Ni Vicentin, ni la pandemia ni la deuda. La Pared. Por Vicente Massot
Seamos honestos y digamos las cosas como
son. Los fundadores de Vicentin fueron, seguramente, unos tanos
trabajadores y visionarios. Sus descendientes, en cambio, un conjunto de
incompetentes que podrían terminar presos por el delito de quiebra
fraudulenta. A la empresa sus dueños la sobreendeudaron y no sería de
extrañar que, por la torpeza o por complicidad del actual gobierno,
dentro de quince o veinte años cobren una fortuna como la familia
Eskenazi por el escándalo de la privatización y posterior estatización
de YPF. Lo que se anunció el lunes no fue el primer paso hacia la
transformación de la Argentina en Venezuela sino el comienzo de una
nueva trama oscura —como es ya costumbre entre nosotros— que, a la
larga, pagaremos los contribuyentes.
Que la medida es anticonstitucional,
¡chocolate por la novedad! También que, a partir de ahora, el gobierno
podrá intervenir en el mercado de los granos a sus anchas. Pero
—entiéndase bien— no es el inicio de un camino sin retorno hacia el
socialismo. En realidad es un negocio a través del cual algunos pícaros
se harán ricos en medio del tachín, tachín de la propaganda oficial. Con
todo, lo de Vicentin es una anécdota, como lo es el proyecto
oficialista de eliminar las PASO o el plan de cortarle las alas a los
jueces federales apoltronados en Comodoro Py. En otro contexto serían
casos gravísimos. En el estado presente de cosas, los datos excluyentes
son los que arroja la economía.
Pasemos revista a unos pocos pero
significativos números que nos darán la pauta de cómo la situación
continúa deteriorándose, sin remedio a la vista, y por qué resulta
imposible alentar esperanzas, en el corto y mediano plazo, acerca de una
recuperación sostenida. El PBI per cápita de la Argentina será este año
igual al de l974 —sí, leyó bien— con índices de pobreza que ya alcanzan
a 50 % de la población. El comercio bilateral con nuestro principal
socio, la vecina República del Brasil, disminuirá en 2020 entre 20 % y
25 %. Más de la mitad de las pymes de carácter industrial han hecho
saber que no se hallan en condiciones de pagar, en tiempo y forma, el
medio aguinaldo. Mientras el gobierno de Bolsonaro —al margen de su
desmanejo en términos de la política sanitaria que ha implementado—
tiene acceso a los mercados de deuda y está en condiciones de colocar
bonos a entre 11 y 31 años con base en tasas de interés del 3,1 % y 4,2 %
—y otro tanto hacen Chile, Panamá, Paraguay y Perú— nosotros no somos
sujetos de crédito ni con el aval de San Pedro. Por fin, y bajo
supuestos para nada pesimistas de recuperación de nuestra atribulada
economía, recién en el año 2023 lograremos —en el mejor de los casos—
recomponer el nivel de actividad del segundo semestre de 2019, y habrá
que esperar hasta finales del año 2026 para volver al del primer
trimestre de 2018.
La enumeración es contundente aunque no
resulta exhaustiva. Serían de nunca acabar las variables de todo tipo
que podrían traerse a comento para graficar la magnitud de la
catástrofe, con un mismo común denominador: una es peor que la otra.
Ninguna da respiro. Ello pone a la administración kirchnerista ante un
cuadro dramático que, de momento, pasa a segundo plano por obra y gracia
de la pandemia y del aislamiento obligatorio. Pero que en el próximo
mes de septiembre —cuando se haya normalizado la situación en el AMBA,
según lo anticipado el lunes por el viceministro de Salud de la
provincia de Buenos Aires— aparecerá en toda su magnitud. Entonces será
el momento de la verdad y el gobierno no tendrá más remedio que elegir
un camino y asumir las consecuencias.
El
presidente ha dicho que tras el acuerdo con los bonistas —que él da por
descontado— y pasado el pico de la peste, el crecimiento de la economía
“va a ser glorioso” (sic). La aseveración no peca de optimista. Es
—lisa y llanamente— disparatada. Uno podría entender que, en su afán de
anunciarle a la gente buenas noticias, decir la verdad en estos trances
no resulta lo más indicado. Sin embargo, tampoco es atinado tratar de
maquillar la realidad con pronósticos fantasiosos. Aún si se enderezase
la cuestión de la deuda, las urgencias del Frente de Todos serían las
mismas y no existiría atajo alguno que le evitase sufrir los efectos de
la crisis.
La expansión monetaria exponencial, sin
crecimiento de las reservas, tiene un desenlace anunciado: una
devaluación de proporciones que hará trizas el salario real y generará
un inevitable malestar social. El dato más crudo de cualquier análisis
—que huya de lo políticamente correcto y no apueste a jugar al empate—
es este: no hay manera de gambetear el ajuste, como en otras
oportunidades de nuestra historia. Los firuletes contables y las cajas a
las que podía echarse mano son cosa del pasado. O Alberto Fernández
opta por hacer reformas estructurales en serio —sin las cuales la
Argentina carece de chances de salir del subdesarrollo sustentable— u
obra conforme a su ADN e insiste en repetir las recetas fallidas del
populismo criollo.
La cuestión de fondo, a esta altura, no
tiene que ver con la pandemia —cuyo pico se espera en dos semanas para
luego decrecer y casi desaparecer— ni con los bonistas —a los que
nuestro país en cualquier escenario les pagará poco o nada hasta el
2023— sino con la estrategia que se pondrá en marcha luego de la
cuarentena. Es cierto que eso de que la necesidad tiene cara de hereje
ha representado en el pasado algo más que una frase ingeniosa. ¿Por qué
no pensar que el gobierno pudiese escoger la receta inesperada y
estuviese dispuesto a dar un volantazo, obrando un verdadero giro
copernicano en cuanto a sus observancias ideológicas. Es, sin duda, una
posibilidad que no conviene descartar a priori. De todas maneras, parece
muy poco probable.
Los motivos de esto último se vinculan
no sólo con la cohabitación de los dos Fernández dentro del aparato
gubernamental sino también con la formación y los hábitos del universo
kirchnerista. Dicho de distinta manera: en la última de las reuniones
que compartió el presidente de la Nación con los más importantes hombres
de negocios criollos, en Olivos, la semana pasada, les dijo con la
intención inequívoca de dejarlos tranquilos: “Los peronistas somos
capitalistas y queremos que a las empresas les vaya bien y ganen plata”.
En principio, no faltaba a la verdad. ¿Alguien podría creer seriamente
que Cristina Fernández no quiere ganar plata en las empresas de las
cuales es dueña? ¿Existe persona alguna capaz de sostener que Martín
Guzmán es un socialista deseoso de poner coto a la iniciativa privada?
¿Resistiría algún análisis la teoría de que Alberto Fernández, puesto a
elegir entre el capitalismo y el comunismo se inclinaría por este
último? Más allá de la acción psicológica, ¿es posible imaginar que los
integrantes de La Cámpora son chavistas embozados que, en el fondo de su
corazón, celebrarían alborozados que el Estado avanzase sobre el
mercado hasta borrarlo de la faz de la tierra?
Por
supuesto que les encanta ganar plata, pero el suyo es un capitalismo de
tipo prebendario, de amigos, desde antiguo enraizado en nuestro suelo y
del que se han aprovechado no sólo los kirchneristas —dicho sea de paso
y salvando honores. Creen que las empresas privadas deben existir,
aunque sujetas a mil y una regulaciones —Miguel Pesce nos exime de
cualquier explicación ulterior— y en un mercado que se someta a los
caprichos estatales. Se desentienden tanto de la productividad como de
la seguridad jurídica, que para ellos se acaba en los manuales de la
Facultad de Derecho. Por esa razón, casi al mismo tiempo que Alberto
Fernández endulzaba los oídos de los empresarios, el ministro de Trabajo
dejaba sin efecto una deuda de $ 810 MM del gremio de los camioneros y
se decidía por decreto la intervención de la empresa Vicentin.
El sistema económico que entienden los
principales responsables de la actual administración es una suerte de
híbrido, mezcla de Musetta y de Mimi, como dice el tango Griseta. Con
tamaños condicionamientos, Alberto Fernández y su equipo económico
carecen de un diagnóstico claro respecto de las razones por las cuales
el país arrastra una decadencia de ochenta años, poco más o menos.
Ninguno de ellos, ni siquiera la vicepresidente, piensa
en Venezuela. El problema no es ése. No son socialistas a la rosada ni comunistas ni nada por el estilo. Sólo imaginarlo seria ridículo. Pero no comprenden cómo funciona el capitalismo competitivo. En eso no acreditan demasiadas diferencias —fuera de sus pretensiones hegemónicas— con otras administraciones criollas ajenas por completo al peronismo. La gran diferencia es que antes, a costa de seguir empobreciéndonos, una buena cosecha o una devaluación mayúscula permitían salir del trance. Ahora es imposible. Llevamos un rumbo de colisión que no es Cuba o Venezuela. Ante de fin de año vamos a estrellarnos contra una pared —la realidad pura y dura— que de magnifica no tiene nada.
en Venezuela. El problema no es ése. No son socialistas a la rosada ni comunistas ni nada por el estilo. Sólo imaginarlo seria ridículo. Pero no comprenden cómo funciona el capitalismo competitivo. En eso no acreditan demasiadas diferencias —fuera de sus pretensiones hegemónicas— con otras administraciones criollas ajenas por completo al peronismo. La gran diferencia es que antes, a costa de seguir empobreciéndonos, una buena cosecha o una devaluación mayúscula permitían salir del trance. Ahora es imposible. Llevamos un rumbo de colisión que no es Cuba o Venezuela. Ante de fin de año vamos a estrellarnos contra una pared —la realidad pura y dura— que de magnifica no tiene nada.
