Rajoy aplica el 155: cese de Carles Puigdemont y de todos los consejeros

Rajoy aplica el 155: cese de Carles Puigdemont y de todos los consejeros y elecciones en menos de seis meses

Mariano Rajoy durante la comparecencia.@marianorajoy

“Este es un proceso que ha sido unilateral, contrario a la ley y que ha buscado el enfrentamiento”. Así ha comenzado el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy su comparecencia tras la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, en la que se han acordado las medidas concretas para aplicar el artículo 155 de la Constitución.

“La primera medida que va a adoptar el Gobierno va a ser que la facultad de disolver el Parlamento de Cataluña pasa al presidente del Gobierno, y se convocarán elecciones en un plazo máximo de seis meses. Si bien mi voluntad es hacerlo tan pronto como recuperemos la normalidad institucional. Celebrar elecciones es el objetivo, lo quiere la mayoría, es lo que dice el sentido común”, ha dicho Rajoy.

El Gobierno va a solicitar al Senado que se le autorice a adoptar las siguientes medidas:

-Cese del Gobierno de la Generalitat de Cataluña. El ejercicio de esas funciones pasará a los ministerios. La Administración de la Generalitat de Cataluña continuará funcionando según dicta el Estatuto, si bien bajo las directrices de los órganos o autoridades designados por el Gobierno de la nación.

– El Parlamento de Cataluña ejercerá la función representativa que tiene encomendada, pero se le proponen al Senado una serie de limitaciones, entre ellas el presidente del Parlament no podrá proponer candidato a la presidencia de la Generalitat y el parlamento catalán no podrá celebrar el debate y votación de investidura.

“No se suspende la autonomía ni el autogobierno de Cataluña, se cesa a las personas que han puesto ese autogobierno fuera de la ley y del Estatuto”, ha precisado el presidente.
“No se pueden hacer peor las cosas, incluso para los propios intereses de quienes las hicieron, como ha hecho en las últimas semanas la Generalitat de Cataluña”, ha señalado Rajoy en su introducción de cómo se ha llegado a la actual situación.

“El Gobierno ha tenido que aplicar el artículo 155 de la Constitución. No era nuestro deseo. Es un artículo que solo se aplica en circunstancias excecepcionales”. “Ningún gobierno de ningún país democrático puede aceptar que se viole la ley”, ha apuntado.

“Volver a la legalidad, recuperar la normalidad y la convivencia, continuar con la recuperación económica y celebrar elecciones en situación de normalidad”, estos son los objetivos del Gobierno.

El Ejecutivo justifica la adopción de medidas en aplicación del 155 de la Constitución por la desobediencia de la Generalitat a las obligaciones que le impone la ley y por el hecho de que sus actuaciones “atenten gravemente” al interés general de España.

El Gobierno asegura que las medidas que este sábado se aplicarán para intervenir en Cataluña al amparo del artículo 155 de la Constitución son “garantistas” y que persiguen asegurar derechos y no restringir libertades.

Según el Ejecutivo, las medidas responden a cuatro grandes objetivos, que son restaurar la legalidad constitucional y estatutaria, garantizar la neutralidad institucional, mantener el bienestar social y el crecimiento económico y asegurar los derechos y libertades de todos los catalanes.

El Gobierno dice que la medidas del 155 son “garantistas” y no recortan derechos

Reunión extraordinaria del Consejo de Ministros.@marianorajoy

El Gobierno asegura que las medidas aplicadas este sábado para intervenir en Cataluña al amparo del artículo 155 de la Constitución son “garantistas” y que persiguen asegurar derechos y no restringir libertades.

Así figura en la exposición de motivos de las medidas que está analizando el Consejo de Ministros en una reunión extraordinaria para hacer frente a los planes del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y que serán anunciadas por el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy.

Según el Ejecutivo, las medidas responden a cuatro grandes objetivos, que son restaurar la legalidad constitucional y estatutaria, garantizar la neutralidad institucional, mantener el bienestar social y el crecimiento económico y asegurar los derechos y libertades de todos los catalanes.

Y es que, de acuerdo con esta exposición, el primer objetivo de las medidas propuestas es restaurar la legalidad constitucional y estatutaria en Cataluña.

Un cometido “irrenunciable” desde la constatación de que las autoridades autonómicas “han ignorado” la legalidad vigente, al contravenir “abiertamente” sus disposiciones y al intentar alterar sus principios y literalidad, de forma improcedente, fuera de los mecanismos previstos para ello.

“Han actuado sin reconocer el sometimiento a ley alguna y, con ello, han invalidado su legitimidad como instituciones de autogobierno”, aduce el Gobierno.

Cumplir la ley, agrega, es y ha de ser una obligación que vincula especialmente a los responsables y representantes públicos, porque es condición indispensable para el ejercicio de sus funciones, para la integridad de las instituciones que representan y para la confianza de los ciudadanos a los que sirven.

Por ello, el Gobierno hace hincapié en la necesidad de garantizar el funcionamiento del autogobierno en el marco de los principios y normas a los que debe responder, fijados en la Constitución española y en el Estatuto de Cataluña, como elementos fundacionales de la propia autonomía catalana. “Preservar ese autogobierno, es proteger la autonomía”, añade.

Según el Gobierno el objetivo de las medidas que se van a aprobar es “asegurar la neutralidad institucional” para que el principio rector de las instituciones sea el interés general.

Considera en este sentido que la Generalitat “ha obviado” el interés general de los catalanes “en favor del ideario independentista de una parte de ellos”.

Y añade que “estos anhelos” soberanistas “no pueden ser presentados como una demanda unánime del conjunto de los ciudadanos catalanes”, ni pueden “traducirse en un discurso único de imposición de la independencia” como tampoco puede, por encima de todo, traducirse en una declaración unilateral en este sentido.

Insiste por eso en que tanto la Generalitat como el conjunto de instituciones que componen el autogobierno, deben responder al bienestar de los ciudadanos y actuar “siempre y en todo caso”, en “favor de todos ellos y no en respuesta a solo una parte”.