miércoles, 11 de diciembre de 2013

¡NO LO PUEDO CREER!

TUCUMAN – ARGENTINA – “JARDIN DE LA REPUBLICA”

TIERRA LIBERADA

 OPINIÓN


 
Foto de perfil de Jorge Bernabé Lobo AragónSe ha generalizado la expresión “no lo puedo creer”. Que significa: claro que lo creo, pero me asombra, me admira, me desconcierta, me asusta, me pasma. Nos enteramos de cientos de saqueos, denuncias, atentados, corrupciones y accionar mafiosos y “no lo podemos creer”, es decir que lo creemos y que nos produce espanto, nos conmueve, nos aturde enterarnos de que miles de personas deban sufrir tamaña calamidad.
Foto del perfil de Jorge Bernabé Lobo AragónEncontrar el modo de afianzar la moral, difundirla, prestigiarla, seguramente es difícil. Y aceptar, el mal es general, no lleva a la solución de nada. Podemos pensar que debiera principiarse por el delito, que tiene más fácil definición que la inmoralidad. Pero para luchar contra la delincuencia se precisa de una base moral. Entonces hay que comenzar por combatir la corrupción de la moral, acreditarla, esclarecerla, y recién estaremos en condiciones de encararnos con la delincuencia.
Se pretende que el Estado sólo ha de investigar y sancionar conductas desviadas, procedimientos antijurídicos, prácticas delictivas. Ni se la menciona a la moral. Creo, al contrario, que si  hubiera denuncias contra el poder administrador debiera ser éste el que se apure a poner la uña para que baile el trompo, y no esperar que le acumulen pruebas de delitos y suficientemente graves  para condenar, sino que él mismo, con las herramientas que tiene en la propia administración, averigüe, investigue y sancione, reprima, corrija y escarmiente toda inmoralidad. Y entonces, si de la investigación surgiese, además, la comisión de delitos, se dé intervención, por supuesto, a la justicia para que haga lo que deba hacer.
Algo completamente distinto es lo que han producido las noticias  sobre los saqueos en córdoba y después en distintos puntos del país. En especial en mi provincia Tucumán. El pueblo argentino - o la mayoría de él, la gente que se hace oír en el café, en el ómnibus, en las oficinas - “no cree” en
En la palabra de su presidente y menos en sus voceros. Pero lo malo es que este “no creer” no es una simple expresión de turbación sino de una duda real y concreta; la gente - no sé usted, pero sí muchísimos que usted y yo conocemos - no cree porque supone que las noticias son fraguadas, son mentirosas, que adrede se falsea la verdad. Lo que me parece espantoso es la falta de confianza del pueblo argentino en sus autoridades. Esa expresión -“oficialmente se dijo”- se traduce como “créale usted a las versiones oficiales si es tan desprevenido como para darlas por ciertas”, o “créale al gobierno si tiene tales tragaderas como para zamparse sus reiterados embustes”.
La comunidad argentina tiene autoridades que no han venido de Marte sino que los mismos argentinos han elegido. De acuerdo al sistema aceptado con la complacencia general el pueblo - que somos todos - elige directamente a ejecutivos y legisladores e indirectamente a jueces y demás magistrados judiciales. Y la corrupción en los jueces espanta. ¿Que no son todos?, pues claro, ya se sabe que no son todos, pero trascienden ejemplares que dejan perpleja a la ciudadanía. Nadie piensa que deba creerle a la jueza, ni a sus peritos, ni a las huellas dactilares, ni a las autopsias, ni a los médicos legistas. Hay un escepticismo brutal, y lo malo es que ese escepticismo se apoya en datos concretos brindados por la experiencia, funcionarios corruptos, justicia ineficaz, mentiras y engaños como sistema de ocultar crímenes o de ganar voluntades.
Este escepticismo es una clara muestra del fracaso de los políticos argentinos en la tarea de construir una sociedad justa, moral, como la que soñamos para nuestros hijos. Digo fracaso de “los políticos” incluyéndome a mí, que soy un político pues me he desempeñado en cargo de gobierno, como es una banca legislativa. Mea culpa. Pero el fracaso político nos abarca a todos, a usted también, que con su voto contribuye a elegir los equipos de gobierno que se encargan de administrar el Estado, de procurar el bien común, de impartir justicia. Esos mismos equipos de gobierno a lo que nadie les cree.
De modo que el asunto tiene tanta gravedad que debiera preocuparnos. ¿No creemos lo que se nos dice oficialmente? Eso significa que hemos contribuido a elegir autoridades en las que no podemos depositar nuestra confianza. Entonces, ¿pensando en qué las elegimos?
Volviendo a lo que decíamos al principio: no se puede creer, que el pueblo argentino se maneje con un sistema político, legal y jurídico en el que ni él mismo pueda creer. Que algunas inmoralidades se denuncien, se verifiquen, y que el Estado dé vuelta la cara como diciendo “nada tengo que ver con ésto” es, en la práctica, lo mismo que patrocinar, promover, apadrinar la inmoralidad, que queda expuesta ante la ciudadanía sin que nada la evite, la corrija ni, menos aún, la castigue.
Una convención interamericana, aprobada por ley nacional, impone a los gobiernos su deber de adoptar las medidas para detectar, sancionar y erradicar la corrupción. No dice que se deba combatir el delito, pues  cae de maduro que los países aceptan la obligación de poner en vigencia su legislación, y todos tienen sus códigos penales para que se cumplan, no para adorno de bibliotecas.
El Estado debe aceptar su deber de comportarse con moralidad, y no sólo el de no delinquir. Y si a un administrador se le hace el favor de avisarle que en su área se cometen anormalidades, él mismo, agradeciendo al denunciante, debe buscar soluciones, no establecer requisitos ni vías judiciales para la presentación de pruebas.
En las administraciones de Irigoyen y de Illia, por citar dos ejemplos de corrección, se cometieron deslices. Que los presidentes no conocieron, por supuesto, a pesar de ser responsables de la administración del Estado. Pero que, de conocer, hubieran corregido. Si ante las irregularidades el poder administrador va a esquivar el bulto, pretendiendo que sólo se han de corregir delitos verificados por el Poder Judicial, no las simples corrupciones, entonces, por supuesto, la inmoralidad ha de proliferar al amparo de esta protección oficial.
DR. JORGE B. LOBO ARAGON

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