ANTES QUE ARDIERA LA PROVINCIA...
Algo huele mal en Tucumán: El audio de Sarita Alperovich
Por la aplicación social Whatsapp comenzó a circular un audio enviado por Sara, la hija del gobernador kirchnerista de Tucumán, José Alperovich, en el que alertaría a sus amigas de un supuesto conflicto entre dos grandes líderes de la policial.
En el Whatsapp, la joven de profesión odontóloga, alerta a sus amigas de un supuesto conflicto entre dos grandes líderes de la policía. El audio es claro. Salió a circular de manera anónima por la red, seguramente enviado por alguna de sus amigas que la “traicionó”, indignada por tanta impunidad.
Se escucha la inconfundible voz de Sarita, como la llaman sus amigas, que explica la situación en Tucumán y señala a dos "policías muy pesados" como los responsables de la situación en la provincia. Allí, la hija del gobernador advierte
a sus amigas que no salgan de sus casas porque habrá saqueos y tocarán
algunos de los countries más reconocidos de Tucumán.
El relato extendido explica con demasiados detalles la situación, lo que demuestra que los Alperovich estaban al tanto de todo y no alertaron a la población, pero si a sus amistades, como el caso de Sarita al grupo de amigas.
ESCUCHEN EL AUDIO LO QUE DICE ESTA CORRUPTA:
Sarita Alperovich avisándole a sus amigas lo que iba a suceder en Tucumán y en la Plaza.
Movimientos de los Alperovich antes de los saqueos
Curiosamente, dos
horas antes de los saqueos, había comenzado la "prevención" de la
familia judía que gobierna la provincia de Tucumán desde el año 2003.
Así, mientras
Tucumán atravesaba los peores momentos de tensión tras la ola de
saqueos y los enfrentamientos que protagonizaron vecinos y policías,
crecía la indignación hacia el gobernador.
De manera repentina, los
autos exhibidos en las concesionarias del León Alperovich Group
desaparecieron de las vitrinas. Esto fue reflejado por vecinos que,
molestos, decidieron fotografiar el frente de varios locales comerciales
de la empresa que pertenece a la familia del gobernador.
Las
imágenes comenzaron a circular por las redes sociales durante la noche,
en el mismo momento en que los habitantes de Tucumán se protegían con
barricadas y se encontraban aterrorizados por la ola de saqueos que sacudían a la provincia.
Incluso la diputada Elisa Carrió denunció -desde Buenos Aires- lo que sucedía en las concesionarias que son propiedad de la familia Alperovich.
Elisa Lilita Carrió @elisacarrio
Que Alperovich vacíe sus concesionarios de autos antes de los saqueos, es sintomático.
1:24 PM - 10 dic 2013
Las concesionarias de Alperovich fueron unos de los pocos comercios de la provincia que no perdieron la custodia policial durante el conflicto, cuando avanzaban los saqueos y los robos en toda la provincia.
"La policía se acuarteló el domingo a las 22. El lunes por la mañana el gobernador declaró que la
seguridad estaba garantizada, pero dos horas más tarde dio la orden de vaciar las cinco concesionarias que tiene la provincia. Y en esos locales nunca faltó seguridad", reportó.
Una familia escandalosa
A mediados de este año, un polémico contrato con Pami que favorecía a la hija de Alperovich, volvió a poner en foco de la tormenta a la familia.
Eran importantes montos de
dinero que recibía del Pami un consultorio odontológico de su propiedad.
Según el diputado nacional por la UCR de esa provincia, Juan Casanas, la joven le facturó, en menos de dos años, $ 699 mil a la obra social en concepto de cápitas.
Desde el Centro Odontológico de Tucumán, denunciaron
que la hija del gobernador recibe del Pami $ 36 mil por mes, mientras
que el resto de los consultorios obtiene, en promedio, entre $ 5 mil y $
9 mil.
Conocida esta información, la Secretaría de Prensa y Difusión de la Provincia de Tucumán explicó que la mujer tiene contrato con el Pami desde septiembre de 2011.
Por su parte, el
mandatario provincial salió a defender a su hija y justificó el dinero
que ella recibe porque en el consultorio hay otros cinco odontólogos y
dos empleados administrativos.
En tanto, la madre de la joven, la senadora Beatriz Rojkés de Alperovich, también
habló del caso y afirmó que las denuncias son “políticas”, porque éste es un “año electoral”.
Por último, el Centro Odontológico de Tucumán también ve con preocupación que hace
dos años, antes de que Sara comenzara a ejercer, 21 odontólogos que
trabajaban con el Pami -con 60 mil afiliados- fueron dados de baja y el
40 por ciento de esos pacientes hoy los atiende la hija del gobernador. Con respecto a este punto, José Alperovich aseguró que no hay nada que esté fuera del marco legal.
Hace 3 meses, el otro escándalo de la
hija del Gobernador se produjo cuando le secuestraron el auto en un control de alcoholemia.
La joven odontóloga registró 1,55 grados de alcohol por litro de sangre, más de tres veces por encima del límite permitido.
Por esa razón, su Volkswagen Gol 2.0, a nombre de León Alperovich S.A, terminó secuestrado en pleno centro de la ciudad, tras el control realizado a las 2.30 horas, según informaba el diario 'La Gaceta'.
El
test que le realizaron a la hija del gobernador se llama Blood Alcohol
Concentration (concentración de alcohol en la sangre), aunque se suele
denominar BAC, por sus siglas en inglés. Se considera que cuando una persona supera el 1,50, tal el caso de "Sarita", tiene "embriaguez motora".
Otros escándalos fueron compartidos. Tal fue el caso de las lujosas vacaciones en Dubai e Israel donde se la pudo ver a Sara junto a su familia. En
el año 2012 el gobernador José Alperovich viajó cuatro veces a Estados
Unidos, tanto en supuestas misiones oficiales como en paseos privados
junto a su mujer e hijos. Miami y Nueva York son sus
destinos preferidos.
Respecto
a José Alperovich, su carrera es la de un típico trepador, ya que fue
legislador provincial de la Unión Cívica Radical en sus inicios.
Era el año 1995 y los únicos bienes que tenía eran un auto viejo, y el
sueldo que le daba su padre en la empresa concesionaria de automóviles.
Su padre León se dedicó a la venta ambulante de pescados junto con su
amigo Salomón Rojkés. Como una ironía del destino, los hijos de ambos,
unos 30 años después, se casaron y son hoy el matrimonio tucumano más
poderoso que gobierna la provincia como si fuera un feudo.
Luego José Alperovich fue presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto durante la gestión del general Antonio Bussi. Después fue Ministro de Economía del gobernador Justicialista Julio Miranda.
En 2001 pasó a ser senador nacional por el Partido Justicialista. En
octubre de 2003 fue electo gobernador de Tucumán representando al PJ. Alperovich disolvió la Fiscalía anticorrupción, apenas asumió la gobernación en 2003.
Hoy su patrimonio está calculado por encima de los 400 millones de dólares, sin contar el que posee su esposa, actual senadora nacional. Ha reconocido públicamente que tiene campos (60.000 hectáreas en Santiago del
Estero, 20.000 hectáreas en Brasil, hectáreas en Tucumán, y en Salta),
propiedades urbanas en Tucumán y en Punta del Este, que tiene soja,
maíz, ganado, arándano, etc., tiene packing, hoteles en Tucumán y en el
extranjero, que con la soja gana anualmente la suma de $ 15.000.000,
todo ello en menos de 18 años. Desde 1995 hasta el 2013, José Alperovich ha acrecentado su patrimonio en un 2.000 %, sin embargo no es investigado por la Afip ni por ningún organismo gubernamental.
Tucumán es manejado íntegramente por Alperovich y que es apodado “El Zar”. Así, el gobernador posee dos mansiones en los barrios más caros de Tucumán, una de las cuales está valuada en 1,5 millones de
pesos. Su esposa Beatriz Rojkés, también es millonaria: en la declaración de 2010 dijo tener un patrimonio de 20 millones de pesos.
“La Betty”, como la conocen en Tucumán, cuando no está en Buenos Aires,
atiende en una oficina en Tucumán ¡¡¡dentro de la concesionaria de
autos del gobernador!!!!.
Todos
los parientes y miembros de la colectividad judía han sido insertados
en cargos públicos que es lo que más irrita a los tucumanos. A partir del gobernador José Alperovich toda la familia tiene cargos públicos, empezando por su mujer Beatriz Rojkés, presidenta del PJ de Tucumán, senadora nacional y tercera en la línea de la sucesión presidencial si renunciara Cristina Kirchner y Amado
Boudou.
Luego sigue Silvia Rojkés,
cuñada del gobernador y Ministra de Educación. Fue la titular del
Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (IPACYM) en el
primer período.
Después viene Carlos Rojkés,
cuñado del gobernador y miembro del Banco de Tucumán. Asesor en el
Senado, conduce un programa en Canal 8 de Tucumán. Es también un hombre
de peso en la gestión de LV12, la radio que administran cinco amigos de
Alperovich.
Luego le sigue Verónica Rojkés, sobrina del gobernador y “trabaja” como “asesora” en el Senado de la Nación.
Otros familiares son: Rubén Rojkés, cuñado del gobernador y accionista de las empresas Luxury BH, proveedoras del estado provincial. Pablo Zeitune, yerno del gobernador y Director de Comercio de Tucumán. Isaac Benjamín Bromberg,
primo del gobernador. Fue representante de la Casa de Tucumán en Buenos
Aires, y hoy es diputado nacional del Frente para la Victoria PJ. Beatriz Mirkin, prima del gobernador. Ministra de Desarrollo Social 2003-2011. Hoy Diputada Nacional del Frente para la Victoria PJ.
Oscar Mirkin, primo del gobernador. Hoy Secretario de Obras Públicas de Tucumán. Lucía Temkin, sobrina del gobernador. Directora de la Secretaría Privada de la Presidencia Provisional.
Oscar Mirkin hijo,
tiene una empresa B & M en calle Nueve de Julio 926 de la ciudad de
Tucumán que hace obras para la provincia, en este caso se trata de un familiar del gobernador que “se contrató a sí mismo” desde un puesto estatal. Es decir, contratado por su padre que es el Secretario de Obras Públicas. “El contrato más reciente de esta empresa para hacer obras públicas fue de 28 millones de pesos”.
Otro pariente que se beneficia es Eduardo Stemkin,
dueño de la empresa Tecno, concuñado de Alperovich, al que le
adjudicaron la construcción de viviendas a su empresa contratista por 30
millones de pesos. “Todo queda en familia”.
Otro de los escándalos develados fue el de los aumentos de sueldos de legisladores, quienes se acrecentaron las dietas en 17 mil pesos y más 40 mil de gastos sociales: unos 57 mil pesos por legislador.
Respecto al edificio de la Legislatura, su construcción iba a costar 21 millones de pesos en 2007, terminó costándole a todos los tucumanos 130 millones de pesos.
Un
caso más de caos en la provincia fue el de la estación Central Córdoba,
en la que, cuando hicieron el anuncio de la recuperación servicio
ferroviario entre la capital provincial y Tafí Viejo, circuló el 18 de
junio de 2009, una formación para la presentación y fue la única vez que funcionó en 30 años, un tren sobre las vías en un trayecto de 12 kilómetros. Hizo un solo viaje para las fotos y dejó de funcionar. “Una tomada de pelo a todos y a todas”.
En ocasiones, a
falta de familiares idóneos, Alperovich echó mano a personas que
frecuenta en la vasta comunidad judía que se asentó en Tucumán. Así es como accedieron Pablo Yedlin al ministerio de Salud; Marcelo Ditinis como secretario privado de la gobernación, o Ignacio Golobisky a la secretaría de Prensa y Difusión.
Hay alrededor de 1000 familias judías en Tucumán, algo así como unas 3000 personas. Es la comunidad más grande del Noroeste argentino. La administración tucumana tiene casi 100 mil
empleados en la administración pública, de ellos 3.000 son de origen judío. Observando detenidamente, prácticamente toda la colectividad judía tucumana vive del erario público.
“Cada uno tiene derecho a poner la gente que desea”, dijo el gobernador sobre el tema, en un video de archivo.
Presencia de ex agentes del Mossad
Jorge Alperovich, gobernador de la provincia de Tucumán, además contrató sin licitación los servicios privados de la empresa Security and Intelligence Advising (SIA),
una organización internacional especializada en la planificación y
organización de programas de seguridad, inteligencia y protección, para
las compañías privadas más importantes, como así también para
instituciones y gobiernos en todo el mundo.
Security and Intelligence Advising está especializada en la consultoría en seguridad, inteligencia y protección, fundada en Israel y formada por un grupo selecto de profesionales con probadas aptitudes, vasta experiencia y reconocida
trayectoria.
Según su propia descripción SIA está compuesta por un
equipo de expertos oficiales senior retirados de diversos servicios de
seguridad e inteligencia (GSS) y de varias unidades de elite del
Ejército de Defensa de Israel, y reúne un grupo altamente calificado
de profesionales con años de experiencia sin igual en la evaluación,
planificación y aplicación de programas de seguridad, inteligencia y
protección.
Asimismo, SIA cuenta entre su grupo de profesionales a varios oficiales retirados de los servicios de inteligencia europeos, que
suman a la empresa su probado conocimiento y experiencia en tareas de contrainteligencia y operaciones especiales.
En otras palabras: SIA
forma parte de la red multinacional de empresas que hacen sus ganancias
en el mercado de "seguridad e inteligencia" que se desarrollan bajo el
paraguas de la "guerra internacional contra el terrorismo" impulsada
planetariamente por el presidente George W. Bush, y para la cual
Washington y el Congreso estadounidense han autorizado unos US$ 30.000
millones de presupuesto desde el 11 de septiembre en adelante.
Entre
la variada gama
de servicios que ofrece a sus clientes SIA (que vocalmente suena como
CIA) hay uno que particularmente define su competencia en un área
altamente sensible a la estrategia del Imperio norteamericano en la
región: Investigación en Antiterrorismo.
La "guerra contraterrorista" - Espionaje en Tucumán
Es en ese punto donde la
SIA se toca y se entrelaza con la red latinoamericana de espionaje
montada por la Central de Inteligencia (CIA) estadounidense y el
servicio de inteligencia israelí (Mossad),
cuyo objetivo central -sostenido institucionalmente tanto por el
gobierno de Bush como por el de Sharon- es la "guerra contraterrorista"
desarrollada en el campo de la inteligencia y de las operaciones
especiales.
Como
escribe Heinz Dieterich Steffan, estas células operativas de la
CIA-Mossad (como es el caso de la SIA) se valen del intento de ciertos
gobiernos y clases políticas de privatizar determinadas funciones de
soberanía del Estado, y convertir a los cientos de miles de empleados
armados de esas compañías en una reserva paramilitar para funciones
represivas del Estado, tal como se observa, por ejemplo, en Argentina.
Más
preocupante aun -sostiene Dieterich - es la zona gris de operadores de
las guerras sucias, en la cual los servicios de inteligencia y fuerzas
militares estatales, los productores, comerciantes y lobbyistas de la
industria armamentista y los escuadrones de la muerte, interactúan, tal
como sucedió recientemente en la venta de armamento israelí a los escuadrones de la muerte de Colombia: los paramilitares.
En el área de Centroamérica y el Caribe, ex
agentes y militares israelíes jugaron un papel fundamental en el
entrenamiento profesional de los primeros escuadrones de la muerte de
los narcotraficantes colombianos
del Cartel de Medellín, en 1990.
El jefe de este grupo, el teniente coronel Yair Klein,
de la unidad de elite Harub, formó en 1989 su empresa "Punta de Lanza",
especializada en la venta de armamento y tecnologías bélicas, que
después de entrenar a los paramilitares latinoamericanos regresó a Israel con los bolsillos llenos de narcodólares.
No
obstante -y según las investigaciones de Dieterich- la intervención de
los servicios secretos israelíes en esa región se remonta una década más
atrás, cuando a inicios de los ochenta el know how de
"contrainsurgencia" de esos servicios fue puesto al servicio de los primeros terrorismos de Estado en Honduras y Guatemala,
para convertirse pronto en engranaje integral de la agresión de los
mercenarios del gobierno de Ronald Reagan y del padre de W. Bush (los
"contras") contra el gobierno sandinista de Nicaragua.
El
verdadero rol imperial de estas empresas de inteligencia -además de su
millonario negocio en el área empresarial- consiste en la privatización
de la inteligencia y de las áreas de seguridad estatal en las naciones
latinoamericanas, con la finalidad de controlar sectores claves de
información sobre personas, instituciones y organizaciones políticas y
sociales de esos países.
El punto de confluencia con la estrategia militar y geopolítica de
EE.UU. se traza a partir de la "guerra contra el terrorismo" que
reemplaza en la lógica doctrinaria imperial a la "guerra antisubversiva"
de la década del setenta y de la era reaganiana en Latinoamérica. El
alto ejecutivo (Security Senior Expert) de la SIA, Amar Salmar,
quien intervino como invitado especial de un evento de empresarios
latinoamericanos y estadounidenses de organizaciones privadas de
"seguridad e inteligencia" realizado en Miami por la Latin American
Security Association (ALAS), pronunció una conferencia sobre "El rol de
la inteligencia en la lucha contra el Terrorismo Global en el Siglo
XXI".
Ejércitos privados
Con
la desaparición de la guerra por áreas de influencia con la URSS, las
viejas consignas "antimarxistas" de las dictaduras militares formadas en
la Escuela de las Américas fueron sustituidas gradualmente por las banderas de la lucha contra el terrorismo, las drogas y el crimen organizado con las que EE.UU. justifica su injerencia intervencionista en la región latinoamericana.
Con
la desaparición del "peligro marxista", y acorde con las nuevas
metodologías expansivas del capitalismo transnacional, surgió el nuevo
objetivo imperial: la "privatización" de la obsoleta maquinaria de los ejércitos y servicios de
inteligencia que ya habían cumplido su rol represivo militar con la doctrina de seguridad nacional exportada desde el Pentágono hacia el Comando Sur de los EE.UU.
Los
ejércitos de "seguridad e inteligencia" privados fueron sustituyendo
más eficientemente en el control social y político a las vetustas y
desmovilizadas tropas de los ejércitos represores latinoamericanos que habían perdido vigencia con el ingreso de las democracias made in USA en los ochenta y los noventa.
De esta manera -en
el área de la inteligencia y la
seguridad- estas células privadas de la CIA y el Mossad israelí,
cierran el proceso de desmantelamiento de los estados nacionales
latinoamericanos iniciado con el modelo de libre mercado y
privatizaciones lanzado por Washington en la década de los noventa, y
cuyo paradigma más significativo fue la dupla Menem-Cavallo en la
Argentina.
Dentro de este nuevo esquema los
servicios de información latinoamericanos -salvo Cuba y Venezuela- se
convirtieron en sucursales operativas de las políticas de inteligencia
diseñadas para el control operativo y estratégico de Washington en la
región.
Sistemáticamente, y durante los nuevos "gobiernos democráticos" controlados por EE.UU., la
inteligencia norteamericana-israelí fue imponiendo a las
administraciones de turno -a través de campañas mediáticas o de
presiones políticas- ajustes presupuestarios y reducción de agentes en
las estructuras oficiales de inteligencia.
A través de gigantescas campañas mediáticas contra las drogas, el terrorismo y el crimen organizado, los
ejércitos privados -convertidos en verdaderas máquinas de facturación
comercial- fueron ocupando el rol que antes ocupaba el Estado en la
implementación de políticas de seguridad e
inteligencia.
¿Una provincia Argentina controlada por el Mossad israelí?
En
un trabajo titulado "Espionaje en Tucumán" el periódico electrónico
Seprin difundió una denuncia (confeccionada con pedidos de informes
legislativos y por investigaciones periodísticas) sobre la
contratación, por parte del gobernador de Tucumán, Jorge Alperovich, de
un servicio de "espionaje privado" provisto por la empresa SIA.
Según
Seprín, el gobernador, que cuenta con respaldo de la DAIA (organización
representativa de la comunidad judía en la Argentina), realizó la
contratación en un momento que desde "el Gobierno Nacional se busca la
destrucción de las FFAA y FFSS a partir de desmantelar sus servicios de
inteligencia, bajar presupuesto y destrucción moral de las Fuerzas
Armadas".
Según la publicación “muchos consideran que se estableció una base del Mossad en Tucumán”.
