La Corrupción K en la “Década Ganada” (Capítulo LXIV)
CAPÍTULO LXIV
OCULTAMIENTO MALICIOSO DE LOS DATOS
La clave de un buen gobierno se basa en la honestidad. Thomas Jefferson
1. El gobierno obstaculiza el control de las gestiones[1]
a) La clave del control republicano es la información
La oposición, la AGN y diversas
ONG denuncian que se impusieron más restricciones a los datos sobre la
gestión; reclaman una ley.
Sin información no hay control.
Ésta es la premisa que parece guiar al Poder Ejecutivo en su actitud de
retaceo constante y cada vez mayor de información sobre la marcha de la
gestión.
Legisladores de la oposición, ONG
y la Auditoría General de la Nación (AGN) denunciaron este problema
(algunos de ellos incluso ante la Justicia), cansados ya de las excusas,
cuando no del silencio oficial, que reciben como toda respuesta ante
cada pedido de información que formulan.
El problema no es privativo del
gobierno nacional. En el Congreso, difícilmente un ciudadano pueda
conocer datos básicos sobre el legislador al que apoyó con su voto, como
cuántos empleados tiene, qué bienes presentó en su última declaración
jurada, cuánto gasta en sus viajes dentro y fuera del país. Esa
información no es pública.
La génesis del problema es la
falta de una ley de acceso a la información pública que contemple a los
tres poderes del Estado. Una deuda pendiente que el kirchnerismo se ha
negado sistemáticamente a saldar en el Congreso, donde es mayoría. Al no
haber ley, cada área de la administración pública dosifica de manera
arbitraria la entrega de información, si es que la entrega.
El problema, en el caso de los
legisladores opositores, llegó a un punto casi insostenible. Por más
pedidos de informes que le eleven al Poder Ejecutivo, pocos obtienen
respuesta. En efecto, durante el período 2003 y 2012 el Gobierno sólo
respondió al 17 por ciento de las solicitudes de información que
elevaron los legisladores. El porcentaje recién se eleva al 59% cuando
esos pedidos pasan antes por el filtro de las comisiones, dominadas por
el oficialismo. Así lo advirtió un reciente informe de la Fundación
Nuevas Generaciones, del ex diputado de Pro Julián Obiglio.
Acotada la vía del pedido de
informes, la oposición debió apelar, como cualquier ciudadano o ONG, al
decreto 1172 de 2003 de acceso a la información que alcanza al Poder
Ejecutivo. Pero ni siquiera así sus pedidos son satisfechos, sobre todo
en casos de corrupción.
Ante el silencio oficial, la
Justicia es el último recurso. Los radicales Ricardo Gil Lavedra y
Manuel Garrido lograron la semana pasada un fallo de la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo que le ordenó al ministro
de Planificación, Julio De Vido, informar sobre la licitación pública de
las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en Santa Cruz. En un
primer momento, De Vido se había rehusado, aduciendo que el decreto 1172
es una herramienta para los ciudadanos, no para legisladores.
b) La vía judicial
Algo similar ocurrió con la
Inspección General de Justicia (IGJ), que se negó a informar al entonces
diputado Gil Lavedra sobre la empresa Ciccone Calcográfica, que sería
propiedad de supuestos testaferros del vicepresidente Amado Boudou.
El radical, junto con la
Asociación de los Derechos Civiles (ADC), presentó un amparo, que fue
aceptado el año pasado por la Justicia. El mismo camino del amparo debió
seguir la diputada Margarita Stolbizer (GEN) sobre las sociedades del
empresario Lázaro Báez.
Una investigación reciente de ADC
concluyó que “las autoridades recurren cada vez más a la ley de
protección de datos personales para negar información” y exigen que
quien solicite la información demuestre tener un “interés legítimo”.
“Ésta es la principal excusa para negar información en el orden
federal”, afirma.
La AGN padece problemas
similares. “Tenemos muchas dificultades, en particular con el Banco
Central y la AFIP. Regularmente se nos invocan el secreto bancario y el
secreto fiscal para impedirnos el acceso a información clave para
nuestras tareas de auditoría”, denunció su presidente, Leandro Despouy.
El diputado Fernando Sánchez
(Coalición Cívica) puso el foco sobre otros dos organismos públicos que
también retacean información.
“Comprobamos que el Boletín
Oficial (BO) muchas veces dilata la publicación de normas
controversiales y que los anexos clave no se publican.
Recientemente, las solicitudes
más específicas fueron restringidas, ya que sólo pueden pedirse en su
sede central, mientras que antes se las podía solicitar en las distintas
sucursales del BO”, agregó Sánchez, quien también apuntó contra el
Registro de la Propiedad Inmueble (RPI).
“El RPI también ha empezado a
recurrir al requisito del «interés legítimo» para solicitar información,
cerrándose para solicitudes que servían para nuestras investigaciones”,
advirtió el legislador.
c) Reclamos y objeciones reiterados
Leandro Despouy, presidente de la
AGN, advirtió que organismos oficiales clave, tales como la AFIP y el
Banco Central, se rehúsan a ofrecer la información solicitada para las
auditorías.
Ricardo Gil Lavedra, ex diputado
UCR, se vio obligado en dos oportunidades a acudir a la Justicia para
que el Gobierno acceda a informar sobre la propiedad de la imprenta
Ciccone.
Fernando Sánchez, diputado CC,
apuntó contra la Inspección General de Justicia, el Boletín Oficial y el
Registro de la Propiedad Inmueble, a los que acusó de retacear
información pública.
Julián Obiglio, ex diputado de
PRO, presidente de la Fundación Nuevas Generaciones, reveló que entre
2003 y 2012 el Gobierno sólo respondió al 17% de los pedidos de informes
que elevaron los legisladores a distintas áreas.
2. Retaceo de datos sobre dietas, viajes y empleados del Congreso[2]
Según las ONG, también es escasa
la información sobre la ejecución presupuestaria. La paradoja es, al
menos, curiosa: el Congreso, el órgano que por excelencia debe controlar
la gestión del Estado según manda la Constitución, no se deja
controlar.
En efecto: distintas ONG
dedicadas a la actividad parlamentaria advierten que tanto la Cámara de
Diputados como el Senado no publican información básica sobre los
legisladores, como sus dietas, la cantidad de empleados a su cargo, sus
declaraciones juradas, los viajes que realizan, entre otras cuestiones.
En el caso del Senado, señalan,
se registró un retroceso en el acceso a la información desde que asumió
el vicepresidente Amado Boudou. En la Cámara baja, en tanto, el actual
presidente, Julián Domínguez, autorizó la publicación de algunos datos,
pero aún está lejos de la transparencia deseada, indican.
La organización Poder Ciudadano
advirtió que, pese a sus insistentes pedidos, el Senado se rehúsa a
entregarles las declaraciones juradas que presentaron los legisladores
entre 2009 y 2012.
En la Cámara de Diputados la
situación no es mejor: en su página web figura qué legisladores
presentaron sus respectivas declaraciones, pero no se puede acceder a
ellas.
“En julio de 2013 solicitamos a
ambas cámaras que nos detallen la cantidad de la viajes que realizaron
los diputados y senadores, cuántos pasajes (que costea el Congreso) son
canjeados por dinero en efectivo y cuántos son efectivamente utilizados.
No tuvimos ninguna respuesta”,
dijo su director ejecutivo, Pablo Secchi. “Al no haber ley que regule el
acceso a la información pública, sería un buen paso de los legisladores
que dicten al menos una norma interna para que la información del
Congreso sea abierta”, insistió.
También María Baron, de la
fundación Directorio Legislativo, cuestionó la falta de transparencia en
la información parlamentaria. “En el Senado se nota un retroceso: ya no
entregan las declaraciones juradas y hay varios documentos clave que en
las páginas web aparecen en blanco.
En la Cámara de Diputados hubo
algunos avances, se firmó un convenio con Domínguez, pero hasta ahora
han sido muy tibios”, enfatizó.
No sólo el Congreso está en falta
en cuanto a la publicación de datos básicos. Distintas ONG dedicadas al
relevamiento de la ejecución presupuestaria también se quejan.
“Hoy es imposible, por ejemplo,
hacer un seguimiento de la obra pública. Con suerte se pueden conseguir
datos de ejecución financiera de las obras y su avance físico, pero esta
información es escasa y desperdigada en la web”, sostuvo el economista
Walter Agosto.
En tanto, el Auditor.info,
organismo dedicado a relevar información presupuestaria y de auditoría,
preparó un informe sobre el acceso a la información pública de los
presupuestos tanto nacional como provinciales. “Si bien el Ministerio de
Economía creó una buena herramienta en su página web, El Sitio del
Ciudadano, que difunde la ejecución del presupuesto, lo cierto es que
tanto en el nivel nacional como en las provincias la información de las
cuentas públicas no fluye con un sentido de oportunidad y conveniencia,
ya se registran atrasos y faltas de criterio en la difusión”, advirtió.
“De hecho la Capital, que
normalmente publica sus estadísticas presupuestarias con cierto sentido
de oportunidad, quedó trabada en el tiempo en septiembre de 2013. La
misma situación se observa en los datos de Mendoza, Santa Fe y Córdoba”,
advirtió el informe.
[1] Fuente de información: La Nación, 25/2/14, “El gobierno pone más límites al acceso a la información”, http://www.lanacion.com.ar.
[2]
Fuente de información: La Nación, 25/2/14, “Dietas, viajes y
empleados del Congreso, un misterio que las autoridades no revelan”, http://www.lanacion.com.ar.
