El escándalo de Odebrecht impactaría en Macri
La semana pasada anticipamos desde esta columna
que la conmoción generada por el escándalo de Odebrecht estaba
desarrollando una ola regional. La ola que determinó hace dos meses la
caída del presidente peruano Pablo Kuczynski y que terminó en Brasil con
Lula preso en Curitiba y prácticamente excluido de la carrera
presidencial. También dijimos que en la reciente Cumbre de las Américas
realizada en Lima, uno de los temas de conversación entre los
presidentes presentes fue la expansión del caso Odebrecht en la región.
El
juez federal Marcelo Martínez de Giorgi puso en marcha el capítulo
argentino del escándalo. Fueron citados desde el diputado suspendido y
ex ministro de Planificación, Julio De Vido, hasta los empresarios
Marcelo Odebrecht y Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, están en
la lista de los 49 imputados que deberán declarar en indagatoria.
Martínez de Giorgi citó a otros 22 ex funcionarios del área de De Vido, incluyendo a los ex ministros de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi; Roberto Baratta, ex subsecretario de De Vido; José López, ex secretario de Obras Públicas; y el ex asesor y testaferro de Jaime, Manuel Vázquez. La lista incluye también ocho ejecutivos de IECSA (incluido su ex dueño y personas desvinculadas), diez miembros de Odebrecht (incluido su dueño); dos de la empresa española Comsa; cuatro ejecutivos locales de la italiana Ghella; y dos de los señalados como intermediarios en las supuestas coimas. Uno de ellos es el empresario Jorge “Corcho” Rodríguez.
Casi no hay antecedentes de una gran cantidad de empresarios citados en la misma causa y lo más semejante fue el caso Skanska. Las citaciones mencionadas se vinculan todas a las supuestas coimas y la manipulación de la licitación del soterramiento del Sarmiento. Hay en principio una diferencia sustancial entre el caso Odebrecht en Brasil y en Argentina. En el vecino país el daño político lo sufrió en su plenitud el PT en cabeza de su jefe. En la Argentina, en principio, la causa se orienta a investigar la administración kirchnerista, pero está implicado el entonces titular de IECSA y primo de Macri Angelo Calcaterra. No obstante ello, Odebrecht aparece en distintos expedientes y en algunos impacta de lleno sobre el propio presidente de la Nación. Tres semanas atrás, el Subprocurador Eduardo Casal dispuso el desplazamiento del fiscal federal Juan Pedro Zoni, de la causa del Correo en la que investigaba un supuesto beneficio millonario del Gobierno de Mauricio Macri al Correo Argentino. Pero antes de dar un paso al costado, Zoni presentó nuevas pruebas que complicarían al jefe de Estado: presentó un informe realizado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), encargada de analizar diez reuniones entre distintos funcionarios públicos con representantes del Correo, según publicó el diario La Nación.
Se llevaron a cabo seis encuentros en la Casa Rosada y la residencia de Olivos en la que Macri recibió a funcionarios del entonces Ministerio de Comunicaciones, que llevaba adelante las negociaciones en el concurso del Correo, la empresa de su padre. Ahora, la Justicia investiga si a través de esas reuniones, el mandatario podría haber influido a la hora de tomar la decisión para sellar un acuerdo con la compañía por su deuda con el Estado.
El 11 de marzo de 2016, el secretario de Tecnología de las Comunicaciones, Héctor Huici, recibió en el ministerio a Jaime Cibils Robirosa, apoderado del Correo. El Registro de Audiencias Públicas indicó que el tema que se debatió fue “Juicios de Correo Argentino con el Estado”. Un mes después, se repitió el encuentro, aunque en esa ocasión se sumó Juan Mocoroa, entonces director de Asuntos Jurídicos del ministerio, quien después negociaría en el concurso judicial con la empresa de los Macri en favor del Estado.
Una vez iniciada la negociación en el concurso comercial, Macri recibió en la Casa Rosada a funcionarios del Ministerio de Comunicaciones el 18 de agosto y el 22 de diciembre, como parte de las reuniones de seguimiento de gestión, según la descripción anotada en el Registro de Audiencias.
Un mes después de que arrancara la polémica, Macri volvió a recibir a Aguad, Mocoroa, Irigoin y Huici para tratar temas de “seguimiento de gestión”. Cinco días después se publicaron en el Boletín Oficial los decretos que intentaban reglamentar conflictos de intereses a través de la Oficina Anticorrupción.
El informe que presentó Zoni está en las manos del juez federal Ariel Lijo desde mediados de marzo. Por el momento, el magistrado no tomó ninguna de las medidas de prueba solicitadas por el fiscal. La conexión con Odebrecht surge del hecho de que la segunda acreedora del Correo es una firma controlada por aquella y que está deuda no soportaría una auditoría.
De este caso y otros surge que, si la justicia realmente profundiza el caso Odebrecht, el deterioro político sería común al cristinismo y el macrismo, lo que hace pensar que ambos harían causa común para evitar que la crisis madure.
En emergencia
Tal vez este complejo cuadro sea una de las principales razones por las cuales Macri se siente cada vez más incomodo con Ricardo Lorenzetti como presidente de la Corte Suprema y deja vía libre (aun cuando se desentienda públicamente) para que Elisa Carrió pida el juicio político de aquél. Macri estaría convencido de que el presidente de la Corte, junto con sus colegas Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, conforman un trío que se identifica más con el peronismo que con el oficialismo. Las distintas vertientes del caso Odebrecht pueden llegar a la Corte, más por cuanto la máxima autoridad de la constructora brasileña, Marcelo Odebrecht, reclama inmunidad judicial en Argentina debido a que su empresa ya fue juzgada por sobornos en Brasil. La realidad es que la información sobre los 35 millones de dólares de coimas pagados en nuestro país está en manos de la justicia brasileña.Lo ocurrido con Zoni indica que en Casa Rosada ya se vive un clima de emergencia.
Otra de las operaciones del gobierno sería darle la mayor difusión a la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en la que se investiga a Daniel Scioli, que está citado a declarar ante el fiscal bonaerense Álvaro Garganta el próximo 2 de mayo. Una orden de detención contra el ex gobernador desencadenaría la discusión sobre su desafuero en Diputados. El antecedente reciente -a favor del desafuero- fue Julio de Vido, a quien sus colegas peronistas de bancada lo abandonaron sin miramientos. Por su alto perfil, Scioli bien podría ser la próxima distracción mediática.
