EL PACTO QUE TRANSFORMÓ A LA ARGENTINA
CAPÍTULO 5
EL CELS Y JUSTICIA LEGÍTIMA: HACIA UNA JUSTICIA “MILITANTE”
El realce de la figura del “militante” traía reminiscencias de la participación de la juventud en las organizaciones armadas que desataron la violencia política en los años ’70 en la Argentina. En esa inteligencia fue creada La Cámpora, agrupación política juvenil de base bautizada con el nombre del expresidente que liberó en 1973 a los terroristas juzgados y encarcelados por el Poder Judicial.Mientras tanto, el Estado fue concediendo subsidios millonarios -y sigue haciéndolo hasta nuestros días- a varias de las organizaciones de DDHH querellantes o propagandistas, muchas de las cuales cometieron fraudes de fuerte repercusión pública. Así ocurrió, por ejemplo, en los casos denominados Sueños Compartidos, Universidad de las Madres, mientras que otros mayores como el tema de las indemnizaciones a falsas víctimas todavía permanecen ocultos. Y, desde la estructura de estas organizaciones y otras que actúan como sostén ideológico de su proyecto político, nació la propuesta de la exportación del concepto de “militancia”, propio del ámbito político, hacia otros espacios del quehacer de la sociedad. Los medios de comunicación debían ponerse también al servicio del proyecto político en vigencia, esto es, convertirse también ellos en militantes.
En cuanto al ámbito educativo, la justificación de este mismo criterio en los institutos de enseñanza fue, entre otras, el plan teo filosófico de la imposibilidad de que el ser humano alcance la imparcialidad en sus juicios, base sobre la cual cabía acusar a todos los periodistas críticos de responder a intereses de “medios concentrados de poder”, involucrando también de ese modo a los empresarios que no se alinearan en el nuevo esquema.ambos y que se r egistrara con el apellido Macagno. Enrique Ponce, esposo de la citada magistrada se desempeñó desde 2006 a 2009 como abogado querellante de la APDH y de los Familiares de víctimas, en San Luis. El Dr. Walter Grosso fue Fiscal ante los tribunales federales de Neuquén, habiendo participado en tal condición como acusador público en los juicios desarrollados por los denominados delitos de le sa humanidad en a quella jurisdicción. Además, prestó testimonio el 4 de septiembre d e 2 013 ante el T ribunal Oral en lo Criminal Federal n° 5 d e la Ciudad de Buenos Aires en la llamada causa ESMA II (unificada) en calidad de sobrino de la señora Mirta Grosso, desaparecida.
Ese concepto fue el utilizado también para la estrategia de la compra de medios de difusión y el otorgamiento de facilidades para ese fin a empresarios“militantes” o amigos de la nueva propuesta política. La ofensiva contra la libertad de prensa siguió con el hostigamiento a periodistas y medios independientes71. El concepto de la “militancia”, según el cual la objetividad es despreciable o en todo caso imposible, saltó rápidamente al interior de Poder Judicial. La fundación de la agrupación -luego Asociación Civil- Justicia Legítima nucleó a los primeros funcionarios judiciales dispuestos a librar la batalla ideológica “desde dentro” de la estructura de la administración de Justicia, para que ella -a través de los múltiples organismos que resultan ser sus actores- se pliegue en forma activa al proyecto de poder que se había puesto en práctica en la Argentina. El intento no era del todo generoso, por cierto, pues el término militancia implicaba obtener también la segura impunidad de los funcionarios del régimen en los delitos de corrupción o desvío de la justicia según estas nuevas pautas. El terreno ya había sido preparado por el CELS nombrando y/o ascendiendo a muchos de sus miembros, ahora adeptos al proyecto gubernamental, dentro de organismos claves para el funcionamiento de la justicia penal federal, la defensa y la seguridad.El poder acumulado por parte del CELS le garantizó a Justicia Legítima una gran cantidad de afiliados, sumando no solo activistas de derechos humanos adheridos al proyecto kirchnerista, sino también el concurso de magistrados y funcionarios que tenían pendientes graves acusaciones en el desempeño de sus funciones72, y de ese modo blindaban su pasado y su futuro. También adhirieron muchos otros que se sumaron a la flamante agrupación para ser favorecidos en concursos, recomendaciones, ascensos y nombramientos. El cuestionamiento al principio de Imparcialidad. El ataque “desde dentro” de la estructura, como diría la exjueza y fundadora de Justicia Legítima, María Laura Garrigós de Rébori, se llevó a cabo haciendo 71 http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:UIhPoKkt7cIJ:especiales.clarin.com/cfk/medios-al-servicio-del -relato-kirchnerista.html+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ar72 Carlos Rozanski, Mario Portela, Roberto Falcone entre otros. 40 foco, nuevamente, en la imposibilidad de que una persona pueda ser imparcial en sus juicios. Por otra parte, la conocida ideología garantista en materia penal sostenida por Eugenio Zaffaroni fue a su vez evolucionando hacia el abolicionismo y hacia una exacerbada militancia política, que lo llevó incluso a defender actos de innegable corrupción por parte del poder que lo había designado. A su promoción como juez de la Corte Interamericana de DDHH le siguió la prédica sin ambages, en conferencias y clases, sobre la imposibilidad para un juez de ser imparcial, prácticamente invitando a renunciar a la lucha individual para alcanzar dicha meta. El planteo es gravísimo, naturalmente, porque la imparcialidad en el juzgamiento constituye el primer requisito que se le exige a un magistrado. Para lograrla, el juez -y en rigor cualquier persona que quisiera proceder con justicia- debe luchar contra todo prejuicio ideológico, político, social, religioso e, incluso, contra cualquier aversión particular que sienta -por más lógica que esta resulte- respecto del comportamiento que debe juzgar, a efectos de no alterar una aplicación querida por la ley y adecuada del modo más perfecto posible al hecho en el que resulta protagonista el justiciable. Es claro que algunas veces es muy difícil lograrlo plenamente. Pero es precisamente por ello que el juez debe ser cuidadosamente elegido entre quienes son más capaces para asumir tal misión existencial. Es que la imparcialidad, la máxima humanamente posible, es un valor que requiere el ejercicio de virtudes indispensables: por lo pronto, el conocimiento (que se adquiere mediante la capacitación en general y la laboriosidad respecto del caso particular), la valentía, la prudencia y la honestidad. El juez debe ser íntegro, insobornable. Y esas condiciones en un magistrado vienen siendo requeridas en nuestra civilización desde hace más de 3.500 años73. Constituyen a su vez la mayor garantía con que cuenta el ciudadano -sea culpable o víctima, actor o demandado- para obtener una solución justa en los casos en los que se vea involucrado. Y son la base del debido proceso legal, la garantía de las garantías reconocidas en nuestra Constitución Nacional. Atributo irrenunciable de la 73 Moisés a quienes serán constituidos como jueces: “No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, no recibas regalos, porque los regalos ciegan los ojos de los sabios y corrompen las palabras de los justos”. Deuteronomio 16:18-20.
41 función judicial, condición indispensable para asegurar un juicio justo y preservar la confianza pública. Su ausencia convierte al proceso en una parodia de proceso judicial en donde la justicia es la primera excluida. El juez es quien tiene que decir lo que es justo en un conflicto, lo cual requiere necesariamente imparcialidad, es decir, neutralidad respecto de las partes y de la materia sobre la que hay que decidir, como lo afirman los más prestigiosos autores nacionales e internacionales. El desconocimiento de estas premisas significa el abandono de la pretensión del hombre de alcanzar el ideal de justicia. Se trata de una garantía elemental, necesaria para la vida de las personas, la misma que le exigimos al jurado de cualquier concurso, a un árbitro deportivo o a cualquier autoridad a la hora de aplicar una norma, resolver una cuestión o dirimir un conflicto, por pequeño que este resulte. Justicia Legítima considera que esa garantía debe ceder ante el proceso políticorevolucionario transformador. Bajo el anunciado propósito de contar con una justicia independiente, denuncia que el Poder Judicial se ha puesto al margen de las transformaciones operadas en la sociedad, “reproduciendo un discurso hermético, endogámico y corporativo”. Predica el objetivo de reconciliar a la justicia con la ciudadanía, debiendo aquella “interpretar las necesidades sociales e intervenir activamente en las transformaciones sociales”74. Las propuestas públicas de Justicia Legítima. En el segundo encuentro organizado por Justicia Legítima, el 4 de abril de 2012, en la Biblioteca Nacional, se debatió sobre dos temas: “Poder Judicial y asimetrías sociales” y “Poder Judicial e ideología”. Garrigós de Rébori destacó la importancia de seguir debatiendo sobre el funcionamiento del Poder Judicial “desde adentro” y brindó detalles sobre la puesta en marcha de comisiones internas en la asociación para avanzar en la investigación de temas centrales, como el diseño del perfil del juez y el acceso a la justicia. En la mesa disertaron el presidente del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas por los Trabajadores, Luis Caro; el juez civil Gustavo Caramelo, vocal titular de Justicia Legítima y el periodista Martín Granovsky, quien sostuvo que “las llamadas asimetrías, en realidad, obedecen al clasismo que rige entre los 74 Justicia Legítima. “Misión”, página web (http://www.justicialegitima.org/mision.html).42 magistrados, desde el punto de vista de lo elitista, lo discriminatorio y lo antirreformista". El segundo panel del encuentro contó con la participación del juez de la Suprema Corte de Mendoza Omar Palermo, el juez del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata Mario Portela y el defensor general de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Corti. Omar Palermo comenzó su exposición mencionando la importancia de los juicios sobre la responsabilidad de los magistrados en los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. “Todos sus delitos - dijo - se debieron a la matriz ideológica de algunos jueces de ese entonces que estaban alejados de las demandas sociales y eran permeables a los poderes fácticos”. Afirmó la existencia de procesos civiles caros y elitistas, y, por otro lado, procesos penales duros contra los sectores más vulnerables, mientras existe una absoluta impunidad para la criminalidad económica.Mario Portela sería el encargado de exponer sobre el “diseño del perfil del juez”. Realizó una crítica de los los planes de estudio de las facultades de Derecho y afirmó que “el juez debe estar involucrado en el proceso, no puede haber neutralidad, no podemos elegir entre tener o no ideología". Su postura, reiterada en otras ponencias de Justicia Legítima, señala que no puede ser Juez quien no asume un “compromiso afectivo” en el proceso. Por su parte, Horacio Corti citó a Althusser y a Gramsci, y señaló que "todo aquel que habla lo hace desde un lugar, y esto también ocurre con los jueces. Ese lugar es ideológico". Llamó a desarrollar “una doctrina nacional y popular del derecho" para contraponer a "los tratados liberales con los que todavía se forma a los profesionales en la universidad". Expresó que “desde una visión conservadora del derecho, se afirma lo que denominan sentido común... y se pasa por obvio lo estratégico. Se afirma que se es independiente y eso es ideológico y crea un sistema. De ahí que la ideología que se expresa en contra es minoritaria frente a la dominante. La ideología nacional y popular es minoritaria, aunque mayoritaria en lo popular, resulta minoritaria en lo político”. Corti se refirió también a “la grave situación imperante en derecho administrativo y financiero, donde dice, nada es nacional y popular. Lo importante es cómo pensamos para construir un derecho desde lo nacional y popular, y ello solo será resultado de la lucha ideológica que emprendamos. Los 43 desafíos, son para el expositor, como desde 1976 se desnacionalizó la justicia y como el Poder judicial se transformó en otro poder, y marcó el modelo del Código Procesal Civil y Comercial, que permitió una prórroga de Jurisdicción al extranjero (y con ello el tratamiento del endeudamiento externo)”. Gils Carbó, entonces Procuradora General, y el periodista Víctor Hugo Morales cerraron la jornada. Gils Carbó afirmó que "una justicia legítima debería tener jueces y fiscales proactivos ante las vulnerabilidades que sufren los más débiles (... ). La violencia se revierte con inclusión social. Necesitamos un nuevo Código Penal con coherencia interna". Morales condenó las expresiones sensacionalistas que promueven la violencia: "Cuando alguien está apaleado en el piso, nos están apaleando a todos". También se refirió al enorme desafío de plantear cambios estructurales en la Justicia, especialmente cuando “la democracia que no está con el capitalismo no les sirve a quienes tienen un credo liberal". Finalmente, elogió los debates alentados por esa agrupación: “Me alivia saber que mañana tendremos una justicia legítima”. Muchos funcionarios judiciales que firmaron la solicitada fundacional de Justicia Legítima, en diciembre de 2012, son actualmente magistrados. Mario Portela, el disertante acerca del “perfil” que debe tener un Juez, había integrado, junto con Roberto Atilio Falcone,y el juez federal Carlos Rozanski, el tribunal que detuvo al Dr. Jaime Smart. Los dos primeros tenían, al momento de sumarse a Justicia Legítima, pedidos de juicio político ante el Consejo de la Magistratura, por la escandalosa declaración de nulidad y liberación de los autores de la operación de narcotráfico más grande de la historia de aquella ciudad. El millonario hallazgo logrado luego de una ardua investigación de las fuerzas de seguridad fue anulado, al igual que la causa, porque los allanamientos habían sido realizados “de noche”, lo que despertó la indignación inclusive de funcionarios del Gobierno75. Rozanski, militante de las organizaciones de derechos humanos, tenía pedidos de juicio político por parte de jueces y empleados de su Tribunal y de la propia Unión de Empleados por diversas inconductas. 75 http://www.lacapitalmdp.com/noticia s/Policiales/2009/05/22/109881.htm, https://www.rionegro.com.ar/polemica-liberacion-de-seis -presuntos-narcos-LEHRN1242961025193/, https://periodicotribuna.com.ar/5327- roberto-falcone-juez -y-parte.html
44 Portela y Falcone también intervinieron en los juicios por delitos de lesa humanidad en su ciudad, Mar del Plata, y se anotaron disponibles para juzgar otros en diversas jurisdicciones. Ellos mismos, junto a Rozanski, juzgaron por lesa humanidad a un exmilitar de 91 años, cardíaco, con Alzheimer, parálisis en las piernas y diez informes médicos que lo declaraban incapaz para estar en juicio. Con el fin de hacerlo igual, ordenaron una junta médica para determinar el grado de incapacidad del encausado. Como el resultado confirmó la incapacidad, esto s jueces denunciaron a los cuatro médicos forenses y ordenaron continuar el proceso. Luego revocaron la detención domiciliaria del anciano y lo enviaron -contra la opinión de los médicos penitenciarios- a la cárcel de Ezeiza, en la que, solo cinco días después, sufriría una descompensación que le provocaría poco después su muerte. Todos los pedidos de juicio político contra estos magistrados fueron rechazados por el Consejo de la Magistratura, que destacó la “valentía” demostrada al participar en los juicios de lesa humanidad.Carlos Rozanski diría expresamente en otra causa de lesa humanidad: “ ... cuando la querella explica en profundidad la esencia del razonamiento por el cual invocan el derecho a ampliar la imputación, este no es otro que el derecho de las víctimas a un debido proceso.... no aquel que los viejos dogmas, anteriores al modelo actual en vigencia, desarrollaban, donde se sacrificaba a la víctima en aras a un debido proceso que solo y por razones puramente teóricas y retrógradas, otorgaba garantía s a los acusados.”76 Rozanski, se atrevió a sostener que“los fallos judiciales responden a la ideología del magistrado que los dicta (...). Es una gran mentira creer que los jueces tenemos una asepsia quirúrgica, que la sala de audiencias es un quirófano. Hoy, esto ya es insostenible (...). El rol de los jueces en una sociedad democrática es enorme y su decisión siempre proviene de la ideología del (magistrado) que está decidiendo (...) No está mal tener una ideología (... ). Cuando se pretende que no existe ideología en los jueces al decidir, lo que se está haciendo es intentar mantener una asepsia falsa"77. Así de simple. 76 Causa “Vañek”, TOF N.° 1 de La Plata.77 https://www.telam.com.ar/notas/201301/5003-rozanski-es-una-gran-mentira-creer-que-los-jueces-tenemos-asepsia-quirurgica.html?fb_xd_fragment
Primeros objetivos cumplidos: algunos datosLos juicios por delitos de lesa humanidad quedaron en manos de estos acusadores partidarios, junt o a organizaciones de DDHH ideologizadas.Sus resultados constituyen una estadística de discriminación nunca antes vista en la Justicia Federal argentina78 al 1 de diciembre del 2019, estadísticas oficiales (pe rtenecientes a la Procuraduría de Crímenes cont ra la Humanidad) informaba n que , en todo el país, se tramitaba n 589 causas, con 3.295 imputados. De ese total, en 238 causas había recaído sentencia para 1.119 personas (962 condenadas y 157 absueltas), de las que tan solo tenían sentencia firme 61. Rest aban todavía 340 causas, con más de 1.200 imputados, mientras el CELS se encarga de seguir crea ndo nuevos casos.El grado de avance en 13 años fue del 29%, por lo que, a ese ritmo, se sustanciarían juicios hasta el año 2038, con imputados con un promedio de edad de 74 años y, algunos, hasta con 16 años de prisión preventiva.Con el perpetuo enjuiciamiento a las FFAA y la dirección de las imputaciones en manos de las organi zaciones DDHH, Verbitsky alcanza su objetivo y el kirchnerismo también: los Tribunales Orales Penales Federales, encargados de investigar y juzgar la corrupción estatal, tenían y tienen sus agendas atestadas, desde el inicio de la gestión Kirchner, hace ya 17 años, en el juzgamiento de hechos ocurridos en la Argentina hace 45 años.Ello en parte explica por qué solo el 1% de las causas de corrupción llegan a juicio oral, y de estas, solamente el 2% recibe condena79. Mientras tanto, la relación se invierte en las causas de lesa humanidad: el 98% son condenados y el 1,4%, absueltos.78 Ver Datos de una discriminación inaceptable en el Anexo al final de este trabajo.79https://www.lanacion.com.ar/politica/corrupcion-menos-del -1-de-los-investigados-son -condenados-en-comodoro-py-nid2395587
