ESTADO AGUANTADERO (I): La macriavélica historia de Correo Argentino
La
causa de Correo Argentino es un notable ejemplo de la existencia de un
Estado aguantadero. Pero no a favor de la política como señaló el
presidente Mauricio Macri, sino de un grupo empresario. En este caso del
mismo grupo Macri, del que es accionista el actual presidente de la
Nación. Que a lo largo de veinte años procuró, con la complicidad de
estamentos del Poder Ejecutivo y Judicial, transformar un mal negocio
con el Estado, motivado por erróneas decisiones empresarias, en las que
habría intervenido directamente el presidente Macri, en una oportunidad
de notable enriquecimiento.
Tal como ha sido la
macriavelica trayectoria de este grupo a lo largo de los años, y que en
este caso por su excesiva codicia hasta ahora no pudo culminar, ni en el
Poder Ejecutivo ni en el Judicial. Poniéndose así como contrapartida,
en una situación cada vez más riesgosa, que puede derivar en la
extensión de la quiebra a todo el grupo. Ante esta situación
desesperada, el presidente Macri descabezó a la Procuración del Tesoro
que institucionalmente tenía a cargo la auditoría de la causa, y había
confeccionado un dictamen totalmente adverso al grupo Macri, cuyas
conclusiones se habrían adulterado, tras poner a cargo de ella a un
abogado del grupo Macri.
Y apeló como última salida al
Poder Legislativo, con la inusitada intervención de la AGN (Auditoría
General de la Nación) atribuyéndole un rol que nada tiene que ver con su
función. Cuando en todo caso el Poder Legislativo debería avocarse a
concretar un juicio político contra el actual presidente, por la notoria
existencia de intereses en conflicto en que incurrió, como culminación
de veinte años de inconductas por parte del grupo, en la que
participaron funcionarios que hoy pertenecen al gobierno de Cambiemos.
Por Javier Llorens
Síntesis de la macriavélica historia de Correo Argentino
Los intentos de “solución integral” con el Poder Ejecutivo
Según diversas fuentes, la decisión de
obtener la concesión del Correo en 1997, cuando ya había irrumpido en
forma potente Internet y su revolución de las comunicaciones, la tomó
personalmente el actual presidente de la Nación Mauricio Macri, con la
oposición de su padre Franco.
Bajo la visión elemental de que “si
los carteros pudieran vender algo de un dólar el grupo Macri se quedaría
con más de 30 millones de dólares casi sin esfuerzo. Y si vendieran
algo de 10 dólares, con 300 millones”. Y que “hoy día el que
escribe una carta lo hace como acto de amor. Las cartas comerciales se
van a reemplazar por el email. Pero la personal no. Podríamos llevar
tarjetas del día del amigo, del perro, de San Valentín. Hacemos buen
marketing y ése es el negocio del Correo”.
De esa forma Correo Argentino se
comprometió a pagar un canon semestral de 51,6 millones de pesos
dólares. No obstante el negocio no funcionó como se esperaba, agravado
además por sobreinversiones, y altos costos de conducción de Correo
Argentino. Y en consecuencia a partir de allí hasta ahora, como si fuera
un karma, el grupo Macri se empecinó en tocar una melodía con un leiv
motiv de un solo compas. Que podría denominarse “compensación de deudas”
con el Estado, y que hasta la fecha la sigue tocando. Ahora con la
magistral intervención de Mauricio Macri, como director de la orquesta
del Estado.
De entrada sin haberse cumplido un año
de la concesión, puso en marcha esa música, al condicionar el pago del
canon, a la compensación de supuestas deudas que tenía el Estado con
Correo Argentino. Obligando primero al presidente Carlos Menem a dictar
decretos con ese objeto.
Seguido luego por el presidente Fernando
De la Rua, que dictó un sigiloso Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU)
al respecto, en el que ni nombraba a Correo Argentino, por el que
después fue procesado penalmente, junto con otros funcionarios. Y
paralelamente Correo Argentino profundizo esa actitud, al directamente
pretender, mediante el incumplimiento del pago del canon comprometido,
una renegociación integral del contrato, en contra de los intereses del
Estado, aduciendo la existencia de asimetrías con otros correos
privados.
Para tratar de lograr esto, contó
entonces con la complicidad de funcionarios que actualmente son
integrantes o funcionarios de Cambiemos. Como Germán Kammerath, mentor
de la senadora Laura Rodríguez Machado, y de su ex yerno, el diputado
por Córdoba no cordobés, Nicolás Massot. Del hoy vicepresidente del
ENACON, Henoch Aguiar. Y del actual director del ENRE, Carlos Bastos.
Quienes fueron procesados penalmente junto con De la Rua, por el
referido DNU.
Siendo además estos quienes anómalamente
introdujeron al Estado en el concurso de acreedores, en el que Correo
Argentino se presentó a fines del 2001, con el objeto de tratar forzar
esa renegociación. Situación que esos funcionarios bien podrían haber
evitado, al haber decretado al mismo tiempo la continuidad del contrato
de concesión. Por lo que resultan ser los primeros responsables de todo
el desbarajuste que vino luego y a la fecha, 16 años después, no ha
terminado.
Seguidamente el presidente Eduardo
Duhalde y el ministro de Economía Jorge Remes Lenicov, le facilitaron
una salida a Correo Argentino. Autorizando la renegociación del
contrato, para arribar a una “solución integral” a favor del grupo
Macri, compensando deudas y supuestas obligaciones recíprocas
incumplidas, entre el Estado y Correo Argentino. Pero la que
seguidamente abortó, porque Remes Lenicov retrocedió, y pidió que
primero se expidiera la Procuración del Tesoro respecto las supuestas
acreencias que reclamaba Correo Argentino.
Pocos meses después Remes Lenicov fue
sustituído por Roberto Lavagna, quién se olvidó de la opinión del
Procurador, y abrió nuevamente la puerta a la renegociación. La que no
se concretó, por las desmedidas pretensiones de Correo Argentino. Por lo
que este más bien que una compensación, pretendía una notable
descompensación a su favor, postura que resulta típica en los
integrantes de la “patria contratista” argentina.
Y así igual, que sucedió
contemporáneamente en Brasil y hoy está en plena crisis con el Lava
Jato, un grupo de advenedizos contratistas del Estado, como los Macri,
Rocca, Roggio, Perez Companc, Bulgheroni, Soldatti, etc, pasaron a ser
las familias más ricas de Argentina. Mientras que millones de argentinos
se hundían en la pobreza e indigencia.
Al mismo tiempo el secretario de
Comunicaciones designado por Lavagna, Marcelo Kohan, ratificó a favor
del grupo Macri, el grave “error” incurrido por Aguiar y Bastos, de
meter al Estado en el concurso del Correo, y en el embrollo en que se
encuentra actualmente. Desperdiciando la oportunidad para sacarlo de él,
al haberle requerido el juez del concurso Eduardo Favier Dubois,
poderes especiales para esa renuncia de derechos por parte del Estado,
que Kohan otorgó. Kohan venía de presidir el CEAMSE, en cuya gestión
había concretado cuestionadas renegociaciones con el grupo Macri,
denunciadas por entonces por la diputada Graciela Ocaña.
Seguidamente, en el 2003 el presidente
Kirchner abrió una nueva posibilidad de renegociación, a través de la
UNIREN, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, que incluso
evitaba la intervención del Congreso. Pero finalmente por recomendación
de la AGN y la secretaria de Comunicaciones a cargo de Guillermo
Moreno, optó por rescindir la concesión, ante las inusitadas
pretensiones del grupo Macri en cuanto sus compensaciones, y obstinada
postura en no pagar el canon comprometido. Y a la par Kirchner rechazó
las supuestas acreencias reclamadas por Correo Argentino, dejando así
cerrada la vía administrativa ante el Poder Ejecutivo.
Los intentos de solución integral en el Poder Judicial
Tras la rescisión de la concesión, el
Estado en el 2003 también rechazó la propuesta de acuerdo preventivo
efectuada por Correo Argentino en el concurso de acreedores.
Considerando entonces que era un “proceso para la licuación de su
deuda”, al representar una quita al valor actual de entonces, de entre
el 93 y el 95 %. En consecuencia el juez del concurso Eduardo Favier
Dubois, a fines del 2003 declaró la quiebra de Correo Argentino,
considerando que al haber perdido la concesión, no existía posibilidad
de un salvataje o cramdown. Mecanismo por el cual otra empresa se hace
cargo del concurso, y se queda con la empresa concursada.
Esta medida fue suspendida velozmente a
principios del 2004, y luego revocada en octubre de ese año, por la
Cámara de Apelaciones, que ordenó que se abriera el cramdown. La misma
estaba integrada por Ana María Piaggi de Vanossi, esposa del entonces
primer diputado del PRO, y actual parlamentario del Mercosur por el
Frente Renovador, Jorge Vanossi. Lo cual motivo un pedido de jury contra
ella, y su momentáneo apartamiento de la causa de Correo Argentino.
También estaba integrada por María Lila
Gómez Alonso, actual presidenta de la Asociación de Magistrados y
Funcionarios Judiciales. Puesto al que llegó con el apoyo explícito del
PRO, y del anterior titular Ricardo Recondo. Juez que había sido
subsecretario de Justicia de Ideler Tonelli, que es mencionado por el
actual Gobierno para sustituír a la Procuradora General Alejandra Gils
Carbo.
La mención de Tonelli no es gratuita,
dado que en esos manejos estuvo involucrado el influyente estudio
Tonelli, que hasta hoy tiene como cliente a Correo Argentino. Creado por
el mencionado Ideler Tonelli, un borocotó de la política, que fue
diputado nacional durante el gobierno de Frondizi. Asesor del gobierno
de la Revolución Argentina. Asesor del gobierno de Perón e Isabel. Juez
durante el Proceso Militar, jurando por el estatuto de este. Y
secretario de Justicia durante el gobierno de Alfonsín, autor de las
anuladas leyes de obediencia debida y punto final, que impidieron
durante un tiempo el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad.
Dicho estudio actualmente está integrado
por sus hijos, Alejandro, asesor de Yacyreta. Y Pablo, diputado del
PRO, integrante del Consejo de la Magistratura, al cual entró por la
ventana, mediante una argucia que otorgó a Cambiemos la mayoría en dicho
Consejo. En el que se encarga de redactar los sumarios de los
magistrados judiciales, adquiriendo así una posición dominante sobre
estos.
Y desvergonzadamente, como si no fuera
un representante del pueblo sino del grupo Macri, fue uno de los más
acerbos críticos de la fiscal Gabriela Boquín, tras conocerse la
impugnación de esta al acuerdo que Correo Argentino había arribado con
el Estado. Además pese su antecedente familiar, fue uno de los autores
de la flamante ley prohibiendo el Dos por Uno en los delitos de lesa
humanidad, sancionada con posterioridad al estruendoso fallo de la Corte
Suprema.
Seguidamente a principios del 2005,
cuando la causa bajó de la Cámara, Correo Argentino utilizó la clásica
treta de designar a un abogado amigo del juez, Jaime Kleidermacher, con
lo que logró que el juez Favier Dubois se apartara de la causa. Y no
obstante que el juez alternativo se opuso a ese apartamiento, aduciendo
que no correspondía porque se trataba de un concurso, la Cámara de
Piaggi de Vanossi y Gómez Alonso, convalidó el apartamiento de Favier
Dubois
La causa del concurso pasó así a manos
de la flamante jueza designada por el Consejo de la Magistratura, Marta
Cirulli. Quien notablemente desobedeció la orden de la Cámara de abrir
el cramdown, al darle a Correo Argentino en ese año, una nueva
oportunidad para que presentara una nueva propuesta de acuerdo
preventivo. Quien para esto arguyó que existía una posible continuidad
de Correo Argentino, como complemento de Pago Fácil, otra empresa del
grupo. No obstante que ante la IGJ (Inspección General de Justicia)
Correo Argentino siguió figurando como empresa inactiva.
A partir de allí la causa se hundió en
un caos, que dura hasta hoy, ya que actualmente se encuentra en la misma
situación que doce años atrás. Como consecuencia del accionar de Correo
Argentino, pretendiendo una compensación de sus deudas con el Estado, y
la tolerancia lindante con la complicidad por parte de la jueza
Cirulli, y de la Cámara de Apelaciones integrada actualmente por Piaggi
de Vanosi, Gómez Alonso, y Matilde Ballerini.
Al haber interpuesto el grupo Macri,
sucesivos planteos judiciales, para tratar de obtener la “solución
integral”, consistente en que el Estado reconociera en el mismo
concurso, las supuestas acreencias que el grupo Macri decía tener a su
favor. Primero pretendiendo que el concurso funcionara como “fuero de
atracción”, para que en él se ventilaran las demandas que Correo
Argentino había iniciado contra el Estado. Y así con esa compensación de
deudas salir libre y ganancioso del mismo. Pretensión que fue rechazada
definitivamente por la Corte Suprema en el 2006.
Seguidamente insistió con una variante
parecida, al pretender compensar los 296 millones de pesos dólares de la
deuda verificada del canon, con supuestas acreencias del Estado a su
favor. Pretensión que fue definitivamente rechazada por la Corte Suprema
en el 2010. Dictaminando en ambos casos que las deudas en el concurso y
las demandas del grupo Macri eran cosas enteramente distintas, que
debían tramitarse cada una por su lado en el fuero correspondiente. Y
que la compensación en concursos solo podía darse si las deudas
recíprocas eran líquidas y exigibles.
Razón por la que la pretensión del presidente Macri de obtener una “solución integral” con la compensación de deudas, con la que procuró tapar el escándalo de la enorme quita de deuda que obtuvo el grupo Macri con su “propuesta abusiva”, aceptada por el ministro Oscar Aguad e impugnada por la fiscal Gabriela Boquín, resulta absolutamente inviable en la Justicia, igual que ante el Poder Ejecutivo. Al alzarse contra sentencias firmes con carácter de cosa juzgada emitidas por la Corte.
La jueza Cirulli le permitió además
otras numerosas tropelías a Correo Argentino. Como la de concretar una
ilegal recategorización de deudores, previamente dispuesto por el juez
Favier Dubois, pese que se trataba de cosa juzgada. Facilitando así que
Correo Argentino lograra la aprobación de su abusiva propuesta por parte
de otros acreedores. Y paralelamente el grupo Macri se las ingenió para
recomprar subrepticiamente las deudas de sus acreedores, tanto en
cantidad de ellos, como cuanto la importancia de sus montos, para poder
obtener fraudulentamente las mayorías necesarias para la aprobación de
su propuesta abusiva.
Maniobra en la que habría intervenido el
Meinl Bank AG como pantalla, el mismo que intervino en el pago de las
coimas del Lava Jato de Odebrecht. Y que aparece como acreedor de Correo
Argentino, y al mismo tiempo detenta una prenda de acciones de empresas
del grupo Macri a favor de dicho banco. Transferencia que el grupo
Macri trato de ocultar, al mismo tiempo que obtenía la aprobación de su
propuesta por parte del actual Gobierno, retirando de la oferta pública
de acciones a Sideco Americana, la integrante del grupo Macri que
cotizaba en bolsa.
Quedando en evidencia así que el Meinl
Bank es una pantalla, que oculta una triangulación de deudas. Y algo
similar sucede con el Banco BST, que compró la deuda de Correo Argentino
con los Banco Rio y Galicia, cuya vicepresidencia la ocupaba Marcelo
Mindlin, el mismo que actualmente aparece como nuevo dueño de IECSA –
SACDE.
La jueza Cirulli le permitió también
hacer riesgosas inversiones con los fondos con que contaba Correo
Argentino, concretadas en otras empresas del mismo grupo (Chery Socma)
que hasta la fecha no reportaron dividendos. Posibilitándole incluso a
partir de la asunción de Macri como presidente, que Correo Argentino
extrajera a lo largo del año 2016, cuantiosos fondos de las cuentas que
tenía embargadas, para supuestamente solventar gastos de funcionamiento.
Los que fueron respaldados con abultados
contratos pactados con el mismo grupo Macri, o a los efectos de
solventar gastos de personal, que también pertenece al grupo. Todo lo
cual fue denunciado por la fiscal Boquín como una maniobra de
vaciamiento, razón por la que pidió que se apartara a la actual
administración del Correo, y se investigaran las inversiones concretadas
por el grupo.
Los planteos de Correo Argentino ante la
jueza Cirulli llegaron hasta la exuberancia, de requerir que el Estado
no interviniera en la Junta de Acreedores, por ser el supuesto
responsable de la quiebra. Y ante el rechazo de esta postura, pretendió
que la jueza diera por aceptada “implícitamente” por el Estado la
propuesta de acuerdo preventivo que había formulado, por supuestamente
haber aceptado ciertos rubros de ellas.
Finalmente, tras el segundo rechazo de
la Corte Suprema en el 2010, al intento de lograr la “solución integral”
y la compensación de deudas por parte del Estado, la jueza Cirulli,
después de seis años, volvió la causa a la situación que tenía en el
2004. Al rechazar el acuerdo preventivo propuesto por Correo y abrir el
cramdown. Ante lo cual Correo Argentino apeló ante la Cámara de
Apelaciones.
El trámite ante la Cámara de Apelaciones
Si la jueza Cirulli de consuno con
Correo Argentino había hecho un caos del proceso, las tres integrantes
de la Cámara Federal Piaggi de Vanossi, Gómez Alonso, y Ballerini, se
encargaron de completarlo acabadamente a lo largo de otros siete años.
Siendo notable que las tres acumulan una cuarentena de pedidos de jury,
por sus actuaciones como juezas y camaristas.
En el 2010 la entonces fiscal de Cámara
Alejandra Gils Carbó, rechazó la apelación de Correo Argentino, diciendo
que debía abrirse el cramdown. Y lo mismo hizo en el 2011 ante la
obstinada postura de Correo ante la Cámara, insistiendo absurdamente con
la compensación de sus deudas con las del Estado, que la Corte Suprema
ya había rechazado.
A partir de allí la causa comenzó de
nuevo a boyar para atrás, al convocar la Cámara de Apelación en marzo
del 2014 a una audiencia para octubre de ese año. En la que el Correo
Argentino presentó una nueva propuesta de acuerdo preventivo. Para la
que supuestamente, según la ley de quiebras, solo tiene un plazo de 90
días más 30 días adicionales, tras confirmarse las categorías de
acreedores que dispuso el juez Favier Dubois en el año 2002.
Y hasta ahora se ha extendido a 5.500
días desde ese año, en lo que constituye una verdadera burla a un
procedimiento que se supone que es compulsivo, con plazos fatales, e
irretroactivo. Esta inusitada e inexplicable demora, fue lograda en base
a los sucesivos planteos y chicanas efectuadas por Correo Argentino y
consentidas por la justicia. Consistente en aperturas de incidentes,
ampliaciones de plazos, suspensiones de términos, corridas de vista,
etc.
La existencia de esa nueva propuesta fue
comunicada por edictos en marzo del 2015. Dado que el enorme tiempo
transcurrido y las paralizaciones del expediente, habían hecho que se
perdiera el contacto con los acreedores menores del concurso. La que a
su vez fue rechazada por Banco Nación, que consideró que provocaba una
notable desvalorización de su crédito.
A partir de allí la causa volvió a
dormirse, a la par que Macri se erigía como un fuerte candidato para
llegar a la presidencia de la Nación. Y así tras la asunción del
presidente Macri, fue elocuentemente el Estado el que tomó la
iniciativa, al solicitar en mayo de 2016 a la Cámara de Apelaciones, que
convocara a una nueva audiencia. Adelantando que podía prestar su
conformidad si existía una mejora de la oferta por parte de Correo
Argentino. Existiendo evidencias que por fuera de la Justicia,
existieron conciliábulos previos entre los funcionarios del ministerio
de Comunicaciones, a cargo del cordobés Oscar Aguad, y Correo Argentino.
Este por su parte este presentó una
supuesta mejora, y ahí sí la audiencia se concretó rápidamente a fines
de junio. En la que el cordobés Juan Manuel Mocorea, representante del
ministerio de Comunicaciones, manifestó que tenía facultades para
solicitar ajustes de ella, a los que detalló. Por lo que la pantomima
prosiguió con un cuarto intermedio, tras el cual Correo Argentino aceptó
los insignificantes ajustes solicitados por Mocorea.
Con los cuales se redujo el plazo de
pago de 20 años a 16, a cambio de un aumento de la tasa de interés del 6
al 7 %. Lo cual, en términos de valor actual, solo representaba en el
mejor de los casos, una mejora de 8 puntos sobre un 80 % de quita. Sin
tener en cuenta la enorme quita existente desde el 2001 a la fecha, del
orden del 93 %, lo que hacía que la quita total de la deuda sea cercana
al 99 %.
Seguidamente Correo Argentino hizo una
nueva solicitud de aprobación de su propuesta al Banco Nación, a cargo
entonces de Carlos Melconian. El que en esta oportunidad ni aprobó ni
rechazó la misma. Siendo esta indeterminación la que, según algunos
analistas, habría precipitado la remoción de Melconian como presidente
de ese banco, a fines de ese año.
De esa manera en septiembre pasado,
Correo Argentino presentó triunfalmente ante la Cámara los acuerdos que
había alcanzado con la Junta de Acreedores, pidiendo su homologación. La
que por su parte le dio traslado a la fiscal de Cámaras Gabriela
Boquín, sucesora de Gils Carbo. Quién había sido designada en la
justicia y en ese cargo, que ganó por concurso, en febrero de 2015.
Siendo no obstante acusada falsamente por el Gobierno, de pertenecer a
Justicia Legítima, pese no aparecer en sus listados. Como si esta
asociación se tratara de una mafia, cuando la mafia en realidad,
conforme las constancias de la causa, estaba operando por otro lado.
Allí se aguó la fiesta de Correo
Argentino y del grupo Macri, dado que la fiscal se pronunció
rotundamente por el rechazo del acuerdo. Al considerarlo “abusivo”,
equiparable a una “condonación de deuda”, con grave perjuicio para el
Estado, al trepar la quita a un 98,82 % del monto nominal.
Señalando que la supuesta mejora
negociada por este, era en la práctica inexistente. Y que además Mocoroa
carecía de antecedentes y poderes para haberla aceptado, y su
designación en el cargo estaba vencida. Y además existía una grave
violación de la Ley de Etica Publica, por la dependencia de este
funcionario y sus jefes, hacia el presidente Macri, accionista del grupo
Macri.
Boquín denuncio también que Correo
Argentino se había beneficiado con un estado de “eterno concurso”, con
el cual durante quince años había logrado suspender el pago a sus
acreedores. Y que el periodo de exclusividad para poder formular sus
sucesivas propuestas, había vencido por lo menos tres años y medio
antes.
Agregando luego que simultáneamente con
ese acuerdo abusivo, Correo Argentino había entablado y ampliado
demandas contra el Estado, por montos de miles de millones de pesos, más
intereses que en la práctica triplicaban los del acuerdo con el Estado.
Lo cual entre la licuación de sus deudas, y potenciación de sus
acreencias, le reportaban una diferencia a su favor del orden de los
diez mil millones de pesos.
El actual intento de solución en el Poder Legislativo
Ante el escándalo público que suscitó la
revelación de ese acuerdo y su impugnación judicial, tras tratar de
sostenerlo a toda costa, como si se tratara de una posición tomada y con
la bandera plantada, el presidente Macri se vio obligado a recular. Y
por ello dispuso “volver todo a fojas cero”, tras 20 años, doscientos
cuerpos, y más de veinticinco mil fojas acumuladas en los expedientes
judiciales.
Lo cual también fue una forma de reducir su responsabilidad penal al grado de tentativa, por haber intervenido en flagrantes intereses en conflicto. Al presentar seguidamente el Estado un escrito ante la Cámara comunicándole que desistía del acuerdo aprobado por Aguad y Mocoroa.Dispuso también que se debía buscar una “solución integral”, planteando nuevamente la sempiterna “compensación de deudas” exigida por el grupo Macri, para arribar a la solución de la cuestión. O sea la misma tesitura que desde veinte años atrás viene intentado y fracasando el grupo Macri. Primero en el Poder Ejecutivo, y luego en el Poder Judicial.
Por lo que solo le quedaba de por medio
el Poder Legislativo, en el que encontró un intersticio por donde colar
el affaire, al lograr que la AGN (Auditoria General de la Nación)
dependiente de este poder, se haga cargo del mismo. No obstante que esta
institucionalmente, solo puede controlar al Ejecutivo, y no al Poder
Judicial.
Esta salida contó inicialmente con la oposición del presidente de la AGN, Carlos Lamberto, quién aseguró: “no
somos el organismo adecuado, el Gobierno tiene a la SIGEN (Sindicatura
General de la Nación) para este tipo de cuestiones; suena raro que se
acuerden de la Auditoría después de que se armó el escándalo”. Y que en todo caso esa intervención la debía disponer el Congreso.
No obstante después de algunas
componendas, el Congreso a través de la Comisión Mixta Revisora de
Cuentas, le requirió a la AGN, dándole un plazo máximo de 120 días, que
realice una auditoría de lo actuado por el ministerio, secretaria, y
comisión de Comunicaciones. Y además dos “Estudios Especiales”, uno
referido a las acreencias que tiene el Estado con Correo Argentino. Y
otro más ambiguo, referido a “relevamientos administrativos y judiciales entre el Estado y Correo Argentino”.
Sin explayarse gran cosa respecto este
último, siendo esta la brecha por donde el Gobierno y el grupo Macri, ya
confundidos en sus roles, desnaturalizando la función de la AGN, que
solo puede actuar como organismo de control a posteriori, tratara
nuevamente de obtener su ya veinteañera “solución integral” y
compensación de deudas, que fracasó en el Ejecutivo y la Justicia.
Siendo elocuente que en dos décadas no hayan prosperado ningunas de las
demandas que Correo Argentino entabló contra el Estado.
Para legalizar esta intervención de la
AGN, a fines de marzo, con la firma de Macri, el Jefe de Gabinete Marcos
Peña, y el ministro Germán Garavano, el Gobierno emitió un decreto
(201/17) referido a los conflictos de intereses. En él que dispuso que
antes de arribar a “allanamientos y desistimientos, otorgar quitas y esperas, transigir, conciliar, o rescindir convenios”,
la Procuración del Tesoro deberá comunicarlo a, entre otros, la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas del Congreso, que es la
que tiene la potestad sobre la AGN.
Pocos días después de conocido el
dictamen de Boquín, el 14 de Febrero, el fiscal Juan Pedro Zoni imputó
al Presidente Mauricio Macri y a Oscar Aguad por incumplimiento de
autoridad y violación de los deberes de funcionario público. La causa
recayó en el juzgado de Ariel Lijo, quién ordenó un allanamiento al
Ministerio de Comunicaciones, y de allí nada más se supo de ella.
Seguidamente el presidente Macri hizo un
gesto para la tribuna, anunciando que había pedido la prescripción de
las demandas entabladas por Correo Argentino contra el Estado. Cuando en
realidad, lo que pidió fue solo la “perención de instancia”, por haber
estado inmovilizada la causa algunos meses, que nada tiene que ver con
la prescripción del supuesto derecho.
Para esto contó con el asesor en
picardías del Gobierno, “Pepin” Rodriguez Simón, quien está muy bien
retribuido como director de YPF y parlamentario del Mercorsur. Y fue el
que sugirió a Macri la designación de los integrantes de la Corte por
decreto. Y también habría sido uno de los gestores del estruendoso fallo
de la Corte Suprema, aplicando el 2×1 a favor de los delitos de lesa
humanidad.
Posteriormente el Gobierno también pidió
a la Cámara de Apelaciones, la suspensión de la audiencia que había
convocado, para tratar la impugnación concretada por la fiscal Boquín.
La que no solo dispuso hacerlo por 120 días, acorde con el plazo
otorgado a la AGN para que se expida, sino que además, se encargó de
mandarle a esta los originales de la causa, como para supeditar
claramente una cosa con la otra.
Casualmente Mocorea, el asesor jurídico
del ministerio de Comunicaciones que intervino en el acuerdo abusivo con
Correo Argentino, provenía de la AGN. La cual tras la presidencia de
Leandro Despouy, a lo largo de catorce años a partir del 2002, evidencia
haberse convertido en un nido del partido radical, aliado a Cambiemos.
Desde donde, por más que escape enteramente a su objetivo institucional,
seguramente se parirá la “solución integral” y su compensación de
deudas. Vehementemente aspirada y buscada por el grupo Macri a lo largo
de dos décadas, que no pudo conseguir ni en el Ejecutivo ni en la
Justicia.
El dictamen de la fiscal Boquín oponiéndose a la prórroga de plazo
Recientemente la fiscal Boquin, emitió
dos dictámentes adicionales, con durísimos términos en relación al
proceso del concurso de Correo Argentino. Uno de ellos, referido a la
apelación interpuesta por Correo Argentino por la extracción de fondos. A
los que la jueza Cirulli había denegado, y luego aprobado con la
llegada de Macri a la presidencia, y seguidamente nuevamente denegado.
Tras el escándalo que se suscitó con la aprobación por parte del Estado
de la propuesta abusiva concretad por el Correo Argentino.
En el cual a modo de síntesis, Boquín expresó que las conductas de Correo Argentino y las irregularidades del trámite “importan la comisión de abuso del proceso concursal y fraude a la ley que impide su convalidación”.
Por lo que opinó que debía requerirse al grupo Macri la devolución de
dichos dineros, y el de las inversiones hechas en Chery Socma.
Aún más duro es su otro dictamen,
referido a la ampliación de plazo de 120 días para el tratamiento del
acuerdo abusivo logrado por Correo Argentino con el Estado, impugnado
por la fiscal Boquín, y desestimado seguidamente por el mismo Estado,
ante el escándalo público que suscitó. Plazo que el mismo Estado a
través del ministerio de Comunicaciones, había solicitado a la espera
que la AGN le tire un salvavidas a Correo Argentino, el grupo Macri, y
al presidente Macri.
Al respecto Boquín expresó que “el mismo es improcedente y su admisión configuraría una nueva irregularidad, que se sumará a las ya señaladas” anteriormente por algunas de las sindicaturas y la Fiscalía General. Apuntando:
“Como se advierte a lo largo del
proceso, se ha soslayado sistemáticamente que las normas concursales no
son disponibles ni modificables – aún de común acuerdo- por las partes,
en el caso solo por la concursada y el Estado Nacional con la
conformidad de las sindicaturas controlante y general. Estos acuerdos o
conformidades es un ejemplo más del status de excepción contra la ley del que ha gozado la concursada y al amparo del cual continúa actuando en su exclusivo beneficio.”
Agregó que en los 16 años del concurso, “no
ha habido ni un principio de ejecución de pago de los créditos, ni una
propuesta aprobada, ni un salvataje abierto, ni una quiebra decretada,
con la subsiguiente liquidación de activos. Todo ello con la
particularidad de que nunca se han logrado las mayorías requeridas por
la ley”. Efectuando más adelante una descripción de lo que típicamente es un ·estado aguantadero” al expresar:
“Las medidas que se han tomado resultan paradójicas porque la excepcionalidad
de este proceso radica especialmente en la complacencia de los
operadores del proceso para aceptar “soluciones atípicas”, que no han hecho “otra cosa que permitir una inusitada dilación del trámite con regresiones procesales, sin arribar a solución alguna,
afectándose el debido proceso y el principio de igualdad ante la ley,
pues otro deudor concursado no gozaría de las prerrogativas, prórrogas y
dilaciones que se le han concedido a Correo Argentino, ni una
prolongación sine die de su periodo de exclusividad” (para formular propuestas de acuerdo preventivo.
Además Boquín denuncio que la
sindicatura general del concurso, está ahora representada por dos
abogados, Julio César Rivera y Beltrán Louge, que antes se habían
excusado de intervenir, por patrocinar a SOCMA, integrante del grupo
Macri. Y por haber tenido como cliente en el 2005 al actual presidente
Mauricio Macri, en su divorcio con Isabel Menditeguy.
Respecto las razones alegadas para dicha
prorroga, basadas en que el Congreso había pedido a la AGN un informe
que demoraría ese tiempo; que Macri estaba por firmar un nuevo decreto
sobre conflictos de intereses; y que se trataba de un caso
“extraordinario”, que estaba ante “circunstancias especiales”, Boquín
expresó:
“Las únicas características extraordinarias del caso y las especiales circunstancias del mismo surgen de las severas irregularidades producidas a lo largo del proceso que han permitido dilatarlo durante 16 años y transformarlo, consolidando una posición de la concursada, construida al margen de lo que establece la ley y aniquilando los créditos adeudados, entre ellos los del mismo Estado Nacional”.
Opinó al respecto que la AGN es un
órgano totalmente ajeno al proceso concursal, e independiente del
trámite de la causa. Señalando que su intervención configuraría una
injerencia inaceptable en el Poder Judicial, por parte del Poder
Legislativo. Y respecto el decreto de conflictos de intereses (201/17)
que emitió el Poder Ejecutivo, alegó que no modificaba nada, al estar en
vigencia la Ley de Ética Pública desde 1999, que prohíbe la actuación
por sí o por sus subordinados, frente intereses en conflicto como el que
se encontraba el presidente Macri.
Finalmente Boquín insistió con su
denuncia, que había existido una burda manipulación de las mayorías, al
haberse resumido la existencia de 354 acreedores minoritarios, en solo
14 personas. Que ostentaban poderes u obtenido cesión de créditos,
vinculadas todas ella al grupo Macri, o a los estudio Kleidemarcher y
Tonelli, etc.
Recalcando que también había sucedido
algo similar con los grandes acreedores, cuyas acreencias habían
terminado en manos del Meinl Bank, propiedad de Odebrecht, a través del
cual se cursaron las coimas del Lava Jato. Y del banco BST, propiedad
del grupo Mindlin, quien recientemente pasó a detentar IECSA, la ex
constructora del grupo Macri.
En concretó en su dictamen Boquín se
expidió diciendo que todos los plazos estaban vencidos; que no había
habido aprobación del acuerdo preventivo, al haber el Estado desistido
respecto el acuerdo alcanzado por Aguad y Mocorea; y que en definitiva
la Cámara debía expedirse en la apelación concretada nada menos que
siete años antes, en el 2010 por Correo Argentino, respecto la apertura
del cramdown dispuesta por la jueza Cirulli.
Ante este dilema se encuentra ahora la
Cámara de Apelaciones. Constituida por Piaggi de Vanossi, Gómez Alonso,
y Ballerini, quienes durante décadas fueron objetivas cómplices de
Correo Argentino. Ante la alternativa de seguir dilatando el proceso,
como hizo o consintió a lo largo de doce años, para que el grupo Macri
insista en su inveterada postura de una “solución integral”, mediante la
compensación de supuestas deudas. O de expedirse respecto una apelación
interpuesta en el 2010, que equivale a decretar el cramdown,
desapoderando al grupo Macri de Correo Argentino. Que incluso podría
derivar en la quiebra de este, si no hay interesados en él cramdown,
arrastrando al grupo Macri en ella.-
Próximamente: ESTADO AGUANTADERO II: El fraude en la auditoría de la causa del Correo tras la expulsión del Procurador Balbín
La macriavélica historia de Correo Argentino
Correo Argentino S.A, es una sociedad
conformada mayoritariamente por SIDECO AMERICANA SA, cuyo titular
principal es la empresa holding SOCMA S.A., perteneciente a la familia
Macri. La cual detento la concesión de la ex Encotel (empresa estatal de
correos) desde agosto de 1997 hasta noviembre del 2003.
Notablemente, desde casi el mismo inicio
de ella, el grupo Macri decidió dejar de pagar el canon que debía
abonar Correo Argentino, por un monto de 51.600.000 pesos dólares cada
seis meses. Con el pretexto que era abusivo, porque había supuestas
asimetrías con otras prestatarias privadas del servicio, y existían
deudas por parte del Estado. Utilizando así la eterna estrategia
desplegada por la patria contratista argentina, en la que los contratos
no se firman para ser cumplidos. Sino para ser renegociados
permanentemente, haciendo una explotación integral de ellos, gracias a
la corrupción de los sucesivos funcionarios intervinientes en los
mismos.
Al respecto diversas fuentes sostienen
que fue Mauricio Macri como CEO de SOCMA, quien tomó las decisiones en
el grupo con miras a obtener la concesión del Correo. En un momento en
que la aparición de internet comenzaba a jaquear duramente la
comunicación postal, reemplazándola por la digital. Asumiendo un riesgo
empresario, cuando el negocio enfrentaba un franco declive.
El fracaso de la “solución integral” con el Poder Ejecutivo
Esto explicaría la tozudez con que actuó
a partir de entonces, con pretensiones desmedidas por parte del grupo,
para recomponer el contrato o salvar de cualquier manera el negocio. Que
fracasaron una y otra vez, tanto en la instancia administrativa como en
la justicia. Y ahora también como primer mandatario, al punto de haber
descabezado a la Procuración del Tesoro, ante un dictamen nuevamente
adverso, como otros tantos previos.
Menem, y Kammerath, la eminencia gris de Cambiemos en Córdoba
El canon propuesto por el grupo Macri
para hacerse de la concesión, representaba un importe del orden del 20 %
de la recaudación. Y la pretensión de entrada por parte del grupo Macri
fue reducirlo al nivel del canon que pagaban otros correos de menor
dimensión, del orden del 6 % de la facturación. El gobierno de Carlos
Menem, lejos de intimar al Correo Argentino a cumplir con las
obligaciones contractuales ofrecidas, o rescindir el contrato,
tácitamente aceptó la postura del grupo.
En mayo de 1998, a menos de un año de
concesionado el servicio, Menem emitió el decreto 617/98. A través del
cual instrumentó un procedimiento de excepción para saldar las deudas
acumuladas por el canon impago del Correo Argentino. Permitiendo que
fuera compensada con supuestas deudas del Estado con el concesionario,
siendo esta compensación el primer esbozo de la “solución integral” que
19 años después propuso el presidente Macri.
El que implementó este “procedimiento de
excepción” por resoluciones 1368 y 1817/98, fue el secretario de
Comunicaciones Germán Kammerath, que actualmente es el numen del PRO en
Córdoba. Y padrino político de la senadora de Cambiemos Laura Rodríguez
Machado, y de su ex yerno y actual jefe de la bancada del PRO, el
diputado por Córdoba Nicolás Massot. Bancada a la que llego sin ser
cordobés, y sin haber residido en Córdoba el tiempo legal exigido por
ley.
Kammerath se encuentra citado a juicio
oral y público, por defraudación en la privatización del control y
seguimiento del espacio radioeléctrico, a favor de Thales Spectrum,
cuando se desempeñaba en esa función. También fue denunciado por la
Oficina Anticorrupción y procesado por la justicia federal, por fraude
contra la administración pública a favor de Correo Argentino. Por haber
reconocido como “inversiones obligatorias”, 100 millones de pesos
dólares que el grupo Macri pagó en concepto de despidos del personal del
correo. Causa que estuvo boyando por la justicia federal con su
característica ineficacia durante largo tiempo.
Luego Kammerath fue elegido
vicegobernador de Córdoba, en fórmula con José Manuel de la Sota, y
seguidamente pasó a desempeñarse como intendente de Córdoba. Donde
enfrentó un proceso de destitución, por la existencia de múltiples
denuncias penales por administración fraudulenta. Que logró trabar
gracias a un fallo de la Corte Suprema menemista.
En una de ellas, la causa de Radioaviso,
resultó condenado a tres años y medios de prisión, al haberle concedido
este servicio municipal a su entonces cuñado Marcos Aurelio Álvarez,
que también se había desempeñado como gerente de Control de la Comisión
Nacional de Comunicaciones. Siendo esos descalificantes antecedentes,
los que han obligado a Kammerath a recluirse como eminencia gris del PRO
en Córdoba, sin figurar públicamente, pero que le habrían permitido
construir sólidos lazos con la familia Macri.
De la Rua, Gallo, Bastos y Aguiar, hoy funcionarios de Cambiemos
El grupo Macri usufructuó al máximo
estas compensaciones de deuda. Agravándose no obstante la situación, por
la cesión que hizo en el año 1999 la secretaria de Hacienda al Banco
Ciudad, del 70 % del canon que debía abonar el Correo Argentina ese
semestre, a cambio del adelanto de esa suma a su favor. Volviendo así a
caer el Correo Argentino en situación de mora en el pago del canon,
siendo ya Fernando De la Rúa presidente.
De la Rúa puso al frente del ministerio
de Infraestructura y Viviendas, a su amigo el ingeniero Nicolás Vicente
Gallo, hijo de un notable radical antipersonalista. Con conspicuos lazos
con la patria contratista, como consultor de ingeniería en
Latinoconsult. Quien además se había desempeñado como interventor de
ENTEL, la empresa de telefonía estatal, durante el gobierno de Ricardo
Alfonsín.
Función en la que había sido acusado de
peculado por el fracaso del Plan Megatel, mediante el ahorro previo del
cliente para obtener una línea telefónica, que reportó un notable
beneficio a las empresas privadas que lo ejecutaban. Negocio que luego
tras la privatización, también aprovecharon las concesionarias
Telefónica y Telecom, que revendieron lucrativamente parte de esas
líneas, que habían sido costeadas por los mismos consumidores.
Esta blonda relación de Gallo con las
empresas privadas, explicaría por qué poco después de asumir, en marzo
del 2000, dicto la resolución 43. Creando una comisión con funcionarios
del ministerio y la Comisión de Comunicaciones, para que estudiara
ciertas “disfuncionalidades” en la concesión del Correo Argentino, de
las que este venía quejándose. Comisión que se despachó negativamente,
al conocer las inusitadas pretensiones que planteó Correo Argentino.
En marzo del 2001 Galló pasó a
desempeñarse como secretario de la Presidencia, y fue reemplazado en su
ministerio por el cordobés ahijado de Domingo Cavalllo, Carlos Bastos.
Quien inmediatamente, al mes siguiente, en abril, convocó a una nueva
instancia de negociación del contrato con el grupo Macri por el Correo
Argentino.
Bastos luego fue denunciado por
defraudación por la Oficina Anticorrupción, por las prebendas otorgadas
al grupo Macri en las concesiones viales, además de haber estado
involucrado en la escandalosa quiebra de la Enron. Posteriormente en el
2015 se incorporó al PRO, y en el 2016 fue designado por el presidente
Macri, como vocal primero del ENRE (Ente Nacional Regulador de la
Electricidad).
En esa oportunidad Bastos, le pidió al
grupo Macri que pagara simbólicamente una parte “aunque fuese pequeña”
de la deuda por el canon, para poder sentarse a renegociar el contrato,
ante la resistencia que encontraba al respecto en otros espacios de la
administración. Mientras que el grupo Macri insistió tozudamente en su
postura, que se compensara la deuda del canon, con supuestos servicios
postales al Estado, que se encontraban impagos. A la par la AGN
(Auditoría General de la Nación) a cargo de Leandro Despouy, dictaminó
que se debía cobrar la deuda del canon del Correo Argentino, o sino
ejecutar las garantías y/o rescindir el contrato de concesión.
El caso estaba bajo la férula directa
del secretario de Comunicaciones, el también cordobés e histórico
militante radical, que en el 2007 se afilió al PRO, Henoch Aguiar. Quién
en el 2016 fue nombrado por el presidente Macri vicepresidente de
ARSAT. Siendo su presidente Rodrigo de Loredo, el yerno del ministro de
Comunicaciones Oscar Aguad, responsable de la escandalosa quita a favor
del grupo Macri cuestionada en la justicia.
En el 2000, poco después de asumir el
puesto, Aguíar fue denunciado penalmente por el diputado cordobés
Arnoldo Lamisovsky, por nombramiento ilegal, en violación a la ética
pública, al haber sido hasta el día previo asesor de Telecóm,
Telefónica, y otras empresas de comunicaciones. Y también fue denunciado
por el abogado Ricardo Moner Sans, por haber dejado de cobrar un canon
en favor de estas.
En ese contexto, Aguiar tuvo una
aparente dura actitud inicial ante los reclamos del Correo Argentino,
que luego fue mutando en una llamativa comprensión hacia el mismo. La
que culminó en septiembre del 2001, en plena crisis de ese año, cuando
el grupo Macri adujo no tener ingresos para pagar los sueldos de Correo
Argentino, a pesar que adeudaba ya 296 millones de canon.
Luego de un fuerte lobby, que habría
sido encabezado por Gallo, Bastos y Aguiar, el presidente De la Rúa y
sus ministros, firmaron el decreto de Necesidad y Urgencia 1.176 que sin
mencionar al Correo Argentino, le ordenaba a la AFIP pagar una deuda
de 29.057.500 pesos dólares.
No obstante la vigencia de la ley de
“déficit cero” y el recorte del 13 % dispuesto en los haberes de
jubilados y empleados estatales, y que en ese mes venció otro semestre
de pago del canon por 51,6 millones, que el Correo no abonó. Dicho pago
se ordenó hacerlo mediante entrega de bonos de consolidación de deuda,
por lo que habría trepado nominalmente a los 34 millones de pesos
dólares.
El DNU lleva fecha 14 de septiembre, y
fue publicado el 19 de septiembre, el mismo día en que el Correo
Argentino se presentó en convocatoria de acreedores. Medida que habría
comunicado Franco Macri al presidente De la Rua en una audiencia en el
día anterior. Imponiéndolo que supuestamente les era imposible seguir
operando, si no se cambiaban las condiciones del contrato, tratando así
de forzar la mano para conseguir una renegociación del mismo.
Posteriormente tanto De la Rua, Domingo
Cavallo, Bastos, y Henoch Aguiar fueron procesados penalmente por el
juez federal Norberto Oyarbide, por ese inusitado decreto en favor de
Correo Argentino, coincidente con convocatoria de acreedores. Ante el
cual en el 2006, De la Rua se defendió pánfilamente, diciendo que no
sabía que el Correo se iba a presentar en convocatoria.
Afirmado además que era usual que el
estado pagara sus supuestas deudas con los concesionarios, aunque estos
se negaran a pagar el canon, poniendo como ejemplo también a Aeropuertos
2000. Finalmente todos los imputados fueron beneficiados por Oyarbide
con falta de mérito, hasta que la causa prescribió.
Ante esa movida del Correo presentándose
en convocatoria, al Estado le quedaban dos actitudes correctas. O
rescindir el contrato, o mantenerlo fuera de la convocatoria de
acreedores, exigiendo a Correo Argentino que cumpla sus obligaciones
como concesionario. Pero con la venía de Bastos, Aguiar y el gobierno
radical, el Estado optó por la peor alternativa, engendrando así el
embrollo que dura hasta hoy.
Al no rescindir el contrato, e
introducir al estado en la convocatoria de acreedores, pese que lo
podría haber evitado olímpicamente. Esto último fue dispuesto por
Bastos, con el dictado el 23 de noviembre de la resolución 515/01, que
informaba de la convocatoria del Correo. Y daba un cortísimo plazo hasta
el 5 de diciembre, para que las distintas áreas de gobierno mandarán la
documentación respaldatoría, de las acreencias que pretendieran
verificar en el concurso.
No obstante que el estado podía haberse
mantenido al margen del mismo, al darle a la par continuidad al contrato
con el Correo. Lo cual fue expresado claramente por Aguiar pocos días
después, el 13 de diciembre, con el dictado de la resolución 515/01. Al
encuadrar al Correo Argentino en los beneficios de los convenios para
mejorar la competitividad, ideados por Cavallo, desechando así
tácitamente la posibilidad de una rescisión del contrato.
Pocos días después el huracán de la
crisis se precipitó sobre Argentina, con su secuela de muertos y
sucesivos presidente, arrasando con los protagonistas de esta primera
etapa de la macriavélica historia del Correo Argentino, y lo que vino
después fue aún más escabroso.
Duhalde, Lavagna, y Kohan
Tras la caída del gobierno de Fernando
De la Rúa, en enero de 2002, se aprobó la ley 25.561 de Emergencia
Pública y Reforma de Régimen Cambiario. Estableciendo en el artículo 8
de esta norma, impulsada por el presidente interino Eduardo Duhalde, las
bases para la renegociación de los contratos de concesión de los
servicios públicos.
Además Duhalde, en el decreto
reglamentario de esa ley (293/02) del 12 de febrero, incluyo en las
renegociaciones al servicio postal. Y a su vez el 18 de marzo de ese
convulsionado 2002, el ministro Jorge Remes Lenicov emitió la resolución
20/2002 del Ministerio de Economía, incluyendo expresamente al Correo
Argentino en dichas renegociaciones, dando un plazo de 10 días para su
inicio.
Pero al mes siguiente, el 18 de abril,
con la resolución 64/02, dio marcha atrás en relación con el Correo y
Aeropuertos 2000, suspendiendo los plazos, hasta tanto la Procuración
del Tesoro se expidiera respecto las reclamaciones administrativas y
judiciales, interpuestas por estas firmas. Mientras tanto el grupo Macri
seguía ganando tiempo, ya que continuó sin pagar el canon durante el
concurso de acreedores, pese que legalmente podría haberlo hecho como
deuda posconcursal.
Pero pocos días después, el 27 de abril,
en medio de los remezones del año 2002, Remes Lenicov dejó su cargo, y
fue sustituido por Roberto Lavagna. Quien como ex secretario de
Industria del presidente Ricardo Alfonsín, y su consultora Ecolatina,
tenía como clientes a empresas poderosas. Tal como se puede ver hoy en
su listado, en el que figura Caputo, propiedad del “hermano del alma”
del presidente Macri, y Peugot, ex Sevel, que en un tiempo detentó el
grupo Macri.
Además Lavagna actualmente, es
públicamente un hombre de consulta del presidente Macri, demostrativo de
viejas relaciones entre ambos. Por su parte recientemente el ex
presidente Duhalde, manifestó públicamente su estrecha relación con el
PRO, al compartir el palco con los ministros de Cambiemos, como si fuera
otro ministro más, en la última apertura de sesiones del Congreso.
Lo concreto es que pocos meses después,
en agosto, Lavagna, olvidándose de lo dispuesto por Remes Lenicov,
dispuso tratar de darle una “solución integral” a la cuestión del
Correo, tal como pretendía el grupo Macri, y pretende actualmente el
presidente Macri. Posibilitada con la emisión del decreto 1434/02 que
dispuso, sin esperar el informe de la Procuración del Tesoro pedido por
Remes Lenicov, una renegociación integral del contrato.
Para lo que se debería tener “en
cuenta, asimismo, la solución de los múltiples reclamos y litigios
planteados entre CORREO ARGENTINO S.A. y el ESTADO NACIONAL, tanto en el
ámbito administrativo como en el judicial, respectivamente.” A ese
decreto le siguió pocos días después otro decreto modificatorio
(1621/02) agregando que el resultado de la renegociación debía pasar por
la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las
Privatizaciones, creada en los tiempos del presidente Carlos Menem.
En momentos en que el Congreso era un
incendio diario por la crisis, al punto de que sus integrantes
procuraban no ser reconocidos en la calle, y por ello prescindían de sus
trajes y corbatas. Y no estaban precisamente entusiasmados en sacar
adelante los negocios de los capitanes de industria, que se habían
beneficiado extraordinariamente en la década del ´90 con su catastrófico
final.
Esta instancia de negociación fracasó,
porque el Correo Argentino formuló el 9 de diciembre de 2002 una
“propuesta de renegociación”, en la que pretendía un virtual
allanamiento por parte del Estado, a las reclamaciones incoadas en un
juicio iniciado por el Correo Argentino contra el Estado; sumado a la
reducción del canon a un porcentual variable anual; y la sustantiva
modificación de la cobertura geográfica del servicio.
Simultáneamente, en el trámite del
proceso de convocatoria de acreedores del Correo Argentino, el juez
Eduardo Favier Dubois, ante el hecho extraordinario de que el Estado se
había presentado a verificar sus créditos tratándose de un servicio
público, cuando bien podría haberse mantenido al margen del mismo,
dispuso que para esa renuncia de derechos no bastaba la firma del
abogado de la secretaría de Comunicaciones, con los poderes que este
había acreditado.
Por ello exigió que ella se concretara
con los poderes necesarios, para poder renunciar a los derechos del
Estado. Abriendo así una oportunidad para enmendar el embrollo en que
habían metido al Estado Bastos y Aguiar. Y quien desperdició esa
oportunidad fue el secretario de Comunicaciones, que dependía ahora del
ministerio de Economía, Eduardo Marcelo Kohan, nombrado en mayo anterior
por Duhalde y Lavagna (Decreto 746/02).
Al asumir Kohan, Clarín le preguntó si reclamaría el pago del canon, o aplicaría la facultad de cancelar la concesión por mora. “Es una opción que tiene el concedente, pero no es una obligación”,
respondió Kohan. Quien hasta ese momento se desempeñaba como presidente
del CEAMSE (Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del
Estado) el organismo regulador de la basura de la Capital y el
conurbano, que durante años tuvo profundos vínculos con Manliba y
Sideco, del grupo Macri. Además bajo la jurisdicción del CEAMSE, estaban
la autopista Camino del Buen Ayre, y el Buenos Aires Golf Club,
controlados por este grupo.
El caso es que tras la designación de
Kohan, la entonces diputada del ARI Graciela Ocaña, pidió que se
informara acerca de la gestión de Kohan frente al CEAMSE. Apuntando que “entre
los méritos del flamante secretario de Comunicaciones se cuenta la
prórroga indefinida, sin llamar a licitación, de los contratos por los
depósitos de basura, la instalación de cabinas de peajes privadas en el
Camino Buen Ayre, cuya recaudación no ingresaba a la contabilidad
oficial, y la celebración de acuerdos con el entonces concesionario de
la obra”.
El que debía devolver el Camino del Buen Ayre repavimentado, sin personal y libre de costos. “A
cambio y como resultado de una negociación directa con el contador
Marcelo Kohan, el CEAMSE terminó haciéndose cargo de la repavimentación y
de los empleados… y posteriormente sometió a arbitraje un litigio entre
el CEAMSE y el concesionario cuyo laudo lo obligó a pagar sumas
millonarias al concesionario que no debió abonar si la Justicia
ordinaria hubiese intervenido”.
“Por supuesto que el concesionario
no es otro que el grupo Macri, el mismo que hoy maneja la empresa Correo
Argentino y debe al Estado más de 300 millones de pesos en concepto de
cánones”, remató la diputada. Por ello pidió además información
sobre las medidas que la Secretaría de Comunicaciones había adoptado
para cobrar los cánones atrasados que Correo Argentino mantenía con el
Estado.
Kohan consultó al respecto la Dirección
General de Asuntos Jurídicos del ministerio, y al Procurador del Tesoro,
quienes dijeron que la postura del juez Favier Dubois era correcta. Y
en consecuencia este último emitió a mediados de agosto un dictamen,
señalando los pasos que el secretario de Comunicaciones debía seguir, y
el contenido de la resolución que debía dictar, para formalizar esa
renuncia a los derechos del Estado. Que en septiembre se presentó en el
concurso, pero sigilosamente no se publicó en el Boletín Oficial.
Pero tras este sigiloso favor a los
Macri, y sabiéndose en la mira de la diputada Ocaña, a continuación a
Kohan no le quedó mucho margen para seguir haciendo picardías a favor
del grupo. Y por eso lleva su firma una tanda de resoluciones en la que
rechaza distintas pretensiones del mismo, abonando así el camino hacia
una rescisión del contrato.
Resolución 1081/2002 Comision Nacional Comunicaciones, 04-oct-2002,
rechazar el recurso jerárquico interpuesto por la empresa Correo
Argentino S.A., contra el acto de imputación contenido en la nota CNC
nro. 1489/02, por improcedente.
Resolución 253/2002 Secretaria de Comunicaciones, 02-dic-2002,
rechazar el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa
Correo Argentino SA contra la intimación de pago del canon
correspondiente al periodo comprendido entre el 1ro. de marzo y el 31 de
agosto del año 2002, como así también contra el rechazo de los bonos de
consolidación en dólares estadounidenses tercera serie
Resolución 42/2003 Secretaria de Comunicaciones, rechazar
el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa Correo
Argentino SA, contra la intimación de pago del canon correspondiente al
periodo comprendido entre el 1º de septiembre y el 28 de febrero del año
2003, como así también contra el rechazo de los bonos de consolidación
en dólares estadounidenses tercera serie
Resolución 742/2003 Comisión Nacional Comunicaciones, 14-abr-2003,
declarase que la empresa Correo Argentino SA ha incumplido con lo
dispuesto en el artículo 10 del reglamento de control del correo oficial
e intimase a la misma a suspender el aumento dispuesto para los
servicios internacionales.
Kirchner, Lavagna, Madaro, y Moreno
Posteriormente, durante el gobierno del
presidente Néstor Kirchner, apenas asumió este, en julio del 2003, dicha
renegociación fue transferida a la UNIREN (Unidad de Renegociación y
Análisis de Contratos de Servicios Públicos). Por medio del decreto
311/03, que cuenta con la firma de Alberto Fernández, Lavagna, y Julio
De Vido.
Disponiendo en el mismo que su
aprobación no estaba sujeta a la intervención de la Comisión Bicameral
del Congreso, donde las papas quemaban, pero debía contar con una
audiencia pública previa. Además se preveía laxamente, que con la
renegociación se podría hacer cualquier cosa, incluso reducir la calidad
del servicio, al disponer que: “los acuerdos podrán abarcar
aspectos parciales de los contratos de concesión o licencias; contemplar
fórmulas de adecuación contractual o enmiendas del contrato de carácter
transitorio; incluir revisiones periódicas pautadas; así como
establecer la adecuación de los parámetros de calidad de los servicios.”
La secretaría de Comunicaciones fue además traspasada a la órbita del flamante ministerio
de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios, que a lo largo
de sus doce años de duración estuvo a cargo de De Vido. Pero
antes y después de ese decreto, el interventor de la Comisión Nacional
de Comunicaciones, se despachó con otra tanda de resoluciones que
abonaron el camino a la rescisión del contrato con Correo Argentino, por
diversos incumplimientos en los que siguió incurriendo.
Resolución 1137/2003 Comisión Nacional Comunicaciones, 13-jun-2003,
Correo Argentino SA desestimar in limine la presentación de fecha 6 de
junio de 2003 contra la nota CNC nro. 571/03, calificada como recurso de
alzada. hacer efectivo el apercibimiento previsto en la nota CN nro.
571 de fecha 26 de mayo de 2003 y, en consecuencia, imponer a la empresa
Correo Argentino SA, una multa a cargo del concesionario de $ 100.000
por el incumplimiento del concesionario a lo ordenado por resolución CNA
nro 742/03, correspondiente al periodo mensual concluido el 2 de junio
de 2003.
Resolución 1465/2003 Comisión Nacional Comunicaciones, 30-jul-2003,
Correo Argentino SA, hacer efectivo el apercibimiento previsto en el
artículo 4ro. de la resolución CNC nro. 1137 y en consecuencia, imponer a
la empresa Correo Argentino SA, una multa a cargo del concesionario de $
100.000 por el incumplimiento del concesionario a lo ordenado por
Resolución CNA nro. 742/03, correspondiente al periodo mensual concluido
el 2 de julio de 2003.
Resolución 1651/2003 Comisión Nacional Comunicaciones, 09-sep-2003,
Correo Argentino – multa, hacer efectivo el apercibimiento previsto en
el artículo 3º de la resolución CNC nº 1465 de fecha 30 de julio de 2003
y, en consecuencia, imponer a la empresa Correo Argentino SA, una multa
a cargo del concesionario de pesos cien $ 100.000 por el incumplimiento
del concesionario a lo ordenado por resolución CNA nº 742/03,
correspondiente al periodo mensual concluido el 2 de agosto de 2003.
Resolución 1743/2003 Comisión Nacional Comunicaciones, 11-sep-2003,
Correo Argentino SA – rechazar el recurso jerárquico interpuesto por la
empresa Correo Argentino SA contra la nota 229/03 del centro de
atención al usuario de la gerencia de control, en virtud de lo expresado
en los considerandos de la presente.
Resolución 1973/2003 Comisión Nacional Comunicaciones, 24-oct-2003,
Correo Argentino SA, hacer efectivo el apercibimiento previsto en el
artículo 3º de la resolución CNA nro. 1651 de fecha 9 de setiembre de
2003 y, en consecuencia, imponer a la empresa Correo Argentino SA, una
multa a cargo del concesionario de $ 100.000 por el incumplimiento del
concesionario a lo ordenado por resolución CNC nro. 742/03,
correspondiente al periodo mensual concluido el 2 de setiembre de 2003.
El firmante de estas resoluciones conminatorias en reemplazo de
Kohan, fue Fulvio Madaro. Quién luego como interventor en el Enargas,
fue imputado en el primer escándalo de corrupción del gobierno
kirchnerista, el caso Skanka, junto el director de Nación Fideicomisos,
Néstor Ulloa, y una treintena de notables empresarios. Razón por la que
como chivos expiatorios, ambos fueron apartados del gobierno en el año
2007, habiéndose reflotado actualmente dicha causa por orden de la Corte
Suprema.
Pero el supervisor de Madaro, era el
secretario de Comunicaciones Guillermo Moreno, que luego desde el 2006
ganó una ostensible notoriedad como secretario de Comercio, con sus
heterodoxas actitudes y medidas. Pero que a lo largo de su dilatada
gestión, detentó la fama de no ser coimero, y hasta ahora se encuentra a
salvo de los procesamientos por corrupción que han asolado al anterior
gobierno.
Por lo que cabe colegir que al no poder
ser cooptado por el grupo Macri, como es la operatoria usual de la
patria contratista, el contrató del Correo Argentino estaba condenado a
su terminó, con la rescisión por parte del Estado, que sucedió poco
después. A la sazón Mauricio Macri ya había incursionado en la política,
al proponerse a mediados de ese año como candidato a jefe de Gobierno
de la CABA.
Pero en manera alguna puede sospecharse
que ello fue una revancha política. Dado que seguidamente IECSA, la
constructora insigne de los Macri, que luego pasó a manos de Calcaterra
Macri, se alió con la constructora Austral de Lázaro Baez, para ejecutar
distintas obras públicas. Habiéndose presentado consorciadas en UTEs
(Unión Transitoria de Empresas) en numerosas licitaciones, por un
importe estimado de nueve mil millones de dólares. Y otro tanto hizo
IECSA con Electroingeniería, la otra constructora compinche del
kirchnerismo, evidenciando así la existencia de negocios comunes con el
macrismo.
Por lo que cabe suponer que la inusitada
rescisión del contrato del Correo Argentino, en una Argentina donde
brilla la componenda y la corrupción, como sucedió con el contrato
paralelo de Aeropuerto 2000, se debió al doble efecto de los abusos y
codicia del grupo Macri, e incorruptibilidad de Moreno. Y así se llegó
al decreto 1074/03, del 19 de noviembre, que rechazó de plano la
pretensión efectuada el 11 de septiembre por parte del Correo Argentino,
y la totalidad de sus otros reclamos.
El extenso decreto, que abarca tres
páginas del Boletín Oficial, cierra enteramente el trámite
administrativo. Por lo que al presidente Macri le resulta políticamente
imposible actualmente, aportar por las suyas una solución a la situación
del grupo; y por eso insiste en la “solución integral” por parte de la
justicia.
El mismo, entre otras consideraciones,
describe la audaz y desparpajada actitud asumida por el Correo
Argentino, diciendo que su accionar puede calificarse como “una estrategia de reclamaciones sistemáticas orientadas a generar presuntas acreencias… que indefectiblemente, son invocadas” para eximirse de la obligación de pagar el canon:
“… del análisis de la totalidad de los reclamos efectuados permanentemente por la Concesionaria, su accionar puede calificarse como una estrategia de reclamaciones sistemáticas contra el Concedente, todas orientadas
a generar presuntas acreencias que, indefectiblemente, son invocadas
para condicionar y/o eximirse de la obligación de pagar el canon,
único criterio tenido en cuenta al momento de seleccionar al
concesionario… por otra parte debe considerase la pretensión de CORREO
ARGENTINO S.A. de entender como cancelatoria de los cánones devengados
por los años 2002 y 2003 la suma de $ 26.680.861,19 oportunamente
depositados con la aludida presentación de fecha 11 de setiembre de
2003. Que a esa suma se llega en función de un análisis realizado por el
Concesionario que implica una modificación unilateral del Contrato de
Concesión, que carece de todo sustento y que resulta violatoria de los
presupuestos básicos sobre los cuales se le adjudicó la concesión”.
Al día siguiente sobrevino el decreto
1075/03, publicado el mismo día que el anterior en el Boletín Oficial.
Que rescindió el contrato con el Correo Argentino con lapidarios
argumentos, por no haber cumplido reiteradamente y obstinadamente con el
pago del canon pre concursal y posconcursal por un total de más de 500
millones de pesos. No haber cumplido con el precio del Servicio Básico
Universal. Haberse presentado en concurso público. Y haber aumentado
unilateralmente el precio de los servicios internacionales,
aplicándosele severas multas mensuales, sin que cesara en su actitud.
“…la empresa concesionaria dio solamente normal cumplimiento a su obligación de pago del canon respecto del primero y segundo semestres de la concesión… el desarrollo posterior de la relación contractual se vio afectado por constantes reclamos e incumplimientos de diversa índole por parte de la empresa concesionaria… a poco de iniciada su gestión, la concesionaria comenzó sistemáticamente a cuestionar y condicionar su obligación de pagar el canon con diversas argumentaciones y manifestaciones que fueron modificándose y ampliándose en el tiempo… solicitó inicialmente la habilitación de un procedimiento de compensación de créditos,
aunque de menor cuantía, derivados de servicios prestados al Estado
exigencia que luego modificó, condicionando el pago del canon a la
satisfacción de dichos créditos”.
“Que
la empresa CORREO ARGENTINO SA se ha presentado en concurso preventivo…
que el Estado Nacional se presentó a verificar su crédito, que al año 2001 ascendía a la suma de $ 296.205.376,49. Que además se ha generado una deuda postconcursal en concepto de canon, que alcanza a la suma $ 206.400.000. Que la Autoridad de Aplicación comprobó incumplimientos vinculados a los precios del Servicio Postal Básico Universal… que durante el año 2002 la Concesionaria implementó unilateralmente una serie de aumentos generalizados en los precios de los servicios postales de carácter internacional. Que pese a las sanciones impuestas, el Concesionario no ha cesado en su conducta infractora… Que a los incumplimientos antes mencionados debe agregarse la realización de actos orientados al desmantelamiento del patrimonio inmobiliario afectado a la prestación del servicio público, con grave peligro para su continuidad y regularidad…”
Posteriormente, los últimos estertores
administrativos de Correo Argentino, consistieron en cuatro normas
dictadas entre el 2004 y 2010. Rechazando recursos jerárquicos
interpuestos anteriormente. Reconociéndole como inversiones en Monte
Grande una cifra cercana a los cincuenta millones de pesos. Disponiendo
la ejecución de las garantías por una cifra igual, que hasta la fecha no
ha sido cobrada, como se verá más adelante. Y rechazando la pretensión
de compensar sus quebrantos impositivos pasados los cinco años.
Resolución 219/2003 Ministerio Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, 17-nov-2003,
rechazó recurso jerárquico interpuesto por Correo Argentino SA contra
la nota n° 285 del 23 de mayo de 2003, cerrando la vía administrativa.
Resolución 32/2004 Secretaria Comunicaciones, 12-feb-2004,
reconocer como inversiones realizadas por Correo Argentino SA, la suma
de $ 46.883.729,93, por las inversiones hechas en el predio de Monte
Grande.
Resolución 843/2004 Comision Nacional Comunicaciones, 23-mar-2004,
disponer la ejecución de las garantías de ejecución del contrato del
Correo Argentino SA, por la suma de $ 50.000.000
Decreto 260/2006 Poder Ejecutivo Nacional, 08-mar-2006,
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, rechaza la pretensión
planteada en el año 1998 de agregar al costo del despacho obrero, el
IVA, cerrando la vía administrativa.
Resolución 170/2010 Ministerio de Economia y Finanzas Publicas, 05-abr-2010,
rechazó el recurso de apelación interpuesto por Correo Argentino SA.,
contra la resolución de la AFIP, que dio por prescriptos los plazos para
la compensación de los quebrantos impositivos, cerrando la vía
administrativa.
El fracaso de la “solución integral” en la Justicia y los Tonelli
El bufete de abogados que tiene como
cliente al Correo Argentino, y a otras empresas FIAT, que estuvieron
íntimamente relacionadas con el grupo Macri a través de Sevel, es el
Estudio Tonelli. Fundado por Ideler Tonelli, quién resulta ser un
ejemplo notable del borocotó de la política.
Dado que camaleónicamente fue diputado
desarrollista durante la presidencia de Frondizi. Asesor del ministro de
Defensa José Cáceres Monie, durante la dictadura de Lanusse. Asesor de
José Ber Gelbard durante el gobierno de Perón e Isabel Perón. Camarista
en la justicia durante la dictadura de Videla, jurando cumplir con el
Estatuto del Proceso Militar. Secretario de Justicia de Alfonsín, autor
de las leyes de Punto Final y Obediencia debida, que quince años después
fueron anuladas por el Congreso y la Justicia. Y luego ministro de
Trabajo de Alfonsín, e interventor en la provincia de Corrientes.
En su portal actual, detallando sus
saltos por distintos gobiernos de los signos más opuestos, como si
tratara de un blasón, Ideler aún figura como integrante del estudio,
pese que falleció el año pasado. Y su hijo Alejandro figura como
apoderado de Correo Argentino y FIAT etc. Mientras que Pablo, su otro
hijo abogado, no figura en él porque hace diez años desempeña cargos
públicos, siendo actualmente diputado de la Nación. No obstante en
Linkedin manifiesta ser abogado del Estudio Tonelli desde 1977 hasta la
actualidad.
Por esa razón resultan inadmisibles las
tonantes y reiteradas declaraciones que efectuó el diputado Tonelli,
descalificando la labor de la fiscal Boquín, por los dictámenes que
emitió contra Correo Argentino, afirmando que “dice cualquier cosa” y que “no reúne las aptitudes”
para ejercer su cargo. Como si él fuera un representante de Correo
Argentino o el grupo Macri, y no del pueblo argentino. Revelando así que
quien “dice cualquier cosa” y que “no reúne las aptitudes” para ejercer
su cargo, es el mismo Tonelli.
Tonelli también es integrante del
Consejo de la Magistratura, organismo que digita el nombramiento,
sanción, remoción, y traslado de los jueces, por lo que está también en
una posición dominante en relación a los integrantes de la justicia.
Razón por la cual podría decirse que los Tonelli desde hace mucho tiempo
han convertido al Estado en un aguantadero.
En el concurso de Correo Argentino, el
juez Favier Dubois, además de requerir una ratificación especial por
parte del Estado, por la inusitada renuncia de derechos que había
efectuado, dispuso crear una categoría especial para este. Ante la
situación de que la mayoría de las deudas de Correo Argentino eran a
favor del mismo grupo Macri, representando las del Estado solo un 36 %
del total de ellas, haciendo así que intervención fuera decisiva en la
Junta de Acreedores.
Por su parte Correo Argentino propuso
entonces un acuerdo preventivo con tasas del 1 % anual, a 25 años. Que
los representantes del Estado calcularon que implicaba una espera, con
una quita inaceptable, de entre el 92 y el 94 %. Concluyendo “se
advierte claramente que implica de modo claro y contundente un
procedimiento de licuación de pasivos y no una propuesta de pagos.” Señalando que ella no podría homologarse, porque encuadraba como una “propuesta abusiva”.
Por esa razón, un mes después de la
rescisión de la concesión por parte del Estado, a fines del 2003, el
juez Eduardo Favier Dubois rechazó dicha propuesta, por no haber sido
aceptada por el Estado. Y en consecuencia decretó la inaplicabilidad del
cramdown (salvataje empresarial, consistente en que otro grupo
empresario se quede con Correo Argentino, haciéndose cargo de sus
pasivos).
Sosteniendo que al haber perdido la concesión, la empresa ya no estaba en condiciones de seguir funcionando y había perdido su objetivo social, y que al haber absorbido el estado a todo su personal, ella se convertía en una “pequeña quiebra”. En consecuencia decretó la quiebra de Correo Argentino; ordenó recaratular la causa de concurso a quiebra; prohibió la salida del país de Franco Macri y otras autoridades de Correo Argentino; y dispuso la liquidación de sus bienes.
Piaggi de Vanossi, y otros integrantes de la Cámara de Apelaciones
No obstante a comienzo del 2004, el
grupo Macri logró revertir velozmente ese fallo de Favier Dubois. El 16
de enero de ese año, en plena feria judicial, la Cámara de Apelaciones
en lo Comercial integrada por los jueces Ana Piaggi de Vanossi, María
Gómez Alonso de Díaz Cordero, y Enrique Butty, decretó que la apelación
interpuesta por Correo Argentino, suspendía el fallo de Favier Dubois. Y
a mediados de ese año se despachó diciendo que no correspondía no haber
abierto el cramdown. Dejando así sin efecto la declaración de quiebra
de Correo Argentino, y sus concomitantes medidas en relación a sus
autoridades y bienes.
Pocos meses después de ese sorpresivo
fallo favorable al grupo Macri, la integrante de la Cámara Piaggi de
Vanossi fue denunciada ante el Consejo de la Magistratura. Imputándosele
el haber liderado ese fallo, en benefició de una empresa perteneciente
al líder del grupo político de su esposo, Jorge Vanossi. Quien entonces
encabezaba la lista de diputados nacionales del partido de Macri (Acción
para el Cambio), y actualmente se desempeña como parlamentario del
Mercorsur, representando al Frente Renovador de Sergio Massa.
Vanossi fue también el abogado de
Deltec, en el famoso caso de los años setenta de la quiebra de Swift –
Deltec, que dio origen a la doctrina de la penetración de las sociedades
jurídicas, enunciada en un célebre fallo por el Juez Salvador María
Lozada. Que sostiene que deben tenerse en cuenta la composición de los
grupos económicos, a los fines de determinar sus obligaciones y
acreencias en el caso de concursos y quiebras. En las que el mismo grupo
disimuladamente puede aparecer como deudor y acreedor, a través de
distintas personas jurídicas, como es el caso de Correo Argentino.
La denuncia fue desechada por el Consejo
de la Magistratura, con consideraciones más que ambiguas. Pero no
obstante Piaggi de Vanossi durante un tiempo declino intervenir en la
causa. Por su parte el juez Favier Dubois también se vio obligado a
hacer lo mismo, por haberse presentado como abogado de Correo Argentino
una persona de su amistad, Jaime Kleidemarcher.
Incurriendo así este y Correo Argentino,
en la clásica chicana para apartar a un magistrado que molesta. Favier
Dubois le traspasó la causa a su colega del juzgado Nº 6, quien se opuso
a ese apartamiento, diciendo que tratándose de un concurso no
correspondía. Pero la Cámara de Apelaciones falló en contra de esta
postura, y así la causa paso a manos de la titular de ese juzgado desde
el año 2005, la jueza Marta Cirulli.
Por otro lado Gómez Alonso es
actualmente presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios
Judiciales, representando a la lista del juez Ricardo Recondo como
sucesora de este. Que fue apoyada explícitamente por el PRO,
mencionándose a Recondo como favorito del presidente Macri para
reemplazar a la Procuradora Alejandra Gils Carbó.
Pero el vínculo se cierra más
estrechamente por otro lado, dado que Recondo fue subsecretario de
Justicia de Alfonsin, cuando el secretario era Ideler Tonelli, el
estudio que tiene como cliente a Correo Argentino. Recondo además tuvo
una destacada actuación como opositor del kirchnerismo de la ley de
medios, siendo acusado él y su hija de ser lobistas del grupo Clarín.
La deplorable actuación de la jueza Cirulli
A continuación el grupo Macri se las
ingenió ante la jueza Cirulli, para que esta no abriera el cramdown
ordenado por la Cámara, alegando que existía una posibilidad de
continuidad de Correo Argentino, pese la pérdida de la concesión, como
complemento de Pago Fácil. Y por contrario Cirulli, que cuenta en su
haber tres pedidos de jury, que tienen ahora como instructor al abogado
del Correo y diputado Tonelli, reabrió en diez ocasiones sucesivas,
nuevos periodos de exclusividad a favor de Correo Argentino, para que
este pudiera efectuar distintas propuestas de arreglo preventivo, para
la que ley fija como máximo un plazo de 90 días.
Seguidos a su vez de pedidos de
prórroga, suspensión de plazos, y aperturas de incidentes, que en dos
oportunidades llegaron hasta la Corte Suprema, como se verá
seguidamente. Y también dispuso una recategorización de los acreedores,
pese encontrarse con sentencia firme y ser cosa juzgada, para que Correo
pudiera manipular la Junta de Acreedores, y obtener la aprobación de
sus propuestas.
Llegando a plantear finalmente Correo
Argentino ante ella, que el Estado no debía intervenir en la Junta de
Acreedores, por ser supuestamente el responsable del concurso del
Correo. Posición que luego varió, diciendo que este habría hecho una
aceptación “implícita” de la propuesta del Correo, pidiendo que la jueza
la diera por aprobada.
Posturas que matizadas con distintas
chicanas interpuestas por el Correo y permitidas por la jueza, dilataron
el proceso en manos de ella hasta marzo del 2010. Oportunidad en que
recién la jueza Cirulli dispuso nuevamente la apertura del cramdown,
seis años después de haberlo ordenado la Cámara.
La “solución integral” intentada ante la Corte por la puerta ancha
Ante Cirulli Correo Argentino planteó la
posibilidad de un nuevo acuerdo preventivo, basado en una “solución
integral”, idéntica a la que pretende obtener el presidente Macri.
Consistente en que el tribunal funcionara como “fuero de atracción”, en
las demandas que Correo Argentino había iniciado contra el Estado.
Para que se determinara en el mismo, las
supuestas deudas que este tendría con el Correo Argentino, a los
efectos de compensarlas mutuamente, y que su excedente ingresara a favor
del Correo en el concurso. Esta audaz propuesta del grupo Macri, fue
denegada por la jueza Cirulli, que resolvió que el fuero de atracción
solo opera en los casos que el concursado es demandado, y no cuando
demanda. Y no tenía sentido mantener dos contiendas paralelas en el
fuero comercial y administrativo.
“… el
fuero de atracción no opera cuando el concursado asume el rol activo y
que su acumulación por conexidad con el proceso concursal del Correo
Argentino SA, resultaba inconveniente pues no era razonable ni lógico
mantener dos contiendas con contenido análogo en distinta sedes,
siéndolo por el contrario, que se concrete con el proceso donde se
demanda la nulidad de los decretos 1074/03 y 1075/03”
Esta postura fue ratificada por la
Cámara de Apelaciones en lo Comercial, ante la cual hoy el presidente
Macri pretende resucitarla. Y ante ello el Correo Argentino presentó un
recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia, con la firma
del abogado del Correo Arnoldo Kleidermacher. El que fue rechazado por
la Cámara de Apelaciones, ante lo cual el Correo presento un recurso
directo (De hecho) ante la Corte Suprema. Y en su trámite la
subprocuradora general Marta A. Beiró de Gonçalvez compartió esos
argumentos de la jueza, en su dictamen de mayo de 2006.
Apuntó además que el recurso era
inadmisible, al no tratarse de una cuestión federal. Y no existía
violación al derecho de defensa en juicio, “pues, no resulta que el
recurrent e pueda quedar sin juez ante quien reclamar la tutela de sus
derechos y con ello concretarse una violación del derecho de defensa de
la Constitución Nacional”. Luego en noviembre de ese año, los cinco
integrantes de la Corte Suprema, compartiendo los argumentos de la
Procuración, desecharon el planteo interpuesto por Correo Argentino
(Recurso de Hecho C. 217. XLII).
La “solución integral” intentada ante la Corte por el ventiluz
No obstante ese fracaso rotundo, el
grupo Macri y Correo Argentino insistió en su trece, e ingeniosamente
volvió a meter por la ventana, la cuestión por la que había recibido en
la Corte un portazo en la nariz. Con diversos argumentos al cual más
traído de los pelos, presentó un recurso de revisión contra la
verificación del crédito del canon a favor del Estado por $ 296
millones, no obstante tratarse de cosa juzgada, pidiendo que ese monto
se compensara con las supuestas deudas que el Estado tenía con Correo
Argentino. Requiriendo en consecuencia la apertura a prueba del
incidente, para demostrar la existencia de esas supuestas acreencias.
La jueza Cirulli rechazó la apertura a
prueba, diciendo que se trataba de una cuestión de puro derecho, sobre
la que iba a decidir. Y ante ello Correo Argentino presentó una
apelación ante la Cámara de Apelaciones, integrada por Piaggi de Vanossi
y presidida por María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, ambas
firmantes del fallo del 2004 que revocó la declaración de quiebra de
Favier Dubois. Quienes en esta ocasión, le dieron nuevamente la razón a
Correo Argentino, ordenando que el incidente se abriera a prueba, para
constatar las supuestas acreencias a favor del Correo.
Ante esto el Estado presentó un recurso
extraordinario ante la Corte Suprema, que dichas camaristas rechazaron,
por según ellas no tratarse de una sentencia definitiva. Y en
consecuencia ahora fue el Estado el que fue con un recurso de directo
ante la Corte. En el cual el Procurador Esteban Righi, en junio del
2008, dictaminó a favor del mismo, diciendo que el fallo apelado era
equiparable a una sentencia definitiva, por lo que debía admitirse el
recurso.
Y en cuanto al fondo del asunto, opinó
que esa postura de Correo Argentino y la Cámara, podría deparar
resultados judiciales escandalosos en contrario. Si lo que se decidía en
el fuero comercial, contradecía lo que pudiera sentenciarse en el fuero
contencioso administrativo, en las demandas contra el Estado promovidas
por Correo Argentino. Y que además la compensación conforme el Código
Comercial, solo podía darse entre deudas líquidas y exigibles, y no de
índole eventual o litigiosa. Señaló además las contradicciones en sus
actos propios en que había incurrido el Correo a lo largo del proceso,
aceptando primero la acreencia del Estado, y pretendiendo luego su
revisión cuando era cosa juzgada. Y la torpeza en la que había incurrido
la Cámara al darle la razón a este.
“… resolvió la apertura a prueba del procedimiento y ordenó la producción de todas las medidas ofrecidas apoyándose en afirmaciones dogmáticas y pautas de excesiva latitud, como son los asertos sobre la entidad (importancia o valor) de las defensas opuestas y la premura en decidirlas, insuficientes para satisfacer el requisito de debida fundamentación exigible en las decisiones judiciales”
Por su parte la Corte Suprema, en marzo
del 2009 con una mayoría de cuatro a uno, le dio la razón al Estado y al
Procurador, compartiendo los argumentos de este. En consecuencia
declaró procedente el recurso extraordinario, anulando el falló a favor
del Correo, y ordenando a la Cámara que dictara una nueva sentencia
conforme lo expuesto. El único voto en contra fue el de la jueza Argibay
que rechazó la apertura del recurso, por considerar que no se trataba
de una sentencia definitiva. (Recurso de Hecho C. 217. XLII).
La “solución integral” ante la Corte por la hendija
Otro coletazo ante la Corte Suprema lo
provocó el inusitado giro que tomó la causa iniciada por el Estado,
contra la Aseguradora de Créditos y Garantias. Que debía hacer frente a
la garantía del cumplimiento del contrato de Correo Argentino por $
42.735.000 pesos dólares. Y en vez de abonar ese importe, acorde la
ejecución de garantías dispuesta por el Estado en marzo del 2004
(Resolución 843) intimando a Correo Argentino a pagar la misma, o que en
su defecto lo hiciera esa aseguradora, esta se obstinó en no pagar.
Razón por la que el Estado inició una
demanda en su contra. En la cual sorpresivamente, los integrantes de la
Cámara Contencioso Administrativa Dra. María Caputi, Luís Márquez, y
José López Castiñeira, dispusieron que esta causa del Estado contra la
Aseguradora de Créditos y Garantías, se acumulara a las causas que
Correo Argentino había iniciado contra el Estado. Adujeron que siendo
acciones conexas, dos magistrados distintos podían dictar sentencias
encontradas respecto la rescisión de la concesión de Correo Argentino, y
por eso era menester una sentencia única que resuelva ambas procesos.
Dos de estos magistrados, habían llegado
a sus puestos de manera escabrosa. Márquez había sido acusado de haber
sido examinado en el Consejo de la Magistratura, por un viejo amigo de
más de 30 años. Y por su parte López Castiñeira había sido acusado por
su ex conyugue, de haber recibido previamente el contenido del examen, a
través del auditor general y operador de la SIDE de “Jaime” Stiuso en
la justicia, Javier Fernández.
Contra ese inusitado fallo, en el 2010
el Estado presentó un recurso extraordinario, que fue rechazado por la
Cámara Contenciosa, con la excusa de que no se trataba de una sentencia
definitiva. Así el caso llegó de nuevo a la Corte con un recurso directo
por parte del Estado. Donde en mayo del 2013, casi diez años después de
haberse ordenado la ejecución de las garantías de Correo Argentino, la
Procuración General con la firma de la subprocuradora Laura Montí, se
despachó a favor de este.
Alegando que la sentencia era
equiparable a definitiva, por las enormes demoras que podrían ocurrir
ínterin. Y que no se verificaba la identidad de las parte en ambas
causas, y tenían objetos diversos, por lo que por ende no podrían
existir sentencias contradictorias, que provocaran escándalo jurídico.
Hizo además severos críticas respecto la sentencia de la Cámara.
“el fallo apelado se aparta injustificadamente de las normas aplicables y omite expedirse sobre cuestiones oportunamente planteadas y que son conducentes para la solución del caso… exhibe defectos de fundamentación que afectan en forma directa e inmediata las garantías constitucionales, circunstancia que habilita a descalificarlo como acto jurisdiccional válido en los términos de la doctrina de la arbitrariedad de las sentencias”.
La Corte Suprema por su parte en
diciembre de 2014, también se expidió por unanimidad a favor del Estado.
Tras examinar la índole de la garantía presentada por el grupo Macri, y
lo expresado en los pliegos y el contrato de concesión, que establecíaa
que “el pago por el Asegurador se deberá hacer efectivo inmediatamente, al solo requerimiento y sin restricción alguna”, inmediatamente
después de la resolución dictada al efecto, y la intimación
extrajudicial cursada al Correo Argentino. Ratificando además que al ser
diversas las materias litigiosas y la acción incoada, “impide
considerar que la sentencia a dictarse en uno de ellos pueda producir
efectos de cosa juzgada en el otro o que podrían dictarse sentencias
contradictorias provocando así un escándalo jurídico” (Recurso de Hecho 258/2010 (46-E).
La deplorable actuación de la Cámara de Apelaciones
Tras el fallo de la Corte del 2009,
rechazando la nueva variante de la “solución integral” y compensación de
deudas, la jueza Cirulli en marzo del 2010 rechazó la homologación del
acuerdo preventivo propuesto por Correo Argentino, por no contar con la
aceptación del Estado. Y en consecuencia dispuso la apertura del
registro previsto a efectos de abrir el cramdown. Volviendo así la
cuestión al año 2003.
Correo Argentino apeló este fallo, y en
la Cámara de Apelaciones la entonces fiscal general Alejandra Gils Carbó
emitió en julio de 2010 su dictamen, opinando que se debía rechazar la
apelación de Correo Argentino, y abrir el cramdown. Luego en mayo y
diciembre de 2011, emitió Gils Carbó dos nuevos dictámenes negativos,
respecto la obstinada y cerril postura de Correo Argentino, de compensar
sus deudas con las del Estado, pese la existencia de sendos fallos de
la Corte Suprema denegando esa compensación.
A partir de allí el expediente entro en
un largo letargo, siendo responsables del mismo Correo Argentino, las
sindicaturas de la quiebra, y las integrantes de la Cámara de
Apelaciones, Piaggi de Vanosi, Gómez Alonso, y Matilde Ballerini.
Si uno consulta el portal del Consejo de
la Magistratura, se encuentra que esta última acumula 22 pedidos de
jury desde el 2000 en adelante, durante su desempeño como jueza y vocal
de Cámara. Con casos escandalosos que llegaron a la prensa, como el
embargo de una autobomba de Bomberos. Por su parte Gómez Alonso acumula
11 pedidos de jury, desde el 2002 hasta la fecha. Mientras que Piaggi de
Vanossi registra 6 pedidos de jury, acumulados desde el 2003 hasta la
fecha.
El interrogante es si sus más que
morosas y sesgadas actuaciones en la causa de Correo Argentino, les
sumaran otro pedido de jury mas, y su destitución, como correspondería
en un país serio. Lo cual difícilmente sucederá hoy en ese organismo,
controlado actualmente por el PRO Cambiemos, que tiene como instructor
de los sumarios contra los magistrados, al abogado de Correo Argentino,
el diputado Pablo Tonelli.
Consultar https://www.pjn.gov.ar/index.asp?id=19
Años después, en marzo de 2014, tras
tres años de producidos los dictámenes de la fiscal Gils Carbó, la
Cámara sin haberse expedido sobre la apelación de Correo Argentino,
enredó aún más el procedimiento. Al convocar a una audiencia, en la que
inusitadamente le dio a Correo Argentino otra oportunidad para presentar
una nueva propuesta de acuerdo preventivo. La que recién se concretó en
octubre de ese año, en otra audiencia en la cual Correo Argentino la
presentó.
La cual la Cámara recién notificó a los
interesados en marzo del 2015, por medio de edictos. Ante la cual el
Banco Nación respondió que no daba conformidad a la propuesta, por
considerar que ello provocaría una fuerte desvalorización de su crédito.
Y allí la causa nuevamente se durmió, a la espera del resultado
electoral, en la que Macri, el flamante candidato de Cambiemos, se
presentaba con altas chances de llegar a la presidencia.
La causa durante el Gobierno de Cambiemos
Cinco meses después de que Macri arribó a
la presidencia, a mediados de mayo de 2016, el Estado por intermedio
del ministerio de Comunicaciones, solicitó por su parte una
nueva audiencia. Informando al tribunal que si la concursada mejoraba su propuesta de
pago, el Estado podría brindar su conformidad para que se concretara el acuerdo preventivo.
nueva audiencia. Informando al tribunal que si la concursada mejoraba su propuesta de
pago, el Estado podría brindar su conformidad para que se concretara el acuerdo preventivo.
La audiencia se llevó esta vez
rápidamente a cabo, a fines de junio de ese año. Concurriendo a la misma
los abogados de Correo Argentino, los síndicos del concurso, y el
cordobés Juan Manuel Mocoroa, director General de Asuntos Jurídicos del
ministerio de Comunicaciones, a cargo del también cordobés Oscar Aguad.
No habiendo sido citada la fiscal de Cámara Boquin.
En ella Correo Argentino formuló una
nueva oferta de pago al Estado, consistente en pagar el valor nominal de
$ 296 millones del canon adeudado desde el año 2001, en 19 cuotas
anuales futuras sucesivas y crecientes. Con un reconocimiento final de
supuestos intereses con una tasa del 6 % anual, no acumulativa, y no
sobre saldos. Lo cual se trata de una novedosa aberración de las
finanzas, que ningún banquero aceptaría.
La propuesta fue rechaza por Mocoroa,
quién a su vez expresó que estaba autorizado a aceptar una propuesta con
exactamente la misma estructura, lo cual muestra lo concertado que
estaba el asunto, entre el ministerio de Comunicaciones y Correo
Argentino. Pero con un plazo de 15 años, y una cuota final de intereses
con una tasa del 7 % anual. Que luego de un cuarto intermedio, fue
aceptado por Correo Argentino.
Sin tener para nada en cuenta la enorme
desvalorización de la moneda de 16 veces, desde el 2001 a la fecha, esa
supuesta negociación era evidentemente una componenda. Que la pone de
manifiesto el hecho que el capital nominal a pagar por el Correo, en vez
de subir, bajo 9 puntos, del 214 % del monto del canon adeudado
nominal, al 205 % del mismo. Y en cuanto a la tasa efectiva anual de
interés, calculada sobre el flujo de pagos conforme los cánones
financieros, ella solo subía 0,6 %, del 4,4 % anual, al 5,2 % anual.
Además si se profundiza la cuestión,
haciendo el cálculo a valor actual a junio de 2016, de la propuesta de
Correo Argentino y la contrapropuesta de Mocoroa, la mejora obtenida por
el Estado se revela insignificante. Ya que calculándola con la tasa de
intereses del 16 % anual, que es la que brinda el Estado en sus títulos
públicos en pesos a mediano plazo, la quita del valor actual, sin
considerar la enorme pérdida desde el 2001 hasta esa fecha, habría
bajado solo del -80 % al -72 %, o sea solo 8 puntos.
Tomando la tasa de descuento del 26,4 %
anual que cobra la AFIP, la mejora sería del -93 % a -89 %, o sea solo 4
puntos. E incluso si se toma una tasa de descuento optimista del 8 %
anual, la mejora obtenida por Mocoroa sería solo de 13 puntos, de -43 % a
-30 %. O sea que ella en ninguno de los casos resulta ser
significativa, y se revela como pura apariencia, para simular un regateo
convenido previamente.
Los cuestionamientos al acuerdo por parte de la fiscal Boquín
Morosamente los camaristas le dieron
traslado de ese acuerdo a la fiscal de Cámara Boquín. Quién a fines de
2016 se pronunció rotundamente en contra, diciendo que se trataba de una
“propuesta abusiva”, que representaba una “condonación de deuda”. Al
existir una quita de casi el 99 % respecto el monto del canon adeudado
hasta el 2001, por 296 millones de pesos dólares. Sin tener en cuenta el
canon posconcursal, que sumaba otros 200 y pico millones.
Al haberse rebajado la quita del 99,16
%, a solo el 98,82 %. O sea que se trataba de un pago efectivo, de solo
el 1,18 % de la deuda original, cuando en el 2003 el Estado había
rechazado propuestas con un pago efectivo del 5,7 % de la deuda
original, que luego Correo Argentino elevó al 7,7 %.
Lo cual implicaba para el grupo Macri
hacer una diferencia de casi diez mil millones de pesos, equivalente a
600 millones de dólares, entre lo que dejaba de pagar, y lo que podía
cobrar. Siendo en rigor de verdad el monto de setenta mil millones de
pesos popularizado por los medios, solo un ejercicio numérico
ejemplificativo del monto que podría haber alcanzado la deuda del grupo,
conforme los parámetros económicos previos, una vez que terminara el
plazo de la espera propuesta para el 2033.
Boquín señaló además que Mocoroa carecía
de facultades para arribar a ese acuerdo. Al tratarse de un funcionario
con designación transitoria, sin control de idoneidad, al no haber
acreditado el cumplimiento de los estándares mínimos para el acceso al
cargo. Lo que se veía agravado por el hecho que su designación no se
encontraba vigente a la fecha, dado que ya había vencido el plazo de 180
días fijado en su designación.
Y que además carecía de los poderes
suficientes para convenir esa quita, que implicaba una renuncia de
derechos, para la que debería haber contado con autorización expresa de
la autoridad correspondiente. Citando como antecedente la exigencia del
juez Favier Duvois respecto la introducción del Estado en el concurso de
Correo Argentino, cuando bien podría haber evitado caer en esa
situación.
Boquín expresó también que no se había
cumplido con la Ley de Ética Pública, dado que la familia del presidente
Macri detentaba la totalidad del capital accionario de la compañía
controlante de Correo Argentino. Asegurando que la existencia de un
conflicto de interés era palmaria, dada la dependencia jerárquica entre
el presidente Macri y el Jefe de Gabinete Marcos Peña, de entre éste y
sus ministros, y entre el ministerio de Comunicaciones a cargo de Aguad,
y la Dirección de Asuntos Jurídicos.
Señalando que ningún funcionario público
que tuviese relación de dependencia jerárquica con el Presidente,
podría aceptar una propuesta que directa o indirectamente lo beneficie a
este. Por lo que “previo a expresar voluntad por parte del Estado
para la aceptación de una propuesta, en caso de que hubiera existido
duda por parte del representante del Ministerio de Comunicaciones, debió
haberse requerido opinión consultiva de la Oficina Anticorrupción o
bien, a la Comisión de
Etica Pública”.
Etica Pública”.
Boquin dictaminó también que se
apreciaban serías irregularidades en el proceso concursal, poniendo de
resalto que Correo Argentino se había beneficiado con un estado de
“eterno concurso”, habiendo logrado suspender por más de 15 años el pago
a sus acreedores. Y apuntaba directamente contra las integrantes de la
Cámara de Apelaciones, al señalar que el fallo de marzo de 2010 que
había rechazado la homologación del acuerdo, por la falta de conformidad
del Estado, y ordenado el cramdown, todavía se encontraba a estudio.
Seis años después, en diciembre de 2016, tras la contestación de la
vista al fiscal concretada en diciembre del 2010,
Señaló además que en el camino, se había
derogado el cramdown y reabierto el período de exclusividad a favor de
Correo Argentino, cuando el mismo llevaba ya más de tres años de
vencido. Y se había permitido a Correo Argentino reformular las
categorías de acreedores, pese a que existía una resolución anterior
firme al respecto, con carácter de cosa juzgada.
Con el agravante que con ello se había
dejado sin efecto, la medida tomada por el juez Favier Dubois, de crear
una categoría especial para los acreedores de Correo Argentino,
pertenecientes al grupo Macri, en resguardo de la transparencia del
proceso, conforme la doctrina Swift Deltec del juez Lozada. Que era una
sentencia con calidad de cosa juzgada, y no obstante había sido
alterada.
A juicio de la fiscal Boquín, está
recategorización extemporánea, constituyó una estrategia llevada
adelante por Correo Argentino, para “escaparse” del marco impuesto por
el juez Favier Dubois. A los efectos de garantizar la transparencia de
la decisión de la Junta de Acreedores que debía aceptar o rechazar las
propuestas de acuerdo efectuadas por Correo Argentino. Que deben tener
una aceptación por parte de los acreedores, tanto en función de su
número, como del importe de sus acreencias.
Finalmente, Boquín apunto que del
análisis de la causa surgía que se habían manipulado las mayorías en
perjuicio de los acreedores comunes, con la finalidad que éstos quedaran
sometidos por una mayoría ficticia, con una pérdida sustancial de sus
derechos. Maniobra concretada por Correo Argentino a través de cesiones
de crédito, pagos por subrogación, y el otorgamiento de poderes
irrevocables a apoderados. Algunos de ellos vinculados a la concursada, o
a los estudios jurídicos que la patrocinaban.
Entre los indicios que conducían a
concluir que las mayorías habían sido manipuladas, Boquín señaló que
carecía de sentido el otorgamiento de conformidades para cobrar créditos
insignificantes, a larguísimos plazos. Apuntó al respecto que de 375
acreedores, 361 aprobaron el acuerdo, no obstante que 86 de esos
acreedores tenía acreencias que no superaban los $ 1.000; otros 41
tenían acreencias entre $ 1.000 y $ 2.000; otros 62 entre $ 2.000 y $
3.000; y 42 entre $ 3.000 y $ 4.000. Señalando, “no es creíble que
estos 231 acreedores estuvieran todos de acuerdo en cobrar sus créditos
por montos insignificantes en un plazo de 34 años desde la presentación
del concurso, lo que equivale a una renuncia”.
Observando que en muchos casos, el costo
de la instrumentación de esos actos de cesión de créditos u
otorgamiento de poderes, resultaba superior al monto mismo del crédito
verificado. Siendo este carácter antieconómico de la operación, un
elemento ilustrativo de la manipulación. Sumado a que “los acreedores hubieran otorgado un poder irrevocable a quien luego concurrió a votar el acuerdo, también es indicativo de que han sido desinteresados”.
Apuntando que algunos de estos
apoderados, estaban directamente vinculados con Correo Argentino, como
Susana Piantelli, gerente del estudio Kleidermacher, abogado del Correo.
Y Germán Carnevale, Ignacio Buceta, y Clauydio Lehmann que figuran como
directores suplentes del mismo, etc.
El fraude mayor en el concurso de Correo Argentino
Pero lo más grave vino cuando la fiscal
Boquín expresó que con relación a las mayorías de capital, tuvieron un
peso determinante los votos favorables del BID (Banco Interamericano de
Desarrollo) por más de 194 millones; Banco Rio, por más de 31 millones; y
CFI (Corporación Financiera Internacional) por más de 179 millones.
Boquín apunta al respecto que Favier
Dubois categorizó especialmente a CFI como acreedor accionista, y al BID
en una categoría especial como acreedor en moneda extranjera. Apuntando
que por ello dos de esos acreedores mayoritarios no podían entrar en la
categoría de acreedores comunes. Como luego fueron recategorizados,
pese estar firme y ser cosa juzgada las categorías establecidas por
Favier Dubois.
No obstante ello fue posible, conforme
detalla Boquín, porque el BID le cedió sus acreencias al Meinl Bank AG, y
lo mismo hizo el CFI. A lo que se sumó la cesión que hicieron los Banco
Rio y Galicia a favor del BST (Banco de Servicios y Transacciones). Y
la explicación de estas inusitadas cesiones de créditos a cobrar con una
quita del 99 %; que representa una virtual condonación de deuda,
resulta ser horrible para la Republica.
Conforme informó Política Argentina, la
clave la aportó SIDECO Americana SA, la empresa que controla Correo
Argentino. Que tiene como accionista a SOCMA SA con un 60 %, y a
Inversid SA, con otro 40 %. Inversid a su vez, tiene el 90 % por ciento
de SOCMA. Y en su último balance presentado ante la CNV (Comisión
Nacional de Valores) por SIDECO Americana, correspondiente al año 2015,
figura que tiene dada como garantía prendaria de sus deudas a favor del
Meinl Bank AG, 93.183.300 acciones de Socma, y 16.626.899 acciones de
Inversid.
Siendo este el último balance público,
dado que en mayo, en el mismo mes que se concretó la presentación del
representante del Estado Mocorea en la causa de Correo Argentino, que
facilitó el acuerdo, el presidente de SIDECO, Edgardo Poyard, informó a
la CNV que la empresa se retiraba de la cotización en la bolsa. Y que,
por lo tanto, no entregaría más información sobre sus balances.
Lo cual explicaría que en realidad las
deudas del CFI y el BID, habrían sido compradas por Correo Argentino a
través y con un crédito del Meinl Bank AG. Quien a su vez actuaría como
pantalla de esa adquisición en el concurso de acreedores, para
posibilitar el leonino acuerdo preventivo propuesto por Correo
Argentino.
Y el círculo se estrecha aún más, si se
tiene en cuenta que el actual accionista controlante del Meinl Bank, es
nada menos que Odebrecht. La mega constructora socia de los Macri en
múltiples emprendimientos, entre ellos el faraónico soterramiento del
ferrocarril Sarmiento, que es la protagonista del mega escándalo
continental de corrupción que se investiga en Brasil, con el nombre de
Lava Jato.
Meinl es un banco austríaco con sede en
el paraíso fiscal de Antigua y Barbuda, y su titular, Julius Meinl, fue
arrestado en Austria e investigado por un presunto fraude y lavado de
dinero, por un total de 750 millones de euros. En el 2010 Odebretch
compró el 51 % de sus acciones y según averiguó hasta ahora el Poder
Judicial brasileño, a través de ese banco se pagaron coimas por 1.600
millones de dólares a través de 49 empresas offshore.
Y con respecto la deuda del Correo con
el Banco Rio y Banco Galicia, también se verifica una vuelta de tuerca
que gira sobre lo mismo. Ya que el vicepresidente de esa entidad era
Marcelo Midlin, quien ahora es el supuesto comprador de IECSA, la
tradicional constructora del grupo Macri, que luego pasó supuestamente a
manos de Calcaterra Macri. Y ahora con el cambio de nombre de SACDE,
como para borrar rastros, detenta Midlin.
Ver LAVA JATO: El plan de Macri para amnistiar a IECSA, Odebrecht y los faraónicos negocios de soterramiento de trenes, encarcelando ex funcionarios K |
Igual que en el caso de Meinl Bank, el
BST de Midlin y sus socios, también fueron acusados en el 2013 de lavado
de dinero, en una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica
y Lavado de Activos (Procelac). Conforme distintos ROS (Reportes de
Operaciones Sospechosas) enviados por diferentes entidades bancarias a
la UIF (Unidad de Información Financiera) entre 2009 y 2010.
Reportando “la inyección de más de
100 millones de pesos a través de aportes de capital canalizados desde
sociedades interpuestas y controladas por los grupos financieros Dolphin
y Abus Las Americas… Estos dos grupos económicos utilizaron los aportes
para comprar el paquete mayoritario del Grupo ST y del banco del grupo,
sin que esas operaciones contasen con la debida justificación
documental sobre el origen de los fondos empleados”. No obstante a
fines del 2014, los imputados fueron sigilosamente absueltos por el juez
Ariel Lijo, quien parece ser la imagen de la Justicia tuerta, que la
reparte en forma desigual, según de quién se trate.
Tras hacerse público el primer dictamen
de Boquín en febrero del 2017, la fiscal emitió otro, en la que
denunciaba la “mala fe procesal” por parte de Correo Argentino.
Informando a la Cámara que en junio del año anterior, tan solo quince
días antes del acuerdo que arribaron Correo Argentino y el Estado, el
primero promovió una demanda contra el segundo, por presuntas
inversiones impagas.
Y dos meses después en agosto, Correo
Argentino ajustó la demanda contra el Estado, a $ 1.794 millones al año
2009. A la que sumó $570 millones más, y una tasa efectiva de interés
sobre saldos del 11%. O sea casi el triple del 4,4 % efectiva anual y 6 %
nominal, pactada previamente con el Estado.
El vaciamiento de Correo Argentino
Posteriormente se conoció un tercer
dictamen de la fiscal Boquin, que revela el proceso de cooptación de la
justicia desarrollada en el concurso del Correo Argentino por el grupo
Macri y sus abogados. Que llegó a su máxima expresión cuando Mauricio
Macri, el ex CEO del grupo, arribó a la presidencia de la Nación.
Mostrando que su influencia va mucho más allá del área del Poder
Ejecutivo, por la extensa tramazón de funcionarios vinculados al
affaire.
Como es el caso de Pablo Tonelli,
abogado de Correo Argentino, quién ocupa un lugar expectable en el
Consejo de la Magistratura, como instructor de las denuncias que se
reciben contra los magistrados. Con la carga de autoridad y
amedrantamiento que ello supone. Acumulándose allí, además de las
cuarenta denuncias concretadas contra las camaristas intervinientes en
la causa Correo, tres denuncias contra la jueza Cirulli, desestimadas
recientemente.
En su dictamen Boquin señala las graves
irregularidades en que incurrió y consintió la jueza Cirulli, que se
hizo cargo de la causa desde mediados del 2005, impulsadas por Correo
Argentino. Con graves regresiones hacia atrás, esperas, y otorgamiento
de nuevas oportunidades. Como si se tratara de un juego infantil, y no
un proceso público, compulsivo, y reglado, con plazos perentorios y
fatales fijados en la ley de quiebras. Lo cual llevó a la fiscal Boquín a
expresar como síntesis en su escrito de 88 páginas, de que el proceso
de Correo Argentino es un verdadero mamarracho, llevado adelante contra
la ley:
“En suma, la concursada (Correo Argentino) gozó de un plazo por demás extenso para obtener la conformidad de su acreedor mayoritario (el Estado) inusual en cualquier trámite concursal y contralegem (contra la ley). El proceso del concurso del proceso preventivo se encuentra minado de un sinnúmero de irregularidades; muchas de ellas se realizaron violentando el orden público concursal; retrotrayendo el proceso a etapas iniciales precluídas (ya realizadas o cuya oportunidad se había vencido).
Tras citar una jurisprudencia de la Corte Suprema, respecto los principios de orden público en que se asienta el concurso, “obligatorio para todos los acreedores, de carácter colectivo e universal, que atañe a la totalidad del patrimonio del deudor”,
la fiscal apuntó que Correo Argentino “abusó del proceso” con el fin de
socializar sus pérdidas, habiendo incumplido la jueza Cirulli el rol
que debía cumplir como director del mismo:
“De otra manera, el sistema
concursal se transformaría en un medio apto para socializar las
pérdidas del empresario, lo que repugna a los principios de un sistema
de economía de mercado que se basa en la asunción de riesgos. En tal contexto, no puede avalarse la manipulación del proceso, dado que no es disponible, no puede ser dejado sin efecto o alterado por decisión de las partes. El deudor abusó del proceso, la a aquo (jueza Cirulli) no cumplió su rol de director del mismo, violentándose de esta forma los principios y fines del mismo…”
En este dictamen, la fiscal Boquín se
pronunció respecto la apelación interpuesta por Correo Argentino, contra
la negativa por parte de la jueza Cirulli, de seguir permitiéndole a
Correo Argentino extraer dineros de los fondos embargados en el
concurso, para supuestamente hacer frente a sus gastos.
A las que se había negado a autorizar,
hasta que en el 2016 la aparición de Macri como presidente de la Nación,
parece haberle abierto la mano. Siendo esta otra notable muestra de la
cooptación ejercida sobre la jueza Cirulli, y de la colonización de la
justicia. Pero tras el escándalo público que se suscitó al conocerse los
dictámenes de Boquín, la jueza Cirulli nuevamente cerró la mano, ante
un nuevo pedido concretado en marzo de este año por Correo Argentino.
Demostrando su anterior complicidad con
el Correo, o al menos sus dudas sobre lo que antes había dispuesto,
Cirulli dispuso diferir resolver al respecto, por “razones de elemental prudencia, en atención a las contigencias recientemente sobrevenidas en la Alzada (la Cámara) con relación a la propuesta concordataria”.
Boquín apuntó que entre mayo y diciembre
del 2016, o sea en el interregno en el que Correo Argentino había
arrancado la aprobación de su propuesta abusiva al Estado, la jueza
consintió extracciones de las cuentas embargadas a Correo Argentino. por
1,86 millones de pesos, y 185 mil dólares, para supuestos gastos de
funcionamiento. Y en marzo pretendió extraer otros 422 mil pesos, y 12
mil dólares, con el mismo fin.
Al respecto Boquín expresó que esas
extracciones, que recién se inauguraron con el advenimiento de Macri, y
habían sido negadas previamente, no eran necesarias, porque Correo
Argentino tenía tenencia de bonos con los que podía sufragar esos
gastos. Pero además señaló que estos son falsos y exorbitantes.
Dado que consisten en pago de alquileres
exorbitantes, con precios diez veces superiores a los vigentes en
plaza, junto otros servicios pactados con empresas del mismo grupo
Macri. Y el pago a supuestos empleados y directores, que también se
desempeñan con ese carácter en empresas del grupo Macri, etc. Razón por
la que pidió el desplazamiento de la administración de Correo Argentino,
conforme las previsiones de la ley de quiebras ante una administración
infiel.
Boquin también cuestionó la adquisición
con fondos del Correo Argentino, a Socma Americana del grupo Macri, del
25 % de las acciones de la firma uruguaya Neficor SA, que también
pertenece al grupo. La que a su vez detenta el 49 % de las acciones de
la uruguaya Chery Socma SA, también perteneciente al grupo.
Habiendo invertido en esa operación 2,1
millones de dólares en el 2007, que hasta la fecha no reportó ningún
dividendo. Y que además tiene una cláusula de recompra a favor de Socma
Americana, ante la quiebra, apertura de cramdown, u otras vicisitudes de
Correo Argentino, que podría ser ruinosa para este y sus acreedores.
Agravadas al fijarse que cualquier
diferencia entre esas empresas del mismo grupo, deberán ventilarse en
los tribunales de Montevideo, Uruguay. Razón por la que la fiscal
advirtió sobre un posible vaciamiento, del que se reserva para
pronunciarse oportunamente, al no estar disponible en el juzgado la
documentación, ni acreditada la autorización de esa inversión por parte
de la jueza Cirulli.-