EL PACTO QUE TRANSFORMÓ A
LA ARGENTINA
EPÍLOGO: LAS
CONSECUENCIAS DEL PACTO
La anunciada reforma judicial que impulsa el presidente Alberto Fernández postula la ampliación del número de jueces de la Corte, y nuevos nombramientos en la Cámara Federal de Apelaciones y en la Cámara Federal de Casación, mientras que a través del Consejo de la Magistratura, en una nueva ofensiva, el kirchnerismo ha desplazado magistrados que investigan y han tomado decisiones en causas por corrupción contra la vicepresidenta y otros funcionarios, alegand o que fueron designados en forma irregular156. Detrás de esta decisión se esconde la estrategia de pedir, por dicho motivo, la nulidad de todas las actuaciones labradas contra la expresidenta y los funcionarios kirchneristas acusados o condenados por corrupción en las que hayan intervenido dichos magistrados. El nuevo régimen procesal, con la inauguración del sistema acusatorio en manos de los fiscales, quienes decidirán contra quién ir y contra quién no, impulsan al kirchnerismo y al CELS a terminar la tarea de copamiento delMinisterio Público Fis cal . Les queda pendiente apropiarse del cargo más importante, el del procurador general, ocupado hoy interinamente por un fiscal de carrera , Eduardo Casal. Como la postulación de Daniel Rafecas, candidato de Alberto Fernández, no cuenta con el apoyo del radicalismo ni de varias de las organizaciones querellantes en los procesos relacionados con el atentado a la AMIA, el candidato para sucederlo es el juez de Casación Alejandro Slokar, fundador de Justicia Legítima. Pero como plan alternativo, ya que la oposición podría no darle a este los votos necesarios para que asuma el cargo, el kirchnerismo está en plena ejecución de un golpe destit uyente contra el procurador Eduardo Casal, a efectos de lograr su renuncia para que asuma en su reemplazo otro militante de Justicia Legítima y destacado referente del CELS, Víctor Abramovich, tercero en la línea jerárquica detrás de la Dra. Laura Monti, que -habría ya adelantado- se retiraría si es que lo hace Casal157. 156https://www.clarin.com/politica/oposicion-abroquela-magistratura-frenar-movida-k-jueces_0_Y9UmmOean.html157 https://www.lanacion.com.ar/politica/el-gobierno-ya-evalua-el-nombre-de-otro -procurador- nid2399600
El círculo de influencias, que incluyen el avance sobre la Corte Suprema, la Cámara Federal de Casación, el Ministerio Público Fiscal, la Defensoría General de la Nación, la Oficina Anticorrupción, la Secretaría de DDHH, la Agencia Federal de Inteligencia, la Inspección General de Justicia y el Servicio Penitenciario Federal, se completa con el nombramiento, por parte del Consejo de la Magistratura, de un abogado miembro fundador de Justicia Legítima, Claudio Cholakian, como flamante administrador del Poder Judicial. Como puede verse, la colonización ideológica y material del Poder Judicial argentino tuvo y tiene dos vertientes asociadas perfectamente diferenciables: la que propugna un Poder Judicial unificado al Ejecutivo con el fin de servir a un proyecto totalitario, por un lado, y, p or el otro, corruptos enriquecidos durante la gestión de gobierno cuyo objetivo es asegurarse impunidad. Ambas corrientes se han unido y conforman un solo flujo que invade, corroe y contamina el funcionamiento independiente del servicio de Justicia, al ase gurar la libertad de los corruptos y pers eguir a los opositores políticos.La transformación educativa y cultural generada por este pacto busca trastocarlos valores de nuestra sociedad, afecta directamente la educación de nuestros hijos, y ha dañado significativamente tanto la seguridad ciudadana como la defensa nacional La política de DDHH sostenida por el kirchnerismo y nunca enfrentada por el interregno de la gestión de Macri, está manejada por organizaciones ideologizadas que dominan los más importantes cargos que hacen al servicio de Justicia, Seguridad y Defensa de la Nación. Tiene puesta su mirada en el pasado y está basada enteramente en el odio y la venganza. Ningún país mantiene abiertos sus conflictos, por graves que hayan sido, durante 45 años. Detrás de su desempeño ya resulta inocultable el fenomenal negocio de millonarias indemnizaciones a supuestas víctimas, a cargo del Estado.La Argentina debe defender la legalidad, y el Poder Judicial, recuperar su independencia. Es n ecesario que los Colegios de Abogados, la Asociación de Magistrados y las facultades de Derecho de distintas universidades, así como otras prestigiosas organizaciones que nuclean a abogados, efectúen los reclamos necesarios para volver a constituirse en mayoría en el Consejo de la Magistratura. Resulta impensable una política sanitaria que no cuente con la opinión decisiva de los médicos, que son los actores y conocedores del sistema de salud. No puede entonces concebirse un Consejo tan determinante para el 91 funcionamiento de la Justicia que no se encuentre integrado por mayoría de abogados.Sus nombramientos tienen que resultar de elecciones de sus pares, no de encuestas nacionales electorales, que solo pueden ser armadas por partidos políticos, provocando de esa manera su dependencia.Los exámenes para acceder a los cargos judiciales no pueden basarse en la memoria o erudición del candidato, sin evaluar su trayectoria, su labo riosidad, su honestidad y su adhesión a los principios de imparcialidad e independencia de criterio respecto tanto de condicionamientos internos propios, como externos.Ningún integrante o adherente de una organización gremial o política que propugne la p arcialidad, o renuncie a la virtud de la imparcialidad y la objetividad en el ejercicio de la función judicial, puede ser nombrado funcionario o magistrado, menos aún de la Justicia Federal, donde a diario se producendesafíos que ponen a prueba esas virtudes.El Ministerio Público debe volver a garantizar la legalidad y la objetividad, y eso solo puede darse declarando nulos todos los concursos y designaciones realizados por la gestión de Gils Carbó, a efectos de desarmar el entramado militante montado en favor de una corriente político-partidaria y contra los opositores políticos del pasado, del presente y del futuro.Deb en realizarse nuevos concursos, con los mismos requisitos que reclamamos para los exámenes en el Consejo de la Magistratura, y con jura dos imparciales surgidos por sorteo de una lista de personas intachables y con experiencia en la función judicial o el ejercicio profesional. Es el único modo para que ese fundamental órgano retorne al servicio independiente de Justicia, y de brindarle una oportunidad genuina a los cientos de candidatos que quedaron relegados a causa de las irregularidades practicadas en las designaciones por parte de los militantes de Justicia Legítima.La Argentina debe fijar políticas tendientes a lograr la unión nacional, no la separación, la discordia y el odio; no se puede seguir sosteniendo una política de DDHH gestionada por organizaciones que tienen puesta su mirada en el pasado, mientras se sostiene un inmenso aparato burocrático que ignora los graves males del presente y del futuro, en un país que se acerca al 50% de pobreza, con millones de niños y adolescentes en riesgo por la d roga, el hacinamiento, el abandono y la violencia.92 Los juicios de lesa humanidad y el gigantesco y multimillonario aparato que los sostiene deben terminar. Su mantenimiento luego de tantos años viola derechos constitucionales y las mejores tradiciones jurídicas sostenidas desde siempre por nuestra Nación, que incluyen el derecho de toda persona a ser juzgada y que le sean determinados sus derechos en un plazo razonable, doctrina de la justicia rápida o de insubsistencia de la acción penal sostenida por nuestra Corte Suprema desde hace más de 50 años, mucho antes de que esas garantías fueran incorporados a los tratados internacionales de DDHH.La reforma anunciada por el presidente Alberto Fernández el reciente 29 dejulio implica un costoso esfuerzo de medios que no habrá de mejorar el servicio de justicia, mientras que la ampliación de los miembros y estructura de la Corte Suprema tiene como finalidad asegurar la impunidad de la vicepresidenta y los funcionarios kirchneristas acusados o condenados por corrupción.La prin cipal herramienta para ese objetivo es el Ministerio Público Fiscal, cooptado por las organizaciones partidarias del actu al Gobierno, que han sido parte del acuerdo que ha destruido la legalidad en la República Argentina. El futuro que nos espera, si no s e los enfrenta y pone fin al plan en ejecución, es la República Bolivariana de Venezuela, el país donde el programa, producto de un pacto muy parecido al que aquí denunciamos, ha sido desarrollado íntegramente, hasta su culminación.
