LA VIOLENCIA NO CEDE

El automóvil de Marcelino Mansilla después del atentado
(Imagen: "La Razón")

A mediados del mes de agosto, la posibilidad de una fórmula Perón-Balbín para las elecciones de septiembre, se hallaba completamente descartada. La reunión del 31 de julio en la casa de Gaspar Campos había generado algunas expectativas, con amplios sectores de la política y el periodístico especulando sobre el tema, pero cualquier versión con respecto a que el máximo dirigente del radicalismo pusiese acompañar a Perón en la presidencia, no pasó de ser una expresión de deseo.

Esa mañana, horas antes de conocerse la noticia de que un ignoto jesuita llamado Jorge Mario Bergoglio había sido designado provincial de la orden en la Argentina, los caudillos dialogaron de todo, cubriendo el amplio abanico de la situación nacional. Fue un diálogo ameno y cordial, como el de noviembre del año anterior, en el que ambos dirigentes realizaron un pormenorizado diagnóstico de los males que afectaban al país y evaluaron posibles alternativas.
En su condición de presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, Balbín llegó con la misión encomendada por la Convención partidaria celebrada entre el 28 y el 29 de ese mes, de entablar diálogos con los líderes de los principales partidos, siempre en busca de una salida a la crisis.

 
Al día siguiente, a las 11 a.m. se reunió con Oscar Alende en el bloque de diputados de la Alianza Popular Revolucionaria y una hora después, hizo lo propio con Francisco Guillermo Manrique, cabeza de la Alianza Popular Federalista, luego de las gestiones realizadas a toda prisa por el senador nacional Luis A. León.
Por su parte, Perón mantuvo una conferencia con dirigentes del FREJULI en el edificio de Av. Córdoba y Libertad y al día siguiente, pronunció un fuerte discurso ante los gobernadores en la Quinta Presidencial de Olivos, donde condenó con energía a la guerrilla y elogió a la juventud.
El mismo 2 de agosto, el Poder Ejecutivo aprobó el decreto Nº 331 que introdujo modificaciones a la Ley 20.429 sobre la tenencia de armas y explosivos. La misma había sido aprobada por decreto presidencial Nº 4693, el 21 de mayo de ese mismo año y permitía su portación con ciertos requisitos. Dados los reiterados hechos de violencia que se vivían a diario, se establecieron normas para su autorización y uso, las cuales vedaban su empleo por parte de los particulares. Para ello, se estableció la obligación de declarar todas las armas, gestionar el correspondiente certificado por 90 días y el permiso legal para su portación, quedando exceptuados de esas disposiciones, los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, las asociaciones de tiro, los tripulantes de embarcaciones y las instituciones oficiales, así como personal de seguridad y vigilancia. El material no declarado sería pasible de decomiso y sus propietarios sancionados con multas y prisión.