Documentos secretos…
En
el marco de la visita de Estado del presidente Mauricio Macri a Estados
Unidos (EEUU), y a su pedido “el presidente Trump entregó una amplia
partida de documentos desclasificados relacionados con los abusos en
materia de derechos humanos en la Argentina durante la dictadura”, reza
la crónica periodística. Es de lamentar que, del mismo modo, el primer
mandatario no haya requerido, también, al Departamento de Estado, la
documentación sobre la guerra revolucionaria, impulsada por la Unión
Soviética contra todas naciones latinoamericanas (salvo México que tenía
un pacto con su peón de brega, Fidel Castro), como patio trasero de
EEUU, pues el 3 de enero de 1966 se celebró en La Habana la Conferencia
“Tricontinental” reuniendo a todos los partidos comunistas de Asia,
África y América Latina y grupos radicalizados conformando las bases
para la insurgencia en toda América latina. Luego, entre el 30 de junio y
10 de agosto de 1967, se realizó en la misma ciudad la “Primera
conferencia de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS),
donde se sentaron las bases para la organización de esas formaciones
subversivas. Las organizaciones subversivas/terroristas (Montoneros,
ERP, FAR…) cometieron entre 1969 y 1979 21.655 atentados terroristas que
dejaron 1.160 víctimas mortales, amén de heridos y mutilados, cuyas
consecuencias seguimos sufriendo.
Es procedente que el jefe de
Estado encare con urgencia la situación de los “presos políticos” de la
democracia, unos 2.400 presos con largas prisiones preventivas que
exceden los dos años, violando la ley, como también los condenados a
prisión perpetua, cuya edad promedio es 75 años, y de los ancianos
mayores de 90 años que se mueren de inanición y sin atención médica en
las cárceles de Marcos Paz y Ezeiza, cuyas condenas son
inconstitucionales, por cuanto la Convención sobre Imprescriptibilidad
de Penas de Delitos de Lesa Humanidad, fue ratificada por el Congreso en
el año 2003, mediante la ley 25.778, y, por ende, no aplicable a los
hechos de la década del ’70 del siglo pasado; asimismo, el Estatuto de
Roma, ratificada por la Argentina en 2003, estipula su aplicación a
posteriori de su ratificación y no a priori, por lo cual todos los
presos políticos deben ser liberados, Han muerto unos 400 presos
políticos en prisión, cuyos derechohabientes jamás fueron reconocidos
por los supuestos adalides de los derechos humanos endógena y
exógenamente.
Entre ellos, el Coronel (R) Hugo José Delmé, de 80
años, que falleció el día 12 de abril a las 20 horas, en la celda Nro. 8
-Pabellón “C”- del Instituto Penal Federal UP-34 de Campo de Mayo.
Llevaba más de 10 años soportando la injusta, inconstitucional,
ilegítima y arbitraria privación de su libertad, por una denominada
“causa de lesa humanidad”. Pese a su avanzada edad y gravísimos
problemas de salud, no recibía la adecuada atención médica que su estado
exigía, y le negaron sistemáticamente la posibilidad de acceder a la
Prisión Domiciliaria. Los responsables de su muerte -por una afección
cardíaca- son los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Federal
de Bahía Blanca y los integrantes de la Cámara de Casación, Sala 2.
¡De
facto, los jueces federales y camaristas estarían siguiendo la guerra
revolucionaria por otros medios, transformando la justicia en venganza,
revancha y persecución judicial, ignorando que el derecho positivo
deviene de la Ley Natural, ésta del Decálogo, es decir, de Dios!
A
contrario sensu, los presuntos desaparecidos -8.960, según la Conadep-,
que tras el terremoto de México de 1985, muchos aparecieron por TV,
como también en Francia, Italia, España, Escandinaria y hasta en
Australia, reduciéndose en unos 5.000 que fueron indemnizados por Menem
(que se autoindemnizó), mediante la ley 24.411 por u$s 4.000 millones,
cabiendo a cada individuo supuesto desaparecido u$s 250.000 (muchos
aparecieron, como el juez de Instrucción de Morón, Alfredo Meade).
Del
mismo modo, como el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo
Lorenzetti, dijo que los enjuiciamientos por sedicentes violaciones a
los derechos humanos es política del Estado, debería reabrir las causas
contra Firmenich, Bonasso, Vaca Narvaja, Perdía, Verbitsky, entre otros,
cuyos crímenes quedaron impunes.
Para pacificar el país, la
Justicia debe reinar (y sin Justicia no hay República), dando a cada uno
lo que le corresponde, recordando que la paz es la tranquilidad en el
orden, según San Agustín, para terminar con la rémora de la guerra
revolucionaria, ya que quienes la llevaron a cabo fueron premiados e
indemnizados, mientras los miembros de las Fuerzas Armadas, de Seguridad
y Policiales que nos libraron de desaparecer en la noche oscura de los
tiempos, fueron condenados, como criminales, a muerte, a pesar de que lo
prohíben el Quinto Mandamiento y el artículo 18 de la Constitución
Nacional.
