Las
centrales térmicas de Villa María (Córdoba) y Barker (Buenos Aires),
que fueron inauguradas con bombos y platillos en los últimos meses con
la presencia del presidente Mauricio Macri y las máximas autoridades del
Gobierno, tienen dos puntos comunes salientes.
En primer lugar,
pertenecen a un mismo dueño: el grupo MSU Energy del empresario macrista
Manuel Santos Uribelarrea Y en segundo lugar, en las dos usinas hay un
tendal de proveedores, comercios y subcontratistas de obras y servicios
que recibieron cheques sin fondos y aún siguen esperando para poder
cobrar desde el último trimestre del año pasado.
Según los
reclamos que vienen efectuando las entidades empresariales de Tandil y
Villa María, las facturas impagas por la construcción de las centrales
de MSU Energy ascenderían a 200 millones de pesos y abarcan todo tipo de
ítems como servicios de seguridad, provisión de materiales, fletes,
alquiler de máquinas, casas, contenedores, riego, prestaciones médicas,
internet, comidas y alojamientos.
Pese a que es el propietario de
las usinas, MSU Energy busca deslindarse de los incumplimientos de pago
con el argumento de que ha contratado las obras “llave en mano” a la
estadounidense General Electric (GE) y la ecuatoriana DVSantos SA, que
son las que deberían responder por las facturas pendientes.
En el
caso de la central Barker -que fue habilitada comercialmente en
diciembre pasado-, la Cámara Empresaria de Tandil reclamó por cartas
documento la regularización de los pagos a las tres empresas
involucradas. Ante las quejas y las protestas de los empresarios y
autoridades de Tandil, los directivos de MSU trataron de calmar las
aguas con la promesa de una pronta solución que aún no se habría
concretado.
La usina de Barker -que estaba proyectada inicialmente
en Tandil- registró varios hechos llamativos. Para instalar las
turbinas, MSU le habría adquirido un terreno a una prima del presidente
Macri por un valor muy superior a los precios que se manejan en mercado
inmobiliario de la zona.
Después, alegando que no había tenido en
cuenta las normativas municipales que condicionaban la instalación de
usinas, MSU anunció que levantaba la obra prevista en Tandil para
trasladarla a la localidad de Barker. No bien se enteraron de esa
movida, los habitantes y las organizaciones sociales de Baker salieron a
manifestar su rechazo a la construcción de la usina con asambleas
públicas y denuncias presentadas ante las autoridades locales y
provinciales.
En
tanto, en el caso de la usina de Villa María -que entró en servicio en
enero de este año- la Asociación de Empresarios de la Región Centro
Argentino (AERCA) advirtió que hay cerca de 80 empresas y comercios
afectados por la demora en los pagos y los casi 150 cheques sin fondo de
los constructores de la central que fueron rechazados por los bancos.
La
preocupación de los empresarios cordobeses aumentó en las últimas
semanas cuando los representantes de DVSantos comenzaron a levantar el
obrador y campamento que habían montado en el parque industrial de Villa
María.
La usina de Villa María también quedó envuelta en ribetes polémicos.
La
oferta inicial de MSU Energy había sido desechada por los funcionarios
nacionales en dos rondas licitatorias de la resolución 21 que se
efectuaron a principios de 2016 por no haberse ajustado a los precios y a
las condiciones técnicas que estaban en juego.
Pese a esos
antecedentes en contra, a fines de octubre de 2016, el Secretario de
Energía Eléctrica, Alejandro Sruoga cambió de parecer y le instruyó a la
CAMMESA que adjudique la contratación de la central de 150 MW ofertada
por MSU junto con otra de 100 MW en Loma de la Lata que había propuesto
el grupo Pampa Energía controlado por Marcelo Mindlin.
De esa
manera, la central cordobesa de Villa María de MSU y la neuquina de
Pampa Energía lograron entrar por la ventana al negocio de la generación
eléctrica que se armó bajo el paraguas de la resolución 21.
Proveniente
del sector agropecuario y con su base de operaciones ubicada en Villa
Cañas, el grupo MSU -que agrupa un amplio abanico de sociedades conexas
como Juamarita SA, MSU Air (transporte aéreo), MSU Ovo (avicultura), MSU
Bioenergy (bioenergía), MSU Agribusiness Holding- logró pegar un gran
salto a otros negocios vinculados con contrataciones del Estado a partir
de la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia.
Esa influencia
en el núcleo máximo de poder ya habría sido usada por Santos Uribelarrea
para evitar que los funcionarios de Energía le cobren las multas que
corresponden por el atraso de seis meses que acumuló en la entrada en
servicio de la central térmica bonaerense de General Rojo.
