La Corrupción K en la “Década Ganada” (Capítulo XXXVIII)
CAPÍTULO XXXVIII
EL QUID DE LAS DECLARACIONES JURADAS
Una mentira no tendría sentido si la verdad no fuera percibida como peligrosa. Alfred Adler
1. Se exigirá menos información[1]
a) La reducción de los datos dificulta el control
Como lo anticipó Infobae, entre
las normas que aprobó el Congreso para reformar la Justicia, pasó
inadvertida una que decía favorecer la transparencia, pero que limita
los datos exigidos, dificultando el control.
“La Ley de Carácter Público de
las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales de los Funcionarios
Públicos dice que los funcionarios deberán entregar un formulario único,
igual al que presentan ante la AFIP. No especifica si va ser ganancias,
bienes personales, o los dos. Pero en cualquier caso, si sólo hubiera
que presentar alguno de esos dos documentos, para muchos sería un
retroceso. Por ejemplo, bienes personales pide una valuación total de
los bienes que tiene la persona, pero no exige ningún detalle, mientras
que en los formularios que se entregan actualmente se debe precisar la
fecha de adquisición, quiénes son los titulares, la valuación al momento
de la compra y la localidad”, explica Victoria Gama, miembro de la
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, en diálogo con Infobae.
Esto significa que, por ejemplo, a
partir de ahora los ciudadanos no podrán comprobar las lujosas
mansiones en las que viven muchos empleados públicos, imposibles de
solventar con sus sueldos.
“Además, los formularios que se
dieron de baja obligaban a decir qué cargos públicos o privados había
ocupado el empleado en los últimos tres años. Esto no está presente en
los documentos de la AFIP”, agrega.
Esa información es la que permite
detectar incompatibilidades entre las funciones que desempeña un
funcionario y sus intereses. Por ejemplo, si un ministro adjudica una
obra a una empresa de la que fue parte podríamos estar frente a una
irregularidad que no sería detectada por las declaraciones juradas.
Por otro lado, ninguno de los
formularios que establece la ley incluye información sobre las
sociedades de las que forman parte los funcionarios. Esto no sólo
impedirá verificar si algún beneficiario de concesiones estatales es o
fue socio de los ministros y secretarios del área, sino que también
dejará fuera de las declaraciones a los bienes de la sociedad conyugal.
Con lo cual, si alguien pone todas sus propiedades a nombre de su esposa
o esposo, la ciudadanía no se podrá enterar.
b) Un paso atrás
La nueva norma reemplaza a la Ley
de Ética Pública (25.188) sancionada en 1999, que establecía los
“deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a
todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus
niveles y jerarquías”.
Para controlar su aplicación,
creaba una Comisión Nacional de Ética Pública, un organismo con muchas
facultades para velar por la transparencia de toda la administración
nacional. Con el fin de garantizar su independencia, estaba integrada
por 11 miembros provenientes de la Corte Suprema, el Poder Ejecutivo, la
Procuración General y el Congreso.
Tan ambiciosa era la ley en
términos de transparencia, que determinaba que la comisión tuviera un
equipo especial de peritos técnicos para investigar a fondo las
incompatibilidades, inconsistencias y delitos de los funcionarios.
Pero la falta de voluntad
política de los gobiernos de Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde, Néstor
y Cristina Kirchner pudo más que la ley, y la comisión nunca fue
creada.
Aun así, hasta la sanción de la
Ley de Declaraciones Juradas, la norma había quedado siempre disponible
para que un gobierno con vocación de transparencia la implemente. Ya no.
“La ley suprime la Comisión de
Ética Pública, que nunca llegó a ser conformada, pero es la que debía
controlar que las declaraciones juradas se entreguen, además de hacer un
análisis de ellas. No sólo la suprime definitivamente, sino que
establece que el control de los funcionarios lo va a hacer la
ciudadanía. Esta es una gran falencia porque los ciudadanos sólo pueden
denunciar, pero no están habilitados para sancionar”, explica Gama.
La nueva normativa no reemplaza
una ley completamente abstracta, ya que si bien la comisión nunca se
creó, otras instituciones asumieron algunas de sus funciones.
“Actualmente −dice Gama− los tres
poderes presentan formularios distintos en sus declaraciones juradas.
El Poder Judicial lo hace ante el Consejo de la Magistratura; el
Legislativo, ante los presidentes de las cámaras; y el Ejecutivo, ante
la Oficina Anticorrupción, que demanda las declaraciones más completas y
detalladas”.
Por eso, uno de los mayores
problemas del cambio es que, al asignar a los ciudadanos el control,
elimina tareas de seguimiento que esos órganos estaban realizando, como
verificar que todos los funcionarios presenten los papeles
correspondientes y que no haya falsedades ni incompatibilidades.
De todos modos, la nueva ley
tiene algunos aspectos positivos, que estaban implícitos en el
funcionamiento de la comisión, pero que no se aplicaban por su
inexistencia. Por un lado, como las declaraciones juradas eran
recopiladas por distintos órganos, tenían exigencias diferentes para los
funcionarios de las distintas áreas. Eso dificultaba tener una medida
unificada para comparar el funcionamiento de los distintos poderes del
Estado.
Además, en la actualidad sólo los
miembros del Ejecutivo publicitan su información patrimonial, pero no
así los jueces y legisladores. A partir de ahora, todos deberán hacerlo.
El problema es que esas dos
correcciones se hicieron al precio de unificar la recopilación y la
publicación de las declaraciones de los tres poderes en la Oficina
Anticorrupción, que depende directamente de la Presidencia y a la que la
misma ley le recorta funciones de control.
2. Sospechoso ocultamiento[2]
a) Solo siete publicaron sus declaraciones juradas
Capitanich presentó su
declaración jurada y está entre los más ricos del Gabinete. Tiene un
patrimonio de más de tres millones de pesos, solo menor a los de Manzur y
Puricelli. Es uno de los pocos gobernadores en blanco con su
declaración jurada.
En efecto, Jorge Capitanich
figura en el minúsculo lote de gobernadores que exhibieron su
declaración jurada de bienes, algo que las dos terceras partes de los
titulares del Ejecutivo de otras provincias argentinas se niegan a
hacerlo.
Así, suman solo siete los
primeros mandatarios que manifestaron sus bienes, mientras que algunos
enfrentan denuncias por enriquecimiento ilícito. Sin embargo, en algunas
provincias la ley aún no los obliga a publicitar sus declaraciones
juradas.
El patrimonio de los
gobernadores, muchos de ellos sospechados y denunciados por
enriquecimiento ilícito, es un terreno prácticamente inexplorado,
denuncia el diario Perfil en su edición impresa.
Dos tercios de los mandatarios
del país no hacen pública su declaración jurada de bienes, por lo que la
información sobre sus riquezas se reduce a versiones periodísticas o
rumores políticos.
Además, entre algunos de los que declaran también persisten dudas sobre la veracidad de los números.
El debate lo trajo a la arena
política Cristina Kirchner cuando en su carta abierta al actor Ricardo
Darín intentó correr la discusión sobre el incremento de su patrimonio a
lo que ocurre en el resto del país.
El diario porteño intentó acceder
a las declaraciones juradas de todos los gobernadores (y el jefe de
Gobierno porteño). El resultado: solo se tuvo acceso a los datos de
siete de ellos. El resto no respondió, acusó imposibilidad por el receso
vacacional o directamente evadió la respuesta.
b) Algunos números
De las presentaciones a las que
tuvo acceso Perfil se desprende que Mauricio Macri es el que declara
mayor riqueza. Según la presentación que realizó en 2012, que fue
entregada con sencillez por la Escribanía General, el jefe de Gobierno
porteño tiene $ 61 millones de patrimonio.
Lo llamativo fue que en un año
aumentó 85% y desde que asumió, 121%. Cerca de Macri explicaron que los
aumentos se deben principalmente a la compra-venta de campos, a la
inflación y, que el último caso, fue producto de la herencia de un tío
materno.
Las declaraciones de José de la
Sota (Córdoba) y Jorge Capitanich (Chaco) están subidas a internet. El
primero reconoce tener bienes por $ 3,2 millones. Y tiene más de 700 mil
pesos en acciones, pero no dice en qué empresa. Capitanich dice tener $
3,4 millones, de los que se destacan más de 2 millones en depósitos. En
su presentación por internet, sin embargo, no se puede conocer el
detalle de los bienes.
El gobernador pampeano, Oscar
Jorge, también justificó en una herencia (la casa de su suegra) el
aumento de 98% de su patrimonio entre 2011 y 2012. En La Pampa, el
Tribunal de Cuentas publica todos los años en el Boletín Oficial el
listado de todos los funcionarios con el total de activos y pasivos que
tienen (sin detalles). El patrimonio de Jorge es de 1,3 millón. En
tanto, el salteño Juan Urtubey y el santafesino Antonio Bonfatti
declararon un patrimonio en torno al millón de pesos. La fueguina
Fabiana Ríos, según su declaración jurada, quedó con los números en rojo
tras su divorcio (−38.000 pesos), aunque espera la sentencia de un
juicio laboral contra el Instituto de Seguridad Social de la provincia.
c) En negro
Sobre 17 provincias fue imposible
tener acceso a la información. En cuatro casos (Tucumán, Santiago del
Estero, Catamarca y Santa Cruz), Perfil insistió por diversas vías pero
no logró acceder a sectores del entorno del mandatario que pueda dar
alguna respuesta.
Los casos de José Alperovich
(Tucumán) y Gerardo Zamora (Santiago), precisamente, suelen estar en la
mira de sus opositores, que los denuncian por su supuesto incremento
patrimonial.
En Tucumán todavía no existe una
Ley de ética pública. El único dato que se conoce lo aporta la
declaración que la mujer del gobernador, Beatriz Rojkés de Alperovich,
presentó en el Senado, donde asegura tener un patrimonio de $ 20,6
millones.
En Santiago del Estero la ley
indica que cualquier ciudadano puede pedir la declaración de los
funcionarios, pero en los hechos no se cumple. Ante la falta de
información, las versiones sobre el patrimonio de Zamora abundan, y de
hecho tiene denuncias judiciales por enriquecimiento ilícito.
Un caso paradigmático es el de
Daniel Scioli. En la provincia de Buenos Aires, los ciudadanos deben
demostrar “un interés legítimo o la existencia de un interés público
comprometido”, para conocer el patrimonio de los funcionarios.
Para el gobierno de Scioli, al
parecer, la divulgación periodística no entra dentro de ese marco, ya
que rechazó diversos pedidos. Voceros del gobernador explicaron que “la
declaración jurada del año anterior caducó el 31 de diciembre, la de
este año la está armando y está en tiempo de presentarla. Cuando la
termine de armar la hará pública”.
Situaciones similares se vieron
en San Juan y Mendoza, donde rechazaron la posibilidad de facilitar la
declaración. En Jujuy, Chubut, Formosa, Misiones, Entre Ríos Perfil se
comunicó con asesores del gobernador que quedaron en responder pero
nunca lo hicieron.
La excusa de las vacaciones, como
dificultad para hacer llegar una información a la que debería poder
accederse por internet cayó como anillo al dedo en Río Negro, San Luis,
Neuquén, La Rioja y Corrientes.
d) Cada provincia, un mundo distinto
La presentación de declaraciones
juradas, en la mayoría de las provincias, está prevista por una Ley de
ética pública, aunque en algunos casos no está reglamentada o no se
aplica.
Además, en una decena de los
distritos ese material todavía es secreto y solo puede acceder un juez, y
en otros siete las restricciones para acceder a ellas las vuelve
prácticamente secretas.
Según la Convención
Interamericana contra la Corrupción, las declaraciones juradas son un
instrumento clave para prevenir los delitos contra la administración.
[1] Fuente de información: Infobae, 14/5/13, “Se exigirá menos información en declaraciones juradas de funcionarios”, http://www.infobae.com.
[2]
Fuente de información: Diario Norte, 4/1/14, “Capitanich, uno
de los pocos gobernadores en blanco con su declaración jurada”, http://www.diarionorte.com
