Liberación de los presos. De pluma ajena. Por Héctor Hernández
Como muchos sabrán, con ocasión de la Cuare-terna,
el gobierno populista de la Argentina ha decidido liberar a más de un
millar de presos comunes con la excusa de los «Derechos humanos»:
violadores, abusadores, ladrones, homicidas, políticos… Todos los
delitos imputados entraron allí, menos uno: los supuestos delitos de
«lesa humanidad» (eufemismo que caratula los militares argentinos que
lucharon contra el terrorismo marxista en los ’70 y que hoy ya no son
humanos, por lo que no tienen derechos).
A
fin de explicar un poco qué ideología intenta justificar esta pandemia,
dejamos aquí abajo un texto breve del Dr. Héctor Hernández que podrá
ampliarse en otro que él mismo nos ha enviado para su publicación y que puede verse AQUÍ.
Que no te la cuenten…
P. Javier Olivera Ravasi, SE
¿QUÉ ES EL GARANTOABOLICIONISMO?
Por Héctor H. Hernández
Con
la lucidez de su oficio y la clarividencia que da el dolor de madre que
perdió su hijo, la filósofa Diana Kohen Agrest viene dando en la tecla
del problema de la inseguridad argentina al atribuirlo principalmente al
Garantoabolicionismo.
Ha adoptado, así, una nomenclatura que venimos usando y es necesario explicar.
La palabra designa una mentalidad, una doctrina y un movimiento con
hegemonía en el sistema penal, que se distingue estas por cuatro notas
con las que simplificamos la caracterización que hemos hecho en nuestro
último libro.
– Por de pronto se presenta bajo la bandera de las garantías.
Algo que de suyo aparece valioso, pero como no hay en el mundo jurídico
argentino y occidental quien las niegue, no sirve para distinguirse de
nadie. Se fabrica así un ogro inexistente que está al acecho y que
conspira contra la paz del mundo. Véase sobre esto la literatura del
profesor y juez Zaffaroni, que describe el sistema penal como un
monstruo loco y gigantesco que constituye la principal amenaza para la
existencia del mundo, y contra él se convoca a la lucha. ¿Por qué medio?
Por el que se manifiesta en la siguiente nota.
–
En segundo lugar busca, en forma más o menos explícita o implícita un
ideal que descree de alcanzar totalmente, pero que entretanto destruye
mucho. A partir de sostener la ilegitimidad del sistema penal y del
Estado mismo y la macromaldad afirmada del mismo, se convoca a una
especie de cruzada por la reducción de los castigos, y si es posible su
abolición. Dado que la cosa así es impresentable, se declaman medidas
sustitutivas de aquéllos, tan risibles que confirman que lo que se
quiere es “cancelar el poder punitivo del Estado” (textual). Por ejemplo, que los delincuentes prometan no seguir con su raid criminal. O la institución de la probation,
por la cual se suspende y archiva el proceso si se cumplen ciertas
conductas, pero que se instaló en el país sin presupuesto y por ende sin
medio alguno de control de los requisitos. O se proclama el juicio oral
como el último grito de la moda, que para funcionar exige mandar la
mayoría de causas al archivo por prescripción. O arreglarlas mediante el
juicio abreviado que es todo lo contrario del debido proceso y del
proceso oral. Obviamente que se eufemiza la supresión de los castigos
por la expresión “supresión de la violencia en curso” y la invocación de
los derechos humanos. Ha de saberse que, para esta posición, aplicar
penas es contrario a los derechos humanos y es inconstitucional. ¡Como
se oye, escrito por el citado magistrado judicial supremo de la
República!
La hegemonía de esta mentalidad y movimiento hace que sea generalizado en los profesores de derecho penal,
que se reconocen gustosos como enemigos tenaces del sentido común, la
repetida monserga de que “el derecho penal está en crisis”. Cuando son
ellos, los precisamente llamados “críticos”, los que están en crisis.
– Otra característica es que sus integrantes son en su mayoría docentes universitarios y magistrados,
con lo que su éxito abolicionista sería una especie de destrucción del
sistema por implosión. Hace unos años se trazó, por el profesor citado,
un verdadero “plan de lucha” para esa demolición. Puede leerse en el
libro Encuentro con las penas perdidas, editado en Santa Fe y
dado su sincerismo no reeditado y difícil de conseguir. Los seguidores
del Garantismo abolicionista son entonces especie de infiltrados en el
sistema para destruirlo. Que usan los dineros del Estado, las prebendas
del Estado, los privilegios de no pagar impuesto a las ganancias, los
choferes y secretarios y papeles y provisiones y teléfonos del Estado
para, posicionados en un puesto de servicio que la pobre gente confía
ejercerán para reprimir el delito o para enseñar derecho penal, dirigir
la demolición. Así como suena.
– Una cuarta característica es que les importan
muy poco las garantías reales y establecen contra el “estado de
policía”, integrado por las fuerzas armadas y de seguridad (al que increíblemente asocian en la desgracia a los inocentes no nacidos), un antigarantismo manodurista de la peor especie.
Héctor H. Hernández
Autor de los libros El Garantismo abolicionista (MarcialPons, 2013), e Inseguridad y Garantismo abolicionista –Bases para la reconstrucción de la ciencia penal (Cathedra, Buenos Aires, 2017).
Santa María de la Alameda, España, 5 de mayo de 2020.
hectorhumbertohernandez@gmail.com
