Genocidio que no fue y Justicia que no existe.
Por Alberto Solanet
Es muy difícil alcanzar
la verdad cuando la sociedad se deja manipular por el lenguaje. Según el
Diccionario de la Academia, la palabra genocidio significa el
«exterminio o eliminación sistemática de un grupo social por motivo de
raza, de religión o de política». La Asamblea General de las Naciones
Unidas, por su parte, se refirió al «genocidio» como la negación del
derecho a la existencia de grupos humanos enteros.
Como ejemplos de
genocidios y de genocidas históricos podemos citar el sanguinario
régimen de Stalin, que se estima causó no menos de veinte millones de
víctimas y la matanza por hambre y otros medios de cinco millones de
ucranianos (el holomodor). O el del maoísta Pol Pot – que asesinó a dos
millones de camboyanos – o el exterminio de un millón de armenios a
manos de Ataturk.
Este comentario viene a propósito de la
capciosa descalificación que hoy se ha generalizado respecto de las
Fuerzas Armadas argentinas, por haber combatido contra la agresión de la
guerrilla marxista en la década del setenta. Estos guerrilleros,
entrenados en Cuba y Angola, con armamento y apoyo financiero brindado
por diversos países del extranjero, iniciaron una verdadera guerra en
nuestro territorio con el propósito de tomar el poder y convertir a la
Argentina en un estado marxista. Y sus organizaciones, hasta hoy, vienen
sosteniendo «el orgullo de haber declarado la guerra al régimen
burgués, capitalista e imperialista».
Estas premisas distinguen claramente el
accionar de las FF.AA. en la guerra contra la subversión respecto a un
premeditado y perverso plan «genocida». En esa guerra – ¡en cuál no! –
hubo excesos injustificables por parte de las FF.AA., pero ello no
autoriza en modo alguno a calificar como genocidas a quienes impartían
las órdenes ni a los subalternos que debían obedecerlas. A lo sumo se
habrían cometido «crímenes de guerra», en cuyo caso habrían debido
someterse a las normas del Código de Justicia Militar, cuyas penas y
castigos son más severas y adecuadas que las disposiciones de la
justicia ordinaria.
La
calificación de «genocidas» con la que se ha querido demonizar a las
Fuerzas Armadas resulta por ende una falsedad política e histórica,
usada con fines propagandísticos. Es lo que se ha dado en llamar el
relato, impulsado por el CELS, Madres de Plaza de Mayo, Abuelas y otras
organizaciones de izquierda, que sobreactúan y manipulan el sentimiento
de repudio que en la sociedad suscita la palabra «genocidio». Detrás
está el inmenso negocio o «curro de los derechos humanos» con que lucran
esas organizaciones y que ayuda a la propagación del relato. Así lo
reveló un exguerrillero, quien aconsejó a dirigentes de esas
organizaciones reunidos en Holanda, a donde habían concurrido con el
objeto de pedir dinero, que denunciaran al menos 30.000 desaparecidos, a
fin de introducir el término «genocidio» y mantenerlo sine die.
De ese modo, aquí y en el mundo, fue
instalada la mentira, con el concurso de medios ideologizados, ONG
internacionales cooptadas por la izquierda y sembradoras de venganza y
odio, gobiernos corruptos, dirigencia política en parte también
ideologizada y en parte temerosa, jueces prevaricadores y protervos y un
largo etcétera.
Las principales víctimas de esta
tenebrosa realidad y de esta justicia asimétrica son los más de 2000
presos acusados de delitos llamados de lesa humanidad por hechos
ocurridos hace más de 40 años, ancianos y enfermos, de los que ya han
muerto 560 en cautiverio. A ellos, fiscales y jueces, aplicando una
odiosa discriminación, les niegan sistemáticamente el derecho a la
prisión domiciliaria, contrariando expresas normas legales y los
dictados de la prudencia más elemental, ya que se los retiene cautivos y
en plena epidemia expuestos al riesgo de contagio.
No
existe ninguna razón valedera para privarlos de ese derecho. Sin
hacerlos pasar por tamiz alguno, sino dentro del marco de corrupción que
impera entre los jueces, centenares de delincuentes – desde violadores
seriales hasta narcotraficantes – fueron liberados o enviados a sus
domicilios. Pero a aquellos otros, falsa y fraudulentamente calificados
como «genocidas» y, con toda propiedad, reales y verdaderos presos
políticos, se les hace saber que para ellos no hubo, ni hay, ni habrá
justicia.
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