CAPÍTULO 10
GÉNESIS DE LA
FALACIA DE LOS
30.000
DESAPARECIDOS
SEGUNDA PARTE
Otras voces
desmienten las cifras
de los 30.000
desaparecidos
No obstante el relato consolidado por funcionarios, militantes y periodistas
que alcanzó a la enseñanza primaria y secundaria, algunas voces de la
propia militancia trataron de acercarse a la verdad parcial de la tragedia sucedida
(nadie hablaba de “los otros muertos”) por lo que creemos adecuada difundir
sus expresiones y acciones. Al respecto es interesante conocer lo expresado
por Graciela Fernández Meijide en su libro La historia íntima de los
derechos humanos en Argentina, Ed. Sudamericana, año 2009, refi
riéndose a la discusión que a principios del gobierno militar de facto
tenían las “Madres” en Europa que querían implantar la consigna: “aparición
con vida”, con los dirigentes de la Comisión Argentina por los Derechos
Humanos (CADHU) una de las principales estructuras creadas para difundir el
relato parcializado y falaz. Graciela F. Meijide sabía que no se podía
llegar a 10.000 de ningún modo y por ello consultó a uno de los voceros de
esa cifra, Eduardo Luis Duhalde el principal de ellos, quien le expresó: …Si
hablábamos de detenidos con vida aunque fuera en cárceles desconocidas,
clandestinas, no lográbamos el mismo eco que si denunciábamos un
genocidio... Los exiliados políticos que vivían en el exterior intentaban
movilizar conciencias y lograr adhesiones de organismos internacionales…
objetivamente los testimonios de los liberados de ESMA, La Perla y Campo de
Mayo –por coincidencia o decisión táctica– aportaron a esa estrategia que
tal vez haya dado lugar en 1977, a la credibilidad sobre la cifra de 30.000
desaparecidos.
Con esas expresiones que denotan su mendacidad mantenida desde 1983
en su libro El estado terrorista argentino hasta su muerte en 2012,
se puede deducir el grado de seriedad, objetividad, ecuanimidad y afán de
justicia que tenía el funcionario impuesto por Néstor Kirchner, desde el
inicio de su gobierno en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación,
donde como se expresó, sólo se ocupó de los DDHH de sus amigos ideológicos
de los 70 y de sus familias. No obstante la falsedad jurídica conocida,
Eduardo L. Duhalde desde ese cargo y con la anuencia y apoyo de Kirchner,
insistió persistentemente haciendo presión sobre los fiscales y jueces que
entendían en los juicios a militares y otros funcionarios del Estado, para
que imputaran en los procesos por delitos de lesa humanidad inventados por
ellos, la participación dentro de la figura del genocidio.
Su espíritu rebelde de marxista leninista lleno de odio contra los
militares que impidieron que los revolucionarios tomaran el poder, le
impidió ser un funcionario eficaz con las responsabilidades de un cargo
republicano. Además de haber sido señalado como el “impulsor” de la
denuncia de los 30.000 desaparecidos que impactaba nacional e
internacionalmente como “un genocidio”. Algunos jueces por presiones del
Consejo de la Magistratura atentos a que Duhalde u otros funcionarios
pudieran solicitarles un juicio político, por temor o por compartir
ideología, dictaron algunas sentencias condenando a los imputados de
determinados delitos finalizando: …en el marco del genocidio ocurrido entre
1976 y 1983, lo
que demuestra que la sentencia de ese tribunal no ha sido ajustada a
derecho y sólo fue una argumentación retórica para satisfacer al activismo de
izquierda y el servilismo al gobierno kirchnerista.
Para información del lector, el 9 de abril de 1956 el gobierno
argentino adhirió a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito
de Genocidio, aprobado el 9 de diciembre de 1949 por la “III Asamblea de la
ONU”, que fue ratificada por Ley 14.467/59. En esa convención se entendió por
genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación con la
intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico,
racial o religioso como tal…
El Estatuto de Roma vigente desde 2002, lo define exactamente igual. Nuestro
Congreso no ha incorporado ese delito al Código Penal. No hubo genocidio en
la Argentina. Sólo acciones militares de aniquilamiento sobre organizaciones
armadas clandestinas que atacaron las instituciones de la República
asesinando a hombres, mujeres y niños (ver capítulo 15) para conquistar el
poder por las armas. Ninguna de las OPM se caracterizaban precisamente por
pertenecer en forma exclusiva a cualquiera de los grupos citados en la
Convención de 1949 y en el Estatuto de Roma.
El ex militante del ERP Horacio Vázquez Rial, radicado en Madrid, en
un artículo escrito el 17 de agosto de 2009, en el link http://agosto.libertaldigital. com.los-desaparecidos-1276236812.html
de un diario online de Madrid, con el título “Las guerras de toda la vida.
Los desaparecidos” dice: A principios de este año, en Buenos Aires,
estuve a punto de escribir un artículo sobre este asunto. Estaba harto de
la obviedad de que los desaparecidos no fueron 30.000, de saber que esa es
una cifra política y de que la real se puede estimar con considerable
aproximación. Pero sabía que si yo lo decía, lo escribía, lo gritaba, nadie
me iba a hacer caso, o lo que es peor, se iban a tomar medidas contra mi
persona por semejante atrevimiento.
Ahora, finalmente, una madre, de las históricas, de Plaza de Mayo, con
una interesante –y poco clara– historia política a sus espaldas, publica un
libro y lo dice. Ella tiene la autoridad de la que yo carezco porque a mí
sólo me desaparecieron gente querida, con la que no tenía más lazos que los
del afecto que, muchas veces, son más poderosos que los de sangre… Graciela
Fernández Meijide perdió un hijo a manos de las fuerzas conjuntas… Después
hizo política. Fue decisiva, precisamente por su condición de madre de
desaparecido, de activista de la Asamblea Permanente por los Derechos
Humanos y de miembro de la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición
de Personas) en el triunfo electoral de la Alianza que llevó al gobierno
–aunque no al poder–a Fernando de la Rúa…
Ahora, la ex senadora, ex ministra, ex casi todo, publica un libro y
dice que no hay 30.000. (la cifra de la CONADEP 1984 era de 8.960). Cabe mencionar que la mencionada
Graciela F. Meijide, en el libro citado, página 124, dice que en enero de
2009 solicitó a la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia
de la Nación la lista definitiva de los desaparecidos y que le respondieron
que “no la estaban dando”, aunque a su pregunta si podía tomar como válida
la que la Secretaría exhibía en Internet, le contestaron afirmativamente. (www.derhuman.jus.gov.ar/anm).
La negativa a poder investigar y observar el contenido de las
denuncias, y también de los denunciantes y “sus mandantes” junto con
resoluciones posteriores sobre los pagos a los causahabientes tiene una
clasificación de “seguridad” tan alta que ni siquiera los planes de
operaciones del Estado Mayor Conjunto la deben tener. (¿Por qué razón, nos
preguntamos?) A más de 33 años de los hechos y a 32 años de las denuncias
que dieron origen a las listas de la CONADEP ningún periodista, historiador
o investigador de las instituciones de la República puede revisar la documentación
que ampara los listados y la adecuada acreditación de los 225.000
pesos/dólares que la Ley 24.411 de Menem impuso como indemnización para
pagarle a los familiares de “desaparecidos” y a los muertos, en combate y
en cualquier otra situación.
Continuando con el libro de G. Fernández Meijide, observamos que ante
la disparidad de datos y la mezcla de situaciones en los listados de referencia,
donde están juntos los presuntos desaparecidos y los muertos (incluso en
combate, al atacar unidades del ejército o de policías) y su diferencia con
los nombres exhibidos en el “Parque de la Memoria” donde toman las fechas
de las presuntas víctimas desde 1969 a 1983, la autora expresa:
En homenaje a la
verdad, y sobre todo por respeto a las víctimas, resultaría deseable que se
hiciera un esfuerzo para lograr una lista sujeta a la realidad de toda la
información seria que hoy no existe. Así se evitaría cualquier sospecha de la intención de utilizar
el número de víctimas como herramienta de controversia política.
Sigue el periodista Horacio V. Rial: …¿Por qué una parte de la
sociedad argentina y con ella el gobierno neoperonista y neomontonero, es tan
reacia a aceptar ese hecho? Porque el hecho no viene solo. Viene con otra
cifra y otro concepto. No cambia moralmente nada el que el número sea
menor, pero cambia la relación con las bajas del ejército, la marina y la
aeronáutica, que fueron en el mismo período alrededor de 1.200 en combate y
por atentados. Y a partir de allí, cobra cierta validez la idea de que lo
que tuvo lugar entre 1973 y 1983 en Argentina fue una guerra.
No hay un solo militante de la izquierda montonera, que hoy gobierna o
finge hacerlo, que acepte eso. Decir que hubo una guerra equivale a dar sostén
a la teoría de los dos demonios –así se llama– que es la doctrina oficial
de la dictadura: guerra antisubversiva. Lo que ellos dicen es que hubo
simple, puro y llano terrorismo de Estado frente a los miembros de la
organizaciones armadas y otras, también revolucionarias, que habían elegido
métodos menos contundentes. Pero al principio de aquel infierno, yo formaba
parte de una de las organizaciones armadas, concretamente el Ejército
Revolucionario del Pueblo, en la fracción 22 de agosto (fecha que evocaba
el asesinato de militantes en la cárcel de Trelew) trotskista. Y me consta
que el ERP 22 le declaró la guerra, formalmente, al Ejército Argentino –en
algún sitio, entre mis papeles, he conservado un panfleto que invita a
sumarse al combate–, en la línea guevarista de crear todos los Vietnam
posibles. Y exactamente lo mismo hicieron los montoneros, incalculablemente
más numerosos y mejor organizados. Éste es un hecho fundacional, innegable,
objetivo. En modo alguno una teoría de la dictadura.
También se refiere el autor del artículo a la reacción del pro
terrorista Secretario de DDHH Eduardo Luis Duhalde quien le escribió una
carta a la señora Fernández Meijide en fuertes términos donde le expresaba,
para oponerse a su cuestionamiento: El único registro fehaciente
de la cantidad de víctimas asesinadas, su identidad y destino final está en
poder de los asesinos…
Y continúa Velázquez Rial: Se trata de una falacia evidente,
porque cada familia sabe perfectamente cuántos de sus miembros faltan y las
familias que han desaparecido en su totalidad son muy escasas: siempre queda
alguien que recuerda, y es muy raro el que no haya denunciado cuando,
durante el gobierno de Raúl Alfonsín y en el proceso a las juntas militares,
se invitó a todo el mundo a hacerlo. También creemos conveniente tomar
conocimiento de las opiniones del periodista editor, jefe del diario Perfil,
Ceferino Reato (autor de los libros. Operación Traviata –asesinato
de Rucci– y Operación Primicia –ataque al Regimiento 29 de Formosa–)
quien en un artículo publicado el 16 de octubre de 2010 en la revista Noticias,
titulado: “Cuántos desaparecidos hay”, en el subtitulado se pregunta por
qué no se investiga la cifra exacta de víctimas y ¿de dónde salió la cifra
de 30.000? En su inicio plantea la situación actual de la siguiente manera:
Siete años en el poder, con los derechos humanos como una de sus prioridades,
y el kirchnerismo jura no saber cuántas víctimas hubo durante la dictadura.
Por el contrario, se aferra a la cifra mágica de los 30.000 desaparecidos,
un número que ya nadie sabe bien de dónde salió. Y acusa a quienes se
atreven a cuestionar esa cifra de hacerle el juego a la derecha más
recalcitrante para disminuir la dimensión de la tragedia… La tragedia debe tener la
dimensión exacta que la verdad histórica le va a otorgar y no la que
quieren darle voces interesadas y falaces sobre hechos distorsionados que
sirven a mezquinos intereses políticos, ideológicos y económicos.
El autor, a continuación hace una serie de consideraciones,
finalizando el párrafo: A esta altura, sostener que los desaparecidos
fueron 30.000 es convertir a ese problema en insoluble, en una bandera que
sirve para hacer política con los derechos humanos pero nada más. Programa
“El Espejo” de América TV del viernes 18 de octubre de 2014 Inventamos
30.000 desaparecidos para obtener subsidios de Holanda, Inglaterra,
Francia, Italia, España, y otros países. Luis Labraña, Lic. en Lingüística,
ex Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), ex montonero, habló sin pelos en la
lengua de su rol en las organizaciones subversivas y lo que querían por
medio del combate: destruir el Ejército y hacerse cargo del poder. No hay
dudas de que fue una guerra… Preparamos un ejército para tomar el Estado…
Nos equivocamos. Primero, éramos muy jóvenes e ignorantes para discernir lo
correcto o incorrecto… Cuando llegué exiliado a Holanda me di cuenta que
estaba equivocado. Se podrían haber salvado muchas vidas...
Los militares y nosotros matamos, ambos por la Patria… Ellos mataban porque
eran parte del aparato del Estado y tenían que defenderlo… Hoy no tenemos
FFAA. No tenemos servicio militar obligatorio… Doy clases en un Centro
Cultural de la Ciudad de Buenos Aires y veo como el relato está destruyendo
a la escuela…
El mismo Lic. Luis Labraña (alias Mariano) escribió el prólogo del libro
Mentirás tus muertos de José D’angelo, Ed. El Tatú, 2015, libro en cuya
tapa posterior se registra lo que expresó el ex guerrillero: Cuando en
los Países Bajos se decide darle una mano a las Madres de Plaza de Mayo,
estaba Hebe de Bonafini, se forma la organización Solidaridad con las
Madres Argentinas y, para pedir el subsidio ellas habían llevado la cifra
de 3.800 desaparecidos con sus nombres. La gente de Holanda dijo que era
poco, que era necesario llamar la atención pública. Ahí surgió la cifra de
30 mil (…) el hecho de los 30.000 desaparecidos nadie me lo puede discutir
porque fui yo quien puso ese número en Holanda (expresiones repetidas
en el artículo “Un ex montonero contra las pensiones de por vida”, diario Perfi
l). Video c/audio programa de TV América “Mauro la pura verdad”
21/12/2014. Se puede ubicar en Youtube. En el diálogo el dirigente
peronista y ex militante de la JP Julio Bárbaro expresa que los
desaparecidos “demostrados” son 8.000 más otros 1.000 anteriores al
gobierno de facto del 24 de mar de 1976 y al responder una apreciación del
conductor del programa, le repite que son los “demostrados” ya que de lo
contrario pueden
decir que fue “un millón”.
En las respuestas de las anteriores personas que datan desde hace bastante
tiempo atrás y fundamentalmente en los registros oficiales de los presuntos
desaparecidos involuntarios que figuran en los listados de la CONADEP de
1984 y de 2006, queda descartada definitivamente la cifra de 30.000
desaparecidos inventada por la necesidad de aumentar grandemente la
cantidad real (ocho veces las 3.800 víctimas que tenían en ese momento)
para impactar en la opinión pública internacional. (Cifra que fuera
trasladada posteriormente al ámbito nacional como fábula con carácter
emotivo para impresionar a la opinión pública y sacar ventajas políticas y
económicas). Insistencia de funcionarios en seguir mintiendo.
Consultada por el autor de este libro en 1999, la Subsecretaría de Derechos
Humanos del Ministerio de Justicia sobre la cifra oficial de desaparecidos
en la década del 70, la coordinadora de la ex CONADEP, señora Doly Scachery,
informó no disponer del dato solicitado en razón de hallarse en
procesamiento permanente. Reiterado el pedido, explicando que los datos
eran para publicar en un libro, la mencionada funcionaria expresó que si
bien la información no estaba actualizada “no debía bajarse de la cifra de
30.000”. ¡Excelente criterio para cumplir con su función en un órgano
oficial!
Aclaramos que en 1998 los listados insertos en Internet en el link “Grupo
Fahrenheit” que era alimentado por la Secretaría de DDHH de la Nación
figuraban 7.661 presuntos desaparecidos de los cuales 701 pertenecían al
período anterior al 24 de marzo de 1976 o sea que los desaparecidos por
desaparición forzada (sin descontar los muertos en enfrentamientos no
llegaban a 7.000).
El 07 de septiembre de 2001 la subsecretaria de Derechos Humanos Diana
Conti anunció a los MCS que ya habían contabilizado 15.000 desaparecidos y
que seguirían buscando hasta los 30.000 desaparecidos estimados. Como se
observa los funcionarios de todos los presidentes constitucionales, en este
caso de Fernando de la Rúa, un radical que seguía la política de Menem en
cuanto a este tema, siempre se mantuvieron en la Secretaría (Subsecretaría
según la época), los ex terroristas, sus parientes y los militantes
ideológicamente afines para evitar que se difundiera la realidad,
manteniendo vivo el relato falaz sobre la guerra interna. Peligrosa
intencionalidad del órgano del Estado Nacional responsable del tema que
tiene la obligación ética de alcanzar la verdad sobre la tragedia de los
desaparecidos. Esta actitud constituye una evidencia más del uso político
de los DDHH en perjuicio de la sociedad que cree ingenuamente en el eslogan
del gobierno y las ONG pertinentes: “Memoria, verdad y justicia”.
Sin embargo, al margen de esa mentira existe también una decisión elaborada
por los abogados pro terroristas, como el ya mencionado Secretario de DDHH
Eduardo L. Duhalde, que estuvieron intentando infructuosamente instalar en
la opinión pública que hubo “un genocidio” (similar al asesinato de seis
millones de civiles inocentes en los campos de concentración de Alemania).
Para ello, junto con algunos profesionales querellantes trabajaron
preparando testigos para imponer en la opinión pública y en los estrados
judiciales:
• Que las víctimas eran inocentes civiles opositores y no militantes
instruidos para matar.
• Que había que instalar el número de 30.000 desaparecidos.
• Que sobre esa base había que sostener que los niños nacidos en
cautiverio fueron 500 o más (que se suman a los menores detenidos
con sus padres).
• Que los “carceleros” además de someterlos a brutales torturas,
violaban
a todas las mujeres.
Por supuesto el relato enseñado a los testigos por los abogados,
coordinado y aumentado con descripciones de acciones antihumanas para
obtener la repulsa a las fuerzas legales que los combatieron, no se refería
a sus crímenes de civiles (hombres, mujeres y niños) desarmados ni al
asesinato de soldados que cumplían con la ley del Servicio Militar
Obligatorio, ni a los explosivos que mataban indiscriminadamente. Tampoco
se referían a los fusilados de sus mismas organizaciones debido a
actividades penadas en sus códigos revolucionarios. Tampoco a la política
de suicidio instalada entre sus miembros para evitar la delación imponiendo
a los militantes los graves tormentos falsos que iban a sufrir. Nunca
hablaban de los que habían sido liberados para conocer su tratamiento ni
por qué los liberaron. Nunca hablaban de esos combatientes que, detenidos,
pactaban con los militares para salvar sus vidas sin ninguna presión física
mediante (ver libro Los traidores de Carlos Manuel Acuña, ya
citado) que colaboraban entregando a sus compañeros a los que incluso
interrogaban ellos mismos porque sabían qué preguntar. (Como prueba está la
cantidad de terroristas liberados que viajaron al exterior en compensación
por su ayuda para lograr el aniquilamiento de las estructuras
terroristas subversivas). “Memoria, verdad y justicia”
Al respecto del lema de las organizaciones de derechos humanos
parcializados y referidos sólo a los 70, a continuación transcribimos unos párrafos
expresados por el doctor Facundo Manes especialista neurocientífico y
profesional médico de reconocida idoneidad:
En Estados Unidos
se hizo un estudio entre 297 supuestos autores de homicidios. Eran personas
que habían sido condenadas y estaban presas. Con el tiempo se supo que esa
gente era inocente, a través de material genético en las escenas de crimen.
El 70% había sido condenado por testimonios. Hoy sabemos que la memoria
humana no es algo fotográfico. Cada vez que se evoca, se reconstruye: la
memoria no es un fiel reflejo de aquello que pasó, sino más bien un acto
creativo. Hoy sabemos también, por ejemplo, que los jueces muchas veces
deciden por las emociones. Todas estas investigaciones producen dilemas
morales y éticos…
Sobre los dilemas morales y éticos de los jueces no se especifica cómo
influye “la memoria en el caso de los testigos que son entrenados por los
abogados querellantes”, cuando los mismos ni siquiera estuvieron
en el lugar del hecho o recuerdan una verdad diferente a la que luego
relatan. Otro ejemplo: Jean William Fritz Piaget, epistemólogo, psicólogo y
doctor en Biología revivía un secuestro del que fuera víctima a muy
temprana edad. Rememoraba como su niñera había intentado defenderlo de
sus captores hasta, incluso ser herida. Recordaba al policía luego
interviniente y el bastón que portaba. Sus reminiscencias eran nítidas y
muchos pequeños detalles se perpetuaron en su memoria. Años más tarde, su
niñera despertó una mañana con un ataque de conciencia y confesó a los
padres de Piaget que el mencionado secuestro nunca había ocurrido y que
ella había desatendido a la criatura durante un tiempo y había creado esa
historia para ocultar su negligencia.
Académicamente también se define la memoria como un relato emocional de
los procesos históricos vividos o conocidos que se transforma en un
argumento –a veces inconsciente– para justificar su ideología del presente.
Podemos también conocer el popular ejemplo conocido acerca de un grupo de
personas que presencia un choque en una esquina y, al ser interrogadas luego
de un tiempo, los recuerdos del hecho difieren bastante o incluso
notablemente entre cada uno.
En suma, la
memoria representa las vivencias de la existencia de una persona o un grupo
de ellas pero, también sus fantasías creativas o insinuadas y
políticamente, representa además sus intereses particulares.
Desaparecidos que
no responden a la figura de “desaparición forzada”
Al no permitirse el acceso a la documentación a investigadores ajenos
al organismo, de las denuncias y todo otro documento que avale la identidad
y la forma y fecha de su desaparición así como a las investigaciones complementarias
realizadas para determinar la comprobación de la desaparición forzada,
quedan mayores dudas sobre la veracidad de los números del Informe Final de
la CONADEP (1984). Como dijimos y probaremos en el “Documento
correspondiente al Anexo 1 de ese informe”, (inserto en la página web del
capítulo 8), tiene una enorme cantidad de errores, fruto de denuncias con
datos incompletos, falsos o sin sustento legal para comprobar la existencia
real de la persona física denunciada, así como si su desaparición “fue
obligada o voluntaria”. En la actualidad existen estadísticas de muertos
pero no de desapariciones voluntarias.
La asociación civil “Luchemos por la vida” en sus estadística de los últimos
24 años consigna que en nuestro país murieron 182.522 personas por
accidentes de tránsito y que el promedio anual es de 7.605 muertos por año.
En 2015 las estadísticas oficiales de muertes dolosas en promedio desde
2003 al 2015 están en 7 cada 100.000 habitantes o sea un promedio anual de
3.580 asesinados por año. A continuación dejamos constancia de las dudas
existentes para asegurarnos que los casos de personas físicas denunciadas
como desaparecidas en el Anexo 1 del informe “Nunca Más” se encuadren
realmente en la figura de “desaparición forzada de personas”.
• ¿Sabemos qué número anual estadístico de desapariciones existían en
el país (por fugas domésticas, trata de personas, asesinatos con ocultamiento
del cadáver, etc. y eventualmente su aparición?) ¿Tenemos centralizados los
datos en un organismo nacional? Desgraciadamente ¡no! No existe en el país
un órgano que centralice esos datos y por lo tanto no tenemos una
estadística centralizada de los casos pertinentes. Quiere decir que puede
haber en las denuncias un caso, diez, cincuenta, doscientos o más.
• Existen asesinatos realizados por las mismas organizaciones a
militantes en virtud de sus códigos, cuyos cuerpos no aparecieron o fueron
denunciados como desaparecidos.
• ¿Hay personas –militantes terroristas o no–muertas por
organizaciones paramilitares (Triple A; COR; etc.) o asesinadas por
delincuentes comunes cuyos cuerpos se encontraron carbonizados o en estado
de descomposición, o que fueron enterrados como NN sin conocimiento de los
familiares y que no pudieron ser identificados posteriormente?.
¡Seguramente sí! En el libro In memorian, Volumen III, editado
por la Biblioteca del Oficial del Círculo Militar en el año 2000, Anexo 4
(páginas 578 a 601) existe un listado documentado de 476 víctimas de esas
organizaciones paramilitares que actuaron desde julio de 1973 al 21 de marzo
de 1976, de las cuales:
■ 41 aparecieron calcinados sin
identifi cación (NN).
■ 62 aparecieron asesinadas a
balazos y sin identifi car (NN).
■ 15 aparecieron totalmente
destrozadas por haber sido dinamitadas
(NN).
Los miembros de las OPM que murieron combatiendo contra las fuerzas
legales a los que se identificó luego de haber sido enterrados como NN y
que, por errores de las autoridades o decisiones equivocadas de los jueces
no fueron identificados públicamente (sus datos no fueron dados a
publicidad para conocimiento de sus familiares).
Por ejemplo: en el ataque al Regimiento de Infantería de Monte 29 (Formosa),
el 5 de octubre de 1975, murieron, entre otros, los terroristas Oscar Ramón
Boero, Reinaldo José Ramón Briggiler, José Daniel Graziano, Jorge Alberto
Livieres y Alfredo Rubén Velázquez, quienes fueron enterrados como NN en el
cementerio principal de Formosa, conocido como Cementerio Norte y al ser
identificados, el juez no hizo publicar sus datos en los MCS. Otros
atacantes muertos habían sido retirados por sus familiares.
Los cinco nombrados figuran como desaparecidos en el libro de D’Andrea
Mor Memoria Debida, Ed. Colihue, año 1999. Sin embargo, en el Anexo
1 de la CONADEP de 1984, sólo fueron denunciados tres de ellos (Boero,
Graziano y Velázquez). Lo más llamativo es que se dice que Velázquez
desapareció el día 30 de setiembre de 1975 y Graziano el 1 de octubre de
1975, cuando ambos murieron atacando el Regimiento 29 de Monte el día 5 de
octubre de 1975. Al respecto, es significativo aclarar que algunos
familiares de ellos habrían cobrado la indemnización prevista en la Ley
24.411 ($/u$s 225.000). Ver Anexo
1 de 1984 y 2006. Esta misma situación es probable haya ocurrido en
otros casos similares, especialmente en el ataque al Batallón de Arsenales
601 “Domingo Viejobueno” en el que intervinieron alrededor de 300
militantes del ERP e individuos de otras organizaciones.
Fallecimiento de
Duhalde. Continúa la mendacidad histórica
Ante la muerte repentina del mencionado Duhalde, la presidente de la Nación,
designó en el cargo de Secretario de Derechos Humanos de la Nación a un
hijo de desaparecidos, Martín Fresneda, que asumió el 15 de mayo de 2012 y
quien en su discurso de asunción y recordando al ex presidente Kirchner,
muerto dos años antes, dijo: …Acá estamos Néstor querido, con la fuerza
y el coraje de los 30.000 desaparecidos
…previo haber expresado que no iba a ver reconciliación, ni
olvidos, ni impunidad. Como observamos, este nuevo funcionario de la
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación estaba en línea con el plan de
seguir falseando la cifra de la cantidad de desaparecidos (ya que él por
trabajar en ese organismo, siempre tuvo el acceso a la nómina y por ello, a
la cifra) para continuar el intento de ubicar la acción de las fuerzas legales
en la fi gura de “genocidio”, aunque ya, pasado tanto tiempo gran cantidad de
familiares y amigos “blanquearon” la militancia de los muertos y desaparecidos
que antes permanecían como ingenuos opositores y por lo tanto
definitivamente su intento era en vano y sólo un acto triste de odio y
subordinación política. Como se ha expresado en las denuncias que figuran
en el Anexo 1 del Informe final de la CONADEP de 1984, existe una gran
cantidad del (42%) que no poseían los documentos de identidad que permitieran
identificar a las personas presuntas desaparecidas, ya que existen muchos
ciudadanos homónimos (que tienen iguales nombres y apellidos) en los
padrones electorales.
Para graficar la realidad de esas denuncias incompletas, que no
sabemos si fueron hechas de buena fe o por el contrario con intenciones mendaces,
hemos ubicado en un buscador de datos de personas nacidas entre 1930 y 1960
–que tenían en 1976 entre 16 y 46 años de edad– y colocamos al azar 9
personas que figuran como desaparecidas, teniendo en cuenta de no colocar
los apellidos muy comunes como Fernández, Pérez, García, ya que por ejemplo
Juan Carlos González tiene 1.799 homónimos. Veamos:
1
|
Palavecino Juan Carlos
|
Hay 87
|
2
|
Jiménez Ramón Antonio
|
Hay 18
|
3
|
Monzón Juan
|
Hay 438
|
4
|
Guzmán Roberto
|
Hay 142
|
5
|
Guzmán Hugo Oscar
|
Hay 5
|
6
|
Fonseca Jorge
|
Hay 44
|
7
|
Delgado Margarita .
|
Hay 46
|
8
|
Domínguez Mabel
|
Hay 65
|
9
|
Escobar Héctor Ricardo
|
Hay 2
|
Nos preguntamos ¿cuál de ellos era el presunto desaparecido? ¿Cómo el
pariente o allegado no tenía o podía obtener sus datos y muchas veces, ni
siquiera su edad? ¿Quiénes denunciaban? También nos ha sorprendido que
muchos números y tipos de documento que colocamos en el buscador de
personas de Google el resultado ha sido nulo (no ubicado) cuando las personas
vivas registradas en el Padrón Electoral tienen cada una los datos
siguientes: tipo y número de documento, fecha de nacimiento, dirección, localidad
o provincia, ocupación y Nº postal. ¿Estarían muertos o no existirían?.
Es evidente que al margen que los datos puedan ser falsos,
(encontramos 278) ya que era común en los subversivos terroristas usar una
identidad falsa para alquilar casas y vehículos, visitar “amigos”, desenvolverse
en el barrio que actuaban, evitar su identificación real ante autoridades
policiales, etc. La cantidad de personas con igual apellido y nombre,
ameritaba en la CONADEP comparar con los registros oficiales (padrones
electorales o policías pertinentes) para ver si su existencia física era
real y colocarlos separados si no lo eran y y exigir a los denunciantes el
documento correspondiente.
la Conclusiones sobre nómina del Informe Final presentado por el
presidente de la CONADEP, el escritor
Ernesto Sábato al presidente Raúl R. Alfonsín el día 20 de septiembre
de 1984 Si bien la Comisión dispuso de todo el personal y medios
necesarios, perdió objetividad a partir que se fue reemplazando el personal
de recepción de las denuncias (cuyo rol debió ser de interrogadores
instruidos) por ex militantes, parientes y amigos de los desaparecidos. Se
recibieron denuncias sin datos identificatorios, a veces sin nombres y sin
apellidos y sin conocimiento ni siquiera de la edad de la presunta víctima.
Si la política decidida era lograr la mayor cantidad de denuncias aunque
fueran incompletas, por la seriedad e importancia de esta tarea se debió
separar esos casos en otro listado complementario y así expresarlo
en el informe.
Una omisión poco entendible fue que teniendo la posibilidad de
comparar los documentos expresados con el padrón electoral y PFA para
confirmar a priori la posible existencia real de la presunta víctima o la
falsedad del documento.
Lo expresado en el
párrafo anterior se habría corregido si la justicia hubiera investigado la
certeza de la desaparición forzada, ordenado por el Presidente en su
Decreto 187/83. No lo hizo y ello quitó seriedad a este grave problema de
los desaparecidos y muertos, abriendo el camino para la mentira y la
corrupción. Pudiendo hacerlo, no se preguntó acerca de su militancia en
organizaciones políticas militares para conocer la relación posible con las
causas de su desaparición. Más bien se ocultó el hecho, con la idea de no
relacionar su actividad ilegal con su estado actual pero dificultando la
distinción entre desaparición forzada, voluntarias o debido a delitos
comunes.
No se conoce que
hayan solicitado a organismos del Estado, incluyendo a jueces y policías,
así como a organizaciones civiles, nóminas de personas desaparecidas por
razones no políticas para no incluirlas en las denuncias por desaparición
forzada.
La CONADEP tenía
para entregar listados de desaparecidos procesados en 7.380 legajos y le
fueron agregadas, a último momento, 1.580 denuncias más de distintas
organizaciones de DDHH que no fueron procesadas por esa comisión
responsable y que sumaron los 8.960. ¿Por qué tampoco las separaron con su
origen, ya que ellos no la habían procesado?
En síntesis,
Hubo fallas importantes en la calidad y neutralidad del personal que tomó
las denuncias y armó los legajos permitiendo respuestas sin repreguntar ni
completar las mismas (55% no tenían documentos de identidad
legales y 38% no tenían tipo de documento, sólo un número (ver pág. web).
No obstante todo lo expresado, este documento de la CONADEP ha sido tomado
como una “Biblia de los Derechos Humanos” y ninguna autoridad, ni siquiera
judicial, ha investigado y comprobado en 30 años todas esas denuncias a
pesar de los muy probables hechos de corrupción cometidos por los
funcionarios y los abogados que actuaron.
A los funcionarios
del nuevo gobierno
Somos conscientes
que no es fácil como país salir al exterior para explicar que se les ha
mentido oficialmente ya que no sólo lo hicieron los grupos militantes sino
también los funcionarios acreditados y las visitas oficiales siguieron con
el engaño de los 30.000 “inocentes ciudadanos desaparecidos”.
Los funcionarios
del nuevo Gobierno tienen la responsabilidad de modificar esa falacia
pidiendo disculpas oficialmente de parte del pueblo argentino, además de
afirmar la Justicia Federal de acuerdo a nuestra Constitución Nacional
eliminando los jueces corruptos y los jueces militantes que no hacen
justicia sino política.
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