La
disputa sobre los aumentos de tarifas en los servicios públicos en
general tiene un escenario judicial que todavía no pasó al primer plano
pero que no se debe desestimar.
En numerosas provincias se
presentaron amparos contra los últimos aumentos, sobre todo de
electricidad, y en los próximos días podrían ser otorgados algunos. La
expectativa del oficialismo es que en segunda instancia las cámaras en
lo contencioso administrativo revoquen los amparos que puedan otorgarse.
Sin embargo -y aun cuando los aumentos no dejen de aplicarse- los
reclamos podrían llegar a la Corte Suprema de Justicia a través de
recursos extraordinarios. Que están en juego problemas de rango
constitucional no hay duda alguna ya que lo que se cuestiona sobre todo
es la falta de razonabilidad de los aumentos en relación a los salarios
actuales y el carácter confiscatorio de los mismos. Por otra parte, no
hay duda de la gravedad institucional del tema.
Un cambio de eje
Esta
perspectiva nos lleva directamente a la posibilidad de que sea la Corte
Suprema y no el Congreso la que le ponga un punto final a la cuestión.
La tensión entre Ricardo Lorenzetti y Mauricio Macri a todo esto no ha
desaparecido ni mucho menos y Elisa Carrió, con su pedido de juicio
político y sus embestidas contra Lorenzetti, prueban que la Casa Rosada
sigue tratando de acotar los movimientos del presidente de la Corte. La
jurisprudencia sobre tarifas de este tribunal aportaría precedentes como
para una modificación de los cuadros tarifarios dispuestos por Juan
José Aranguren.
