ANIMALES SUELTOS EN EL INCAA: ¿El golpe institucional es también por el Futbol NO Para Todos y el cambio cultural?
La
destitución al presidente del instituto que promueve el cine ha expuesto
las intenciones del presidente Mauricio Macri, junto con sus ministros,
para manejar sus fondos y poner en riesgo la amplia oferta de
contenidos que tiene la producción cinematográfica. Los antecedentes de
compañías off shore de la familia Macri con la del nuevo presidente del
INCAA. Quiénes estuvieron detrás de la operación mediática. La tijera de
Dujovne y el englobamiento del INCAA con otros entes que enfrentan
déficits preocupantes. Ley de Medios y la posible jugada de los grupos
cableros Clarín y América para bajar sus impuestos, y hacer tolerable el
costo de la reaparición del Fútbol Abonado a favor de las cadenas
Turner – Fox, para quien Haiek, el interventor en el INCAA y amigo desde
la infancia de Macri, prestó servicios. ¿Una cuestión económica o un
cambio cultural para promover el self made man que admira Macri?
Por Lea Ross | @LeandroRoss
El cine argentino estrenó
involuntariamente su propia función dentro del amplio espectáculo de las
políticas y ribetes del gobierno macrista. En estos momentos, en
diferentes puntos del país, distintos conjuntos del ámbito
cinematográfico vienen manteniéndose en vilo, y con la retaguardia, a la
hora de lo que puede llegar a pasar de ahora en más en este conflicto
que se viene dando en las instituciones que regulan la producción
audiovisual.
Las renuncias y denuncias contra el
saliente presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales
(INCAA), Alejandro Cacetta, como la salida del rector de la Escuela de
Realización y Experimentación Cinematográfica (ENERC) Pablo Rovito
-institución educativa que está dentro de la órbita del INCAA- han
exaltado los nervios de distintos trabajadores dedicados al ámbito
cinematográfico por el fantasma del ajuste le toque la puerta al cine
local.
A nivel formal, el conflicto arrancó el
12 de abril pasado, cuando el ministro de cultura Pablo Avelluto
presentó un pedido de investigación contra el director del INCAA
Cacetta, desde adentro de los pasillos de la Oficina Anticorrupción,
encabezada por la macrista Laura Alonso. “Las sospechas son por
inconsistencias en los gastos que no tendrían justificación por el
concepto por el que se hicieron, y también gastos grandes en relación a
publicidad que podrían ser irregulares, además de erogaciones que
aparecen desdobladas”, señalaron fuentes directas a la agencia Télam en ese entonces.
El expediente pretende verificar si hubo
algún delito, con lo cual quedaría abierta una causa por parte de la
justicia federal. Se trata del primer caso del gobierno macrista que
denuncia a uno de sus funcionarios por corrupción.
Se sabe desde adentro del ámbito del
cine, que las diferencias que hubo entre Cacetta y los funcionarios
macristas de paladar negro fue su negación a llevar a cabo una reducción
del personal. En particular, a los que fueron designados por el
gobierno anterior. Ya las autoridades nacionales han desmentido que todo
esto sea por la búsqueda de recortar los fondos al cine.
Sin embargo, el suspenso se mantiene
intacto dada la actitud del Gobierno de tratar de recortar egresos por
donde esa, como se puede ver con el conflicto docente, y ahora con las
pensiones no contributivas y graciables.
A pesar de que los medios de
comunicación difunden más la preocupación de los cineastas, actores y
actrices -es decir, del sector artístico- hay que decir que también los
circuitos de la crítica de cine han explayado su preocupación. Uno de
los documentos firmados es el de los que organizan el FIPRESCI, la
Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica, filial Argentina.
En la misma, se repudia los
acontecimientos recientes y exige el respeto por la autarquía del INCAA.
La declaración es acompañada por una lista de críticos de cine, que
también incluye a pensadores anti-kirchneristas y que han tenido cierta
sintonía con el gobierno actual, como son los casos de Gustavo Noriega y
Quintín.
Diego
Batlle es otro de los que encabeza las firmas. Escribe sus críticas en
el diario La Nación y es editor del portal Otros Cines (www.otroscines.com), uno de los más visitados en su temática. Consultado por Striptease del Poder, señaló la preocupación por parte de la crítica sobre esta problemática: “Los
críticos de FIPRESCI Argentina y los periodistas de la Asociación de
Cronistas Cinematográficos de la Argentina (ACCA) se manifestaron con
sendos comunicados. Así que están atentos y pendientes. No es tanto
cuestión de nombres (defender a Cacetta o a Rovito), sino de defender
que se mantenga el fomento de la actividad y no se pierda presupuesto”.
Diego
Batlle es otro de los que encabeza las firmas. Escribe sus críticas en
el diario La Nación y es editor del portal Otros Cines (www.otroscines.com), uno de los más visitados en su temática. Consultado por Striptease del Poder, señaló la preocupación por parte de la crítica sobre esta problemática: “Los
críticos de FIPRESCI Argentina y los periodistas de la Asociación de
Cronistas Cinematográficos de la Argentina (ACCA) se manifestaron con
sendos comunicados. Así que están atentos y pendientes. No es tanto
cuestión de nombres (defender a Cacetta o a Rovito), sino de defender
que se mantenga el fomento de la actividad y no se pierda presupuesto”.
Dentro de este entramado, repleto de
intereses privados, operaciones mediáticas, suculentos fondos y el
peligro de la uniformidad de contenidos, denigrando la oferta
cinematográfica, se pueden ir relevando pieza por pieza, fotograma por
fotograma, toda una secuencia que no es más que un sintagma dentro de
las tensiones que se mantienen en esta gestión presidencial.
Operaciones sueltas
Horas antes de la presentación contra Cacetta por parte de Avelluto, por la medianoche se expuso en el programa de televisión Animales Sueltos,
conducido por Alejandro Fantino que se transmite por el canal abierto
América, perteneciente al empresario Daniel Vila, un zócalo con la
consigna “Corrupción en el INCAA”.
El mismo fue ampliado por el columnista
del programa, Eduardo Feinmann, quién aseguró tener en sus manos una
serie de documentos donde se revelaría las supuestas irregularidades en
la gestión de Cacetta frente al INCAA. Se supone que son los mismos
documentos que se presentarían en Anticorrupción por parte de Avelluto.
Entre los papeles, figuran el alquiler
del Cinecolor Lab a 600.000 pesos anuales, que es la planta donde
funcionaba el laboratorio de revelado fílmico de 35 y 16 milímetros, y
que era la última en su tipo en todo el continente latinoamericano. Ante
el avance de lo digital había cerrado sus puertas a mediados del año
pasado.
Además, “compraron dos sillas a 233.000 pesos a una empresa que no vende muebles”,
aseveró Feinmann. También dijo que hubo una compra de aires
acondicionados en oficinas donde ya contaban con ese acondicionamiento.
Un día después de abandonar su oficina
del INCAA, Cacetta tuvo su replica en Radio Latina. Sobre el supuesto
sobreprecio en la compra de dos sillas o sillones, respondió: “A mi me extraña que el ministro [Avelluto] hable de este tema. Porque cuando lo planteamos, se [le] contestó y se mostró el expediente que [mostraba que esa cifra]
tenía que ver con una obra, no con un sillón. Y hay un error en una
disposición que habla de la compra de dos sillones. Cuando vos vas a ver
en el mismo expediente, el único momento donde habla de dos sillones es
ese papelito. Y lo usaron, con muy mala saña, para ensuciar”.
Otro flanco fue contra el rector del ENREC, Pablo Rovito. Según Feinmann: “Desde
que asumió Rovito, lleva gastado más de 8 millones de dólares -no
pesos, sino dólares- en construcciones sin haber hecho ni un solo metro
cuadrado”.
Acerca de ese caso, Cacetta negó que no se haya hecho obras en la Escuela: “Pablo
Avelluto estuvo en la inauguración de uno de los dos subsuelos en el
ENERC, ambos con cabinas de edición, de sonido y set de filmación que se
estaban terminando. Hay fotos y todo”.
Sobre el informe de Feinmann, Diego Batlle sentenció a nuestro portal: “Hubo errores de
todo tipo. No le embocaron a ningún nombre y ninguna foto.
Evidentemente, les pasaron la data y como no conocen del tema tiraron
cualquier cosa”.
No es la primera vez que Alejandro
Fantino y Eduardo Feinmann colaboraron en una evidente operación
mediática, y en forma bastante torpe. Desde su rol como periodista
deportivo, es archi conocido los intentos de Fantino por apoyar a su
patrón Daniel Vila en su afán por apropiarse de la presidencia de la
Asociación de Fútbol Argentino (AFA). Entre otros, incluyó una
filtración de cámaras ocultas en 2011, un día antes de las elecciones de
la AFA, realizadas al inefable y fallecido Julio Grondona.
También se espera que Eduardo Feinmann figure en la nueva película del cineasta Enrique Piñeyro, secuela de El Rati Horror Show,
acerca del mal tratamiento que dieron los periodistas de la televisión
al caso del Fernando Carrera. En el que Feinmann participó del batallón
de comunicadores que sentenció que el joven fue el criminal responsable
por la denominada Masacre de Pompella, pero que luego la justicia
confirmó que fue la “maldita” policía la que plantó pruebas contra
Carrera.
Desde la asunción de Macri, la dupla
Fantino Feinmann ha desarrollado informes periodísticos mal hechos sobre
distintos conflictos del país, siempre en favor del gobierno. Con nula
experiencia en el manejo de datos periodísticos, Feinmann había
“revelado” las conexiones entre el dirigente sindical docente Roberto
Baradel con el kirchnerismo en una infografía.
El informe fue repudiado por colegas
porque en las imágenes incluyeron las fotos de los hijos de Baradel,
cuando el sindicalista ya había denunciado amenazas de muerte contra su
familia. Es básico en la comunicación mediática que no se debe exponer
los rostros de personas que han recibido amenazas de muerte, por más que
sean familiares de personas con cierta exposición pública.
También, el programa tuvo la “exclusiva”
de un material fílmico inédito sobre un supuesto tiroteo de bandas
narcos en la frontera entre Argentina y Paraguay. Luego, se reveló que
en realidad fue una filmación de un hecho ocurrido en 2010 sobre
traficantes de armas, ocurrido en el límite entre Venezuela y Colombia.
Se sospecha que este “error” no es
casual, ya que se dio en el marco de la polémica por la compra de armas
que la gestión de la ministra de seguridad Patricia Bullrich viene
planeando en su supuesto afán de combatir al narcotráfico.
Informe de TVR sobre la noticia trucha de Feinmann y Fantino
Un productor suelto en los negocios macristas
Animales sueltos es un programa televisivo creado por la productora Jotax Producciones, la misma que produjo Desayuno Americano, que era conducido por la modelo Pamela David, actual esposa del dueño de América. El director de Jotax es Juan Carlos Ávila.
En noviembre de 2016, se anunció que
Juan Carlos Ávila ocuparía el cargo de la secretaría de Políticas
Universitarias, para administrar los millonarios fondos destinados al
mundo académico. Por lo menos, así lo reconoció el actual ministro de
educación Esteban Bullrich, lo cual generó un fuerte rechazo del mundo
académico, ya que Ávila no contaba con ninguna experiencia dentro del
ámbito universitario, más que en el manejo del negocio mediático
televisivo.
Finalmente, Bullrich decidió otorgarle
un puesto menor a Ávila, inventando una nueva rama dentro de su
ministerio: la de Coordinación de Hospitales Universitarios, creada por
resolución ministerial 579/16. Ávila fue designado en forma transitoria
mediante la firma del jefe de gabinete, Marcos Peña, por la Decisión
Administrativa Nº 1322/2016.
Sin embargo, ese puesto temporario está
inserto dentro de una fuerte polémica, que es la construcción de un
nuevo Hospital de Clínicas en la Universidad Buenos Aires (UBA), con un
presupuesto inicial de 130 millones de dólares. Su aprobación fue a
partir de un convenio firmado entre la UBA y el ministro Bullrich.
Ver Biografía No autorizada del ministro de educación y deporte Esteban Bulrrich Ocampo
Las obras en ejecución tendrían un plazo
de cinco años. En dicho convenio, firmado un día después de la
designación de Ávila para coordinar los hospitales universitarios, se
especifica que una vez construido el nuevo Hospital, la UBA “se
obliga a transferir gratuitamente sin limitación alguna al Estado
Nacional, con destino al ministerio, el dominio y todos los derechos
reales que sean de su titularidad respeto de la superficie donde
estrictamente funciona en la actualidad el Hospital de Clínicas”.
Distintos sectores vienen señalando que
detrás de esto existe un doble negociado. Por un lado, el negocio de la
obra pública, ya que las empresas que se han ido beneficiándose con
distintas obras y construcciones ligados a la infraestructura
universitaria son las sindicadas de ser los favoritos del presidente
Mauricio Macri. Caputo SA, de Nicolás Caputo, y Creaurban, de Ángelo
Calcaterra, amigo y primo respectivamente del mandatario.
Y por otro lado, los intereses
inmobiliarios, ya que el Estado asevera que para la recuperación de
fondos se pondrá en remate la manzana del antiguo hospital, ubicada en
Barrio Norte, con tierras sumamente codiciadas por los empresarios
desarrollistas. Y así el “mejor hospital universitario de América” como
dice la propaganda oficial, iría acompañada del mejor negocio
desarrollista de América.
Una trama que se irá ventilando en la
medida que se abrán los sobres de licitación y se conozca al comprador
de esas tierras. Las mismas que el propio productor de Alejandro Fantino
caminó el día de la firma del convenio.
Papá por siempre
Hoy el INCAA, con Cacetta renunciado,
está en manos de quien era su vicepresidente, Ralph Haiek. Apenas asumió
su cargo, lo primero que hizo fue lo que Cacetta se negaba hacer:
iniciar una ola de despidos contra el personal designado por el gobierno
anterior. Se trata de los gerentes Raúl Seguí, de la administración del
INCAA, Rómulo Pullol, de Relaciones Institucionales, y Rolando Oreiro,
titular de la unidad de Auditoría Interna. Todos designados por la
gestión kirchnerista.
Quien se hizo cargo de la administración
fue Nicolás Yocca, quien durante ocho años fue gerente de finanzas de
Radio Mitre del Grupo Clarín, y luego tres años director general del
grupo español norteamericano Prisa, dueña de Radio Continental. También,
asumió Juan García Aramburu en la gerencia general. Antes de entrar al
INCAA, Aramburu trabajaba en las productoras Underground e Ideas del
Sur.
Además de tener experiencia en canales
de televisión de la cadena Turner, como Much Music, PlayBoy TV, etc, y
hasta el canal del sindicato obrero de la UOCRA, Ralph Haiek proviene de
un linaje que ha tenido estrechos vínculos con la familia del presidente Macri.
Y también, con cierta sintonía con los regímenes de facto. Su padre,
Jorge Fortunato Haiek, fue secretario de Energía durante la dictadura de
Roberto Levingston.
De hecho, tanto el padre del presidente
Mauricio Macri como el padre del actual director del INCAA, figuran en
el directorio de una empresa off shore radicada en el paraíso fiscal de
Panamá, llamada FRACSOCMA INTERNATIONAL. En la misma, Franco Macri
figura como presidente, mientras que Jorge Haiek aparece como uno de sus
directores. Fue creada el 20 de octubre de 1976, siete meses después
del golpe de estado. Todavía continúa en actividad.
“Haiek (…) Fue el cerebro de la
creación del holding, del que se convirtió en vicepresidente, y autor
del acrónimo Socma, que simplifica la expresión Sociedades Macri. El
grupo, en total, facturaba unos cien millones de dólares cada doce meses”, señala Luis Gasulla en su reciente libro “El negocio político de la obra pública”.
Se trata del grupo empresarial que cobijó durante años varias empresas
metidas en escándalos de contratación pública, como es el caso de la
constructora IECSA.
Además, Gasulla apuntó lo siguiente: “Socma
nació en enero de 1976, dos meses antes del desembarco violento de
Jorge Rafael Videla en la Casa Rosada. Fue el primer holding del país.
El nombre lo había sugerido Jorge Fortunato Haiek, a quien Franco
conocía porque sus esposas eran amigas”.
Por esa razón, cuando Jorge Haiek
fallece en el año 2014, Franco Macri fue prácticamente el primero en
publicar su pésame en los avisos fúnebres.
A su vez, en 1962, Haiek padre había
creado su propia consultora junto con Federico Frischknecht, vocero del
dictador Juan Carlos Onganía, y Ricardo Zinn, sindicado de ser el autor
del plan de ajuste del ministro Celestino Rodrigo, conocido como el
“Rodrigazo”.
Por eso su hijo Ralph mantiene una
amistad con Mauricio Macri, desde que eran menores de edad. Esa
relación, heredada de su padres, con negocios espurios en las dictaduras
y firmas offshore de por medio, ha decantado en la decisión del
ministro de Macri, Pablo Avelluto, de que Haiek hijo se haga cargo de
los millonarios fondos del INCAA, bajo el costo de destituir a su
antecesor mediante operetas, y vulnerar la autarquía de la institución.
Con procederes improvisados,
ignominiosos, y fulminantes, propios de un golpe de estado, que indican
que es el mismo presidente Macri, quien está supervisando directamente
la operación. Y por ello luego, como un general a su subordinado,
felicito a Avelluto diciendo: “Lo felicito por lo que se animó a hacer en el INCAA”, como si hubiese tomado la colina de Iwo Jima, plantando la bandera en ella.
Plata quemada
El origen del INCAA se remonta en la
dictadura de Onganía. En ese entonces, se lanzó la Ley Nº 17.741 de
Cinematografía. Promulgada en el año 1968, ya en su Artículo 1
establecía la creación del Instituto Nacional de Cinematografía, pero
bajo la órbita de la Secretaría de Difusión y Turismo.
En 1994, se promulga la Ley Nº 24.377,
actual “Ley de Cine”, que modifica la normativa de Onganía. A partir de
los nuevos formatos audiovisuales, se cambió el nombre a Instituto
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, y pasó a la cartera del
Ministerio de Cultura.
Tal como lo sintetiza la página web del INCAA: “El
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales es un ente público no
estatal que funciona en el ámbito del Ministerio de Cultura de la
Nación. Su principal función es promover, fomentar, fortalecer y regular
la producción audiovisual en territorio argentino, y en el exterior en
cuanto se refiere a la cinematografía nacional; así como garantizar el
acceso del público en cada región del país. Una de sus tareas
primordiales es la administración del Fondo de Fomento Cinematográfico,
cuya principal función es el fomento de la cinematografía argentina
mediante el otorgamiento de créditos, subsidios y en la aplicación del
resto de las herramientas que a tal fin se establecen en la normativa
vigente”.
Al ser un ente público no estatal, actúa
como un ente autárquico, y por ende el Estado no puede interferir en
sus decisiones administrativas. En particular, en la repartición de los
fondos que recibe.
El Fondo de Fomento Cinematográfico
(FFC) es el meollo de la cuestión, en esta trama conflictiva que vive
actualmente el INCAA. El Punto 11 del Artículo 1 de la Ley detalla
cuáles son los ingresos que nutren al Fondo para luego ser destinado al
fomento del cine nacional.
Para Diego Batlle: “El gobierno dice
que no habrá recortes, que es solo transparentar la gestión. El sector
audiovisual no le cree y está esperando si la Ley de Convergencia (que
suplantará a la Ley de Servicios Audiovisuales) mantiene las dos grandes
fuentes de financiamiento del Fondo de Fomento”.
Esas dos principales fuentes que
menciona Batlle son: un impuesto equivalente al 10% por cada entrada de
cine que cada uno paga para ver una función, y el 25% de todo lo
percibido por lo que es hoy en día el Ente Nacional de Comunicaciones
(ENACOM, anteriormente COMFER y AFSCA) en materia de gravámenes a medios
de comunicación que incursionan en el espectro radioeléctrico. Esto es
porque dicho espectro es público. Y si se lucra con el mismo, mediante
el alquiler de espacio para las tandas comerciales y publicitarias por
ejemplo, se debe pagar tributos al Estado.
Según el Presupuesto 2017 del INCAA, el
Instituto va a manejar en el trayecto del año unos 2.855 millones de
pesos. Tal como lo compara el portal Chequeado.com, para tener una idea
de cuánta plata es eso, es un monto superior al del Ministerio de
Modernización ($ 2.055 millones), de Turismo ($ 2.348 millones) y muy
cercana al del Ministerio de Comunicaciones ($ 2.871 millones), a cargo
de Oscar Aguad.
Mientras tanto, el Ministerio de
Cultura, de Pablo Avelluto, administraría unos fondos pautados para este
año de $ 3.556 millones. Es decir, que el INCAA maneja un presupuesto
equivalente al casi 80,3% de Cultura.
Dentro de los recursos, se despliegan
los ingresos provenientes de los impuestos. Estos son más de $ 996
millones en el caso de los que provienen del AFSCA (hoy ENACOM), mas $
486,5 millones del impuesto a la entrada de cine, mas $ 70,2 millones
por la compra de videos, y más de $ 3,5 millones provenientes de
Internet. Todos estos montos superan la mitad del Presupuesto anual.
Como puede observarse, los fondos que
provienen de la entidad encargada de regular el espectro radioeléctrico,
que en realidad al ser impuestos son recolectados por la AFIP, son las
que tienen el principal ingreso: casi mil millones de pesos. Esta
entrega de la cuarta parte había sido ratificada por la Ley de Servicios
de Comunicación Audiovisuales (LSCA Nº 26.522) en su Artículo 97.
Precisamente, la preocupación por parte
del mundo del cine de que se corte esos ingresos se disparó un mes antes
de la emisión del programa Animales Sueltos. Fue a partir de la publicación de un artículo publicado por el diario La Nación, a comienzos de febrero de este año.
En ese entonces, cuando el ex periodista
de ese matutino Nicolás Dujovne asumió el cargo de ministro de
Hacienda, reemplazando a Alfonso Prat Gay, recurrió a la consultora FIEL
(Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas) para armar
una receta tributaria que permita corregir ciertas distorsiones
impositivas y armar supuestamente un esquema más progresivo.
En el artículo mencionado, se pautan
algunas de las conclusiones sacadas por FIEL, donde en un párrafo se
menciona livianamente la eliminación de “la tasa del 10% que recae sobre las entradas de cine”.
Distintos funcionarios del gobierno ya señalaron que fue solo una
recomendación de la consultora, y que no estarían dispuestos a dar de
baja ese tributo.
No
obstante el último Boletín Fiscal que publica Dujovne, correspondiente
al acumulado al tercer Trimestre de 2016, parece decir otra cosa. Dado
que casualmente el INCAA aparece allí englobado con “Otros Entes
Excluidos de la Administración Nacional”, correspondientes a AFIP Dec.
1991, Yacyretá, y INSSJyP (Ex PAMI). Apuntando que todos ellos dieron un
resultado deficitario de $ 4.531 millones, cuando en 2015 había sido de
solo $ 267 millones. Y seguramente el ojo y la tijera de Dujovne se
pusieron sobre esa importante cifra.
No
obstante el último Boletín Fiscal que publica Dujovne, correspondiente
al acumulado al tercer Trimestre de 2016, parece decir otra cosa. Dado
que casualmente el INCAA aparece allí englobado con “Otros Entes
Excluidos de la Administración Nacional”, correspondientes a AFIP Dec.
1991, Yacyretá, y INSSJyP (Ex PAMI). Apuntando que todos ellos dieron un
resultado deficitario de $ 4.531 millones, cuando en 2015 había sido de
solo $ 267 millones. Y seguramente el ojo y la tijera de Dujovne se
pusieron sobre esa importante cifra.
Sin embargo el desagregado de ella, dice
que el INCAA fue el único que registró un superávit de $ 376 millones,
mientras que el déficit provino $ 1.314 de AFIP, $ 3.587 de INSSJyP, y $
0,9 de Yaciretá. Lo cual no quita que el ojo recortador del ministro
Dujovne haya pensado que se podría tratar de compensar una cosa con la
otra.
Me colgué del cable y el Fútbol No Para Todos
Al asumir Mauricio Macri a la
presidencia en diciembre de 2015, dentro del torbellino de decretos que
lanzó en su primer mes de gobierno, se encontraron aquellos de supuesta
Necesidad y Urgencia, que modificaron la LSCA o “Ley de Medios”. En
particular, las que ponían freno a la aplicación de los artículos que
complicaban a los medios de comunicación más concentrados, en especial
al Grupo Clarín.
Una de los más polémicos fue el Decreto
267/2015, que creó el ENACOM y disolvió el AFSCA y la AFTIC. Otras dos
entidades autárquicas que recibieron el atropello de intervención por
parte del Gobierno macrista, solo que esta vez de manera más directa, y
sin necesidad de recurrir a una operación mediática como disparador.
Más de un especialista había señalado
que el contenido de ese decreto, ventilaba una cierta postura sobre la
definición del sistema de cableado televisivo, figurando dentro de la
órbita de la telecomunicación y por fuera de la radiodifusión. Esto se
debe a lo establecido por el Artículo 6 del Decreto, donde ordena
modificar, a su vez, la Ley 27.708, que es la Ley de Argentina Digital.
Allí, en un artículo del mismo número,
establece una lista de todas las definiciones en lo que respecta al
régimen de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones, y las
Telecomunicaciones. Lo que reforma el Decreto 267 es el agregado de
nuevas definiciones. Es el caso de la “Radiodifusión por Subscripción”,
ya sea mediante vínculo radioeléctrico o vínculo físico. Dentro de
estas, se incluye el servicio de la televisión por cable.
Por ende, el negocio del cable,
concentrado en el emporio Cablevisión – Multicanal, del Grupo Clarín,
podría quedar exento de toda aplicación de lo que queda de la actual Ley
de Medios, que pudiera perjudicarla. Porque precisamente es una ley que
apunta a la regulación del espectro radioeléctrico.
En ese entonces, dentro de los
cuestionamientos a dicho decreto, en un reportaje hecho desde
Washington, el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el uruguayo Edison Lanza,
había advertido estas consecuencias: “Uno observa en la decisión de fondo que estos decretos borran cualquier límite a la concentración. Establecen que el cable no es ya un medio de comunicación sino un servicio de telecomunicaciones. Por tanto se pueden adquirir todas las licencias y puede llegar a haber un solo dueño de todos los cables en Argentina”.
Este planteo, que el sistema de cable
deje de estar en la órbita radioeléctrica y pase a la de
telecomunicación, vuelve a ser planteado en este conflicto del cine
argentino. Esta vez de parte de la académica Andrea Mallimaci, quien fue
coordinadora de la señal Acua Federal, de la Televisión Digital
Abierta.
Así detalló su punto de vista en un artículo de la revista Anfibia: “Este decreto (…) determina
a las empresas de cable como telecomunicaciones, esto es, dejan de ser
consideradas como un servicio de comunicación y las quita de la órbita
de la Ley hasta que se redacte la famosa y ya varias veces pospuesta
‘ley de comunicaciones convergentes’ (resolución 9/2016). Aunque el
mismo decreto determina que hasta tanto ‘se sancione una ley que
unifique el régimen de gravámenes’ se le continuará aplicando el que
registra la LSCA (art. 21); es válido sospechar que en la nueva
regulación convergente que vienen prometiendo estos actores dejen de
aportar al fondo, o que al menos esa sea la intención”.
Es así que la enorme preocupación que
está viviendo el cine argentino es un efecto de lo que podría significar
las políticas de comunicación del gobierno de Macri, materializada en
lo que sería su proyecto de la Ley de Convergencia. Gracias a los
acuerdos previos con los medios masivos de comunicación, la gestión se
encamina en un rumbo que pone en riesgo una posible concentración en el
negocio mediático, con el riesgo de frenarles el pago del canon y, por
ende, desfinanciar a los proyectos cinematográficos.
Pero no solo de Cablevisión-Multicanal
de Clarín. Ya que la segunda empresa de televisión por cable, y la más
grande en el interior del canal, es Supercanal, del Grupo América, de Daniel Vila. El mismo que utilizó sus medios para intentar su frustrado y meteórico ascenso a la presidencia de la AFA.
El mismo que tuvo la primicia de la denuncia de Avelluto, lanzado al
aire por la productora de Cruz Avila, el hijo del dueño de TyC Sports,
que supo detentar el monopolio del futbol televisado, junto con el grupo
CLARIN. Por ende, sería el segundo empresario todo terreno que se beneficiaría con esta posible exención del canon al cine.
No obstante una seguidilla de
columnistas y supuestos periodistas de investigación vinculados con
estos dos grupos que detentan el negocio del cable, salieron a afirmar
que ha habido una exageración por parte de los artistas del cine sobre
este tema, al ser todo desmentido por las autoridades nacionales,
afirmando que no se iba a recortar los fondos al INCAA. Cuando en
realidad es un precepto básico del periodismo, desconfiar siempre de la
palabra de las autoridades oficiales.
Así como el presidente Macri incumplió
su promesa de no eliminar el Fútbol Para Todos, el cine le ha tocado ser
la cabecera de una nueva preocupación dentro de los ámbitos donde
peligra el fantasma de la tijera. Que coincide con la cuestión del
retorno del fútbol abonado, que quedó en manos de Turner – Fox, habiéndose casualmente desempeñado Haiek en las primeras de esas cadenas.
Cuya señal será distribuida por los
mencionados cableros, y se habla que reportará un aumento de entre 20 y
30 dólares en el abono general. Lo que implica un monto en pesos de
entre 300 y 480 pesos mensuales que erosionará aún más el ingreso
alicaído de las personas y familias, pero que puede ser moderado si se
quitan los mencionados impuestos sobre el cable. De esa manera
resignando impuestos, el Estado se haría cargo de parte del Fútbol No
Para Todos.
El cambio cultural
Mientras la batuta mediática repiquetea,
por un lado, las irregularidades que hubo en el INCAA durante la
gestión K, que son ciertas, pero que en realidad se está discutiendo la
gestión de Cacetta, designado por la gestión macrista. Y por el otro,
insisten con el latiguillo “se han producido películas que nadie ve con
la plata nuestra”, que a lo sumo será responsabilidad del Estado el no
difundir la amplia oferta que brinda el cine argentino hoy en día.
Grandes cineastas como Lucrecia Martel y
Lisandro Alonso, reciben sus reconocimientos en otros países y
continentes, pero acá el circuito comercial de distribución y
proyección, solo garantiza las salas de aquellos filmes que se apegan a
las lógicas televisivas. Como las comedias de Adrián Suar o la saga de
los “Bañeros más locos del mundo”, como garantía de acumular los
recortes de entrada.
La salida de tres gerentes del INCAA,
ordenadas por Ralph Haiek, que habían ingresado en el gobierno
kirchnerista, no parece tener solo un mero cumplimiento de achicar el
gasto público eliminando supuestamente la corrupción. “Más que un conflicto económico -nos señala el crítico Diego Batlle-,
yo diría que, en primer término, es ideológico o de política cultural.
¿Debe el Estado apoyar a la cultura? Siempre fue así. Incluso, en
gobiernos no muy progresistas: la Ley de Cine, de hecho, se sancionó
durante el menemismo”.
O sea que el peligro adicional es que el
recorte de contenidos cinematográficos, se una a una gestión apegada a
la filosofía reivindicatoria de la “meritocracia”, que evidencia
cultivar el presidente Macri. Adhiriendo a la moción que profetiza que
el esfuerzo individual, puede superar siempre las condiciones desiguales
preexistentes de las personas, a la vez que reitera en sus discursos
sobre la necesidad de “un cambio cultural”.
Para que reine esa cosmovisión decante
en los contenidos del cine argentino, se requiere la expurgación
administrativa de todo personal que no adhiera a esa mirada. Así, si los
ingresos del INCAA se reducen, no solo la multiplicidad de formas y
estéticas serían más escuetas, sino que también habrá una determinada
preferencia a la hora de seleccionar el apoyo a determinados proyectos
fílmicos: aquellos más apegados a los lemas que se instalan desde las
producciones de Hollywood, basado en la reivindicación liberal
individualista y el “sálvese quien pueda”. Algo que seguramente habrá
aprendido el ex ejecutivo de la cadena Turner Ralph Haiek, temprana
mente por parte de su padre, un asociado offshore a la familia Macri,
integrantes de la patria contratista.
El prolífico y autogestionado cine
argentino enfrenta una batalla que está dentro de otras tantas que se
puedan librar. Bajo la ironía de que nuestro cine es revindicado en
distintas partes del mundo, mientras el gobierno insiste en que debemos
“reinsertarnos al mundo”.
La batalla sigue latente. Todo sea para
que el cine argentino no se encargue de levantar los platos rotos que
arrojarían las políticas a favor de Clarín y América.-
