El caso Vicentin.
Por Roberto Cachanosky
Luce realmente fuera de toda lógica que
en el medio de una convocatoria de acreedores el Poder Ejecutivo decida
intervenir una empresa. Es que en toda convocatoria el juez de la causa
nombra un síndico que controla que se respete el plan presentado por los
deudores para hacer frente al pago a los acreedores, oportunamente
acordado. El síndico solo interviene si, por ejemplo, los accionistas de
la empresa quieren vender algún activo importante que le quite
solvencia e impida pagarle a los acreedores en el futuro en caso de ir a
la quiebra. De manera que no hay riesgo para los acreedores que los
accionistas de la empresa vendan activo estratégicos o vacíen la empresa
para que los acreedores no puedan cobrar porque está el síndico
nombrado por el juez controlando la situación, por lo tanto no tenía
sentido intervenir la empresa.
Es más, para recurrir a la intervención
el Poder Ejecutivo cita en el decreto de intervención 522/2020, del 9 de
julio pasado, en la página 3, la ley a la que recurren para justificar
la intervención. Dice el decreto mencionado: “asimismo se
dispone la ocupación temporánea por SESENTA (60) DÍAS de la sociedad
VICENTIN S.A.I.C. en los términos de los artículos 57, 59 y 60 de la Ley
N° 21.499, la que se dispone administrativamente en razón de utilidad
pública y con el objeto de asegurar la continuidad de la empresa, la
preservación de sus activos y de su patrimonio, y la protección de los
puestos de trabajo en peligro, lo que se vuelve urgente en el marco de
las emergencias dictadas por la Ley N° 27.541 y la situación de
emergencia sanitaria inédita que vive el país, teniendo en cuenta el
volumen de la empresa en cuestión, la soberanía alimentaria y la
necesidad de evitar impactos de alta negatividad en la economía.”
Por empezar la ley 21.499 fue promulgada
por Jorge Rafael Videla el 17 de enero de 1977, ley que estaba
destinada a regular el procedimiento de la expropiación en los términos
del artículo 17 de la Constitución Nacional. Pero lo curioso es que el
art. 17 dice que la utilidad pública debe ser establecida por ley del
Congreso, y en ese momento no había Congreso, con lo cual los militares
estaban asimilando sus funciones legislativas a un congreso
constitucional. O sea, el Ejecutivo se basa en una ley de un gobierno de
facto que también establece la intervención para un gobierno de facto.
Forzado el marco legal para intervenir
la empresa, tema que no es menor porque queda el precedente que por un
simple decreto presidencial pasan a estar sujetas a intervención todas
las empresas de Argrentina, dudo que haya interés en hundir inversiones
en nuestro país, dada la fragilidad que tiene la propiedad privada.
Toda esta introducción viene a cuento
porque recordemos que la prosperidad económica de los países está atada a
la calidad institucional. A la seguridad jurídica que debe imperar. Sin
esa seguridad jurídica, no habrá inversiones y se estará condenado a
los habitantes a una creciente pobreza, desocupación, bajos salarios y
ausencia de un futuro de prosperidad.
El
argumento que el Estado quiere ayudar a los productores luce realmente
insólito. Por empezar Vicentin está en convocatoria de acreedores y el
Ejecutivo, que dice que va a salvar la empresa, también está en
convocatoria de acreedores porque está negociando una deuda que no puede
pagar. Igual que Vicentin y sin acuerdo, por ahora, con los acreedores.
Debe ser un caso único en la historia que alguien que está en
convocatoria de acreedores diga que sale en salvataje de otro que está
en convocatoria de acreedores. Dicho más directamente, el gobierno no
puede pagar su propia deuda y además su principal fuente de ingreso es
la emisión monetaria, ¿y pretende pagar la deuda de Vicentin? ¿Con qué
lo va a pagar si los recursos impositivos no le alcanzan ni para hacer
frente a los gastos corrientes?
Tampoco es cierto que se esté
resguardando la soberanía alimentaria. El 85% de la facturación de
Vicentin está concentrada en la molienda de granos y en la producción de
biodisel. Las empresas del grupo dedicadas a alimentos, como son sus
frigoríficos y la producción de aceite, representan solo el 7% de la
facturación de la empresa. Dudo que si desaparecen esas empresas la
gente deje de comer por ese motivo.
Tampoco es comprable el argumento que el
gobierno quiere ayudar a los productores de la zona. Que el gobierno
diga que quiere ayudar a los productores agropecuarios resulta
llamativo. El productor de soja recibe un dólar de $ 50 por cada dólar
que produce en soja y paga sus insumos, si tiene suerte, a $ 72. Tiene
ingresos a un dólar de $50 y costos a un dólar de $ 72. En realidad,
mientras el dólar verdadero tiene un precio de mercado de $ 126, el
gobierno le da un dólar de $ 50 al productor. Una brecha cambiaria del
152%.
El argumento de pagarle un mejor precio
al productor para ayudarlo tiene tan poco sustento que con solo
mencionar que para ayudarlo solo bastaría con bajar las retenciones,
queda rápidamente queda desbaratado el argumento. Pero además, el precio
de la soja se rige por el mercado de Chicago. Es un commodity que no
puede tener demasiados desvíos en el precio de mercado. Si al estatizar
Vicentin el estado pagase más por la tonelada de soja que sus
competidores, habría una pérdida que estaría financiando el
contribuyente. Y, nuevamente, cabe recordar que hoy el Estado no tiene
recursos para financiar sus propios gastos al punto que la emisión
monetaria ya es la principal fuente de financiamiento del sector
público.
El
tema de la expropiación merece otro comentario. Para poder expropiar
Vicentin, el Congreso tiene que declararla de utilidad pública y
previamente indemnizada. Acá el Ejecutivo sentó de prepo a un
interventor para que maneje la empresa sin indemnizar previamente a sus
accionistas.
Pero dudo que alguien pueda sostener
seriamente que una empresa de molienda de granos es de utilidad pública.
Eso es para el caso, por ejemplo, de tener que ampliar una ruta y se
necesita expropiar parte de un campo para poder ampliarla, no para que
el estado se haga empresario y tome una empresa privada. Si la empresa
fue mal manejada la comprará otro o irá a la quiebra, pero cargarle a
los contribuyentes el costo de una empresa con problemas no tienen
ninguna lógica y menos en un gobierno que ha perdido 194.000 puestos de
trabajo desde que asumió de acuerdo a datos oficiales del ministerio de
Trabajo, tomando los datos a marzo que solo tuvo 10 días de cuarentena.
En lo que hace al argumento de que el
estado necesita una empresa que exporte para hacerse de dólares, es
falso. Hoy todos los exportadores, sean de granos o de tornillos, tienen
la obligación de entregarle al BCRA los dólares exportados por los
cuales reciben un tipo de cambio que no es de mercado. Así que hoy, por
la fuerza, el Estado se queda con los dólares de los exportadores. No
hace falta que el estado expropie una empresa para quedarse con los
dólares de exportación. Ya lo está haciendo, además de quedarse con la
renta de los productores por vía impositiva.
Por último, el presidente afirmó que le
preocupa que Vicentin caiga en manos capitales extranjeros. Es bueno
recordarle al presidente que Argentina se construyó gracias al aluvión
de extranjeros que vinieron a trabajar a la Argentina gracias a la
seguridad jurídica que imperaba en esos años. Argentina creció con
extranjeros que vinieron a trabajar, no a buscar planes sociales, y
muchos de ellos crearon, con gran esfuerzo, grandes empresas que
generaron miles de puestos de trabajo. La etapa de oro y crecimiento de
Argentina no se puede entender sin la seguridad jurídica que imperaba
en ese momento, la libertad para producir y la corriente de inmigrantes
que vinieron a trabajar. Y la decadencia Argentina no se puede entender
sin recordar la inseguridad jurídica que impuso el populismo con las
regulaciones, expropiaciones y la cultura de la dádiva.
En síntesis, no hay un solo argumento
jurídico o económico que justifique la expropiación de Vicentin, solo
sabemos que con esta nueva violación al derecho de propiedad, se está
condenado a la Argentina a espantar a los inversores, a huir a los que
tienen hoy hundidas inversiones en la Argentina y a crear las
condiciones para que aumente la pobreza, la indigencia, la desocupación y
siga la decadencia Argentina.
economiaparatodos.net
