¡Se ríen de los españoles! Mariano Rajoy requiere ahora a Puigdemont que aclare si ha declarado o no la independencia
El
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anuncia en el Palacio de La
Moncloa tras el Consejo de Ministros extraordinario, que requerirá al
Gobierno de la Generalitat que aclare formalmente si ha declarado la
independencia. El Gobierno quiere dar certezas a los ciudadanos. Si el
señor Puigdemont vuelve a la legalidad se pondrá fin a las tensiones.
Hay que poner fin a la situación en Cataluña.
Rajoy ha presidido esa reunión extraordinaria del Consejo en la que,
según avanzó ayer la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, se iban
a acordar los pasos del Ejecutivo tras las palabras de Puigdemont.
Rajoy ha llegado a la reunión del Consejo tras reunirse ayer en
Moncloa con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, y mantener a primera hora
de esta mañana una conversación telefónica con el presidente de
Ciudadanos, Albert Rivera.
Con ellos analizó la posible aplicación del artículo 155 de la Constitución, al que Rivera le viene pidiendo que recurra.
El Gobierno debe decidir si lo hace, si al menos inicia el
procedimiento del mismo enviando un requerimiento a Puigdemont para que
aclare sus palabras de ayer, o si opta por utilizar otros mecanismos que
le ofrecen la Constitución y las leyes.
Rajoy también informará de la decisión que adopte el Gobierno en su
comparecencia a partir de las cuatro de la tarde ante el pleno de
Congreso.
Trampa al Estado
Y es que, la última «trampa» al Estado, según Moncloa, del presidente
de la Generalitat no evitará la adopción de medidas excepcionales.
Moncloa no oficializó ayer el camino, pero la reunión del Gabinete de
Rajoy tiene sobre la mesa la posibilidad de que se requiera al
presidente de la Generalitat a que vuelva a la legalidad, lo que
implicaría la activación del artículo 155 de la Constitución. También
hay otras salidas como que el Gobierno se dirija al Tribunal
Constitucional (TC) para instarle a que en virtud de la última reforma
de su ley orgánica actúe para que se cumplan sus resoluciones y para que
suspenda el acto de ayer en el Parlamento catalán. Desde el PSOE
filtraban que en lo que trabajaba el Gobierno era en la aplicación del
155. «Hay una situación de ingobernabilidad total en Cataluña»,
sentenció Moncloa. El Gobierno midió ayer al milímetro la respuesta a la
«declaración implícita». Pero fuentes solventes advertían de que se
estaba intentando disfrazar el «chantaje». Contraponiendo lo que no dijo
Puigdemont en el Parlamento con lo que sí decía la declaración firmada
por el Gobierno catalán y la CUP, por parlamentarios catalanes, y en la
que «sí se da por hecho la independencia, una bilateralidad nueva y una
mediación entre Estados, dando efecto a lo que supuestamente ha sido
suspendido».
El jefe del Ejecutivo contactó con los principales partidos para
valorar la situación, incluso con Podemos. Y el jefe de la oposición,
Pedro Sánchez, se desplazó hasta Moncloa, dentro de la estrategia de
Rajoy de preservar el consenso en el bloque constitucionalista.
A la espera de que hoy se hagan oficiales las medidas, el Gobierno
ayer no dio por válida la declaración de independencia suspendida ni dio
tampoco por válido que Puigdemont la sostuviera en un referéndum «falso
y fraudulento» ni en una ley del referéndum también suspendida por el
TC. El Ejecutivo también ratificó por la noche que está abierto al
diálogo, pero no sobre la independencia, y que el problema no se arregla
con mediaciones, rechazadas por Europa, sino con la vuelta a la
legalidad.
El Estado cometió errores en la gestión del 1-O, entre los más
importantes, posiblemente, el de haber confiado hasta el último momento
en los Mossos. Pero el Gobierno sí acertó ayer en la previsión de que el
presidente de la Generalitat buscaría «una trampa» para cumplir con su
compromiso de declarar la independencia. «Ha dejado ver su debilidad,
pero también ha sido una maniobra para intentar cortocircuitar la
respuesta excepcional, constitucional y penal, del Estado, para dividir a
los partidos no independentistas, y, además, ha habido una puesta en
escena de lobo disfrazado de cordero para seguir buscando un apoyo
internacional que hasta ahora no ha conseguido», valoraban ayer tarde en
Moncloa. La decepción del independentismo, que se sintió traicionado,
la ambigüedad expresa de Puigdemont y sus medias palabras fueron medidas
en Moncloa, pero no alteran el compromiso que Rajoy había adquirido
ante el PP: «No permitiré la independencia de Cataluña ni por etapas ni
en diferido».
En una declaración institucional la vicepresidenta y ministra para
las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, acusó a
Puigdemont de haber embarcado a Cataluña en el mayor nivel de tensión e
incertidumbre de su historia, para añadir que «el discurso que ha hecho
es el de una persona que no sabe donde está, a dónde va y con quién
quiere ir». El Gobierno no puede aceptar que dé validez a la Ley del
Referéndum, porque está suspendida por el TC, y «la Generalitat no puede
asumir el resultado del 1 de octubre porque fue un acto ilegal y
fraudulento, sin las más mínimas garantías».
Sáenz de Santamaría subrayó que «no es aceptable» que en el
Parlamento catalán se constate «por parte de nadie que la mayoría de los
catalanes desean un Estado independiente en forma de república». «Ni el
señor Puigdemont ni nadie puede sacar consecuencias de una ley que no
existe, de un referéndum que no se ha producido y de una voluntad, la
del pueblo de Cataluña, de la que una vez más quieren apropiarse»,
resaltó.
La vicepresidenta insistió en que ni el presidente de la Generalitat
«ni nadie» puede pretender tampoco, sin volver a la legalidad y a la
democracia, imponer una mediación.
