La Corrupción K en la “Década Ganada” (Capítulo XLIV)
CAPITULO XLIV
CÁMARA DE CASACIÓN PENAL ADICTA
“El
Gobierno persiste en lo que ha sido su actitud de colocar jueces amigos
justamente para que no los juzguen e investiguen ni tampoco se les
aplique la ley. Uno nunca sabe cuándo va a necesitar al juez.
Parafraseando al Martín Fierro, esta gente no se hace amigo del juez:
pone directamente a su amigo de juez”. Alejandro Fargosi
1- El kirchnerismo acomoda jueces para garantizar la impunidad[1]
a) Designación de magistrados amigos
El gobierno oficializó la
designación de magistrados amigos al frente de la Cámara de Casación
Penal. La mayoría defendió a funcionarios, entre ellos, a Boudou y
Felisa Miceli. El tribunal es la última instancia en causas por
corrupción.
No pudo imponer la reforma
judicial, pero de a poco, el gobierno va mellando la independencia del
único poder que le falta controlar. Ayer, el Poder Ejecutivo Nacional
oficializó la designación de diez conjueces que ocuparán vacantes en la
Cámara Federal de Casación Penal, luego de haber logrado, en diciembre
pasado, el aval del Congreso, dominado por el oficialismo.
El avance K se da sobre todas
instituciones democráticas del país, pero no puede evitar la polémica. A
su paso por el Senado, los magistrados fueron rechazados por la
oposición por sus fuertes vínculos con el kirchnerismo. Algunos de
ellos, incluso, se declaran “militantes” del “modelo”.
Tal es el caso de Marcelo Roberto
Buigo, apoderado de Julio de Vido. Es decir, encargado de esconder los
trapos sucios del ministro de Planificación. Pero además, este abogado
forma parte de Justicia Legítima, la agrupación K en el poder judicial, y
es uno de los impulsores de la reforma K.
Lo mismo cuenta para Gustavo
Ferreira y Eduardo Barcesat, otros de los designados por el gobierno.
Este último es también abogado de Madres de Plaza de Mayo y defendió la
reelección.
Pero aun haciendo méritos, no son
esos los casos más criticados de la lista K de jueces amigos, integrada
por Carlos Alberto Cruz, quien defendió a la exministra de Economía
Felisa Miceli en la causa que la condenó por el hallazgo de una bolsa
con dinero en el baño de su despacho oficial.
Finalmente, el equipo “nacional y
popular” en la Cámara incluye a Martín Magram, abogado defensor del
múltiple denunciado por corrupción, Amado Boudou.
He aquí, pues, el lugar
estratégico por el cual Cristina Kirchner quiere y necesita copar con
amigos este Tribunal, la última instancia legal en las causas por las
que se investigan casos de corrupción que involucran a funcionarios
públicos.
El fin último es, pues,
garantizar la impunidad luego de diez años de saqueo y a poco de dejar
el poder. No lograda la reforma judicial, un buen número de jueces
amigos podrían ayudar a los K a cumplir su cometido.
b) Críticas y denuncias
Las réplicas a tal decisión no se
hicieron esperar. Alejandro Fargosi, miembro del Consejo de la
Magistratura, protestó porque, evidentemente, “el kirchnerismo no puede
convivir con jueces imparciales”, y dijo que su actitud de colocar
jueces aliados “es justamente para que no los juzguen e investiguen ni
tampoco se les aplique la ley”.
Finalmente, Jorge Rizzo,
presidente del Colegio de Abogados de capital, señaló que “la jugada del
kirchnerismo es para copar la Justicia. La verdad, he perdido la
capacidad de asombro”.
c) Gils Carbó lidera el avance K en la Justicia
La procuradora general de la
Nación, Alejandra Gils Carbó, se ha convertido en la punta de lanza de
la avanzada K en la Justicia. Puesta en un lugar vital por la propia
Cristina Kirchner, se ha encargado de perseguir a los fiscales que
imputan a cuestionan a los funcionarios públicos, aunque aún no ha
logrado hegemonizar los tribunales.
Por diversas irregularidades
cometidas, ha sido ella, pues, la que ha sido denunciada en numerosas
ocasiones por sus subordinados.
La última fue abierta por una
denuncia de Alejandro Sánchez Kalbermatten, ante el juez federal Julián
Ercolini. Kalbermatten descubrió que su colega Alberto Binder usó “dos
sombreros” incompatibles entre sí desde el punto de vista jurídico y
ético, bajo el amparo de Gils Carbó.
Por un lado, la procuradora
nombró a Binder el 10 de junio como secretario de Coordinación
Institucional de la Procuración. Luego le hizo pagar $ 35 mil
retroactivos porque, en realidad, había empezado a trabajar el 17 de
abril.
Pero el 13 de agosto, Binder firmó un pedido de amicus curiae
(amigo del tribunal) como vicepresidente de la ONG Instituto de
Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales a favor de Gils
Carbó. El laberinto, viciado, terminaba beneficiando a la procuradora.
Cabe destacar, finalmente, que
son pocos los fiscales que se animan a denunciar a su jueza, aunque
muchos han comenzado a animarse luego de que éste suspendiera a José
María Campagnoli por investigar al empresario K Lázaro Báez. A poco de
asumir, Carbó ya tiene al menos tres denuncias en la Justicia Federal.
2. Suma rechazos la lista de conjueces afines al Gobierno[2]
El Ejecutivo envió los pliegos de
más de cien abogados para que ocupen cargos en juzgados. La mayoría de
los elegidos están vinculados a funcionarios del Gobierno, entre ellos
el vicepresidente Amado Boudou.
El mismo día que la Cámara alta
aprobó el ascenso del jefe del Ejército, César Milani, llegó al Congreso
una nómina con los pliegos de más de cien abogados para asumir como
conjueces y ocupar cargos en tribunales de todo el país, incluso la
Corte Suprema.
Los conjueces intervienen solo en
caso de recusación de alguno de los miembros originales del tribunal y
son elegidos por sorteo para cada causa en particular.
En su mayoría, los elegidos por
el Gobierno están vinculados a la historia política del kirchnerismo y
de sus principales caras. Por caso, uno de los nominados es Martín
Magram, ex abogado defensor del vicepresidente Boudou, hoy investigado
en el caso Ciccone. En algunos casos, los mismos nombres fueron
propuestos para distintos cargos.
“Desgraciadamente el Gobierno
persiste en lo que ha sido su actitud de colocar jueces amigos
justamente para que no los juzguen e investiguen ni tampoco se les
aplique la ley. El kirchnerismo no puede convivir con jueces imparciales
“, aseguró Alejandro Fargosi, miembro del Consejo de la Magistratura,
en declaraciones a Clarín.
Y agregó: “Uno nunca sabe cuándo
va a necesitar al juez. Parafraseando al Martín Fierro, esta gente no se
hace amigo del juez: pone directamente a su amigo de juez”.
La procuradora Alejandra Gils Carbó impulsó la postulación de Ricardo Nissen como conjuez.
Otros de los propuestos son:
Carlos Cárcova, quien en 2012 fue uno de los elegidos por el Gobierno
para subrogar en los juzgados del fuero Civil y Comercial de Capital
donde se tramitaba la causa sobre la Ley de Medios; el ex titular de la
Inspección General de Justicia, Ricardo Nissen –allegado a la
procuradora Alejandra Gils Carbó–; Arístides Corti, a quien la
Presidente le encomendó la elaboración del Digesto Jurídico Argentino; y
Gustavo Ferreyra, allegado al ministro de la Corte Eugenio Zaffaroni.
También hay abogados cercanos a los gobernadores Sergio Urribarri y
Gildo Insfrán.
Jorge Rizzo, presidente del
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, opinó: “La jugada que
hace ahora el kirchnerismo es para directamente copar la Justicia. Lo
que no pudieron hacer con la reforma judicial lo quieren lograr de esta
manera. La verdad, he perdido la capacidad de asombro con lo que tiene
que ver el Gobierno con la Justicia”.
El constitucionalista Daniel
Sabsay consideró de una “gravedad extrema” la nueva jugada del Gobierno
para colonizar el Poder Judicial. “Primero fue el intento de
‘democratizar la Justicia’, luego esto de que cada fiscal que investiga
es apartado. Todo se adscribe en un mismo movimiento: la búsqueda de un
sistema de impunidad”, consideró.
[1] Fuente de información: Hoy en la Noticia, 11/1/14, “El kirchnerismo acomoda jueces para garantizar la impunidad”, http://diariohoy.net.
[2] Fuente de información: Infobae, 23/12/13, “Suma rechazos la lista de conjueces afines al gobierno”, http://www.infobae.com.
