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- Categoría: INVESTIGACIONES
- Publicado: 21 Enero 2018
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El Poder Judicial
de la Nación, y la Corte Suprema, en particular, han transitado la
historia anteponiendo sus intereses corporativos por sobre los controles
que, razonablemente, debieran existir en un sistema republicano.
El ocultamiento de información a la que
la ciudadanía debiera tener acceso y el rechazo de todo tipo de
contralor sobre aspectos administrativos que no hacen a la función
esencial de juzgar, pero sí a la credibilidad en el sistema, han sido
una constante.
Cuando el 29 de setiembre de 1999 se
sancionó la ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, el
Congreso había previsto un órgano de aplicación (Comisión Nacional de
Ética Pública) conformado por representantes de todos los poderes del
Estado y por algunos organismos autónomos de relevancia institucional.
