La Corrupción K en la “Década Ganada! (Capítulo LVI)
CAPÍTULO LVI
INCUMPLIMIENTO GUBERNAMENTAL
DE LOS FALLOS ADVERSOS 


“La 
pauta oficial ha dejado de ser un instrumento eficiente para comunicar 
la gestión del Estado para convertirse en herramienta proselitista, 
combustible de usinas paraoficiales o variable de premio o castigo de 
acuerdo a la línea editorial”. ADEPA (Asociación de Entidades 
Periodísticas Argentinas).
 1. La Corte ordenó incluir a Canal 13 en el reparto de la publicidad oficial[1] 
El fallo destaca la importancia 
de la libertad de expresión y que el incumplimiento de las sentencias 
por parte del Estado es “una clara violación de principios 
constitucionales”.
La Corte Suprema de Justicia de 
la Nación ordenó este martes al Estado Nacional incluir a la empresa 
Artear SA, titular Canal 13, en el reparto de la publicidad oficial y 
destacó la importancia de la libertad de expresión en el régimen 
democrático, tanto en lo referente a la libertad que tienen los 
ciudadanos de expresar sus ideas, como en la protección de la actividad 
crítica de los periodistas y en el rechazo de todo tipo de censura.
Los jueces Lorenzetti, Maqueda, 
Fayt, firmaron un voto conjunto en el que destacan que los precedentes 
deben ser acatados y refuerzan la importancia del cumplimiento de las 
sentencias, máxime en el campo de la libertad de expresión. Todos 
coinciden en confirmar la sentencia, excepto el Dr Zaffaroni, quien 
solicita que se dé vista al Procurador.
Reclamó que se ordene mantener la
 distribución equilibrada en relación con la cantidad de publicidad 
recibida en años anteriores, y en particular con anterioridad al año 
2008, así como la adjudicada a las demás emisoras de similares 
características.
La Sala IV de la Cámara Nacional 
de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, fallo ahora 
ratificado por la Corte, condenó al Estado Nacional a que disponga la 
elaboración y presentación “de un esquema de distribución de publicidad 
oficial que comprenda a las emisoras de análogas características a la 
actora, entre las que incluyó a América TV S.A. (canal 2), Telearte S.A.
 (canal 9), Televisión Federal S.A. (canal 11), Arte Radiotelevisivo 
Argentino S.A. (canal 13) y SNMP S.E. y RTA S.E. (canal 7), ‘que se 
ajuste fielmente [a] las pautas de proporcionalidad y equidad 
establecidas precedentemente’”.
La Corte tuvo en cuenta que ya 
hay dos precedentes similares con sentencias dictadas en “Editorial Río 
Negro” (Fallos: 330:3908) y “Editorial Perfil” (Fallos: 334:109) en los 
que se estableció que “existe un derecho contra la asignación arbitraria
 o la violación indirecta de la libertad de prensa por medios 
económicos.
 2. Crítica al fallo de la Corte por parte del Gobierno[2]
 a) Cuestionamiento de Capitanich 
Capitanich, tras el fallo de la 
Corte por la pauta oficial, señaló: “Es una violación flagrante a la 
división de poderes”. El Jefe de Gabinete cuestionó la resolución del 
Máximo Tribunal que obliga al gobierno al reparto equitativo de la pauta
 oficial, advirtiendo que la Corte Suprema de Justicia “viola la 
división de poderes” al “arrogarse la voluntad” de establecer cómo 
“distribuir” la pauta oficial, al cuestionar el fallo que ordenó un 
reparto “equitativo” e incluya a Canal 13.
Capitanich dijo sentir 
“preocupación” porque “la Corte pretende arrogarse la voluntad de 
legislar, al establecer la distribución de la pauta” publicitaria, lo 
que, según consideró, “viola la división de poderes”. “Es una violación 
flagrante a la división de poderes”.
El jefe de ministros formuló estas apreciaciones en el habitual contacto con periodistas en la Casa de Gobierno.
El ministro coordinador observó, 
sobre el fallo del máximo tribunal, que “(Ricardo) Lorenzetti, (Carlos) 
Fayt, (Juan) Maqueda, han suscripto los trece considerandos de la 
sentencia”, pero “otros tienen observaciones diferentes, como (Eugenio) 
Zaffaroni”.
Al respecto, estableció que “es 
falso que el Estado nacional incumple el fallo en el caso Perfil, sino 
que ha cumplido y cumple el fallo desde abril de 2013” y que “en el 
juzgado de primera instancia se presenta la acreditación de sus 
cumplimientos”.
Al cuestionar a la Corte, recordó
 que “hace diez años hay una acción de amparo en donde el Estado 
promueve la percepción de una deuda equivalente a 350 millones de pesos,
 por deudas impositivas, con el diario La Nación y hasta ahora no se ha 
expedido. Se ha expedido más rápido en esta cuestión”, criticó.
En otro orden, el funcionario 
aseguró que “este fallo genera un debate” y planteó que le gustaría 
saber “si todos los periodistas tienen la libertad para escribir 
sistemáticamente en contra de la editorial del diario que les paga sus 
respectivos sueldos o de los medios de comunicación; ése es el gran 
debate porque hace a la esencia de la libertad de expresión”, añadió.
 b) El fallo de la Corte 
La Corte Suprema de Justicia de 
la Nación ordenó ayer al Estado Nacional incluir a la empresa Artear SA,
 titular Canal 13, en el reparto de la publicidad oficial y destacó la 
importancia de la libertad de expresión en el régimen democrático, tanto
 en lo referente a la libertad que tienen los ciudadanos de expresar sus
 ideas, como en la protección de la actividad crítica de los periodistas
 y en el rechazo de todo tipo de censura.
Los jueces Lorenzetti, Maqueda, 
Fayt, firmaron un voto conjunto en el que destacan que los precedentes 
deben ser acatados y refuerzan la importancia del cumplimiento de las 
sentencias, máxime en el campo de la libertad de expresión. Todos 
coinciden en confirmar la sentencia, excepto el Dr Zaffaroni, quien 
solicita que se de vista al Procurador.
 3. El Gobierno solo cumple fallos que lo favorecen[3] 
ADEPA rechazó que el Gobierno 
solo cumpla los fallos que lo favorecen. La entidad afirma que el 
Ejecutivo tiene actitudes que violan los principios básicos del sistema 
republicano.
Un punto de vista particular. Capitanich dijo que la decisión de la Corte violaba la división de poderes.
El Gobierno se niega a cumplir 
con los fallos de la Corte Suprema de Justicia acerca de la distribución
 de la pauta oficial, según la Asociación de Entidades Periodísticas 
Argentina (ADEPA).
El Poder Ejecutivo “parece 
propugnar un esquema no republicano en el que las decisiones del poder 
que tiene que velar por el cumplimiento de los mandatos constitucionales
 deben subordinarse a las cambiantes políticas del Ejecutivo”, detalló 
la entidad.
El martes pasado, el máximo 
tribunal exigió el cese de la discriminación publicitaria sobre Canal 
13. Al día siguiente, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, sostuvo que
 la decisión del máximo tribunal “violaba la división de poderes” y la 
Presidenta también realizó cuestionamientos a la medida judicial.
El Poder Ejecutivo no acató 
sentencias anteriores sobre la obligación de asignar pauta publicitaria a
 los diarios “Río Negro” y “Perfil”, según denunció ADEPA.
La asociación rechaza el 
“cumplimiento selectivo de las sentencias judiciales por parte del 
Gobierno” y las declaraciones presidenciales que “ intentan obligar a 
los medios a publicar contenidos favorables a la actual gestión, 
actitudes que violan claramente los principios básicos del sistema 
republicano”.
El Gobierno pretende “desconocer 
los fallos que intentan impedir que los recursos del Estado sigan siendo
 usados para disciplinar o seducir a medios”, según ADEPA.
“La pauta oficial ha dejado de 
ser un instrumento eficiente para comunicar la gestión del Estado para 
convertirse en herramienta proselitista, combustible de usinas 
paraoficiales o variable de premio o castigo de acuerdo a la línea 
editorial”, aseguró la entidad.
En su último discurso, la 
Presidenta Cristina Kirchner justificó el uso de la cadena nacional 
diciendo que debía hacerlo “hasta que encontremos algún juez o alguna 
Corte que también torne obligatorio que se sepan los actos de Gobierno, 
en qué se invierten los recursos del pueblo, qué cosas hacen sus 
gobernantes”.
ADEPA objetó que “muchos de los 
medios que han intentado reflejar qué hace y cómo administra el Gobierno
 la cosa pública han sido excluidos del reparto de la pauta oficial y 
hasta sufrieron un boicot de sus principales anunciantes privados 
promovido por el ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, 
entre otros embates”.
Capitanich llamó al fallo de la 
Corte como “una flagrante violación a la división de poderes”. ADEPA 
cree que el funcionario “está desconociendo esa división de poderes, que
 le reserva a la Justicia el control de los excesos de los otros dos 
poderes del Estado”.
El Gobierno celebró la 
constitucionalidad de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 
por parte de la Corte Suprema, pero ahora no la cumple. “En sus 
considerandos, la Corte advirtió que dicha ley carecería de sentido si, 
entre otras cosas, la pauta oficial se distribuyera de manera 
discriminatoria, para favorecer a los medios adictos al Gobierno, y para
 castigar a los medios independientes”, recuerdan las empresas.
En ámbitos políticos y académicos
 señalaron como errónea la postura del Jefe de Gabinete, que rechaza la 
competencia de los jueces para dictar sentencias. Desde la oposición, se
 anunció la citación de Capitanich al Congreso.
 4. Unánimes críticas a Capitanich por acusar a la Corte[4] 
“Se acerca a las visiones de los 
gobiernos absolutos y totalitarios” coinciden en señalar 
constitucionalistas. El jefe de Gabinete sostuvo que la Corte Suprema 
violó la división de poderes al ordenarle al Gobierno que debe darle 
publicidad oficial a Canal 13.
Abogados constitucionalistas 
criticaron al jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, por haber dicho que la
 Corte Suprema violó la división de poderes al ordenarle al Gobierno que
 debe darle publicidad oficial a Canal 13.
El abogado constitucionalista 
Félix Loñ calificó los dichos de Capitanich como “un verdadero 
disparate”, mientras que su par Andrés Gil Domínguez sostuvo que la 
postura del funcionario “se acerca a las visiones de los gobiernos 
absolutos y totalitarios”.
“Es un verdadero disparate. Quien
 afecta la división de poderes es Capitanich porque cada uno de nuestros
 poderes tiene una misión. El poder judicial tiene la misión de 
verificar de si las decisiones de los otros poderes se ajustan a la 
Constitución Nacional”, sostuvo el abogado constitucionalista Félix Lóñ 
en diálogo con DyN.
Lóñ recordó que el Gobierno 
tampoco cumplió los fallos de la Corte Suprema en los casos de los 
diarios Río Negro y Perfil, también sobre la distribución de publicidad 
oficial.
“El cumplimiento de los fallos de
 la Corte es obligatorio por todos los organismos del país. Quien se 
está alzando contra la Constitución es el señor Capitanich en nombre del
 Poder Ejecutivo”, criticó el abogado.
Por su parte, Gil Domínguez opinó
 que lo que dijo Capitanich “es un desconocimiento brutal de los 
basamentos mínimos del estado constitucional de derecho y a su vez una 
postura que se acerca a las visiones de los gobiernos absolutos y 
totalitarios”.
“Que en pleno siglo XXI, donde se
 está reconfigurando la división de poderes en pos de satisfacer los 
derechos de la gente, que el jefe de Gabinete diga que los jueces no 
pueden dictar sentencia para ser cumplidas, es volver a la época de la 
edad media”, dijo.
Por su parte, los dirigentes de 
la oposición Miguel Bazze (UCR) y Gerardo Milman (GEN) reclamaron 
avanzar en una “democratización” de su distribución.
En declaraciones a DyN, el 
director del AFSCA por la oposición, Gerardo Milman, rechazó lo 
sostenido por el ministro coordinador y afirmó que el reciente fallo de 
la Corte más que plantear “una cuestión de una división de poderes es un
 choque de poderes”.
“Este Gobierno se acostumbra a no
 acatar los fallos de la justicia y hacer bambolla con las resoluciones a
 favor”, dijo Milman, quien agregó que “la resolución debe ser acatada 
por el Poder Ejecutivo porque si no qué le queda a los ciudadanos 
comunes si el Gobierno no cumple con el fallo de la justicia”.
La polémica se inició luego de 
que el jefe de Gabinete afirmó que la Corte Suprema de Justicia “viola 
la división de poderes” al “arrogarse la voluntad” de establecer cómo 
“distribuir” la pauta oficial, al cuestionar el fallo que ordenó un 
reparto “equitativo” y que incluya a Canal 13.
Para el diputado radical Bazze, 
es “poco serio” lo declarado por Capitanich y sostuvo que “los fallos de
 la Corte no violan la independencia de los poderes, sino que en general
 los fallos de la Corte lo que hacen es analizar o no la 
constitucionalidad de una ley o un decreto”.
[1]           Fuente de información: TN com.ar, 11/2/14, “La Corte ordenó incluir a canal 13 en el reparto de la publicidad oficial”, http://tn.com.ar/politica.
[2]           Fuente de información: TN com.ar, 12/2/14, “Capitanich, tras el fallo de la Corte por la pauta oficial: ‘Es una violación flagrante a la división de poderes”, http://tn.com.ar.
[3]           Fuente de información: Clarín, 15/2/14, “ADEPA rechazó que el Gobierno solo cumpla los fallos que lo favorecen”, http://www.clarin.com.
[4]           Fuente de información: Río Negro com.ar, 12/2/14, “Unánimes críticas a Capitanich por acusar a la Corte”, http://www.rionegro.com.ar.
