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....veremos....dijo un ciego!!!!.....o serà : ...cosas veredes que non crederes!!!
Histórico: darán a conocer los nombres de los presos, desaparecidos y exiliados indemnizados por el Estado
- TOTALNEWS
- 04 MARZO 2017
Lo decidió el Ministerio
de Justicia, mediante una providencia que Infobae revela aquí en
exclusiva. El tema era motivo de controversia por la cerrada negativa de
la administración anterior a revelar estos datos
Jovina Luna es la hermana de
Hermindo Luna, uno de los soldados conscriptos muertos por los miembros
de la organización Montoneros que, en octubre de 1975, durante el
gobierno constitucional de Isabel Martínez
de Perón, asaltaron el Regimiento n°29 de Infantería de Monte en
Formosa. Una operación en la cual murieron 12 soldados y oficiales del
Ejército y al menos una decena de guerrilleros.
Al enterarse de que los atacantes
del cuartel caídos en el asalto fueron incluidos por la gestión
kirchnerista en la categoría de "víctimas del terrorismo de Estado" y
sus familiares indemnizados en consecuencia,
la señora Luna presentó en el transcurso del año pasado varios pedidos
para conocer los nombres de los guerrilleros cuyos parientes fueron
beneficiados por las leyes reparatorias. "Si el Estado premió a los que asesinaron a mi
hermano o a sus familiares, quiero saberlo", argumentó Jovina Luna.
Hasta ahora, su pedido había chocado con una negativa oficial
basada en el hecho de que se consideraba a estos datos como "sensibles"
en el marco de lo que establece la Ley de Protección de Datos
Personales.
El Ministerio de Justicia acaba de
poner fin a ese criterio disponiendo la publicación en la página web de
esa cartera "de la parte dispositiva de TODOS los actos administrativos dictados
por el titular de
esta Cartera de Estado, con excepción de aquellos que expresamente
hayan sido declarados 'reservados' y/o 'secretos'", y ello en nombre del
principio constitucional de la publicidad de los actos de Gobierno y
otras consideraciones, como el hecho de que "el
reconocimiento de los beneficios indemnizatorios", previstos en las
leyes reparatorias, "implica la disposición y manejo de fondos públicos cuya administración y ejecución no debe estar exenta del control del accionar de
los ciudadanos".
Como lo explicó a Infobae Esteban Conte Grand, jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos -firmante de la providencia citada-, desde
la semana próxima estarán publicadas en la página web del Ministerio de
Justicia todas las resoluciones administrativas de esa cartera, de
2004 en adelante.
Esos documentos incluirán por lo tanto las indemnizaciones
otorgadas a ex presos políticos, ex exiliados y familiares de
desaparecidos.
Las leyes de reparación fueron dictadas por el gobierno de Carlos Menem, un dato obviado por el relato kirchnerista sobre los derechos humanos
Las llamadas "leyes de reparación" fueron dictadas, reglamentadas y ejecutadas en la década del 90, por el gobierno de Carlos Menem;
un dato que las organizaciones de derechos humanos y el relato
kirchnerista suelen obviar. La Ley 24043 (de 1991) establecía la
indemnización para las personas que habían estado detenidas durante los
años de la dictadura y fijaba un monto diario basado en
un sueldo de la administración pública, que hoy equivaldría a unos 1020
pesos por día de detención.
En 1995 se promulgó la Ley 24411, de indemnización para las familias de las víctimas de desaparición forzosa y de los muertos "por
el accionar del terrorismo de Estado".
Claramente, los guerrilleros muertos en el asalto al cuartel de Formosa no entran en la categoría anterior. De ahí la indignación de los familiares de los soldados conscriptos que murieron en ese ataque.
Ahora, podrán tener la confirmación de
esta peculiar interpretación oficial acerca de quiénes fueron las
víctimas en ese ataque guerrillero.
Esteban Conte Grand explicó a Infobae que las resoluciones se publicarán desde el año 2004 porque es la fecha a partir de la cual están digitalizadas. Sin embargo, el
Ministerio también decidió, y así le fue transmitido al secretario de
Derechos Humanos, Claudio Avruj, la confección de una base de datos
específica con los listados de las diferentes categorías de
indemnizaciones que se han ido abonando
en estos años.
La nota oficial por la cual se dispone la publicación de todos los actos
administrativos del Ministerio de Justicia que incluyen las
indemnizaciones otorgadas a ex presos y a familiares
de desaparecidos
El funcionario explicó que de 2004 en adelante la mayoría de las reparaciones fueron por exilio. En realidad, nunca fue sancionada por el Congreso una ley reparatoria para los exiliados porque cuando el tema
salió a debate generó demasiada resistencia en la opinión pública.
El kirchnerismo optó entonces por ir dando cauce a las demandas
individualmente presentadas a través de la justicia. La Secretaría de
Derechos Humanos de la Nación interpretó
que, por extensión, podía
aplicarse la Ley 2654 -promovida por el kirchnerismo en 2010, que amplió
las indemnizaciones a todos los presos y familiares de desaparecidos y
muertos desde 1955 en adelante-
e indemnizar a personas "forzadas a salir del país para preservar su
integridad física, por estar perseguidas por las fuerzas de seguridad".
El caso testigo fue el de la familia Vaca Narvaja, indemnizada en el año 2006, asimilando el exilio a la detención.
Conte Grand explicó que la actual administración decidió limitar
la indemnización a los exiliados a un 25 por ciento del monto diario
pagado por día de detención, por considerar, con lógica, que no es
equiparable la prisión al exilio. Hasta ahora, un
exiliado podía llegar a recibir una indemnización de un monto superior a la de un preso político, lo
que a todas luces no parece razonable. La reparación se abona a todo
aquel que acredite que su expatriación se debió a razones políticas.
Esto disipará o confirmará las sospechas de interpretaciones abusivas de la ley y contribuirá a zanjar el debate sobre el número real de desaparecidos
Hasta ahora, dijo el funcionario, la Secretaría de Derechos
Humanos rechazaba los pedidos de acceso a esta información por
considerar que era "sensible" y porque no tenían una base de datos. A
partir de la decisión tomada por el ministro de Justicia, Germán
Garavano, se considera que se trata de ejecuciones
presupuestarias y por lo tanto no entran en la categoría de "información
sensible". Por otra parte, se dispone que el Archivo de la Memoria
encare la creación de una base de datos que reúna toda esta
información por categorías.
Las resoluciones que el Ministerio hará públicas desde la semana
próxima incluyen todos los actos administrativos de la cartera, desde un
nombramiento hasta estas indemnizaciones. Hasta que no haya una base de
datos, aunque
en forma desordenada y de momento limitada a los actos posteriores a 2004, igualmente podrá
conocerse el nombre de las personas que se vieron beneficiadas por
estas indemnizaciones y quedará evidenciado el criterio aplicado.
Podrán disiparse o confirmarse las sospechas de irregularidades o las interpretaciones abusivas de la ley como podría ser el caso de los muertos de Formosa.
Esto también contribuirá a zanjar los debates sobre el número real de desaparecidos y muertos como consecuencia de la represión ilegal. Infobae
