La
conversión de Alejandro Vandenbroele en imputado colaborador fue un
éxito de la estrategia del juez federal Ariel Lijo cuando, aplicando la
doctrina Irurzun, detuvo a Amado Boudou y Núñez Carmona por lavado de
dinero y asociación ilícita, delitos que agregó a la causa existente de
enriquecimiento ilícito contra el ex vicepresidente.
Justo en el día que
trascendió desde la fiscalía de Manhattan, donde Raúl Burzaco, como
testigo estrella antes imputado, declaró que pago 4.000.000 de dólares
en coimas a Julio Grondona y los ejecutivos de Fútbol para Todos, Pablo
Paladino, y a un abogado Delhon. La diferencia es que Burzaco pagó una
multa millonaria y está en libertad. Pero la legislación argentina no
permite esos beneficios y Vandenbroele sólo podrá recibirlos en esa
causa de lavado y asociación ilícita pero no en la causa Ciccone, aunque
ambas están interrelacionadas.
El Gobierno está muy interesado en
que implique el Gildo Insfrán, el gobernador formoseño, que se opone a
las reformas que propone el gobierno, como la impositiva, previsional y
laboral y también a la reforma de la ley de la procuración general, a
través del senador Mayans, quien cuestiona los acuerdos de Pichetto con
el bloque senatorial de Cambiemos.
Otro implicado que quiere el
presidente es el banquero Jorge Brito, al cual no le tiene ninguna
simpatía, y así podría satisfacer el reclamo público de un empresario
preso. Y en este caso, al banquero argentino más importante lo acusa de
liderar el “círculo rojo” que impide gobernar a Cambiemos.
Esta
situación se podría tornar incontrolable si los jueces federales deciden
encarcelar empresarios y algunos de ellos puedan ser parientes o amigos
de la Casa Rosada.
