jueves, 16 de junio de 2011
Oyarbide avanza sobre las Madres
Ordenó allanamientos en la sede de la organización, la universidad, la imprenta y un garaje; en total hubo 12 procedimientos.
Paz Rodríguez Niell
LA NACION
LA NACION
Caía la tarde cuando 15 agentes de la Policía Federal uniformados atravesaron en fila india la cortina metálica y entraron en la sede central de la Asociación Madres de Plaza de Plaza de Mayo con una orden de allanamiento.
El
juez federal Norberto Oyarbide había dispuesto que fueran a la
fundación, a la universidad y a la imprenta de las Madres, y que se
llevaran todos los papeles vinculados a las contrataciones para
construir viviendas con fondos públicos en los diferentes puntos del
país. También, que hicieran una copia de todo lo que hubiera en las
computadoras.
En
total, los allanamientos fueron 12. Se realizaron, además de la de la
sede de Hipólito Yrigoyen 1522 y en la universidad (que está al lado),
en un garaje y en oficinas -todo en la misma cuadra-, y en inmuebles
vinculados a Hugo Omar Gallardo, el abogado de la fundación que
Bonafini eligió para reemplazar a Sergio Schoklender y que hoy también
está sospechado de haber hecho negocios con dinero que administraba la
institución (ver aparte).
La
actitud del juez Oyarbide con las Madres de Plaza de Mayo cambió
radicalmente. Primero les había dado un plazo de diez días (más largo
que lo habitual en un caso que avanza a semejante velocidad) para que
le entregaran la documentación sobre las obras bajo sospecha y ayer
decidió ir a buscar todo con la fuerza pública. Dos funcionarios que
trabajan en el caso relataron a La Nacion que el detonante fue el pobre
resultado del allanamiento que había dispuesto Oyarbide anteyer, a
pedido de Hebe de Bonafini, en un oficina que alquilaba la fundación
pero que utilizaba Pablo Schoklender, según le explicó ella al juez.
Bonafini le entregó con su pedido las llaves de ese inmueble.
"Encontramos
muy poco, lo que nos habían dejado", relató una fuente de la
investigación. Durante la mañana de ayer, Oyarbide hizo notar que
estaba indignado y anunció que iba a disponer allanamientos, según
contaron a La Nacion dos funcionarios de trabajan en el caso.
Ocho
horas más tarde, la División Investigación Federal de Organizaciones
Criminales (Difoc), al mando del comisario Néstor Roncaglia, entraba en
el edificio de Hipólito Yrigoyen.
La
policía ya había estado ahí el viernes 3 de este mes. Entonces, el
juez les ordenó que dejaran una orden de presentación, sin plazo, para
que las Madres le acercaran a Tribunales los documentos vinculados a
las obras. La semana siguiente, ellas le pidieron a Oyarbide tiempo
para una auditoría y fue entonces cuando él les dio los diez días de
plazo.
Ayer,
entre los inmuebles allanados estuvo, una vez más, el edificio de
Hipólito Yrigoyen 1534 (el que Bonafini había sugerido revisar), pero
ahora la policía no fue al tercer piso sino al primero, donde también
habrían funcionado oficinas de Sergio y Pablo Schoklender.
La
situación de la Fundación de las Madres no está definida aún en el
expediente. La institución, representada por Bonafini, pidió ser tenida
por querellante (es decir, como damnificada con derecho a ver la
causa, pedir pruebas y apelar decisiones). En Tribunales relataron que
todavía no están en condiciones de responderle. "Hay que tener más
claro el panorama para eso", dijeron.
Más pedidos
Mientras
tanto, el fiscal Jorge Di Lello le pidió ayer temprano a Oyarbide que
citara a las Madres a dar explicaciones: que les solicitara que
informen cómo era el manejo de fondos y cómo funcionaba el plan de
viviendas, y que las intimara a dar los nombres de la gente a la que
despidieron de la Fundación durante las últimas semanas.
En
simultáneo, el fiscal pidió que se allanaran "urgente" domicilios y
empresas que estarían vinculadas al reemplazante de Schoklender. Sobre
la base de esta presentación, el juez incluyó allanamientos en ocho
inmuebles; entre ellos, los domicilios fiscales de Construcciones
Calificadas, Constructoras 211 y Docamer, empresas ligadas a Gallardo.
El
abogado de las Madres, Eduardo Barcesat, dijo ayer a la prensa que
Bonafini había estado en la sede de la institución, que había recibido a
la policía y entregado toda la información solicitada. Desde
Tribunales confirmaron que no hubo inconvenientes durante los
procedimientos y que la policía pudo llevarse todo lo que habían ido a
buscar.
Según
Barcesat, eso era "toda documentación vinculada a los hermanos Pablo y
Sergio Schoklender y a las 21 empresas relacionadas a ellos". Fuentes
de la causa advierten que se llevaron muchas cosas más.
