“Human kind cannot bear very much reality” (El género humano no puede soportar demasiada dosis de realidad) escribe el poeta T.S. Eliot.
Y el horror del aborto es una de esas realidades que Gobiernos como
el español se obstinan en no ver, y lo que es más grave, en no perseguir
judicialmente.
Porque -por si no lo recuerdan- eliminar a un ser humano en el
vientre materno sigue siendo delito en el Código Penal: únicamente está
despenalizado en tres supuestos y, en cualquier, caso en las primeras 14
semanas de embarazo.
A pesar de todo, muchos abortorios -llamarles clínicas implicaría
manchar el honor de las verdaderas- son un foco de impunidad, como se
acaba de ver con el caso de Morín -llamarle doctor sería un agravio para
los facultativos- que se ha ido de rositas, sin tener que pasar por
prisión, tras la resolución del Supremo.
Lo peor de todo no es que en algunos abortorios se vulnere
presuntamente la ley; lo peor de todo es que las fuerzas de seguridad y
la justicia no se pongan los pilas y no lo investiguen. O no les dejen
investigarlo. Te lo cuento en Actuall
Es lo que pasó en 2014, cuando Plataforma la Vida Importa denunció a
la Dator, Callao, El Bosque y otros abortorios por presuntamente tirar a
la basura historiales de pacientes con nombres y apellidos; mezclar
residuos y jeringuillas; eliminar en envases comunes restos humanos en
lugar de proceder en féretros; facturar a la Sanidad Pública abortos que
finalmente no se llevaron a cabo; y defraudar a Hacienda, facturando en
“negro” abortos quirúrgicos.
Y ni la Agencia de Protección de Datos, ni la Unidad Judicial de la Guardia Civil, ni el Juzgado lo investigaron.
Hay dos formas de garantizar la impunidad: una, cambiar las leyes
para blanquear el delito y que deje de serlo; y dos, no investigar el
delito. Y eso es, tal cual, lo que se ha hecho en España con el aborto
durante los últimos años.
De lo primero se encargó el Gobierno de Zapatero con la tristemente célebre Ley Aído (2010), que convertía, de facto,
el homicidio del niño no-nacido en un derecho. Al mismo tiempo, la
norma eliminaba un número importante de supuestos delitos. Eso puede
explicar que el abortista Morín se haya ido prácticamente de rositas,
tras la resolución del Supremo, al ser condenado por solo tres abortos
ilegales, en lugar de los once por los que los condenó la Audiencia de
Barcelona.
La doctora Gador Joya (portavoz de Derecho a Vivir) se lamentó en
declaraciones a Actuall de que “no se tengan en cuenta determinadas
pruebas que demuestran que lo que hacía Morín “era dedicarse eliminar a
seres humanos inocentes para enriquecerse con el único fin de hacer una
abultada fortuna como se ha podido comprobar”.
Total, que ese señor no irá a la cárcel. Deja un rastro de sangre y
muerte, pero queda queda impune. Y aquí paz y después gloria.
La otra forma de garantizar la impunidad, es no investigar el
presunto delito. Ojos que no ven corazón que no siente. Ejemplo
paradigmático es la historia que hoy te cuenta Actuall.
La Plataforma la Vida Importa recabó un importante número de pruebas
(facturas, fichas médicas, historiales clínicos en la basura, restos de
fetos) de cinco abortorios que podrían suponer la comisión de graves
delitos e infracciones de la Ley de Protección de Datos, contra la salud
pública, así como y estafas a la Seguridad Social y fraude a Hacienda.
Los denunciaron ante la Agencia de Protección de Datos. ¿Y qué hizo?
Nada, no lo investigó. Lo denunciaron ante la Unidad Orgánica de Policía
Judicial de la Guardia Civil. ¿Y qué hizo?, Nada, no lo investigó. Se
limitó a dar traslado al Juzgado de instrucción 11 de Madrid. ¿Y qué
hizo éste? Abrió diligencias e interrogó a los directivos de los
abortorios pero no llamó a declarar a los denunciantes, que hubiera sido
lo preceptivo para contrastar testimonios. Y luego sobreseyó el caso.
Además puso todo tipo de inconvenientes para evitar que letrados que
se habían personado en la causa, pudieran acceder al expediente. ¿Por
qué? ¿tenía el Juzgado algo que ocultar?
Los denunciantes recurrieron a la Audiencia Provincial, pero ya te
adelanto que tampoco aquí les hicieron caso. Tardaron más de un año en
responder y cuando lo hicieron fue para decirles que habían archivado el
asunto.
Todo ello resulta francamente anómalo. Si a un juez de instrucción le
llegan unas denuncias de esa naturaleza, no echa tierra sobre el
asunto, sino que antes investiga a fondo los indicios de presunto
delito.
Máxime cuando en las declaraciones de los directivos de las clínicas
hay respuestas que merecerían una investigación ya que demuestran grave
irresponsabilidad.
Por ejemplo, la administradora del Centro Pacífico llega a decir que
de triturar en la trituradora de papel los listados de pacientes y sus
datos se encargan “la señora de la limpieza o las auxiliares”.
¿Por qué ni la Guardia Civil -dependiente del Ministerio del
Interior, es decir del Gobierno, en este caso de Mariano Rajoy-, ni el
Juzgado, ni la Agencia de Protección de Datos quisieron esclarecer el
caso y llegar hasta el final?
Nada que ver con Estados Unidos, que se ha puesto en vanguardia en la
lucha contra el aborto. La mafia de Planned Parenthood -que traficaba
con restos de fetos, lo cual es delito federal- está contra las cuerdas;
cierran numerosos abortorios en varios Estados, al aplicar de forma
restrictiva las leyes; se ha nombrado un juez provida en el Supremo
-Neil Gorsuch-; y el presidente Trump ha declarado Día de la Santidad de
la Vida Humana, proclamando que toda vida es sagrada, que cada persona
tiene dignidad y valor inherentes, y que ninguna clase de personas
debería ser descartada como “no humana”.
En España estamos aún a años luz de una democracia digna de tal nombre, aquella que defiende la vida del más inocente.
Gracias por seguirnos.
