martes, 10 de noviembre de 2020

CAPÍTULO 10 “DISTRITOS FISCALES”, OTRO RECURSO PARA CONTROLAR EL MINISTERIO PÚBLICO

EL PACTO QUE TRANSFORMÓ A LA ARGENTINA

 

 CAPÍTULO 10 

 DISTRITOS FISCALES, OTRO RECURSO PARA CONTROLAR EL MINISTERIO PÚBLICO

Mediante Resolución PGN 2739/13, Gils Carbó creó 27 nuevos Distritos Fiscales en todo el país, y nombró a cargo de ellos a los siguientes funcionarios: . Adriana Teresa Saccone, en el distrito Santa Fe; . Eduardo José Villalba, en el distrito Salta; . Dante Marcelo Vega, en el distrito Mendoza; . Cecilia Alida Indiana Garzón, en el distrito Santiago del Estero; . Daniel Adler, en el distrito Mar del Plata; . Enrique José Senestrari, en el distrito Córdoba ; . Federico Carniel, en el distrito Chaco;. Mario Sabas Herrera, en el distrito Río Negro;. Francisco Maldonado, en el distrito San Juan;. Flavio Ferrini, en el distrito Corrientes;. Ricardo Álvarez, en el distrito Entre Ríos;. Marcelo Molina, en el distrito La Plata; . Luis Benítez, en el distrito Formosa;. Alejandro Salvador Cantaro, en el distrito Bahía Blanca;. Leonel Gómez Barbella, en el distrito Conurbano Oeste;. Adrián García Lois, en el distrito Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur;. Marcelo García Berro, en el distrito Conurbano Norte;. Rafael Alberto Vehils Ruíz, en el distrito Catamarca.Varios de estos fiscales eran magistrados del Ministerio Público Fiscal cuando Gils Carbó asumió como procuradora general. O bien adhirieron a Justicia

 

Legítima desde su inicio o, con el paso de los meses, debido a las prerrogativas que la proc uradora otorgaba a quienes adherían.El poder territorial que fue logrando con esas designaciones se vio interrumpido por el dictado -durante el Gobierno de Macri en la gestión de Eduardo Casal- de la Resolución PGN N.° 11, del 6/2/2018, en la que se dispuso dejar sin efecto algunas de estas abusivas designaciones dejando solo aquellas en las que se instrumentaría la nueva normativa.Fiscales generalesA través del Anexo II de Ley 27063 –del nuevo Código Procesal Penal de la Nación-, se crearon también nuevas fiscalías generales ante las distintas cámaras federales de Apelación de todo el país. Ello permitiría que los designados en ellastuvieran poder para actuar de modo directo en todas las causas en trámite, impulsar de modo más enérgico la acción penal en algunas o desistir de los recursos de los fiscales de primera instancia para alivianar la situación procesal de ciertos imputados en otras. No es necesario decir que ese poder en manos de militantes del CELS y de Justicia Legítima no escaparía a las garras de la entoncesprocuradora general de la Nación.De ahí que el 29 de diciembre de 2014, una fecha muy particular para concretar esa ambiciosa obra, dictase una serie de resoluciones a través de las cuales colocó en las fiscalías generales ante las cámaras federales de Apelación de las jurisdicciones más importantes del país a los militantes de su mayor confianza. A través de diversas resoluciones, dispuso habilitar esas dependencias y designar, a partir del 2 de enero de 2015, en carácter de subrogantes, a los siguientes f iscales: . Francisco J. Maldonado, en Mendoza.. Enrique Senestrari, en Córdoba.. Rodolfo M. Molina y Hernán Israel Schapiro, en La Plata, provincia de Buenos Aires.. Adriana Saccone, en Santa Fe.. Marcelo García Berro, en San Martín, provincia de Buenos Aires.. Miguel Osorio y Miguel Palazzani, ante la Cámara Federal Criminal y Correccional de la Capital Federal.78 . Sandro Abraldes, ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires. . Carlos Martín Amad, en Salta.Estas decisiones finalmente no se concretaron debido a una acción de amparo presentada por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional en los primeros días de enero de 2015, en virtud de la cual, el 23 de ese mes, se dispuso cautelarmente la suspensión de los efectos de esas resoluciones, por el Juzgado de Feria Federal en lo Contencioso Administrativo N.° 2 , a cargo de Esteban Carlos Furnari. Dicha cautelar fue confirmada posteriormente por la Cámara de Apelaciones del Fuero y, finalmente, se rechazó el Recurso Extraordinario interpuesto por la Procuración General.Las denuncias contra Gils CarbóVarias de las irregularidades descriptas fueron presentadas ante la Comisión Bicameral de seguimiento del Ministerio Público, integrada por mayoría kirchnerista, donde no recibieron acogida favorable. Pero Gils Carbó recibió también algunas denuncias judiciales:1) Causa N.° 48.321/2013, caratulada “Gils Carbó, Alejandra Magdalena p/Abuso de autoridad y Violación de los deberes de funcionario público (art. 248 C.P.)”, ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.° 7 de Capital a cargo del Dr. Sebastián Casanello, Secretaría N.° 14. Esta causa se inició por la denuncia del senador nacional Mario Cimadevilla, a consecuencia de las distintas dec isiones de la Procuradora General.2) Causa por prevaricato contra Carlos Gonella y Omar Orsi, bajo el registro N.° 4773/2013 de la Secretaría N.° 15 del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.° 8, a cargo del Dr. Marcelo Martínez de Giorgi.3) Por varias designaciones irregulares, entre las que se encontraban algunas de las aquí detalladas, y otras en las que se jerarquizaba con derechos laborales a empleados de la Procuración General y se efectivizó de modo irregular a muchos de ellos, el Secretario General de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional, Dr. Julio Piumato, también formuló denuncia contra Gils Carbó, la que quedó radicada en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.° 10, a cargo de Julián Ercolini. Esta última quedaría desestimada por obra del fiscal militante Gómez Barbella, tal como ya fue señalado.