domingo, 19 de agosto de 2018

La Iglesia y las ONG


La Iglesia y las ONG


El Estado asigna 50 veces más fondos al subsidio arbitrario de ignotas ONG que al sostenimiento constitucional del culto católico
Cada dos por tres salta algún pícaro, generalmente malintencionado, a reclamar con grandes visajes y aspavientos por lo que el Estado gasta en sostener el culto católico, y un rebaño de indignados papanatas le hace coro. ¿Qué pasaría si se enteraran de que, según el presupuesto nacional para el presente ejercicio, el Estado nacional contribuye con 170 millones de pesos al mantenimiento de la Iglesia Católica, al tiempo que destina una cifra casi 50 veces mayor, 7.531 millones, para financiar a una miríada de ignotas Organizaciones No Gubernamentales (ONG)? Tal vez esos incautos empezarían a ponerse serios si se enteraran además de que los aportes del Estado a la Iglesia están ordenados por la Constitución Nacional y regulados por la ley 22.950, mientras que las contribuciones estatales a las ONG son absolutamente voluntarias, discrecionales, sin norma que las regule ni autoridad que las jerarquice. Y esos mentecatos que se dejan embaucar por  charlatanes de feria empezarían a alarmarse al saber que, mientras los fondos asignados a la Iglesia Católica tienen destinos específicos (pago de sueldos, mantenimiento de edificios, etc.), se ignora en muchos casos la razón del subsidio estatal a tal o cual ONG, la utilidad social de su actividad e incluso su misma identidad. “La Argentina lidera el ranking en materia de asociacionismo civil; es mayor a los de todas las democracias europeas juntas. 


¿Quiénes conforman estas organizaciones? ¿Cómo se financian y de qué manera las controlamos? Cada organismo público tiene criterios distintos de asignación a los programas y de control”, planteó a comienzos de año en el recinto la diputada (Evolución Radical) Carla Carrizo. El jefe de gabinete le respondió con un escrito en el que admitió que había mucha dispersión en esos programas. “Los requisitos que deben cumplir las ONG para acceder a recursos públicos (así como la modalidad de rendición de gastos) varían en función del organismo financiador, del tipo de proyecto del que se trate y las actividades a desarrollar por estas asociaciones”, dijo Marcos Peña. Según una nota de Laura Serra publicada en mayo en La Nación, los mayores donantes de subsidios a las ONG son el Ministerio de Seguridad, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Producción, Secretaría Nacional de Adolescencia y Familia, Jefatura de Gabinete, Ministerio del Interior, Ministerio de Cultura y ANSES. Entre los grandes receptores figuran el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), que no se sabe bien para qué sirve, la Fundación CONIN del doctor Abel Albino, que realiza y promueve accciones públicas para combatir la desnutrición infantil, la Fundación Exportar, asociaciones de bomberos, clubes de barrios, e innumerables entidades de distinta naturaleza que no aparecen en los informes. En muchos casos, los ministerios tercerizan en ellas actividades que deberían realizar con su propio personal y recursos. Entre las ONGs receptoras de subsidios debe haber seguramente algunas de las que operaron en contra de los intereses y las convicciones nacionales durante el reciente debate sobre la legalización del aborto con subsidio estatal (cosa que no pareció preocuparle a la puntillosa diputada Carrizo). Para retomar el punto de vista confesional con el que comenzó esta nota debe decirse que los judíos, que según cifras del Conicet del 2008 representan con suerte el 1% de la población, no tienen motivos de queja: la citada nota de La Nación consigna que en 2017 recibieron del Ministerio de Seguridad, a través de sus entidades comunitarias AMIA y DAIA, un total de 6.280.000 pesos. Según esa misma proporción, la Iglesia Católica, que representa al 76,5% de los argentinos, debió haberse hecho acreedora ese año a 480 millones de pesos, el triple de los 160 que le asignó la ley.
–Santiago González