Señor Director:
Llama
la atención la prontitud del juez federal Luis Rodríguez (padrino de
uno de los hijos del ex ministro de Planificación y actual diputado
nacional Julio de Vido, y así ¿las cosas quedan en familia?) haya
rechazado el día 7 pasado el pedido de desafuero y detención del
inculpado aduciendo que “no hay el estado de sospecha suficiente (¿?)
que justifique un llamado a indagatoria en la causa de casi 265 millones
de pesos en la causa Río Turbio, argumentando que “Resulta necesario
ahondar la pesquisa a través de nuevas diligencias probatorias y el
análisis conjunto de la copiosa documentación (sic) que ya se encuentra
secuestrada”.
En el pedido del fiscal federal Carlos Stornelli (rechazado), éste requirió el 4 del actual el llamado a indagatoria, desafuero y detención de De Vido, por supuesto fraude y malversación de 26.000 millones de pesos. Y el requerimiento fiscal abarca también al ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión el Ministerio, Roberto Baratta, y a otras 19 personas, todas acusadas por el proyecto de reflotar el tren “Eva Perón” en la mina de carbón de Río Turbio, que implicó un gasto de unos 600 millones de pesos, que fue utilizado por Alicía Kirchner en su campaña para la gobernación de Santa Cruz, y se encuentra arrumbada una locomotora en un galpón (al respecto, recordemos que la mina estuvo paralizada durante años por el accidente acaecido en que se derrumbó una galería por falta de mantenimiento, causando la muerte de 14 mineros, que se hubiera evitado con unos millones de dólares de las regalías petrolíferas que Menem dio a Néstor Kirchner -que éste “exportó”, esfumándose-, ignorándose hasta la fecha qué se hizo de con esos 600 millones de dólares).
El fiscal Storneli nos refresca la memoria, ilustrándonos que “el ex ministro de Planificación, Julio de Vido, cumplió el rol de “brazo ejecutor” de la presunta defraudación por la que pidieron su desafuero y detención, en le marco de una política diseñada a obstaculizar las actividades de control, eludiendo los mecanismos de que rigen en la contratación de la Administración Pública Nacional”. Y reafirmando que “Los artífices de esta ingeniería procuraron evitar las regulaciones acerca de la obra pública y los instrumentos internacionales para prevenir la corrupción, por lo que el perjuicio es tan solo el epílogo del caso sometido a estudio, toda vez que la opacidad que rodeó la asignación de los financiamientos acordados permitió el espurio manejo de aquellas sumas de dinero que finalmente, mal o irregularmente, se aplicaron a las obras convenidas”
Pregunto qué más requiere el juez Rodríguez, pues es vox populi que el fallecido Néstor Kichner fue el artífice de una asociación ilícita para su enriquecimiento desde 2003, mediante los sobreprecios en las obras públicas, a través de su testaferro Lázaro Báez, quién de un simple cajero del Banco de Santa Cruz, devino en multimillonario, no pudiendo justificar su patrimonio, y se encuentra preso desde hace un año, como tampoco la familia Kirchner demostrar el origen de su inmensa fortuna mal habida en 12 años y medio de (des)gobierno.
Estimo que el fiscal de Cámara debería apelar la resolución del juez primera Instancia, y tener en cuenta que por algo la ciudadanía desconfía de la justicia por el manejo judicial que demora las investigaciones de corrupción, cuyas denuncias penales de la diputada Elisa Carrió se durmieron más de 10 años el sueño de lo de los (in)justos en los cajones de los jueces, a fin de que la Nación recupere los recursos públicos en el marco del inédito (¿presunto?) latrocinio cometido por la familia Kirchner y adláteres, estando la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner procesada por sedicente asociación ilícita, a la espera de ser sometida a juicio oral.
Con cordiales saludos,
Alfredo Nobre Leite
DNI 18.221.024
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