Hace
mas de una semana que el gobierno tomó conocimiento a través de los
informes de inteligencia que le llegaron a los despachos de la ministra
de Seguridad, Patricia Bullrich, y del secretario de Derechos Humanos,
Claudio Avruj sobre la toma de tierras de los radicales Mapuches. El
Estado de alerta impulsó a que desde Casa Rosada se monitoreara la
situación, mientras los RAM se instalaban en el Parque Nacional de
Bariloche con el argumento que les pertenecen por “derecho ancestral”.
Un
día comenzaron a llegar desde Chile expandiéndose con violencia a Río
Negro, Neuquén y Chubut, esto empezó primero a generar la preocupación
de las autoridades de esas provincias pero ahora ya preocupa al gobierno
nacional. Las continuas reinvindicaciones de los derechos mapuches más
radicales fue desarrollándose a través de la violencia, usurpando
tierras, y quemando propiedades privadas: como viviendas, vehículos y
material agrícola.
Pero el secreto es que detrás de todo este reclamo hay un gran negocio que son los yacimientos de hidrocarburos donde las empresas deben pagar a los Mapuches que son los “dueños de la tierra”. YPF padece esta presión por las dos comunidades Mapuches con quienes deben negociar constantemente para poder operar en la zona: una es la Payndemil y la otra es la Kaxipayiñ.
La primera intimó durante estos últimos años a la petrolera exigiéndole 15.000 hectáreas en la zona, y lo hizo por medio de bloqueos que comprometía el trabajo de la productora petrolífera de Loma de la Lata, poniendo en peligro los alrededores por posibles derrames y fugas de gas que potencia posibles incendios. Las perdidas económicas por estos eventos que se repetían eran cuantiosas.
La otra comunidad, la Kaxipayiñ se llevó millonarias sumas de dinero de la petrolera por usar el territorio “originario y sagrado”: “$ 24 millones en 2014; $ 32 millones en 2015 y $ 55 millones en 2016”. Y esto fue depositado en una cuenta bancaria a nombre del líder de esta comunidad llamado Gabriel Cherqui quien maneja pequeñas empresas creadas como una Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL), anda en camioneta 4 x 4 de alta gama, con celulares IPhone en sus manos. Por otro lado los mapuches les exigen a las petroleras contratar estas empresas de servicios de limpieza, de transportes y de seguridad creadas y administradas por el grupo mapuche con empleados de la zona. La comunidad Payndemil dirigida por Elba Paydemil ha percibido también compensaciones millonarias de YPF, por el “uso de la tierra”.
El lonco Elba Payndemil controla quién entra o sale del yacimiento.
En el año 2009 se crea la empresa La Lata SRL, en que Rolando Gabriel Cherqui y Valeria Silvana Farías, son los dueños, brindando diferentes prestaciónes de servicios como el mantenimientos de equipos eléctricos y mecánicos, y también el alquiler de vehículos y maquinarias pesadas para el trabajo en las petroleras. Según informes del Banco Central, esta empresa emitió 11 cheques sin fondos por importe de 341 mil pesos. La otra SRL de nombre Belcher, también pertenece a Gabriel Cherqui y a Ana Elizabeth Beltrán Salas que se encargan entre otras cosas de la instrumentación de informes de auditorías para el análisis de la calidad de los suelos y toda evaluación de sanidad ambiental. Alternando con el alquiler de transporte y maquinarias pesadas para la construcción de obras civiles, hidráulicas y viales.
Como se ve, Cherqui construyó un verdadero imperio comercial y lo hizo con los fondos petroleros creando sociedades para invertirlos también en la cría de caballos de carrera, en el manejo de negocios turístico, de limpieza y vigilancia, y prestándole sus servicios -bajo presión- a la misma petrolera.
Asimismo hay un conflicto interno en un reclamo a YPF por la perforación de 145 pozos, que para permitir el ingreso de las maquinas deberán pagar a los mapuches $ 50 millones.
Siendo otros de los argumentos que como sus territorios están contaminados por la actividad petrolera deben indemnizarlos usando como elemento de presión los cortes, piquetes y todo tipo de agresiones, tomas de instalaciones, colocar “clavos miguelito” en las rutas, acciones que imposibilitan el trabajo de la petrolera -mientras ellos extorsionan- y así construyen un negocio millonario.
Fernando Jones en el hipódromo.
Los Jones Huala
Se sabe que el padre de Fernando y Facundo Jones Huala, quien -este ultimo- es el líder mapuche que se encuentra detenido, era cuidador de caballos que luego eran vendidos al empresario Cristóbal López“. Ramon Jones hace un tiempo se fue a trabajar en el hipódromo para Ricardo Benedicto, el llamado Zar del juego, y socio de López cuidando y preparando los caballos para las carreras donde su hijo Fernando Jones también trabaja allí. Entonces con “los Jones”, ¿podemos hablar de verdaderos mapuches?
Ramón Jones a la izquierda marcado en un círculo.
¿Qué pasa en Chile?
En Chile la cosa tiene un costado mas de terrorismo incendiario con alto grado de violencia, por tal motivo pendula la discusión si los incendios y los ataques a la propiedad privada pueden ser calificada como violencia rural o como terrorismo. Al respeto, “Mauricio Heise que dirige el Observatorio sobre Terrorismo en Chile explica que existe terrorismo en el sur del país. ‘Es ejecutado por sectores minoritarios del pueblo mapuche, que no lo representan en términos globales. Es un movimiento nacionalista de liberación nacional y sus objetivos son la autonomía política y el territorio propio, lo que se denomina el Wallmapu, tanto en Chile como en la Argentina’, señala. Y agrega que funciona con ‘una red de células que fueron creadas desde la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), entre cinco y diez personas cada una, y llamadas órganos de resistencia territorial'”.Chile maneja un protocolo propio en el tema del terrorismo interno que ellos llaman Ciclo de Inteligencia, que son de cuatro instancias:
“La Dirección: Se determinan las necesidades de información, estableciéndose objetivos, planificación y coordinación de medios disponibles.
La Recolección: Corresponde a la obtención de información requerida para análisis y producción de inteligencia.
La Elaboración: Es la transformación de la información obtenida en inteligencia, mediante análisis que implica valoración de pertinencia y exactitud, integración con otra información disponible e interpretación del conjunto. Esto es la producción de inteligencia.
La Difusión: Distribución de la inteligencia producida, en forma segura y por los medios adecuados, a quienes requieren de ella, como pudiesen ser autoridades o mandos policiales”.
En la “Operacion Huracán”, Carabineros de Chile descubrieron una red que traficaba con armas. En mensajes de WhatsApp y de Telegram se encontraron chats donde se revelaban la cantidad de armas que llevaban desde Argentina al vecino país: “ESCOPETA 6, REVOLVER 10, PISTOLAS 12, FUSIL 2, MUNICIONES 250 CARTUCHOS, APROX 550 BALAS 38, 84 balas 9”.
Escondites de armas de las FARC disidentes.
Allí uno de ellos dice que lo que sabe “lo aprendió en el Mir” (MIR: Movimiento de Izquierda Revolucionaria). También hay envíos de Chips para celulares que deben usar por tres días y luego tienen que quemarlos para evitar ser rastreados. Programan ataques e incendios y como serán financiados a través de “charlas” en la ciudad de Santiago. Comentando que de tales charlas obtuvieron 19.100 dólares.
Constantemente se encuentran escondites donde se guardan el poderoso arsenal de los disidentes. “Actualmente, alrededor de 346 guerrilleros integran la disidencia de las FARC”.[3]
Aquel 23 de septiembre y “a través del Ministerio del Interior, la Corte de Apelaciones de Concepción, Valdivia y Temuco, en conjunto con la dirección de inteligencia de carabineros, desataron una cacería a destacados militantes del movimiento mapuche del Ngulumapu, esta fue denominada ‘Operación Huracán'”. El propósito era muy claro “detener los ataques incendiarios a maquinaria forestal y camiones en el Biobío”. Ya que la recolección de mensajes anunciaban un nuevo ataque. Fue algo similar a otra Operación anterior la “Operación Paciencia” ejecutada entre los años 2002 y 2004 por el gobierno de Ricardo Lagos.
La forma como se puede proceder es a través de una labor de “inteligencia, como actividad de búsqueda y tratamiento de la información, la Ley N° 19.974 sobre el Sistema de Inteligencia del Estado, la define como el proceso sistemático de recolección, evaluación y análisis de información, cuya finalidad es producir conocimiento útil para la toma de decisiones. Para efectos del presente análisis, consideraremos la inteligencia orientada a contrarrestar actividades terroristas de acuerdo a los fines de la Seguridad Pública”, dice el Observatorio de terrorismo en Chile. Y que “es en la provincia de Chubut donde se concentra las principales acciones por parte del RAM, habiendo realizado quema de maquinarias e infraestructura productiva, a través de atentados incendiarios y otras acciones de sabotaje, consideradas como de ‘resistencia’. Entre los atentados se cuentan la quema de máquinas retroexcavadoras, de cabañas, además de ataques con armas de fuego.
El principal enemigo del pueblo mapuche, que ha sido identificado por la mencionada agrupación violenta, al igual que sus similares en Chile, es el capitalismo, por lo que han anunciado su propósito de lograr la expulsión de todo lo que consideran como expresiones del sistema económico: Latifundio, empresas transnacionales, petroleras, mineras e hidroeléctricas. En concreto, la lucha se plantea como nacional (del Pueblo Mapuche) y revolucionaria anti-capitalista. […]
En tanto, desde Chile la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) ha expresado su solidaridad con la lucha que lleva su par en el país trasandino. Mediante un comunicado con fecha 13 de enero de 2017, en que se solidariza con las comunidades del lof en resistencia del departamento de Cushamen y con el grupo RAM, debido a que ‘habrían sido permanentemente violentados y reprimidos por el gobierno argentino a través de su policía’, para hacer frente al ‘creciente proceso de reconstrucción cultural, social, político y militar de nuestro pueblo nación’, así mismo, señalan la forma en que se traducirá el apoyo: ‘Que nuestra solidaridad será puesta a disposición a través de acciones y la continuidad del sabotaje al circuito productivo trasnacional, sin transar y con la convicción que es nuestro único camino’.
La coordinación, además de ser explícitamente reconocida por los propios grupos terroristas señalados, también se evidencia en las actividades violentas desarrolladas por el líder de la RAM, Facundo Jones Huala, en el sur de Chile, por lo que es requerido por la justicia chilena, luego que se fugara a Argentina mientras estaba con medidas cautelares por el incendio en el fundo Pisue Pisue en Ríos Bueno (ocurrido en enero de 2013). Lo cierto es que Jones Huala no llevó adelante dichas acciones violentas en solitario, sino que las realizó inserto en una célula local, quienes habrían proporcionado la logística requerida. Actualmente los delitos que se le imputan en Chile son incendio, tenencia de armas e ingreso ilegal al país. Luego que fue rechazada la solicitud de extradición en septiembre de 2016, el Estado chileno apeló y es la Corte Suprema de Argentina que deberá resolver si la acepta o la rechaza”.[1]
Pero el trafico de armas por parte de los RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) (RAM) y la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) es de hace muchos años, ingresando desde la Triple Frontera de Argentina, Brasil y Paraguay con procedencia de Venezuela durante la época del gobierno Kirchnerista. Y como ya es sabido, el entrenamiento lo recibieron “del Movimiento de Izquierda Democrática Allendista (MIDA) de Chile, de Sendero Luminoso (SL) de Perú y guerrilleros disidentes de las FARC”.
Al respecto el Gral. Heriberto Justo Auel escribió que “Medio millar de disidentes de las FARC decidieron no ingresar al Tratado. Continúan en rebeldía y con las armas en sus manos. A ello debemos sumar aproximadamente mil quinientos guerrilleros desplegados en Venezuela que continúan en ese país. Lo más trascendente es que existen aun más de novecientos almacenes secretos. Las FARC han manifestado que no tienen inventarios de material de guerra -por lo menos para la ONU y el gobierno-. No hay certeza de lo que aun no se ha entregado, pero es muy probable que lo hecho no llegue al 50% de lo existente.
Un dato preocupante, que no aparece, es el de los misiles portátiles tierra aire y los misiles antitanques. Se calcula que suman varios centenares. A este arsenal disperso se suman las minas antipersonales. Los campos de coca de las FARC están protegidos por campos minados. Hubo once mil bajas producidas por minas en los últimos años y solo las FARC tienen los planos de los campos que han sembrado. El efecto psicológico de su sola existencia, sobre la población, limita seriamente el desplazamiento en las zonas rurales.
A fines del mes de junio de 2017 se habían intervenido setenta y siete depósitos, de un total declarado de novecientos cuarenta y nueve. En esos depósitos, además de armamento, materiales, munición y vestuarios, hay mucho dinero. Hay un gran número de civiles que compiten con los guerrilleros disidentes para apropiarse de los depósitos enterrados. Al no poder bancarizar sus ingresos negros, la organización ha tenido que recurrir a lo que se conoce como ‘El Dorado de las FARC’, en la selva”.[2] Puede ser que los disidentes de las Farc también estén vendiéndoles armas a los Mapuches RAM y CAM.
Aqui el punto es que la actividad terrorista que implementa los Mapuches radicales fue un aporte del entrenamiento recibido de las FARC.
Por ello el trabajo coordinado, colaborativo y estratégico entre ambos gobiernos es fundamental como concluye el informe chileno del Observatorio de Terrorismo: “El terrorismo etno-nacionalista argentino aún no reviste la peligrosidad que tiene en Chile, ni tampoco ha alcanzado esos niveles de violencia, ya que en nuestro país se encuentra en escalada y extendido en una amplia zona geográfica. Al otro lado de la cordillera será fundamental en su contención las acciones que impulse el gobierno y el diseño de una estrategia para enfrentar esta amenaza a la seguridad, salvo que se adoptara la formula de la administración Bachelet, consistente en relativizar el terrorismo y bajarle el perfil ante la opinión pública, bajo el pretexto que simplemente se trata de ‘violencia rural’.
La existencia de la RAM representa no sólo un problema de seguridad pública para Argentina, sino también para Chile debido a la coordinación que se está consolidando con la Coordinadora Arauco Malleco, lo cual podría impactar en apoyo logístico, traspaso de armamento y mutuo aprendizaje organizacional respecto a desarrollo de atentados, pudiendo influir en el potencial de violencia y en la capacidad para sostener la campaña terrorista. En este sentido, un factor relevante son los apoyos internacionales que logren en lo relativo a adiestramiento y armamento.
En el plano de la difusión del mensaje radical, la colaboración inter-cordillera posibilitaría fortalecer las labores de activismo debido al tránsito de militantes entre ambos países y al activismo digital, aumentando el potencial movilizador, debido a la extensión de la ideología en el colectivo de referencia, además, los individuos implicados en las actividades terroristas percibirían a su movimiento con mayores posibilidades de éxito debido a su internacionalización, con lo que habría mayor cantidad de personas dispuestas a integrar estas agrupaciones.
Es errónea la visión de quienes consideraran las expresiones de violencia mapuche en Chile y Argentina como conflictos locales de cada país, pues este fenómeno debe ser entendido como un mismo conflicto que abarca territorios de la soberanía de dos países, y que si bien existen especificidades locales propias, las demandas dicen relación con un mismo proyecto impulsado por sectores minoritarios, consistente en la construcción de una nación con autonomía política asentado en territorios de ambos países.
En el nivel estratégico, la eficacia del terrorismo se mide por la consecución del objetivo final, la liberación nacional del pueblo mapuche, que en este caso la factibilidad es a lo menos discutible, sin embargo, el éxito también dice relación con alcanzar ciertos avances que no hubiesen sido posibles sin la acción terrorista, como pudiese ser representación política u otras concesiones, aunque no impliquen la autodeterminación, pues el terrorismo, como una forma de comunicación, permite atraer la atención de la sociedad hacia la causa promovida por quienes ejercen la violencia, lo que ya es un triunfo para ellos.
A modo de conclusión, en el contexto de la estrategia que debiese formularse, la coordinación en el área de seguridad entre ambos países es fundamental, en términos de colaboración, sobre todo en ámbitos como la inteligencia, ya que es un fenómeno que se encuentra en escalada, con impacto en la seguridad pública de Chile y Argentina”.[1]
María Celsa Rodríguez Mercado
Directora de ChacoRealidades
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Referencias
[1] https://observatorioterrorismochile.com/[2] http://argentinavorticegeopoliticomundial.blogspot.com.ar/2017/10/el-problema-mapuche-y-maldonado-es.html
[3] http://www.notimerica.com/politica/noticia-ejercito-colombia-descubre-escondite-mas-1200-explosivos-grupo-disidente-farc-20170803170847.html
