Trata de pobres
Asuela
a la Argentina un nuevo flagelo, el de la Trata de Pobres, un flagrante
atentado contra la condición humana, una forma vil de explotación de
seres humanos bajo la hipócrita carátula populista de víctimas de la
pobreza a los que -con un adoctrinamiento perverso- han cercenado sus
básicos derechos humanos a la formación y capacitación para llevarlos a
la condición de supuestos mutilados mentales con sometimientos de la
voluntad y de la personalidad para ser mantenidos en una perpetuada
condición de pobreza para su uso y explotación, con fines políticos y de
extorsión económica.
Con la prédica de que el esfuerzo lo tienen
que hacer los que más tienen, estos grupos destructivos adoctrinados
para la improductividad, alimentados en sus odios y resentimientos y
aletargados con sus picos abiertos para ser alimentados con el pan
(dádivas y subsidios) de aquellos ciudadanos que lo producen con el
sudor de su frente, salen desbocados cuando son arreados como manadas de
salvajes para invadir las calles desplegando la violencia con las que
sus mentes han sido intoxicadas, saqueando, destruyendo bienes públicos y
privados, dañando la pacífica convivencia social y amedrentando a la
sociedad para que ceda ante sus exigencias extorsivas.
Como
subproducto de este perverso adoctrinamiento y reiteración de sus
prácticas extorsivas violentas, se están creando las condiciones para
que de estas organizaciones se desprendan bandas delictivas que
sintiéndose ideológicamente justificadas y habilitadas, se lanzarán como
un tsunami al saqueo y asaltos con total desprecio por la vida y el
esfuerzo productivo del ciudadano común.
A los cabecillas y a sus
iluminados mentores populistas que avalan estas organizaciones de
“Tratantes de Pobres”, tales como la Confederación de Trabajadores de la
Economía Popular CTEP, Movimiento Evita, Barrios de Pié, Partido
Obrero, Manteros, etc., les cabe condena por estos crímenes de lesa
humanidad, por estos actos inhumanos intencionales contra la salud
mental, moral y física de sus abusados y por sus graves consecuencias
sociales.
Se hace necesario que las instituciones del Estado
salvaguarden con medidas concretas la convivencia social pacífica y
armónica, la cooperación productiva, las libertades individuales y el
orden comunitario espontáneo, impidiendo el bloqueo de calles y rutas y
las agresiones físicas de estos grupos, penalizando severamente a
quienes transgredan las normas de convivencia que la totalidad del
pueblo argentino ha avalado y respaldado con su voto y sometiendo a los
líderes responsables de estas vandálicas organizaciones y a sus
testaferros a una investigación del origen de sus fondos, de sus
movimientos de dineros y depósitos en cuentas locales y del exterior, al
riguroso cumplimiento de las condenas que les correspondan y al pago de
los daños causados más los costos y gastos de sus procesamientos.
