Candidatos de Stolbizer en Cba: un ex legislador expulsado y un colaborador de las dictaduras
La
lista de pre-candidatos para diputados que propone en Córdoba el GEN de
Margarita Stolbizer en alianza con Sergio Massa, se alejan bastante de
sus discursos sobre la ley y la moral. La nómina la encabeza el abogado
mestrista Miguel Ortiz Pellegrini, quien entre otras acciones a cual más
lamentable, se auto expulsó precipitadamente con su renuncia al cargo
de legislador provincial y presidente de la bancada de Luis Juez, para
evitar ser destituido. Lo secunda otro abogado, Juan Carlos Vega, quien
fue secretario de su suegro, el intendente de facto Ramón Crucet, en
plena dictadura de Lanusse; y participó de la intervención del gremio de
empleados públicos en la última dictadura militar.
Por Lea Ross / @LeandroRoss / 11-8-17
Así como la alternativa progresista en
Córdoba resulta ser un asesor del actual senador Julio Cleto Cobos, la
diputada nacional Margarita Stolbizer, ex integrante de la Unión Cívica
Radical (UCR) también presenta sus propuestas para la provincia
cordobesa donde el macrismo obtuvo un alto margen en las elecciones
pasadas. Sin embargo, esta otra alternativa “progre” termina hundiéndose
así misma a la hora de rememorar los antecedentes de algunos de sus
principales candidatos.
Quién encabeza la nómina, figurando su
nombre en los spots como “el candidato de Margarita Stolbizer en
Córdoba” es el abogado Miguel Ortiz Pellegrini, quien fue Fiscal General
de la provincia durante la gobernación del radical Ramón Mestre padre, y
luego pasó a las filas del Frente Cívico, el partido de Luis Juez.
Después de algunas peripecias por sus
actuaciones como legislador provincial alfonsinista y Fiscal General
abriendo una era de impunidad en Córdoba, en el año 2009, pasó un mal
trago cuando renunció a la banca como legislador provincial y la
presidencia de la bancada del partido, para evitar su expulsión por
participar como abogado un millonario litigio judicial contra el estado
municipal de la capital cordobesa, lo cual está prohibido
constitucionalmente.
Mientras que el cuarto lugar de la lista
figura Juan Carlos Vega, abogado defensor de derechos humanos, pero que
contradictoriamente participó en dos dictaduras militares. Antecedentes
que fueron destapados por la reconocida referente de los Derechos
Humanos, la fallecida abogada María Elba Martínez. Ante lo cual Vega no
tuvo mejor idea que demandarla judicialmente por calumnias e injurias,
para ser derrotado en ella por la abogada Martínez, quien acreditó su
denuncia con documentos oficiales y valioso testimonios.
Dos candidatos que muestran ciertas dudas sobre su acérrima defensa a los preceptos
El guardián de Mestre
Con la llegada de la democracia Ortiz
Pellegrini fue elegido diputado provincial de la UCR, función en al cual
confundiendo sus intereses de abogado y legislador, fue el artífice en
la redacción y sanción de un feroz código de aranceles de los abogados.
Que establecía que sus honorarios se debían calcular en función del
monto demandado, y no de las sentencias. Y que a los mismos debían
hacerle frente tanto el perdedor como el ganador de los juicios. Lo cual
se prestó para numerosas picardías abogadiles y llevó a la ruina a
numerosas empresas y familias, a pesar de haber ganado los juicios.
Luego de estas modificaciones, Ortiz
Pellegrini fue designado por el entonces gobernador de Córdoba Ramón
Mestre como Fiscal General de la Provincia, en forma coincidente con la
implantación del sistema penal acusatorio, que puso en manos de los
fiscales el impulso y la investigación de las causas penales. Igual al
que ahora se pretende implantar en la Nación.
Como Fiscal General de Mestre, Ortiz
Pellegrini, se encargó de inaugurar una época de impunidad a favor de la
corrupción política. Que ahora ha llegado en Córdoba a su máximo
esplendor, con los supuestos fiscales Anticorrupción, quienes en
realidad se encargan de velar por la impunidad absoluta del poder
político. Tras el ominoso final que soportó el gobierno del radical
Eduardo Cesar Angeloz, jaqueado por numerosas causas judiciales además
de políticas.
Desde su cargo, Ortiz Pellegrini apeló a
numerosas tretas para que ello no volviera a repetirse, en momentos en
que Mestre había emprendido una serie de privatizaciones a la rusa, que
generaron numerosas denuncias en los tribunales. Como la de designar a
jueces y fiscales “en comisión”, que con su buena conducta debían
ganarse la permanencia en el puesto. Usando también la capacidad de
coerción o seducción, que un jefe puede ejercer sobre un subordinado,
con amenazas de sanciones, o promesas de futuras recompensas. Y la
posibilidad de reasignar causas hacia a fiscales adictos. O en un caso
extremo procurar su expeditiva destitución.
Llegando incluso a perseguir
judicialmente a quienes habían hecho denuncias contra el poder,
tachándolas de falsas, aunque luego esas causas quedaron en la nada. Por
lo que puede considerarse que Ortíz Pellegrini fue un gran artífice de
la impunidad de la corrupción del poder, que ahora se le ha dado por
cuestionar a su líder Stolbizer, como caballito de batalla electoral.
Ortiz Pellegrini llegó incluso a fijar
una competencia territorial para los fiscales, de forma tal que los
crímenes cometidos en la Casa de Gobierno de Córdoba, o en el Palacio
Municipal, cayeran en fiscales amigos, que el Fiscal General había
puesto allí previamente. Lo cual puso de relieve la verdadera
intencionalidad del Ministerio publico Fiscal supuestamente extra poder,
y su sistema acusatorio: garantizar la impunidad del gobierno de Mestre
padre y del intendente radical Ruben Martí. Cosa que efectivamente
logró. Y luego buscando su continuidad en el puesto, llegó incluso a
proponerle algo parecido al gobernador peronista De la Sota, que
reemplazó a Mestre, pero la tradicional desconfianza entre peronistas y
radicales impidió ese trato.
Legislador inconstitucional
Posteriormente, ante el derrumbe del
radicalismo en el 2001, el ex fiscal del radical Mestre decidió formar
parte del proyecto político del ex fiscal anticorrupción del gobernador
peronista José Manuel de la Sota, Luis Juez, quien logró ser intendente
de la ciudad de Córdoba en 2003-2007, actual embajador de Cambiemos en
Ecuador. Luego de las elecciones gubernamentales y legislativas de 2007,
Ortiz Pellegrini se convertiría no solo en integrante de la Legislatura
Provincial, sino también en presidente de la bancada del Frente Cívico,
el partido de Juez.
En paralelo a su labor como
parlamentario provincial, Ortiz Pellegrini seguía activo en su reputado
estudio de abogado, realzado por su paso por la Fiscalía General y las
especiales relaciones adquiridas allí, pero no por eso dejar de seguir
en sus especulaciones políticas.
En ese entonces, el intendente era
Daniel Giacomino (2007-2011), quien ascendió ese cargo desde el Frente
Cívico pero que cortó relación con Juez para acercarse al kirchnerismo.
Por eso razón, Ortiz Pellegrini trabajó como la espada de Juez, acusando
a Giacomino de varias denuncias por corrupción, sin llegar ninguna a
buen puerto.
A la par se desempeñó como abogado de un
grupo de choferes de la empresa estatal municipal de colectivos TAMSE,
en una multimillonaria demanda entablada contra el municipio por
retrasos salariales de la empresa municipal que datarían del año 2002.
Una maniobra que además de suculentos honorarios, le permitió al
candidato de Stolbizer meterse de lleno en el conflicto de los
trabajadores de colectivos en disputa con la gestión municipal.
Fue una mala jugada. Ya que en el año
2009 tuvo que renunciar su banca por su incompatibilidad en el ejercicio
de su profesión. Esto fue por haber litigado contra un organismo del
Estado -en este caso municipal- a pesar de que eso está vetado por la
Constitución de la Provincia de Córdoba. Lo dice taxativamente el
Artículo 88 de la Carta Magna cordobesa: “Ningún legislador puede
patrocinar causas de contenido patrimonial en contra del Estado
Nacional, de la Provincia, o de los Municipios, salvo en caso de actuar
por derecho propio”.
La denuncia la emprendió el legislador
delasotista Daniel Passerini, enemistado con el juecismo, pero que logró
que entre sus pares se realice un proceso sancionatorio, que le iba a
costar su puesto a Ortiz Pellegrini. Para evitar un veredicto
expulsatorio, el supuesto luchador contra la corrupción optó por
renunciar a su cargo público, para poderle cobrar un jugosos honorarios a
la Municipalidad que perdió el juicio.
Tras ese rudo traspié, desde el año 2010
Ortiz Pellegrini profundizó sus lazos con Stolbizer, otra radical
revoltosa que tras la debacle de ese partido corporizó sus disidencias
con el GEN. Y cuando la prensa le preguntó a Margarita sobre qué opinaba
de este polémico antecedente de su compañero cordobés, ella respondió: “Miguel renunció a la banca para defender su honorabilidad y su dignidad”.
No obstante, un año después, en el 2011,
Ortiz Pellegrini, gracias a sus influencias abogadiles, logró que el
Tribunal de Disciplina de Abogados de la Provincia de Córdoba resolviera
archivar su expediente. El organismo dijo que lo realizado por el
dirigente político “puede tildarse de poco feliz o inadecuado”, pero que “no justifica sanción”. Un ex Fiscal General, sabe muy bien cómo asegurarse la impunidad en todo sentido.
Su renuncia hecho más leña al debacle
del juecismo dentro del podio de las principales fuerzas políticas
cordobesas. No solo por tener como presidente de su bancada a un abogado
que litigaba contra un intendente que asumió en el mismo partido, sino
por tener que padecer este bochorno que rozaba lo inconstitucional. Fue
parte del naufragio de Luis Juez en su ambición de ser gobernador de
Córdoba; hoy enrolado en partido Cambiemos de Mauricio Macri.
Por su parte Ortiz Pellegrini es hoy el
principal pre-candidato cordobés de Stolbizer, quien está en alianza con
Sergio Massa en el frente electoral 1PAIS. Massa, por su parte, trabaja
dentro del frente UNA que armó con el ex gobernador de Córdoba José
Manuel de la Sota, enemistado con Luis Juez, y hoy integra el mismo
espacio electoral que el ex juecista Ortiz Pellegrini.
Colaborando con dos dictaduras
A partir del retorno de la democracia,
Juan Carlos “Canco” Vega -el cuarto en la lista de “los candidatos de
Stolbizer en Córdoba”- presidió el Servicio Argentino de Derechos
Humanos, dirigió la sala de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de
Córdoba, y como diputado nacional de la Coalición Cívica de Elisa
Carrió, integró la Comisión de Derechos Humanos y Garantías del Congreso
de la Nación.
Además, fue abogado de distintos presos políticos de la última dictadura. “Soy
un firme defensor de la legalidad como única manera de tener orden y
justicia en una sociedad. La única regla de orden social es la de la ley
aplicada en base a la igualdad absoluta de todos frente a ella. De allí
mi compromiso con los Derechos Humanos”, señala actualmente el pre-candidato a diputado.
Aunque eso no evitó tener sus cargos
públicos durante el menemismo: en 1991 fue Procurador de la Corte de
Justicia de Catamarca durante la intervención federal, pasó a ser asesor
en el gabinete del Ministerio del Interior en 1993, y luego a la
asesoría del Ministerio de Desarrollo Social durante los siguientes dos
años.
Al respecto, la monja Martha Pelloni,
una de las principales luchadoras por el esclarecimiento del crimen de
María Soledad Morales, sobre el paso de Vega por Catamarca apuntó: “Juan
Carlos Vega se presentó camuflado como funcionario del gobierno
nacional en Derechos Humanos. En realidad, actuó como operador de Menem
para instalar el Frente Esperanza en las elecciones de la provincia. Es
un personaje de los ocultos”.
Pero sus antecedentes más oscuros, se
ventilaron en el año 2006. En ese entonces, la provincia de Córdoba
estaba conformando la Comisión por la Recuperación de la Memoria, un
organismo público encargado de realizar actividades condenatorias del
terrorismo de Estado. En representación de la Universidad Nacional de
Córdoba, fue seleccionado como delegado el propio “Canco” Vega.
El escándalo comenzó cuando su
designación fue impugnada por la abogada María Elba Martínez, reconocida
referente de los derechos humanos representante del SERPAJ de Pérez
Esquivel (Servicios de Paz y Justicia) en Córdoba, quien falleció en el
2013, e integraba la Comisión de la Memoria en representación de este
entel.
En ese entonces, Martínez alegó que Vega
no podía ser miembro de esa comisión por los “roles desarrollados
durante la dictadura” como funcionario de ella. Sus duras acusaciones
levantaron un gran revuelo. La respuesta del abogado fue recurrir al
patrocinio del Dr. Carlos Harabedian, que en ese entones también
asesoraba al ex presidente Menem, para querellar a la representante del
SERPAJ por calumnias e injurias, que en ese entonces estaba tipificado
en el Código Penal.
Sin embargo, la impugnación de Martínez
estaba fundada en documentos oficiales y testimonios. Entre ellos, se
destapó que en junio de 1971, cuando el país estaba ejercido por el
comandante del ejército Alejandro Lanusse, el intendente de facto Ramón
Crucet firmó el decreto 6.481 donde designó a Juan Carlos Vega como
secretario general de la Municipalidad de Córdoba. En ese entonces, Vega
era el yerno de Crucet y con ello le permitió ejercer el tercer cargo
más importante del municipio capitalino. A los cuatro meses de su
función, Vega, firmó dos decretos para disponer las cesantías de 28
activistas gremiales.
Durante el juicio de Vega contra
Martínez, se contó también con el testimonio de Guillermo Tránsito
Galíndez, uno de los cesanteados del ‘71, quien declaró que en ese
entonces trabajaba como inspector municipal: “Fui dejado cesante por
orden del Dr. Vega, que era secretario de la Municipalidad. Ello hizo
que entrara en las listas negras, no pude conseguir más trabajo en la
Argentina. Debí exiliarme en España”. También señaló que Vega concurría a las asambleas de los empleados, en las cuales tomaba notas.
Otro testimonio fue el de Mario Rubén Saad, quien era policía municipal: “Formaba
parte de un grupo que realizaba movilizaciones por reclamos propios. En
una de esas movilizaciones ingresamos al Palacio, y nos anotaron (…)
había una persona anotando a quienes subían a los pisos superiores, era
el Sr. Vega, quien anotaba los números de las chapas identificatorias”.
Pero Vega no solo fue funcionario
“colaboracionista” de la dictadura de Lanusse. El 12 de abril de 1976,
solo tres semanas después del golpe de Estado, mediante la resolución 1,
el actual candidato de Margarita Stolbizer en Córdoba fue nombrado
asesor jurídico de la intervención militar del Sindicato de Empleados
Públicos (SEP) de Córdoba. Su designación la efectuó el flamante
interventor de ese sindicato, el capitán Carlos Alberto Torrieli, que
respondía al Tercer Cuerpo del Ejército, al mando entonces de Luciano
Benjamín Menéndez, condenado en una docena de causas por delitos de lesa
humanidad.
Según se expone en la causa, el mismo
día en que Vega fue designado asesor, dos presos políticos, Diana
Fiedelam y Daniel Bartola, fueron retirados de la cárcel de San Martín y
llevados a la D2 de Informaciones (Inteligencia de la Policía de la
Provincia de Córdoba) donde fueron fusilados junto a otros detenidos.
En las audiencias de la demanda, se
contó también con el testimonio de Noemí Beatriz Cazaux, afiliada en ese
entones del SEP y sindicalista de una lista opositora. Que testimonió
que había sido trasladada en un vehículo oficial de la Municipalidad,
donde la estaba esperando el propio Vega: “Fue un verdadero apriete,
y se dio cuenta que el Dr. Vega tenía absoluto conocimiento de los
delegados opositores al sindicato. En el año ’76, mientras vivía en el
Barrio SEP, hubo allanamientos deteniéndose a varias personas”.
A comienzos de 1977, la intervención
pasó a manos del suboficial mayor Flavio Vicente Domínguez, quien no
solo ratificó en el cargo al “Canco” Vega como asesor del sindicato,
sino que además le otorgó un “poder general para pleitos” judiciales con
amplias facultades. Hecho que demuestra, según la doctora Martínez, “la confianza ilimitada” que tenían la intervención militar del SEP en Vega.
En base a toda estas probanzas, la
justicia rechazó la querella contra Martínez entablada por Vega, y
condenó a este al pago de las costas. Quién además se vio impedido de
integrar la Comisión de la Memoria a propuesta de la Universidad de
Córdoba.
La torpe defensa que intento Vega en su alegato en ella, fue decir que se sentía “orgulloso” de su labor, porque aseguró que había aceptado ese cargo, para “preservar el sindicato y la vida de sus autoridades”.
Curiosamente, ese orgulloso no figura en el currículum que confeccionó
para la Cámara de Diputados cuando asumió una banca para el partido
Coalición Cívica de Elisa Carrió. Como así tampoco, su labor en la
gestión municipal de su suegro Crucet.
Así como se ven, estos dos abogados son
los que alzan las banderas de la ética y del respeto ante la ley en la
provincia de Córdoba, para robustecer el apoyo electoral al frente
1PAIS, de la mano de Margarita Stolbizer y Sergio Massa, presentándolos
como la alternativa progresista contra la fuerza oficialista de
Cambiemos. Aun cuando esta construcción de color “progre” se cimienta
con negros manchones en su pasado.-
