Argentina discute un polémico plan de reforma judicial
Todas las miradas están puestas en el Congreso, que debate la polémica reforma judicial.
Para el gobierno es una
"democratización" del único poder del Estado que no es elegido por el
pueblo y que actualmente está bajo la influencia de "corporaciones
económicas". Pero para los críticos, la reforma judicial que hoy analiza
la Cámara de Diputados de Argentina es una violación a la independencia
de la Justicia y una forma de autoritarismo.
Se trata del cambio más profundo del Poder
Judicial de las últimas décadas: si el proyecto oficialista se convierte
en ley, como ocurriría en las próximas semanas, de ahí en más quien
gane las elecciones presidenciales probablemente también controlará el
órgano que define la elección y destitución de jueces.
El gobierno de Cristina Fernández de
Kirchner propuso que los jueces, abogados y académicos que integran
este órgano -el Consejo de la Magistratura- sean designados ya no por
sus pares, como ocurre ahora, sino por el electorado en comicios
generales.
Así, Argentina será el único país de la región
en donde el organismo que nombra a los jueces será elegido por voto
popular. Sin embargo, no será el único del continente en donde la
población juega una parte importante en la elección de jueces (ver
recuadro).
El proyecto oficialista amplía la cantidad de
miembros del Consejo de 13 a 19, sumando a cinco académicos y a un
abogado. De esta forma la presidenta Fernández revirtió una reforma que
ella misma había impulsado como senadora en 2006 cuando redujo la
composición de 20 a 13 consejeros.
Simple mayoría
Quizás el cambio más controvertido de la
propuesta es el que simplifica el proceso para nombrar y remover jueces.
Mientras que antes se necesitaba una mayoría de dos tercios de los
consejeros ahora la mitad más uno de los integrantes del cuerpo podrá
seleccionar o destituir a un magistrado.
La mandataria argentina dijo que esta reforma
era necesaria para que la Justicia "garantice los derechos de todos y no
sólo de los que tienen capacidad de lobby".
Una
encuesta del diario digital Infobae, en la que participaron más 30.000
lectores, mostró que el 86% no está de acuerdo con la reforma.
Pero la oposición en su conjunto y otros actores
de la sociedad civil, incluyendo a la Iglesia, decenas de organismos no
gubernamentales (ONGs) y representantes de los abogados y jueces,
denunciaron que el gobierno busca controlar al Poder Judicial.
"Quieren domesticar y no democratizar la Justicia", sintetizó el diputado Alfonso Prat-Gay de la Coalición Cívica.
Cientos de miles de argentinos críticos del
gobierno protestaron en las calles el jueves pasado y entre sus
consignas principales expresaron su rechazo a la reforma judicial.
La oposición también montó una carpa de protesta frente al Congreso e invitó a la población a movilizarse contra la reforma.
También hay quienes apoyan la medida por
considerar que muchos jueces en la actualidad defienden al poder
económico, algo que –sostienen- puede verse con claridad en varios
fallos recientes que perjudicaron al Estado.
El caso Clarín
El caso que está en el centro de la polémica y
que generó mucha tensión entre el Poder Ejecutivo y el Judicial es el
del Grupo Clarín, el principal multimedios del país, que está enfrentado
con el gobierno.
La semana última Clarín obtuvo un nuevo fallo
favorable en su batalla judicial para evitar tener que adecuarse a la
Ley de Medios, una legislación antimonopólica aprobada por el
oficialismo en 2009 que lo obligaría a desprenderse de algunas de sus
empresas.
El mismo tribunal que falló a favor del
multimedios ya lo había favorecido en diciembre pasado cuando extendió
una medida cautelar que protege al Grupo y que lo exime de tener que
adecuarse a la nueva ley hasta que se defina su constitucionalidad.
¿Quién elige a los jueces?
- Consejo de la Magistratura (cuyos integrantes son votados por sus pares): en Colombia, Ecuador, El Salvador, México, Paraguay, Perú y Venezuela.
- Corte Suprema de Justicia: en Chile, Uruguay, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.
- Congreso: en Costa Rica, Cuba, Haití y Puerto Rico (Senado).
- Presidente: en Estados Unidos y Brasil los jueces federales o superiores son nombrados de por vida por el jefe de Estado, con aprobación del Senado.
- Voto popular: en Bolivia desde 2009 la Asamblea Legislativa elige precandidatos que luego se someten al voto ciudadano. En EE.UU. en la mayoría de los Estados jueces de instancias menores se elijen por voto popular.
En enero pasado otra medida cautelar perjudicó
al gobierno, frenando la expropiación de la principal sede de la
Sociedad Rural Argentina (SRA) –uno de los principales referentes del
campo-, que había sido ordenada por un decreto de la presidenta.
Por este motivo, el Poder Ejecutivo decidió
incluir entre las reformas propuestas una modificación sustancial del
uso de las medidas cautelares contra el Estado: ahora podrán durar un
máximo de seis meses, prorrogables por otros seis. Y no se podrá dictar
cautelares sobre los bienes del Estado.
Pero incluso organismos afines al gobierno criticaron con dureza estos cambios.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS),
presidido por el periodista Horacio Verbitsky, se opuso a estos
límites, afirmando que dejarían al demandante en una posición indefensa
ante alguna arbitrariedad del Estado.
Sin embargo también hay cambios que son
mayoritariamente bienvenidos, como el ingreso por examen o sorteo al
Poder Judicial –salvo algunas excepciones-, la publicación en internet
de las declaraciones juradas de bienes de los jueces y la creación de un
registro de causas judiciales en trámite.
¿Democrático o autoritario?
"Queremos democratizar un poder que desde su
nacimiento tiene un profundo déficit democrático", explicó el ministro
de Justicia, Julio Alak, al defender su propuesta en el Congreso.
"Yo como ciudadano me siento más protegido si el partido que voté elige a los magistrados y no que los elijan 700 jueces y 20.000 abogados."
Julio Alak, Ministro de Justicia
El funcionario negó que la reforma sea un
intento por parte del partido gobernante (el kirchnerismo) de concentrar
el poder, afirmando que en el futuro serán otras fuerzas políticas las
que tendrán la mayoría electoral y por ende el control del Consejo de la
Magistratura.
"Estamos convencidos de que es mejor que los
jueces sean votados por fuerzas políticas populares y no que los elijan
los representantes de las corporaciones", señaló, en referencia a las
asociaciones de jueces y abogados que en la actualidad votan a sus pares
para conformar el Consejo de la Magistratura.
"El poder judicial no es de los jueces y de los abogados, es del pueblo, como los otros poderes", completó.
El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel considera "saludables" los planes del gobierno.
"Creemos que es una decisión correcta del gobierno y hay que tratar de ver que se lleve adelante lo mejor posible", afirmó.
Preocupación
Esta reforma se produce en el conexto de un enfrentamiento judicial entre el gobierno y el Grupo Clarín.
Sin embargo la mayoría de las organizaciones consultadas por BBC Mundo se mostraron críticas.
"Los proyectos presentados contienen elementos
preocupantes", expresó el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de
la Universidad de Buenos Aires (UBA), en una declaración enviada a este
medio.
"(La limitación de las medidas cautelares)
perjudica a los ciudadanos cuyos derechos han sido violados por el
Estado, al establecer un plazo máximo de seis meses (prorrogable por
otros seis) cuando los procedimientos judiciales duran en general varios
años", detalló.
La organización internacional Human Rights Watch (HRW) se mostró muy crítico con el proyecto gubernamental.
"Los cambios al Consejo de la Magistratura y a
las medidas cautelares dañan gravemente la independencia del Poder
Judicial", dijo a BBC Mundo José Miguel Vivanco, director para las
Américas de HRW.
Algunos detractores advierten que más allá de
las reformas el gobierno ya tiene una fuerte influencia sobre la
Justicia: un 55% de los jueces nacionales y federales fueron nombrados
por el kirchnerismo desde que llegó al poder en 2003.
En tanto, muchos analistas anticipan que una vez
que se convierta en ley la reforma será impugnada ante la Justicia, por
lo que es improbable que se elija consejeros en las próximas elecciones
legislativas de octubre.
