Los saqueos tienen condicionantes políticos y culturales
Por Agustín Laje (*)
Hace algunas horas, Córdoba fue sumergida en un virtual estado de guerra
civil. Bastaron algunos minutos de autoacuartelamiento policial, como
producto de un reclamo salarial, para que la anarquía se transformara en
la nota distintiva de la jornada. En efecto, detrás de los desmanes
provocados por los saqueadores, que afortunadamente fueron resistidos
por valientes grupos de vecinos que intentaron defenderse por sus
propios medios, asomaba el “hombre en estado de naturaleza” de Thomas
Hobbes y su característica condición de padecer una “guerra de todos
contra todos”.
Los saqueos y las tropelías se iniciaron durante la tarde del martes y
se extendieron ininterrumpidamente hasta la siesta del miércoles, cuando
el gobernador cordobés torció el brazo, aceptó los reclamos policiales
y, en consecuencia, las patrullas volvieron a proteger la ciudad. El
saldo del salvajismo saqueador fueron más de mil negocios –grandes,
medianos, pequeños y diminutos– totalmente destruidos; cientos de
familias cuyas fuentes de ingreso se han desmantelado; ciento setenta
heridos de bala y un muerto.
Va de suyo que el principal beneficiado político del padecimiento
cordobés fue el kirchnerismo, enemistado con el gobierno provincial que
encabeza José Manuel De la Sota. Sólo así puede explicarse la olímpica
lavada de manos del Gobierno Nacional a la hora de enviar fuerzas
federales a Córdoba que, según data en el archivo virtual del diario La
Voz del Interior, fueron solicitadas por la provincia alrededor de la
1:00 AM del miércoles sin recibir respuesta alguna.
El trasfondo político de lo que vivimos los cordobeses es evidente e
innegable. En agosto del 2005 la Policía provincial llevó adelante un
paro que duró tres días sin producirse ningún saqueo. Ocho años más
tarde, bastaron pocas horas de paro policial para que los vándalos
salieran en enormes grupos a pulverizar la ciudad. ¿Qué cambió entre
2005 y 2013? Fundamentalmente, la relación del kirchnerismo con el
gobierno cordobés.
El año pasado, durante el mes de febrero, la Policía de la Provincia de
Misiones llevó adelante un paro que duró varios días. En esta
oportunidad, al igual que como ocurrió en la Córdoba del 2005, no se
registró un solo saqueo, pues el auxilio de Gendarmería fue instantáneo.
Claro, gobernador misionero Maurice Closs se distingue por su
obsecuencia para con los mandones de la Casa Rosada. ¿Acaso alguien se
imagina a Capitanich discurseando de la forma en que lo hizo –excusando
de manera burda la falta de respaldo federal– frente a un eventual
pedido de auxilio de los gobernadores ultrakirchneristas Sergio
Uribarri, Gildo Insfrán, Lucía Corpacci, Luis Beder Herrera, Juan Manuel
Urtubey o Francisco Pérez?
Vale destacar que, según el periodista Ignacio Fidanza (La Política
Online), el responsable del mutismo del Gobierno Nacional frente a los
pedidos de Córdoba no fue otro que el secretario Legal y Técnico Carlos
Zannini, uno de los hombres más poderosos del elenco kirchnerista. La
hipótesis es interesante, habidas cuentas de la vieja enemistad que
mantiene Zannini con De la Sota, que data de los años `70, cuando éstos
se encontraban en veredas opuestas nada menos que en el marco de los
“años de plomo”.
De cualquier forma, y al margen de las conjeturas políticas coyunturales
que puedan efectuarse, los saqueos cordobeses ponen de manifiesto algo
que la filosofía política ha dicho hace ya varios siglos: la función
esencial del Estado consiste en proteger los derechos individuales de
sus ciudadanos a través de eficientes Fuerzas Armadas y de Seguridad. Un
Estado que no puede asegurar tales derechos, es un Estado fallido. En
este orden de ideas, el Estado populista demuestra todos los días que no
es capaz de brindar servicios de seguridad razonables (de ahí el
crecimiento desproporcionado de guardias privados y barrios cerrados);
por definición, sus energías –humanas, logísticas y monetarias– están
abocadas a lo que coloquialmente se denomina “pan y circo” –desmedido
gasto público en subsidios, prebendas y onerosos divertimentos–, y a la
promoción desaforada de los caudillos que detentan el poder, a través de
incalculables
derroches en propaganda gubernamental. Urge, por lo tanto, desmantelar
el Estado populista y reconstruir un Estado dedicado a garantizar el
orden, la paz y la libertad, a través de Fuerzas de Seguridad y Fuerzas
Armadas dignas, bien pagas y bien equipadas.
Ahora bien, el Estado populista no sólo es responsable de las
condiciones políticas que conducen al saqueo, sino también de las
condiciones culturales que lo posibilitan. En efecto, si determinado
sistema moral respetuoso de la propiedad privada y del valor del trabajo
imperase en la ciudadanía, la ausencia de policía no provocaría por sí
sola un desmán como el ocurrido en Córdoba. Pero son nuestras propias
instituciones las que en primer lugar castigan y abominan del éxito
emprendedor; son nuestros políticos los que hacen del Estado un aparato
de saqueo sistemático en primer término; son nuestros profesores y
catedráticos los que hacen germinar en la cabeza de sus alumnos que la
economía es un “juego de suma cero”, que la riqueza es estática y que lo
que le falta a uno es porque otro lo tiene; y son nuestros periodistas
los que repiten estas tonteras desde sus usinas de difusión,
hegemonizando la falsa máxima que reza que “las
necesidades generan derechos”. ¿Cómo no esperar, entonces, que esta
cultura de la dádiva, la envidia y el saqueo se termine materializando
en salvajes saqueadores que se jactan de sus robos por Facebook y
Twitter?
Hay que decirlo de una vez: gran parte de la cultura argentina está
infestada de cabo a rabo. En efecto, se ha perdido el valor del trabajo,
del esfuerzo, de la productividad, de la autonomía personal, de la
familia, del orden, de la propiedad privada. En cambio, se ha adoptado
la cultura de la prebenda, de la dádiva, de la pereza y del gusto por lo
ajeno.
En la virtual guerra civil cordobesa no chocaron dos clases sociales,
sino dos tipos culturales: el hombre productivo vs. el hombre parásito.
El hombre productivo vive de su trabajo; el parásito vive del fruto del
trabajo ajeno. El hombre productivo pide derechos individuales de no
interferencia, pues quiere trabajar en paz; el parásito afirma que “sus
necesidades” generan el derecho de disponer de la vida de los demás. El
hombre productivo no exige recompensas no merecidas; el parásito
generalmente obtiene lo que no merece. El hombre productivo entiende que
su dignidad descansa en su autonomía y autorrealización personal; el
parásito no podría vivir sin la existencia del hombre productivo y, por
añadidura, jamás entenderá el significado de la dignidad.
Sorprenden los que se sorprenden (valga la redundancia) por los saqueos
en Córdoba. En efecto, éstos constituyen un fenómeno que, de hecho y de
manera inadvertida, ya ocurría y ocurre sistemáticamente en toda la
Argentina: el saqueo al hombre productivo (al cual se le sustrae la
mitad de su trabajo anual en impuestos) por parte del hombre parásito a
través del Estado.
La filósofa Ayn Rand decía: “Cuando vean que para producir necesitan
obtener la aprobación de quienes no producen nada; cuando vean que el
dinero fluye a quienes comercian no en bienes sino en favores; cuando
vean que los hombres se hacen más ricos a través de la estafa que del
trabajo, y sus leyes no los protegen de ellos, pero los protegen a ellos
de ustedes; cuando vean que la corrupción es recompensada y la
honestidad se convierte en un sacrificio personal; sabrán que su
sociedad está condenada”.
(*) Agustín Laje.
