martes, 10 de noviembre de 2020

CAPÍTULO 4-EL COMIENZO DEL ATAQUE A LOS OPOSITORES POLÍTICOS

EL PACTO QUE TRANSFORMÓ A LA ARGENTINA
Capítulo
 El comienzo del ataque a los opositores políticos
 
El gigantesco aparato represivo estatal y paraestatal que, como hemos dicho, fue dirigido en los primeros años hacia exmilitares y miembros de las policías y servicios penitenciarios, comenzó progresivamente a virar, o más bien a ampliarse, apuntando ahora, además, al juzgamien to e imputación de civiles, empresarios, periodistas, sindicalistas y opositores políticos. Las querellas promovidas por las organizaciones de DDHH anunciarían esta ampliación mediante el alumbramiento de un nuevo concepto que se gen era lizaría en los disc ursos oficiales y la prensa partidaria: desde Página 12, Verbitsky ya no hablaría de “dictadura militar” sino de dictadura “cívico-militar”.Sindicalistas como Hugo Moyano, líder del sindicato de Camioneros, y su par de la Construcción, Gerardo Martínez, así como otros gremialistas potenciales adversarios de los objetivos del Gobierno, comenzaron a ser acusados públicamente de haber participado en delitos de lesa humanidad en los años ’70, mientras que otros, como la diputada Elisa Carrió , fueron apuntados como supuestos cómplices por haber ocupado cargos o funciones menores durante el gobierno militar. La ofensiva contra los Jueces
 
 
Su actualidad Uno de los primeros civiles detenidos sería el Dr. Jaime Smart, quien había ocupado durante poco más de dos años el cargo de ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires durante el gobierno militar. Lo distintivo de este caso es que Smart había sido juez de la Cámara Federal en lo Penal antes del Proceso militar de 1976, y había juzgado y condenado a centenares de miembros de la guerrilla armada. Disuelta la Cámara en forma simultánea a la liberación por parte del Gobierno de Cámpora de más de 500 terroristas43, y tras el 43 La Cámara Federal en lo Penal tenía jurisdicción en todo el país con el fin de juzgar a los integrantes de las organizaciones armadas terroristas. Fue disuelta el27 mayo de 1973, a instancias de Héctor Cámpora, mientras el recrudecimiento de los ataques y atentados de las agrupaciones guerrilleras a susmiembros (entre ellos, el asesinato del Dr. Jorge Vicente Quiroga), Smart, al igual que otros Jueces amenazados por las bandas terroristas, marchó al exilio con su familia.El Tribunal Oral que juzgaría a Smart estaría integrado por Car los Ro zanski, Mario Portela y Roberto Falcone, tres de los militantes más activos de laagrupación política Justicia Legítima. Rozanski, presidente del Tribunal, participaba sin recato en actos de las organizaciones de DDHH y era contrario al principio de la imparcialidad en e l ejercicio de la función judicial, al punto de expresar públicamente que “los fallos judiciales responden a la ideología del magistrado que los dicta".44El ataque continuaría con el juzgamiento de muchos funcionarios judiciales, varios de ellos en actividad, que fueron imputados en notas de Página 12 y sometidos a juicios públicos de las Madres de Plaza de Mayo. Más de 40 exjueces y magistrados en actividad fueron sometidos a los llamados “juicios populares”45. Algunos fueron acusados por la aplicación de las normas sancionadas en 1974 y 1975, durante el gobierno constitucional, vigentes a la época de los hechos (Ley antisubversiva 20840), o el rechazo de habeas corpus. Varios de ellos comenzarían a ser detenidos des pués de 45 años. La primera condena fue dictada en 2009 contra el exjuez Víctor Hermes Brusa,de la Justicia Federal de Santa Fe. Pero el primer procesamiento a un grupo de magistrados fue en marzo de 2011, en jurisdicción de Mendoza, contra los Dres. Otilio Romano, Rolando E. Carrizo, Guillermo Max, Francisco Miret y Guil ler mo Petra. Le siguieron otros en Córdoba, Resistencia, Mar del Plata, Bahía Blanca y Neuquén.Tre inta y seis exjueces federales y funcionarios judiciales se encuentran actualmente detenidos, acusados de ser supuestos partícipes en delitos de lesa humanidad.Las denuncias por delitos de lesa humanidad como herramienta de escarmiento o para alcanzar objetivos ajenos a la búsqueda de verdad y justicia se Congreso Nacional sancionaba la Ley 20509 (25 mayo de 1973) de amnistía general y liberaba a más de 500 guerrilleros detenidos.44 Las referencias son extensas por lo que remitimos aRozanski y su parcialidad en el Anexo al final del presente.45 http://www.lavaca.org/notas/justicia-y-dictadura-los-jueces-al-banquillo/ 30 utilizaron durante el período kirchnerista en varios casos, entre los que destaca el de la jueza en lo Contencioso Administrativo de la Capital, Dra. María José Sarmiento. La Magistrada había denegado el uso de reservas del BCRA para el pago de la deuda externa y dado lugar a un amparo, en enero de 2010, en favor del entonces presidente de esa institución, Martín Redrado, al que el Gobierno había desplazado. Ambas decisiones enfurecieron al Ejecutivo. Casi de inmediato, un juez federal de Misiones decretó la captura del padre de la magistrada, en una causa de lesa humanidad. Luis Sarmiento, de 85 años de edad, nunca enterado de que existiera alguna imputación en su contra, había sido ministro, durante menos de un año, de la intervención de la provincia de Misiones durante el gobierno militar, 34 años atrás.46i En simultáneo, Verbitsky atacaba desde Página 12 dic iendo que el padre de la magistrada había sido conocido como “el mago de la picana”, y si bien admitía que “el parentesco no puede ser causal de recusación”, agregaba que servía sí para “entender el insólito comportamiento de la jueza”. La ofensiva contr a los empresarios y su estado actualSimultáneamente, se avanzó sobre los empresarios, con imputaciones dirigidas contra directivos de Mercedes Benz y Ford Motors a las que siguieron los procesamientos de gerentes y altos ejecutivos de otras empresas y organismos,tales como Ledesma, La Veloz del Norte, Minera Aguilar, Comisión Nacional de Valores, Molinos Río de La Plata, compañías pertenecientes a Techint, como Dálmine-Siderca o Propulsora Siderúrgica, Acindar, Loma Negra, Las Marías, Astilleros Astarsa y Mestrina y muchas otras. La procuradora general Gils Carbó, por su parte, colocaría a Judith König , cuya bio en la red social Twitter rezaba “Ampliando el campo de batalla”, en el cargo de directora de la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero de la Procuración General de la Nación, “área clave en la agenda-legado de Verbitsky”47. Clave , sin duda, porque el CELS, ampliando el campo de batalla, inauguraría en 2014 la era de la persecución a las empresas, la nueva vaca lechera para ordeñar. 46 https://ara.reuters.com/article/idARN191500942010031947 Levinas, op. cit., pág. 257
31 En esta misma línea, la embajadora ante el Reino Unido, Alicia Castro, fue anfitriona de un seminario sobre responsabilidades empresarias en violaciones a los derechos humanos celebrado en la Universidad de Oxford. Allí disertó Verbitsky acompañado de König , autora, desde su cargo en la Procuración General de la Nación, de una investigación sobre Loma Negra. “En la política económica de ese gobierno (el de Videla) debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”, afirmó Verbitsky junto a König, citando un pasaje de la Carta Abierta que el desaparecido escritor y jefe de Inteligencia montonero Rodolfo Walsh le escribió a la primera Junta de Comandantes del Proceso de Reorganización Nacional, en 1977. Esta misma política -que continúa sin cesar por iniciativa del CELS48- se ha manifestado recientemente en el caso Vicentin, aunque, tras anunciar la intervención e intención de expropiar la empresa , el Gobierno na cional se topó con el repudio del sector agroindustrial, de la sociedad y el rechazo del magistrado que lleva adelante el concurso de acreedores, Dr. Fabián Lorenzini. Pero, decidido a avanzar contra la empresa, el Gobierno procedió de inmediato a la creación de una Comisión Bicameral en el ámbito del Poder Legislativo para que investigara la relación crediticia de Vicentin y el Banco de la Nación Argentina. Al mismo tiempo, se atacó a la familia propietaria de la empresa mediante la perversa herramienta utilizada desde el comienzo, la supuesta participación en delitos de lesa humanidad. Para ello, como en tantos otros casos, acudieron a la declaración de un extrabajador de la compañía, Oscar Zarza, quien súbitamente se decidió a contar ante el fiscal Roberto Salum que él y 14 trabajadores habían sido secuestrados por su actividad gremial en 1976, con la complicidad de las autoridades de Vicentin. Finalmente, desde los primeros días de julio de 2020 avanza en el Congreso, con el apoyo de Cambiemos, un proyecto de la bancada oficialista para dictar una nueva ley “reparatoria” de las muchas que ya se dictaron. El proyecto pretende declarar imprescriptibles los despidos ocurridos por la detención o desaparición de dependientes en los años ’70. Un despido laboral, actualizado por la inflación argentina durante 45 años y multiplicado por la cantidad de juicios que eventualmente se iniciarían, llevaría a la quiebra a decenas de empresas 48 Ver las declaraciones de Santiago Cantón en O’Donnell y Melamed, op. cit., págs. 405/6.32 argentinas y serviría para pre constituir prueba y detener a directores, gerentes o propietarios, con los de Vicentin a la cabeza 49. La persecución al periodismo. Los periodistas y los propietarios de los medios de comunicación independientes también han sido atacados con el mismo procedimiento. En 2010, la Secretaría de DDHH de la Nación denunció a los propietarios de los diarios Clarín, La Nación y La Razón por el supuesto desapoderamiento ilegítimo, en 1975, de Papel Prensa, calificando esos supuestos delitos como de lesa humanidad, a efectos de ir contra su evidente prescripción50. Ante lo que definió como una "indebida presión" del Gobierno sobre Papel Prensa, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) difundió una solicitada exhortando "a los poderes públicos a conducir sus acciones de gobierno por el cauce seguro que ofrece -a todos los argentinos- el respeto irrestricto a la Constitución y las leyes"51. Los periódicos La Nación y Clarín dieron a conocer, a través de un comunicado en agosto de 2010, las intenciones del Gobierno de apoderarse de Papel Prensa como medio de control de la información52. Desde otro flanco, ya en el año 2002, Ernestina Herrera de Noble, entonces viuda del fundador del diario Clarín, había sido imputada por la apropiación ilegal de sus dos hijos adoptivos y detenida por el juez Roberto José Marquevich, quien finalmente fue destituido el 8 de junio de 2004 por la notoria arbitrariedad con que actuó en esa causa.Tras los reclamos de Abuelas de Plaza de Mayo, la Cámara de Casación Penal, ordenó, el 2 de junio de 2011, que Marcela y Felipe, los hijos adoptivos de Herrera de Noble, se sometieran a la extracción directa, con o sin consentimiento, de muestras de sangre, saliva, piel, cabello u otras partes para el examen de ADN, lo que fue realizado de manera compulsiva y violenta. Luego de que , fin almente, se comprobó que no eran hijos de desaparecidos, el 30 de 49 https://www.perfil.com/noticias/politica/cambiemos-apoya-el-proyecto-para-que -las -indemnizaciones-por -delitos-de-lesa -humanidad-sean-imprescriptibles.phtml50 http s://chequeado.com/el-explicador/claves-para-entender-el-caso -papel-prensa/51 https://www.lanacion.com.ar/politica/reclamo-de-adepa-por -la-presion-sobre-papel-prensa-nid1270219/52 https://www.lanacion.com.ar/politica/una-historia-inventada-para- quedarse-con -papel-prensa-nid1297563/
33 diciembre de 2015, la jueza Sandra Arroyo Salgado sobreseyó a la empresaria ante la inexistencia de evidencia que probase los hechos denunciados por Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo. Los periodistas también fueron objeto de juicios populares realizados por los activistas de las organizaciones de DDHH53. Y la reciente intentona de funcionarios judiciales identificados con Justicia Legítima de involuc rar y detener a periodistas en una causa judicial en la que se investigan maniobras de exfuncionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (dirigida actualmente por una de las integrantes de esa agrupación político-judicial) demuestra que la vocación de sometimiento de la prensa por parte de los integrantes del pacto no ha variado. La persecución al Clero: las imputaciones contra el cardenal Bergoglio, El intento más notorio de involucrar a la Iglesia Católica como institución y atacar a su máxima jerarquía en la Argentina comenzó, como tantas otras embestidas del kirchnerismo, con una publicación de Verbitsky . Esta vez, un libro: El silencio. De Paulo VI a Bergoglio: las relaciones secretas de la Iglesia con la ESMA. En esas páginas, acusaba al entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, de complicidad en el secuestro de dos sacerdotes jesuitas, detenidos en mayo de 1976 y liberados cinco meses después. El caso fue introducido en la tramitación de la causa “ESMA II”. El objetivo era lograr que Bergoglio fuera imputado en ella.Mientras tanto, la muerte de Juan Pablo II, en abril de 2005, dejaba al Cardenal Bergoglio en la consideración de sus pares para sucederlo. Verbitsky entonces publicó una extensa nota en Página 12 en la que volvió sobre el supuesto papel de Bergoglio en la dictadura54. En 2007, la activista y cofundadora de la asociación Madres de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini decía: "La basura va junta: Macri, Bendini y Bergoglio. Son de la misma raza y de la misma ralea. Son fascismo, son la vuelta de la dictadura. Son la https://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2011/12/17/opinion/OPIN-03.html54 O’Donnell y Melamed, op. cit., pág. 334. dictadura misma"55. Mientras, la presidente Cristina Fernández evitaba la celebración del tedeum en la Catedral Metropolitana, siguiendo los pasos de Néstor Kirchner en 2005. Las cosas empeoraron en 2008, cuando se produjo el enfrentamiento del Gobierno con el campo debido a la Resolución 125, que disponía un nuevo sistema de retenciones móviles a las exportaciones de soja, trigo, maíz, girasol y sus derivados, y que finalmente, tras casi cuatro meses de conflictos, quedaría sin efecto con el voto “no positivo” del vicepresidente Julio Cobos. Bergoglio no solo le había pedido a la presidente “un gesto de grandeza" para desbloquear el conflicto, sino que se reunió con Cobos luego de aquella histórica votación. En julio de 2010 sobrevino otro desacuerdo, producto de la aprobación del matrimonio igualitario, sobre el que el entonces obispo Bergoglio se pronunció fuertemente en una carta pastoral56. El 8 de noviembre de ese mismo año Bergoglio fue citado a declarar en la causa “ESMA II”, por el secuestro de los sacerdotes jesuitas Yorio y Jalics. En 2011, tras la renuncia de Benedicto XVI, Verbitsky retomaría la ofensiva: “Mientras en Alemania se vela el papado fallido de Benedicto XVI, Bergoglio intenta lavar su imagen en espera de un eventual nuevo cónclave”, escribió57. Al comienzo del Pontificado de Bergoglio, los ataques por parte del kirchnerismo, en especial de Verbitsky, continuaron. Sin embargo, muy pronto eso cambiaría radicalmente. Estela de Carlotto se retractaría de sus antiguas críticas a Bergoglio, que le atribuían complicidad con la represión, diciendo que había sido engañada58. Varias notas que había publicado Verbitsky mencionando la supuesta complicidad del ahora Papa en la lucha contra la subversión durante el gobierno militar fueron retiradas de los archivos de Página 1259. El diario La Izquierda del 55 https: //www.infobae.com/opinion/2018/02/18/que-se-esconde-detras-del -romance-entre-el-papa-francisco-y-bon afini/56https://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/03/130314_tensiones_entre_el_kirchnerismo_y_jorge_mario_bergoglio_bd57 https://lalineadefuego.info/2013/03/14/operacion-conclave-por -horacio -verbitsky/58 https://www.lapoliticaonline.com/nota/84840-carlotto-culpo-a-verbitsky-por -informarla-mal -sobre-bergoglio/59 http://www.laizquierdadiario.com/Verbitsky-Bergoglio-y-una-particular-autocensura
24 de marzo de 2017 relata las idas y venidas de las propias organizaciones de DDHH y del Gobierno respecto del Papa60. Las organizaciones de DDHH, que habían pasado de hablar de “dictadura militar” a “dictadura cívico-militar” cuando involucraron como objetivos de su ofensiva a funcionarios civiles, sindicalistas, empresarios y periodistas, realizaron recientemente un nuevo pasaje: ahora denominan la época como dictadura “cívico-militar -eclesiástica”. Y esto tiene sus antecedentes. Es posible que esa nueva caracterización del gobierno de facto se vincule con las últimas noticias referidas a la exposición de monseñor Santiago Olivera en el V Curso Internacional de formación de los capellanes militares católicos en el derecho internacional humanitario, celebrado en el Instituto Patrístico Agustiniano61; o tal vez con la visita del obispo castrense a Su Santidad en Roma; o bien con los rosarios que Francisco envió a presos por estas causas62, o incluso a la a udiencia concedida por el Papa a Jovina Luna, Arturo Larrabure -familiares de víctimas de ataques de unidades militares por parte de grupos guerrilleros en 1975- y Aníbal Guevara, referente de la Asociación Puentes para la Legalidad, que nuclea a hijos y nietos de imputados en las causas de lesa humanidad y que viene denunciando la ilegalidad y discriminación con la que son tramitadas y resueltas. El 20 de junio de 2020, el obispo castrense señaló, refiriéndose a estas causas: “El cimiento de una República, de un verdadero Estado de Derecho, no debe ser el odio. Sin verdad, sin justicia, en fin, sin humanidad, no será posible una paz estable y sólida sobre los principios republicanos que dieron origen a nuestra querida Nación63. Las organizaciones de DDHH peticionaron, el 28 de junio de 2020, la disolución del Vicariato Castrense, señalando que este, así como la “Iglesia Católica Romana en general”, fue instigador y cómplice de golpes de Estado, promotor del genocidio y , además, “critica la administración de justicia, solidarizándose con 60 http://www.laizquierdadiario.com/Jorge-Bergoglio-la-dictadura-y-los-desaparecidos61 https://www.lanacion.com.ar/politica/el-obispo-castrense-objeto-la-detencion-de-militares-nid230188962https://www.mdzol.com/mundo/2020/1/11/el-papa-envio-rosarios-militares-detenidos-por -delitos-de-lesa -humanidad-59301.html63 Ver carta de lectores “Justicia y humanidad” en https://www.lanacion.com.ar/opinion/carta-de-lect ore s/de -lectores-cartas-e-mails-nid2382656 quienes han sido condenados por sus crímenes, y, con desparpajo, realiza injerencias indebidas referidas a las políticas de Estado de nuestro país”64. Cabe notar, sin embargo, que la disolución del Vicariato estaba programada en el pacto Verbitsky-Kirchner, como puede verse en las páginas 138 y 222 del Anexo del Decreto 1086/2005 que hemos citado .La protección a los amigos En relación con las persecuciones, no está de más decir que existen varios ejemplos de cómo muchos jueces del fuero Penal Federal han cedido su independencia e imparcialidad respondiendo en estos juicios a los intereses de las organizaciones y la Secretaría de de DDHH, no solo para perseguir opositores sino para beneficiar a “amigos”. Relatarlos excedería los límites de esta publicación. Pero no puede dejar de mencionarse que quien no recibió ninguna imputación por parte de las organizaciones de DDHH, ni fue citado jamás a indagatoria o sometido a juicio popular alguno, fue el exministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, auspiciado por el CELS para su designación como juez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y destacado colaborador en la redacción del Plan Nacional contra la Discriminación, pese a que recibió varias imputaciones, entre otras, por haber rechazado numerosos habeas corpus durante sus funciones como juez federal durante el Proceso de Reorganización Nacional, por cuyos estatutos prestó juramento65. Como otra muestra, vale también recordar la causa seguida por la apropiación del nieto de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, causa que no solo se encuentra paralizada, sino que los padres adoptivos o apropiadores, a diferencia de todos los otros casos, no han sido privados de su libertad66. 64http://www.redeco.com.ar/nacional/ddhh/29731-organismos-de-derechos-humanos-piden-la-disoluci%C3%B3n-del -obispado-castrense65 Sobre las imputaciones a Zaffaroni pueden verse: https://www.clarin.com/opinion/extrana-historia-juez -Zaffaroni_0_ry7gw2IiDQg.html, https://www.perfil.com/noticias/politica/quien-es-el-hombre-de-zaffaroni-que -gesto-los-alquileres-de-los-prostibulos-20110729-0034.phtml y http://public.diariojudicial.com/documentos/000/048/640/000048640.pdf66https://www.perfil.com/noticias/equipo-de-investigacion/la-causa-por -la-apropiacion -de-ignacio-montoya-carlotto-esta -frenada-y-se-beneficia-a-sus- padres-de-crianza.phtml