REUNIÓN INFORMATIVA DE LA COMISIÓN DE MUJERES DE DIPUTADOS
NOTIVIDA .
Mar 28/4/2020 20:15
NOTIVIDA, Año
XX, Nº 1194, 28 de abril de 2020
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
Reunión informativa de la Comisión de Mujeres de Diputados
Subieron
las consultas por “violencia de género”, pero bajaron las denuncias.
Fuerte cuestionamiento por la liberación de presos con antecedentes de
violencia contra la mujer. El número de
femicidios se mantiene estable a lo largo de los años.
La flamante comisión de Mujeres y Diversidad, que preside la diputada Mónica
Macha (FdT, BsAs) se reunió virtualmente ayer con Elizabeth
Gómez Alcorta, “Ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad”.
Al inicio de la reunión,
Gómez Alcorta describió las medidas que el Ministerio que encabeza está llevando a cabo durante esta crisis.
Destacó que las consultas a la
Línea 144 aumentaron un 40% en relación al mes previo a la emergencia, enfatizando que
es una línea de consultas, no de denuncias y que las últimas no se incrementaron, por el contrario “bajaron en todo el país”.
“El promedio de esas consultas anónimas es de 334 diarias. El 97% de
esas llamadas -que en total son 10.351- fueron por
violencia doméstica y la casi totalidad de las consultas estaban
vinculadas a violencia psicológica. Un 73% se refería a violencia física
y un 35% a violencia económica”. “Por otro lado en el 48% de las
consultas el agresor es una expareja y en el 44% la actual
pareja”. Añadió que en ese marco se incorporaron 20 operadores a la
línea y se lanzaron campañas publicitarias en la televisión y en los
medios de transporte.
Recordó
que han dictado una Resolución para que se pueda salir a denunciar
“violencia de género” porque es un caso de “fuerza mayor”.
“Pensamos
que es correcto disminuir las poblaciones carcelarias en el marco de la
emergencia de acuerdo a muchas recomendaciones internacionales de
organismos de derechos humanos –manifestó Gómez Alcorta-
pero llamamos la atención para que en estas medidas -que se toman en
clave de política criminal- se tuviera especialmente en cuenta a
aquellas personas procesadas por delitos de “violencia de género” o
delitos contra la integridad sexual. En esos casos pedimos
que, de resolverse favorablemente, se tomaran los recaudos para la
seguridad de las víctimas. En cuanto al acceso a la justicia en el marco
de la emergencia las más de las provincias ya implementaron mecanismos
para que se puedan hacer denuncias virtuales”.
En el
momento de las consultas muchas de las diputadas presentes hicieron
hincapié en las domiciliarias otorgadas a personas detenidas por
“violencia de género”. Y pidieron mayores detalles.
Así por ejemplo Ingrid
Jetter (PRO, Ctes.) destacó que el juez de casación bonaerense
Victor Violini -que participa de la mesa de diálogo con los
detenidos junto a otros funcionarios del Ministerio de Justicia en la
provincia de Buenos Aires- le otorgó recientemente la prisión
domiciliaria a 2.300 presos. “Un violador quedó libre y fue
a vivir a una casa que queda a pasos de la casa de su víctima en Bernal,
otro violador liberado -considerado formalmente en el grupo de riesgo
porque tiene más de 60 años- es un abuelo que había violado a su nieta y
volvió a vivir a la casa donde vive esa nieta ¿Quién está más
seguro la víctima o el preso que salió por el coronavirus?”
Dijo que esta situación fue alertada por muchos jueces, uno de ellos la
jueza Julia Márquez que en nota al presidente de la Corte bonaerense
dio el ejemplo de
un condenado por lesiones agravadas a su pareja en un caso de “violencia de género”, que
fue liberado en pocas horas sin verificar a dónde iba a vivir y sin estar en ningún grupo de riesgo”.
Ma Rosa Martínez
(FdT, BsAs) preguntó qué proyectos son prioritarios en el marco de la
emergencia y anticipó que están trabajando en la ley cupo laboral trans.
Romina Del Plá
(PO, BsAs) expresó que se incrementaron las denuncias pero que no hay
en paralelo una acción efectiva de protección de parte del Gobierno.
Gabriela Estévez
(FdT, Cba.) preguntó si esta nueva actitud de tratar de separar al
agresor del contexto familiar y permitirle a la mujer quedarse en su
casa junto con sus “hijes” podría incorporarse
a la Guía de recomendaciones que el Ministerio envía los gobiernos
provinciales y municipales.
Sofía Brambilla
(PRO, Ctes.): quiso saber si el personal que atiende la Línea 144 se
incrementó en forma proporcional al aumento de las llamadas y solicitó
un mapeo de violencia por provincias.
Claudia Najul
(UCR, Mza.): pidió conocer los reclamos de las mujeres que llaman a
Línea 144 y expresó su preocupación por las domiciliarias otorgadas a
los detenidos por “violencia de género”. “¿Hay
aumento de embarazo adolescente?” “¿Se está accediendo a los
anticonceptivos?”
Mara Brawer (FdT, Ciudad de BsAs): consultó sobre las denuncias por violencia hacia niños y niñas.
Enrique Estévez
(PS, Sta.Fe): manifestó particular preocupación por la situación
económica de las madres solteras que son sostén de hogar y tienen
trabajos informales, por la población LGBT -en particular
las personas trans- y por los trabajadores sexuales que tampoco
pudieron ingresar al IFE. Preguntó si está previsto un protocolo único a
nivel nacional para abordar las situaciones de violencia en el marco de
este aislamiento social obligatorio.
Adriana Cáceres
(PRO, BsAs): recordó que varios diputados de su Interbloque presentaron
un proyecto para crear un “comité de crisis con perspectiva de género” y
le consultó a la Ministra si van a
contar con su apoyo.
Lucila Masin
(FdT, Chaco): comunicó su inquietud por la atención de mujeres con
discapacidad –particularmente la de las mujeres sordas- y mujeres
indígenas. Preguntó si hay posibilidad de articular
un Comité nacional para las personas LGBT.
Gabriela Lena
(UCR, E.Ríos): demandó que la Resolución del Ministerio de las Mujeres
que autoriza a salir para hacer la denuncia por violencia de género no
le permite a la mujer ir acompañada. Y
preguntó si el Ministerio está articulando medidas con el Pan ENIA, de
reducción del embarazo adolescente.
Flavia Morales
(Frente de la Concordia Misionero): destacó lo que le cuesta a la
víctima llegar a hacer la denuncia y preguntó si hay posibilidad en las
actuales circunstancias de reformar la ley
penal o procesal penal para darle mayor protección a las mujeres.
Propuso un rigorismo en cuanto a los certificados psicológicos y
psiquiátricos a los agresores para que no puedan otorgarle la libertad a
los presos sin esos certificados.
Jimena López
(FdT, BsAs): preguntó en qué consiste el programa “cuarentena con
derechos” y cómo se pueden generar mejores condiciones para que los
empleadores cumplan con sus obligaciones para con
las empleadas domésticas.
A la hora de dar respuestas,
Gómez Alcorta remarcó que las consultas por violencia de género aumentaron (40%), no así las
denuncias, que anejan la intervención de la policía o el poder judicial.
Destacó
que el único registro de información nacional y oficial de femicidios
es el de la CSJN. El problema de este registro, dijo Gómez Alcorta, es
que da datos a año vencido y añadió que lo que indican
esas cifras es que es un fenómeno persistente que se mantiene, “son
guarismos similares a lo largo de los años”. Afirmó que los datos de los
observatorios indican que el número de femicidios en el marco de la
pandemia es parecido a los del año pasado para
la misma época.
Sobre
la tan criticada liberación masiva de presos, que el presidente avaló,
replicó que: “No hay un plan del Ejecutivo para la liberación masiva de
presos”. “Sí hay una clara de decisión de los poderes
judiciales, que son los dan la libertad y la preocupación que
manifestaron varias diputadas es también la nuestra”. “En particular en
la provincia de Buenos Aires puedo afirmar -porque nos hicieron llegar
el dictamen- que la subsecretaría de política criminal
de esa provincia le pidió encarecidamente al procurador general que no
libere a nadie condenado por delitos contra la integridad sexual”.
En
relación al embarazo adolescente comentó que no se puede medir en tan
corto plazo pero que en materia de anticonceptivos la Dirección de Salud
Reproductiva del Ministerio de Salud le aseguró que hay
anticonceptivos suficientes para toda la pandemia. Y aclaró que la
línea 144 deriva las consultas sobre niñas y adolescentes a la Línea
102.
Explicó
que hay una subsecretaría de Estado de la Diversidad y que están
trabajando en un programa de “ampliación de derechos para personas
trasn” que incluye el cupo laboral trans y la protección en casos
la violencia institucional.
Con
respecto a la ley de ESI relató que están articulando acciones con el
Ministerio de Educación. Informó que ahora Educación entrega
cuadernillos con el título “Seguimos educando” para niños desde los
tres años hasta el final del secundario -que complementa con una enorme
cantidad de horas en televisión y radio- que incluyen transversalmente
contenidos de ESI. Pero que vienen trabajando con ese Ministerio para
sacar un módulo específico de ESI.
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Año XX, Nº 1194, 28 de abril de 2020
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