EL PACTO QUE TRANSFORMÓ A LA ARGENTINA
CAPÍTULO 6
LA OCUPACIÓN
DE COLINAS JUDICIALES
El siguiente paso en la avanzada de colonización de la Justicia tuvo como objetivo la apropiación del órgano de gobierno del Poder Judical de la Nación encargado del presupuesto, d e las designaciones, así como de las destituciones de los magistrados. Paralelamente, se desataría una ofensiva sobre los miembros del tribunal penal federal más importante del país, en el cual se defin e la suerte de las causas más trascendentes, la Cámara Nacional (hoy Federal) de Casación Penal.La conquista del Consejo de la MagistraturaEl Consejo de la Magistratura, organismo creado por mandato de la Constitución de 1994, estaba originariamente integrado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia y cuatro jueces del Poder Judicial, ocho legisladores, cua tro representantes de abogados de la matrícula federal -elegidos por el voto directo de los profesionales de la matrícula-, un representante del Poder Ejecutivo y un abogado profesor titular regular de cátedras universitarias de facultades nacionales de Derecho elegido por sus pares.Cualquiera fuere el juicio que se tuviera sobre la conveniencia del Consejo de la Magistratura, es indudable que esta institución fue concebida como un organismo técnico, en donde estaban representados los jueces, los abogados y las universidades. El protagonismo lo tenían los profesionales del Derecho, aunque con una importante presencia de los políticos a través de los legisladores designados por los bloques de las dos cámaras del Congreso nacional.Pero las modificaciones posteriores instrumentadas por las leyes 26080, de 2006, y 26855, de 2013, convirtieron al Consejo en otro organismo partidista. Varios de los artículos de la Ley 26855 serían declarados inconstitucionales en los fallos “Rizzo” y “Fargosi”. El caso es que hoy el Consejo tiene trece miembros, de los cuales siete son políticos (tres diputados, tres senadores y un representante del Ejecutivo), a los que se agregan el casi político representante de los académicos (porque las universidades nacionales tienen indudable política partidista) e 47 incluso el abogado del Interior, ya que hacer campaña en todo el país requiere inevitablemente el apoyo de un partido nacional.Resultado de todo ello es que quedan hoy como profesionales solo los tres jueces -esto suponiendo que ninguno de ellos sea “militante”- y el abogado de la Capital, suponiendo a su vez que el gobierno nacional no tercie en esa votación.Las reformas instrumentadas durante los gobiernos kirchneristas han conseguido, pues, politizar de manera determinante el Consejo de la Magistratura. Su finalidad es manifiesta: controlar a los jueces independientes y proteger a quienes responden a su proyecto. La ofensiva sobre la Cámara Federal de Casación PenalEl plan requería también el disciplinamiento del más alto tribunal penal de la República, encargado también del juzgamiento de los delitos de corrupción: la Cámara Nacional (hoy Federal) de Casación Penal, integrada por 13 jueces.El Gobierno emprendió su ofensiva sobre este Tribunal, cuyos integrantes fueron compelidos públicamente a renunciar, jubilarse o sufrir las consecuencias de la destitución derivada de los juicios políticos y denuncias penales en su contra. El indisimulado ataque había comenzado en 2007 y se extendería en los siguientes años80. En 2007, querellantes en procesos seguidos por los denominados delitos de lesa humanidad presentaron un pedido de juicio político contra los camaristasAlfredo Bisordi, Gustavo Hornos, Ana María Capolupo de Durañona y Vedia, y Eduardo Riggi, imputándolos por supuestas “demoras” en esos procesos. Presidía la Comisión de Acusación y Disciplina la diputada Diana Conti, quien públicamente dijo al respecto: “Si renunciaran, nos ahorrarían trabajo”, y agregó que la partida de los cuatro jueces acusados sería suficiente para darle otra impronta a la Cámara: "En una Cámara, con renovar una parte así, todo se renueva. Se renuevan las discusiones, los votos. No queda el anquilosamiento de votos estereotipados”81. 80 https://www.titulos.com.ar/general/La%20Naci%C3%B3n/el-pacto-espurio-entre-cri stina-y-alberto/938787181https://www.lanacion.com.ar/politica/crece-la-tension-entre-la-camara-de-casacion-y-el-kirchnerismo-nid893522/
48 Ese mismo año, durante un discurso en Córdoba por el 31º aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, Néstor Kirchner emb estía contra la Cámara de Casación. Motivos no le faltaban, porque ante ese Tribunal tramitaban recursos vinculados a dos causas que lo preocupaban. En una de esas causas, Kirchner se jugaba la convalidación del criterio fijado por la Corte en los fallos “Arancibia Clavel” y “Simón” que permitirían la reapertura de los juicios a los militares. La otra era la de la empresa Skanska, en la que se investigaba un sistema de compra de facturas apócrifas por parte de la imputada, que pretendía blanquear la salida de dinero para el pago de sobornos al Gobierno de Kirchner82. La sospecha sobre esa operatoria sería más tarde confirmada por las pruebas documentales y las confesiones de arrepentidos en las causas “Cuadernos”, “Obra Pública” y “Corredores”, iniciadas por las anotaciones del chofer Oscar Centeno, investigadas por el fallecido juez Bonadío y que continúan en trámite actualmente en el fuero Penal Federal de la Capital.La embestida a la Cámara de Casación fue denunciada por, entre otros, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación, la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, la Sociedad de Abogados Penalistas y la Asociación de Funcionarios y Magistrados, lo que provocó que incluso la Corte Suprema no pudiera evitar pronunciarse con preocupación por la brutal desmesura. Kirchner le respondería públicamente83. Lo cierto es que el cansancio, el hartazgo moral, la debilidad, el miedo o todo eso mezclado obraron a favor del Gobierno, provocando desde 2007 una seguidilla de renuncias de magistrados de ese tribunal. En abril de ese año renunció la jueza Amelia Berraz de Vidal, integrante de la Sala IV junto con Gustavo Hornos y Ana María Capolupo, acusada por las organizaciones de derechos humanos de demorar las causas por delitos de lesa humanidad84. Un 82 https://www.lapoliticaonline.com/nota/nota-31569/83 https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/82491-26537-2007-03-29.html84El periódico Infobae publicaría el 21 de junio de ese año que “El Poder Ejecutivo avaló la dimisión de Amelia Berraz de Vidal, una de las magistradas acusadas de demorar un trámite contra los militares de la última dictadura en causas contra represores. Berraz de Vidal ya había anunciado su renuncia para acogerse a los beneficios jubilatorios, con fecha 1 de junio próximo, informó la secretaria de justicia, Marcela Losardo, en el Consejo de la Magistratura.Berraz de Vidal integra la Sala IV del tribunal de alzada junto a Gustavo Hornos y Ana María Capolupo. Hornos y Capolupo,el también camarista de casación Penal Eduardo Riggi y el presidente -actualmente con licencia médica- del tribunal Alfredo Bisordi, fueron denunciados por supuestas "demoras" en los trámites que involucran a exjefes militares por delitos contra los derechos humanos durante la última dictadura.
49 año después, en abril de 2008, hacía lo mismo la jueza Capolupo, aduciendo razones de salud y acogiéndose al beneficio de la jubilación. Antes había presentado su renuncia el juez Bisordi, enfermo, luego de haber sido ferozmente atacado en los medios por los funcionarios kirchneristas y llevado a juicio político, ante el Consejo de la Magistratura, por las organizaciones de DDHH, bajo los mismos cargos. Las vacantes se cubrieron con las subrogancias de los jueces Augusto Diez Ojeda, Mariano González Palazzo, Guillermo Yacobucci y Luis García. Pero estos dos últimos no quedaron fuera de la embestida. El titular de la Secretaría de DDHH, Eduardo Luis Duhalde, presentó contra ellos un pedido de juicio político por haber otorgado la excarcelación de imputados en causas de lesa humanidad que venían sufriendo prisión preventiva por más de 5 años85. Las excarcelaciones fueron suspendidas y Yacobucci y García se excusaron de intervenir en causas que involucraban a funcionarios kirchneristas86. Otro juez de la Cámara, Guillermo Tragant, renunció en agosto de 2009 tras ser denunciado por su actuación en causas de DDHH por las organizaciones87. En 2011 sería el turno de renunciar de Gustavo Mitchell. Pesaban sobre él pedidos de juicio político realizados por esas organizaciones ante el Consejo de la Magistratura e imputaciones de delitos de lesa humanidad por su desempeñocomo juez de menores durante la época del gobierno militar88. También ese año renunciaría Juan Edgardo Fégoli89. El 23 de agosto de 2011 también se aceptaría la renuncia presentada por el Dr. Juan Carlos Rodríguez Basavilbaso, sobre el cual pesaban pedidos de juicio político por parte de las organizaciones de DDHH90. Para subrogar en la vacante que se produjo, la Cámara Nacional de Casación Pen al, mediante acordada del 31 de agosto de 2011, designó al Dr. Luis María Cabral, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal N.° 9. Firmaron esa acordada los jueces Gustavo Mitchell, Ángela E. Ledesma, Gustavo Hornos, Raúl 85https://www.lacapital.com.ar/politica/solicitan-juicio-poliacutetico-jueces-que -demoran-las -causas-la-dictadura-n323563.html86 https://www.parlamentario.com/2009/01/25/denuncian-que -varios-jueces-se-niegan-a-juzg ar-a-un-diputado/87 http://archivo.lavoz.com.ar/09/08/04/secciones/politica/nota.asp?nota_id=53949088 https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-180787-2011-11-08.html89 https://www.diariojornada.com.ar/29455/politica/otro_juez-de-casacion90 https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-175445-2011-08-27.html
50 Madueño, Liliana Catucci, Eduardo Riggi, Juan Fégoli, luego denunciados por el diputado kirchnerista Carlos Kunkel y finalmente sobreseídos en noviembre de 201391. En 2011, ya habían hecho su ingreso a la Cámara de Casación Alejandro Slokar -nombrado secretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y deDerechos Humanos de la Nación en 2004, durante el gobierno de NéstorKirchner, y miembro fundador de Justicia Legítima-, Mariano Borinsky, JuanGemignani y Ana María Figueroa, exquerellante por la Secretaría de DDHH enlos juicios de lesa humanidad, y también miembro de Justicia Legítima.El fiscal Jorge Auat -miembro de Justicia Legítima designado procurador de Delitos contra la Humanidad- y el titular del CELS, Horacio Verbitsky, presentaron pedidos ante la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura para que se dejara sin efecto la designación de Cabral.El Consejo de la Magistratura removió a Luis María Cabral de la Cámara de Casación Penal, cuando estaba por votar en la causa en que se analizaba la constitucionalidad del memorándum con Irán92. En 2013, por otro lado, había renunciado Raúl Madueño, uno de los denunciados por la designación del juez Cabral. Su hermano Guillermo estaba imputado de delitos de lesa humanidad en una causa seguida en Bahía Blanca por su actuación como juez en los años ’7093. Para ese mismo año , 2013, pues, tras la purga kirchnerista, de los trece integrantes de la Cámara, quedaban solo cuatro: Pedro David, quien renunciaría en 2017; Eduardo Rafael Riggi, Liliana Catucci y Gustavo Hornos.91https://www.lanacion.com.ar/politica/servini-sobreseyo-a- siete -jueces-d enunciados-por -el-kirchnerismo-nid163874792https://www.lanacion.com.ar/politica/fuerte-movida-del -gobierno-para-controlar-la-camara-de-casacion-penal-nid180514093 https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1 -225332-2013-07-26.html
