EL PACTO QUE TRANSFORMÓ A LA ARGENTINA
Capítulo 12
Los costos del sistema y el negocio de las indemnizaciones
Al quedar en manos del CELS toda la política de derechos humanos, las causales de indemnización previstas en las leyes “reparatorias” fueron ampliadas escandalosamente, y le generan al Estado formidables erogaciones. Leyes y más leyesEn 1986, durante el Gobierno de Alfonsín, se dictó la Ley 23466, que les otorgaba una pensión a los hijos menores de personas desaparecidas hasta diciembre de 1983. En la administración Menem se sancionó la Ley 24043, prevista para personas que hubieren sido puestas a disposición del PEN durante la vigencia del Estado de Sitio o sufrido detención por actos emanados de tribunales militares, y la Ley 24411, que indemniza a familiares de personas desaparecidas.Las indemnizaciones previstas en estas leyes, en la administración Kirchner, fueron ampliadas, por Ley 26564, a personas que hubieren estado detenidas o hayan sido víctimas de desaparición forzada y luego reaparecidas, y a familiares de personas desaparecidas o muertas desde el 16 de junio de 1955 hasta el 9 de diciembre de 1983.La ley incorporó además a quienes hubieran estado detenidos, procesados, condenados y/o a disposición de la Justicia o por los Consejos de Guerra en dicho período, conforme a la Ley antiterrorista 20840, sancionada por un gobierno constitucional. Las causales increíblemente comprenden -como puede verse- a todos aquellos que fueron juzgados y condenados por tribunales de nuestro Poder Judicial por secuestros, asesinatos, atentados con explosivos y demás delitos aberrantes cometidos por las organizaciones terroristas. “De este modo, fueron indemnizados, con el dinero de todos los argentinos, los terroristas del ERP que atacaron la Guarnición Militar de Azul en enero de 1974 dando muerte al Coronel Camilo Arturo Gay y su esposa; los que secuestraran y dieran muerte en cautiverio al Teniente Coronel Jorge Roberto Ibarzábal; los autores del copamiento de la Fábrica Militar de Villa María dando muerte al cabo de la Policía de Córdoba Marcelino Cuello y secuestrando al Coronel Argentino del Valle Larrabure. Luego de 372 días alojado en una ‘cárc el del pueblo’, apareció su cadáver con 47 kilos menos y signos de golpes y estrangulamiento. También fueron indemnizados los terroristas autores de la masacre del entonces Capitán Humberto Antonio Viola y su hijita de 3 años María Cristina, asesinados en Tucumán cuando estacionaba su auto, en el que también viajaban su esposa, María Cristina Picón, embarazada de 5 meses, y María Fernanda, de 5 años, quien sufrió graves heridas en la cabeza. Y tantos otros autores de atentados con bombas, asesinatos, secuestros, toma de cuarteles y comisarías. Todos los familiares de los terroristas abatidos, y aún aquellos terroristas capturados, juzgados y condenados, fueron indemnizados por estas leyes y sus extensiones con cifras millonarias provenientes de los impuestos abonados por todos los ciudadanos... El 5 de octubre de 1975, durante el gobierno constitucional, Montoneros atacó el Regimiento de Infantería de Monte 29 de Formosa, ases inando a diez soldados conscriptos, un agente de la policía provincial, un sargento y un subteniente, e hiriendo a muchos otros. Los familiares de los guerrilleros que cayeron en ese combate fueron indemnizados con sumas millonarias, pero las familias de quienes murieron en defensa del cuartel no han recibido compensación alguna”155. La Ley 25914 indemniza a las personas que hubieren nacido durante la privación de libertad de su madre o que siendo menores hubiesen permanecido en cualquier circunstancia detenidos en relación con sus padres.La Ley 26913, pensando quizás que los diversos beneficiarios se habían gastado las millonarias indemnizaciones que alcanzan un promedio de 15 millones de pesos por caso, estableció, además de dicha indemnización, una pensión graciable vitalicia para los sujetos comprendidos en las diversas leyes reparatorias, que son heredables por sus familiares.Se amplió el beneficio a aquellos que hayan sido detenidos por fuerzas de seguridad por causas políticas, gremiales o estudiantiles. De este modo, cualquier persona que haya sido detenida por daños, agresiones o atentados en manifestaciones de protesta o actos celebrados por cualquiera de esas tres causas, recibirá una pensión graciable vitalicia y heredable del Estado argentino. 155 https://www.lanacion.com.ar/editoriales/beneficios-escandalosos-estupor-ciudadano-nid2387920
El artículo 2 se encarga de aclarar que la pensión graciable establecida en ese régimen es independiente de cualquier otra reparación que hubiere llegado a percibir el beneficiario.El precio de las “reparaciones” Hasta 2015, las indemnizaciones pagadas a quienes se presentaba n como víctimas de leyes “reparatorias” sumaban, actualizadas a junio de 2020, 147.000 millones de pesos. En 2016, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dio cuenta, en un fallido intento de poner freno al descontrolado dispendio en esta materia, mediante su resolución MJYDH 670/16, de que existían otros 7.318 expedientes por indemnizaciones en trámite, en su gran mayoría de personas que reclaman indemnización por haber sufrido exilios “forzosos”. El monto actualizado a junio de 2020 del monto total estimado en dicha resolución asciende a otros 34.300 millones de pesos.José D’Angelo y Pedro Güiraldes, investigadores de este fabuloso negociado, no han podido obtener información de los beneficios derivados de estas leyes que se abo naron durante la presidencia de Mauricio Macri, y tampoco de los beneficiarios y montos de las pensiones graciables.Subrogancia y viáticos “legítimos” La subrogancia de los jueces voluntarios -casi todos de Justicia Legítima- en los juicios de lesa humanid ad le genera a cada uno un ingreso mensual de más de 650.000 pesos más viáticos. Los gastos producidos por esta megaestructura suman cifras colosales. La Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia ha hecho público, hace tiempo, un exhaustivo informe que, además de las indemnizaciones, incluye muchos otros gastos asociados al denominado proceso de Memoria, Verdad y Justicia. Las erogaciones totales, por todo concepto, por la política de Estado en materia de derechos humanos llevará a la Argentina a una erogación de más de 10.000 millones de dólares en los próximos ejercicios presupuestarios.Las denuncias de pagos de indemnizaciones a casos falsos, con multimillonarios perjuicios que pagaron los contribuyentes argentinos, no han sido impulsadas por el Ministerio Público Fiscal Federal, que continúa encubriendo los escandalosos fraudes.
