceso que él denunció como
irregular. El mismo había sido promovido por la procuradora general de
la Nación, Alejandra Gils Carbó, luego de que el fiscal comenzara a
investigar a Lázaro Báez.
Campagnoli también estaba
investigando a Diego Rodríguez, el hermano de la ministro de Seguridad
de la Nación María Cecilia Rodríguez, por su nexo con la barra brava de
River Plate.
Diego Rodríguez, conocido como
“el Boletero”, distribuía las entradas del club entre los más violentos
de la barra de Nuñez, hasta que perdió influencia tras el asesinato de
Gonzalo Acro y la salida de José María Aguilar.
Además, trascendió el audio de un
diálogo telefónico, en el que le ofrecen a Rodríguez entrar en un
negocio para “lavar” hasta 300 millones de dólares de Austral
Construcciones, del empresario K Lázaro Báez. Y también citan contactos
en “Balcarce 50”, sede de la Presidencia, según publicó La Nación.
Hasta ahora se sospechaba que las
razones ocultas de la embestida K contra Campagnoli era su detallada
investigación financiera del caso Lázaro Báez que salpica a la familia
Kirchner y, en menor medida, su actuación en el secuestro de Alfonso
Severo −un testigo del crimen de Mariano Ferreyra− pero esta nueva causa
muestra que había descubierto otro “pozo negro” del kirchnerismo.
Según publicó Clarín, de
casualidad Campagnoli, a principios de noviembre, había encontrado una
denuncia en una pila de expedientes de la fiscalía de Saavedra, contra
Diego “el boletero” Rodríguez.
Sin saber de quién se trataba en
ese entonces, pidió una serie de medidas de prueba a su secretaría de
Asuntos Penales (SIPE) que cruzando datos llegó hasta un alto empleado
de River, según chequeó Clarín en fuentes vinculadas al club millonario.
El dato se filtró en River y el alto empleado se puso ya a disposición
de la Justicia.
En la causa se investigaba desde
el negocio de reventas de entradas, la entrega de entradas a barrabravas
e incluso eventuales maniobras de lavado de dinero.
Campagnoli no pudo avanzar más porque lo suspendieron tras el polémico pedido de Alejandra Gils Carbó.
El caso quedó en manos de la
fiscalía subrogante Claudia Katok, pero la Procuración nombró como
coadyuvante −¡oh casualidad!− a Cristina Caamaño, ex secretaria de
Seguridad de Nilda Garré. Hasta una semana antes, Caamaño era secretaria
de Cooperación con los Poderes Judiciales y le aceptaron la renuncia
con la llegada de Rodríguez a Seguridad.
Otras de las coincidencias
polémicas es que Gils Carbó pidió la suspensión de Campagnoli justo el
mismo día que asumió Rodríguez en Seguridad.
[1] Fuente de información: Urgente24, 10/2/14, “Carrió denunció penalmente a Cristina Caamaño”, http://www.urgente24.com.
[2]
Fuente de información: Urgente24, 13/2/14, “Festeja Lázaro
Báez: Cristina Caamaño, fiscal K, en lugar de Campagnoli”, http://www.urgente24.com.
[3]
Fuente de información: Urgente24, 21/1/14, “Respira Lázaro (y
los K): Rechazan la restitución del fiscal Campagnoli”, http://www.urgente24.com.
