Las
recientes detenciones de Julio de Vido y Amado Boudou, cuestionadas por
muchos abogados y juristas que objetan la “doctrina Irurzun”, llamada
así por el camarista federal que la impusó, fue aplicada por los jueces
Luis Rodríguez y Ariel Lijo respectivamente y las causas que la
motivaron, según esa doctrina, están agravadas, en el caso de la ex
presidente, tanto en la causa que lleva el juez Ercolini y el fiscal
Pollicita y en las de Hotesur y Los Sauces, bajo la jurisdicción del
juez Bonadío, ya que en ambos casos la calificación jurídica fue de
“jefa de una asociación ilícita”
; por tanto, ya deberían pedir su
detención inmediata, antes de que concluya el escrutinio definitivo en
la elección de la provincia de Buenos Aires, donde obtuvo el segundo
lugar en la nómina de senadores. Por lo cual, si Ercolini y Bonadío no
lo hacen, estarían actuando en forma política, de acuerdo con la Casa
Rosada, que quiere a Cristina libre para mantener dividido al peronismo.
Si
pidieran su detención una vez concluido el escrutinio definitivo en la
provincia de Buenos Aires, necesitarían el engorroso trámite del
desafuero, que choca contra la opinión de Miguel Pichetto, el jefe del
bloque del PJ, que exige una sentencia condenatoria con autoridad de
cosa juzgada.
Así las cosas, la ex presidente, mucho más
responsable del desastre que dejó a este gobierno que De Vido y Boudou,
ocupará plácidamente una banca en el senado. ¿Se animarán los jueces
Bonadío y Ercolini, junto a la Casa Rosada, a mantener esta desigualdad
ante la justicia?