EL PACTO QUE TRANSFORMÓ A LA ARGENTINA
CAPÍTULO 11
EL CELS Y JUSTICIA LEGÍTIMA COMO GARANTES: LOS CARGOS CLAVE
La mano única que impulsa este avance de colonización ideológica y material del Poder Judicial acaba de nombrar, al frente de la Procuración del Tesoro, al excandidato a la vicepresidencia de la NaciónCarlos Zannini, procesado por su participación en la red de corrupción de la obra pública durante las administraciones kirchneristas que descubrió el juez Claudio Bonadío.Zannini fue, hasta diciembre de 2019, representante del gobierno de Santa Cruz, encabezado por Alicia Kirchner, en el Nuevo Banco de Santa Cruz, propiedad del grupo Petersen, de la familia Eskenazi. Uno de sus principales desafíos como Procurador del Tesoro es un juicio contra la Argentina en Nueva York, derivado de la expropiación de la mayoría accionaria de YPF decidida por el Gobierno de Cristina Kirchner en abril de 2012. Por esa medida, el Gobierno compensó a la española Repsol, cuya mayoría accionaria expropió, pero no extendió su oferta a los demás accionistas, como mandaba el estatuto de YPF. A través de una firma registrada en España que era a su vez controlada por otra registrada en Australia, el Grupo Petersen, que había ingresado a YPF en el proceso de “argentinización” impulsado por el kirchnerismo en 2008, detentaba el 25% de la petrolera cuando sucedió la expropiación. Los derechos del litigio por la violación al estatuto de YPFaparecieron en manos del fondo buitre inglés Burford Capital, que reclama entre 3.000 y 4.000 millones de dólares al Estado argentino en las cortes de Manhattan. Se sospecha que los Eskenazi retienen un porcentaje de los derechos de ese juicio.¿Qu é intereses defenderá realmente Zannini? Además de la legión de fiscales que incorporó o ascendió en el Ministerio Público, como ya hemos visto, Justicia Legítima contó desde sus inicios con la destacada participación del exjuez Eduardo Freiler, los fiscales Jav ier De Luca y Cristina Caamaño, funcionarios del Ministerio Público Fiscal militantes de la pseudo izquierda, como Félix Crous, uno de los fiscales que impulsaría la mayor cantidad de juicios de lesa humanidad en los fueros federales de la provincia de Buenos Aires, y el Defensor General de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Mario Kestelboim.
Como indicó anteriormente, Freiler fue uno de los responsables de la escandalosa decisión de apartar al juez Claudio Bonadio de la causa “Hotesur”, luego de que el juez dispuso el allanamiento de varias empresas de la familia Kirchner. Cristina Caamaño es miembro del gabinete de Alberto Fernández, como interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, de muy activo protagonismo en la causa del acuerdo con Irán en la que se encuentra procesada CristinaKirchner y militantes y funcionarios seguidores suyos. Javier De Luca es el fiscal del más importante tribunal penal federal del país, la Cámara Federal de Casación, mientras que Víctor Abramovich actúa como Pro curador ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Félix Crous, por su parte, fue nombrado titular de la Oficina Anticorrupción y su primera decisión institucional fue desistir de la participación de ese organismo como querellante en causas de corrupción seguidas contra Cristina Kirchner y funcionarios y empresarios K.Alejandro Slokar, casado con una exmiembro del CELS, y Ana María Fig ueroa ocupan cargos de jueces del más alto tribunal penal de la Nación, la Cámara Federal de Casación Penal, y sus actitudes militantes e ideologizadas -evidenciadas en sus manifestaciones públicas - pueden corroborarse mediante un dato revelador: en todos sus votos se han negado sistemáticamente a conceder excarcelaciones, detenciones domiciliarias o morigeraciones de prisiones preventivas para imputados, procesados o condenados por delitos de lesa humanidad, sin excepciones. El invariable criterio sostenido solo para esta clase de delitos, sin distinguir en ningún caso la situación diversa de las personas alcanzadas por esas imputaciones, resulta por demás elocuente. Otro cargo clave es el de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia nacional, que funciona dentro del predio de la ex–ESMA, donde fue designado Horacio Pietragalla, hijo de miembros de la guerrilla abatidos en enfrentamientos con las FFAA en los ’70. El organismo a su cargo, querellante también con otra legión de abogados y empleados en los juicios de lesa humanidad, se opuso a la detención domiciliaria de los ancianos sometidos a esos procesos, pero al mismo tiempo se presentaba en los juicios que se les siguen a Martín Báez, Luis D’Elía y Ricardo Jaime aconsejando dicho beneficio para estos 81 presos kirchneristas, que , por cierto, no reunían ninguno de los requisitos de los denominados grupos de riesgo en la actual pandemia.La Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal, presidida por el exsecretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Santiago Cantón, se sumaríatambién con recursos humanos y económicos propios como querellante a los procesos por delitos de lesa humanidad cometidos en los ’70. Axel Kicillof nombró a cargo de dicha Subsecretaría aMatías “El gitano” Moreno, militante de la agrupación Hijos de La Plata, también adherente a Justicia Legítima y al proyecto kirchnerista. En cuanto a Alejo Ramos Padilla, vocal suplente, es el joven designado juez federal de Dolores, que creó la causa contra Marcelo D’Alessio y el Fiscal Carlos Stornelli, con el evidente propósito de entorpecer y provocar la nulidad de las causas “Cuadernos”, “Obra Pública y “Corredores”, que instruía el juez Bonadío con funcionarios y empresarios que habían confesado como arrepentidos en el descubrimiento de la gigantesca red de corrupción que envolvió las presidencias de los Kirchner. Concluido el examen del Consejo de la Magistratura, Alejo Ramos Padilla figura hoy primero en la terna para ocupar el Juzgado Federal N.° 1 de La Plata, casualmente el Juzgado que controla todas las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Un pedido de juicio político por graves irregularidades de este magistrado se archivó porque hab ían transcurrido tres años desde su presentación sin que la Comisión se expidiera. Actualmente, Ramos Padilla es candidato par a ocupar alguna de las vacantes en la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Py148. Como se ve, su carrera está asegurada.Su padre es Juan María Ramos Padilla, quien integró como voluntario, junto a José Pérez Villalobos y Alicia Noli, el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero para juzgar delitos de lesa humanidad ocurridos en los años ’70 en esa provincia. Alicia Noli fue miembro de una organización guerrillera y su pareja figura como desaparecido. Los tres son miembros de Justicia Legítima. Fueron denunciados por varios delitos durante su desempeño, entre ellos, la revocación de la detención domiciliaria de un militar anciano de 80 años que fallecería poco 148https://www.infobae.com/politica/2020/06/11/ramos-padilla-y- un-abogado-de-cfk -entre-los-aspirantes-mejor-posicionados-para-ocupar-dos- cargos-clave-en-comodoro-py/ después.
Fueron llamados a prestar declaración indagatoria por graves delitos, pero la Cámara Federal de Tucumán anularía ese llamado haciendo lugar a una apelación no prevista en la ley procesal. Los pedidos de juicio político contra esto s jueces también fueron archivados por haber transcurrido tres años desde su presentación sin que el Consejo se expidiera.Roberto Lemos Arias preside la Cámara Federal de La Plata y Víctor Violini, candidato a intendente de La Plata por el kirchnerismo, nombrado juez de laCasación de la provincia de Buenos Aires, fue quien hizo lugar al escandaloso amparo para la liberación de presos en pandemia, revocado por la Suprema Corte.María Laura Garrigós de Rébori, primera presidente de Justicia Legítima, retirada como magistrada, fue nombrada por el presidente Alberto Fernández como interventora del Servicio Penitenciario Federal. Sus primeras declaraciones no fueron sobre el estado de la institución a su cargo, sino sobre que la Corte Suprema no funciona como debería y que sería conveniente aumentar el número de sus miembros149La titular del otro gran organismo que conforma la Procuración General de la Nación, la Defensoría General de la Nación, es Stella Maris Martínez, otra integrante de la agrupación Justicia Legítima.La Inspección General de Justicia fue escenario de graves irregularidades y hostigamiento de su personal cuando la Justicia Federal comenzó a indagar la conformación de sociedades utilizadas para los hechos de corrupción del kirchnerismo (Hotesur; Los Sauces, The Old Fund, Agosto SA y muchas otras) y sus cómplices150. Pues bien, la administración del presidente Fernández acaba de designar para que conduzca la Inspección General de Justicia a Ricardo Nissen, apoderado de los hijos de Cristina Kirchner, Máximo y Florencia, en la sociedad Hotesur, y sancionado por presentar en la Justicia libros con firmas adulteradas151. Nissen nombró asesora en dicho organismo a Gils Carbó. 149 Télam. 15/6/2020: “La flamante interventora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós de Rébori, consideró hoy que la Corte Suprema de Justicia de la Nación “parece del siglo pasado" y "no funciona como debería” (https://www.telam.com.ar/notas/202006/476646-garrigos-de-rebori-la-corte-parece-del -siglo-pasado-no-funciona-como-deberia.html).150http://elfuertediario.com.ar/sospechas-corrupcion-aparecen-nuevos-vinculos-bochi -sanfelice-cris tobal-lopez-hotel-waldorf/151https://www.perfil.com/noticias/politica/impugnan-designacion-ricardo-nissen-en-igj -por -presentar-pruebas-falsas-en-expediente-judicial.phtml
Así, todo está preparado para asegurar el futuro de la expresidenta y de s us cómplices. Pero si t odo el andamiaje fallara, allí esperará sentado en su alto estrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el Dr. Eugenio Zaffaroni. Los fallos de esa Corte son de acatamiento obligatorio para los tribunales argentinos por la triste adhesión de nuestro país a la segunda parte de la Convención Americana de DDHH, obra del propio Zaffaroni, en la Convención Constituyente de 1994.En definitiva, aunque la lista podría continuar con muchos otros ejemplos de conducta militante de los funcionarios públicos adherentes al CELS y a Justicia Legítima, estimamos que lo dicho es más que suficiente como prueba irrefutablede que a través de la estructura creada y consolidada por el pacto , que hemos expuesto al comienzo, fue construido un amplio y efectivo sistema de dominio de la institución judicial, apto y eficiente para atacar a opositores y defender funcionarios kirchneristas y coautores o cómplices de estos en distintas maniobras delictivas. El CELS: denunciador, fiscal, juez y partePor primera vez en la historia argentina, se permitió que militantes de una organización como el CELS tuvieran acceso irrestricto de las tres fuerzas armadas. La organización, que recibe el apoyo financiero de organizaciones extranjeras, algunas de ellas de origen británico, colocaría al frente de ese operativo a una ciudadana inglesa.Verbitsky logró colocar e n el Ministerio de Defensa a su amiga y compañera de militancia en las organizaciones guerrilleras, Nilda Garré152, también miembro del CELS. Con ella ocuparían cargos en dicho Ministerio otros importantes integrantes del CELS: Gustavo Palmieri, subsecretario de Gestión y Bienestar del Personal, y Natalia Federman, en el área Derechos Humanos.La designación de Natalia Federman en el Área Institucional del Programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, y su posterior ascenso a Directora de Programas de la Dirección Nacional de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario de la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa, requirió los decretos de 152 O’ Donnell y Melamed, op. cit., págs. 324 y 406.84 excepción 717/09 y 1511/09 (que invocaron sus “conocimientos, experiencia e idoneidad”) por tratarse de una ciudadana británica.
Federman nació en Inglaterra durante el exilio de sus progenitores, Andrés Federman y Diana Tussie. Al regresar al país, su padre, que al igual que Verbitsky había militado en las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), fue durante 20 años jefe de Prensa de la Embajada Británica en Buenos Aires. La madre de Natalia, Diana Tussie, era investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), donde publicó papers en coautoría con Carmen María Wagner, la segunda esposa de Verbitsky. Desde los prominentes cargos en el Ministerio de Defensa y luego en el Ministerio de Seguridad, el CELS extraía -además de toda clase de información- los legajos personales del perso nal militar y policial y sus destinos. Sobre esa base engrosaba sus propios archivos y los de la “Memoria”, a través de los cuales creóuna y otra causa por delitos de lesa humanidad o incluyó en causas ya finalizadas a nuevos imputados sin distingo alguno de jerarquías153. El CELS colecta también cuidadosamente a personas que le servirán de testigos en los procesos, haciéndoles “recordar” epi sodios ocurridos hace 45 años, recuerdos que cualquier juez objetivo tacharía de imposibles o absurdos; descubre nue vas víctimas capaces de ser indemnizadas con los millonarios montos de las leyes reparatorias que ellos mismos proyectaron; traslada lo actu ado al Ministerio Público Fiscal, donde sus exmiembros le dan vida impulsando una causa penal en la que se presentan como acusadores particulares, instando el proceso en representación de las víctimas que ellos mismos col ectaron o cautivaron, y luego, en conjunto, piden penas de cadena perpetua para todos los que decidieron inculpar.153 Como señala Cinthia Balé en Usos del archivo y políticas de la memoria: un análisis del proceso de “apertura” de los archivos militares en Argentina (2003-2015), “...la Dirección decidió implementar una nueva estrategia, esto es, la creación de los “Equipos de Relevamiento y Análisis Documental”, que estaban formados por investigadores jóvenes provenientes de disciplinas sociales o humanísticas y tuvieron como función relevar la documen tación obrante en los archivos militares allí donde esta se encontraba. A diferencia de lo que había ocurrido hasta el momento, estos Equipos comenzaron a trabajar directamente al interior de los archivos, siendo la primera vez que investigadores no pertenecientes a las Fuerzas Armadas contaron con “acceso irrestricto” a la documentación...Esta resultó una estrategia novedosa en la búsqueda de información, ya que por primera vez el plan de trabajo no implicaba solicitar al jefe de una fuerza que enviara determinada documentación cuya existencia se conociera o se presumiera, sino que investigadores propios del Ministerio de Defensa recorrerían los archivos y accederían a la documentación directamente en el lugar donde esta se encontrara.
https://doi.org/10.4000/nuevomundo.73860
5 En los salones de la ex–ESMA, sede ahora del Ministerio de Justicia y de la Secretaría de Derechos Humanos, se realizan las reuniones bajo el Programa Memoria, Verdad y Justicia, dentro del cual funcionan otros espacios en los que colaboran activamente decenas de fiscales y funcionarios de esa agrupación, como Carolina Varsky, una de las abogadas más prominentes del CELS, nombrada Fiscal de la Nación, Valeria Barbuto, encargada del Área de Archivos y Documentación del CELS; Julieta Parellada, Lorena Balardini y Diego Martínez, entre muchos otros.En esas reuniones participa el abogado que unifica las querellas de víctimas de derechos humanos, Pablo Llonto, también abogado del CELS, donde trabajó con Jorge Baños154, uno de los integrantes del Movimiento Todos por la Patria - desprendimiento de la organización terrorista ERP- abatido en el ataque que esa facción efectuó contra el Regimiento de Infantería Mecanizado 3 de La Tablada, acribillando a conscriptos y efectivos de guardia, durante la Presidencia de Alfonsín.154
“O’Donnell y Melamed, op. cit., págs. 67, 68 y 135.
