PUEDE CAER EL CARANCHO DE LA CARANCHA NACIONAL
Bien por la 'Justicia Buitre': Quieren embargar a Lázaro.
La conclusión:
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En La Redacción de Urgente24, es que los acreedores que
ganaron su demanda judicial al Estado argentino no son tan nefastos como
pretende exhibirlos el Frente para la Victoria gobernante. Al fin de
cuentas, estarían proponiendo un acto de Justicia que sólo provocará
solidaridad entre los argentinos: embargar sociedades de Lázaro Báez, el
'ché pibe' de los Kirchner.
Ha comenzado a ejecutarse uno de los acontecimientos más escandalosos de
la Era K: la expropiación de las estancias que Lázaro Báez compró
conociendo cuáles serían las zonas inundadas por las represas a
construirse en Santa Cruz. Con esa 'insider information' que sólo Néstor
Kirchner o Cristina Fernández de Kirchner le podrían habere aportado
(considerando el 'embudo informativo' que caracteriza a los personajes
mencionados), Lázaro compró determinadas tierras que ahora serán
expropiadas por la Administración Kirchner a un valor muy superior al
que pagó Lázaro.
Según publicó el diario Clarín, el juicio de expropiación tendrá en
cuenta la mensura realizada por el Tribunal de Tasación de la Nación
(TTN), que cotiza las propiedades a valor del mercado, aunque el que
zanja el monto final será el juez a cargo de la instrucción.
Para evitar una excesiva demora en el comienzo de los trabajos para las
represas, el fiscal de Estado de la Provincia de Santa Cruz, Iván
Saldivia, hará una presentación "de urgencia" ante los juzgados de El
Calafate y Puerto San Julián para tomar posesión de las áreas en las que
se van a construir las represas. Con este recurso, el consorcio ganador
de la obra, Electroingeniería - Gezhouba, podrá acceder a las 47.000
hectáreas declaradas de interés público, e iniciar el emprendimiento
hidroeléctrico.
Por lo tanto, son días de buenos negocios para Lázaro, gracias al
Estado, que le brindó la información y que le comprará las tierras.
En ese contexto aparece otra información, proveniente del exterior, y
que demuestra que los llamados 'fondos buitres' pueden resultar bastante
justicieros respecto de la impotencia argentina para aplicarles algunos
correctivos a los desarados Kirchner.
Carlos Burgueño en el diario Ámbito Financiero:
La embestida del fondo buitre Elliott contra Lázaro Báez comenzó con una
presentación del 19 de junio de 2013 ante la fiscalía general de los
Estados Unidos para que investigue las sociedades en las que estaría
involucrado el empresario y en las que habría relación, según Elliott,
con fondos públicos.
Otra vez, como en el intento real de avanzar con embargos contra YPF y
Chevron, NML Elliott pasó nuevamente de la amenaza a la acción directa.
Esta vez, y para demostrar que va por todo, los abogados del fondo
buitre propiedad del megamillonario Paul Singer se presentaron ante los
tribunales de Nevada para que la Justicia de ese distrito avance sobre
los activos de Lázaro Báez y de todas las sociedades que el empresario
tiene en ese estado.
Según el fondo buitre, serían más de 130 las sociedades a investigar,
bajo el derecho que le otorga la cláusula Discovery. Esto es, la
autorización que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos les
otorgó a los demandantes del "juicio del siglo" a reclamar ante
cualquier magistrado de ese país para que buceen sobre la existencia de
activos físicos y financieros del país.
Luego, y cuando Thomas Griesa autorice embargos concretos en el caso que
no haya acuerdo en las negociaciones que encabeza Daniel Pollack, esos
activos podrían ser embargados para pagarles a los fondos buitre y los
holdouts que ganaron la causa los aproximadamente u$s 1.600 millones
que, actualizados, les corresponderían según el cálculo del juez
norteamericano.
El argumento básico por el cual se justificaría que las sociedades en
las que tenga participación directa o indirecta Lázaro Báez que estén
radicadas en el estado de Nevada (donde, por ejemplo, están ubicadas las
ciudades de Las Vegas y Reno), es que los fondos con los cuales se
formaron esas empresas fueron producto de transferencias de parte del
Gobierno argentino y, por lo tanto, embargables.
La avanzada de Elliott contra Báez tuvo diferentes momentos, pero la
embestida formal comenzó el 19 de junio de 2013, cuando los abogados de
Elliott enviaron una presentación formal a la Justicia de Nevada con un
extenso documento donde se explicitan todas las investigaciones
periodísticas y judiciales en todo el mundo que hablan de las relaciones
económicas y comerciales entre el Gobierno argentino y Lázaro Báez.
El envío fue dirigida a la "Office of the National Public Prosecutor"
(el equivalente en la Argentina a la Fiscalía General de la Nación) y
gira sobre las investigaciones que el periodismo y el fiscal José María
Campagnoli hicieron sobre Báez y la empresa Austral Construcciones SA.
Menciona el documento de Elliott que "entre el 24 de diciembre de 2012 y
el 8 de abril de 2013 ingresaron en el país (Estados Unidos) unos u$s
65 millones", los que fueron "negociados con instrumentos de deuda".
Se menciona como participante de las operaciones a Federico Elaskar a
través de SGI, y se explica que los bonos en cuestión fueron Boden 2015,
Bonar X y Bonar VII, utilizados en nueve transacciones donde se señala
como participante a Helvetic Services Group. Elliott menciona en la
presentación a otros involucrados en la causa Báez, como Daniel Rodolfo
Pérez Gadín, Jorge Oscar Chueco, Martín Antonio Báez, Julio Enrique
Mendoza, Fabián Virgilio Rossi, Alejandro Ons Costa, Ignacio Pisano
Costa, César Gustavo Fernández y Néstor Marcelo Ramos.
Hasta ese momento, Elliott sólo buscaba mantener informada a la National
Public Prosecutor para que investigue la existencia de las empresas
involucradas en la llegada de ese dinero a los Estados Unidos para
luego, si conseguía el Discovery por parte de la Corte Suprema de ese
país, reclamar que se publiquen los fondos de esas compañías y luego
avanzar en eventuales embargos de esos fondos, siempre con la
argumentación de que habían sido creados con fondos públicos en
transacciones provenientes de instrumentos financieros del Estado
argentino.
Finalmente, el miércoles 16 de julio pasado, Elliott se presentó en los
tribunales de Nevada para que la Justicia de ese estado concrete la
acción de Discovery. Fue el mismo día de la primera presentación del
fondo buitre contra YPF y Chevron en los tribunales de San Francisco,
donde también se pidió por la publicación de los bienes físicos y
financieros cruzados de las dos petroleras para, eventualmente, avanzar
en embargos una vez que Griesa autorice estas acciones. Esto podría
ocurrir si el juez del segundo distrito de Manhattan decide avanzar
luego del último vencimiento del 30 de julio cuando la Argentina debía
pagar el último vencimiento del Discount.
El escrito presentado por Elliott el 16 de julio es terminante. Asegura
que realizó una investigación independiente en unas 123 sociedades y
entidades radicadas en Nevada que tendrían datos y vinculaciones
comerciales y financieras con Báez. Esto incluye a la empresa Aldyn, que
a su vez está relacionada con la administración de otras sociedades en
Las Vegas.
La presentación judicial de Elliott describe a Lázaro Báez como "un
banquero argentino que habría transferido activos financieros fuera de
ese país" y sobre el cual se investigan relaciones con "the Baez
entities" (las sociedades de Báez) radicadas en Nevada.
La posibilidad o no para el fondo buitre de avanzar en que estos
objetivos relacionados con supuestas actividades de Báez en Nevada sean
alcanzados con el Discovery dependerá ahora de lo que resuelva la
Justicia de ese estado. Esto a su vez está relacionado con la vehemencia
(o más bien violencia judicial) con que Griesa avale la búsqueda de
activos financieros y físicos en todo Estados Unidos para que, luego,
potencialmente puedan ser pasibles de embargos.
Desde Buenos Aires, abogados cercanos al pensamiento oficial aseguran e
insisten en que es imposible que jurídicamente empresas y sociedades
privadas puedan ser obligadas a aplicar la cláusula de Discovery, y
mucho menos caer en embargos. Mucho menos (siempre según la versión
oficial) si se trata, como el caso de Chevron o incluso de las
eventuales sociedades donde Lázaro Báez esté relacionado, con empresas
de propiedad 100% de privados.
El argumento de Elliott para que se persiga igualmente a estas compañías
es que están o estuvieron relacionadas con la transferencia de fondos
públicos que en algún momento salieron de cuentas fiscales nacionales y
que ahora forman parte de los activos financieros o físicos de las
empresas en la mira.
Dice Elliott en el escrito adelantado en exclusiva la semana pasada por
este diario que la Argentina desplegó hasta comienzos de este año una
estrategia de retiro de todo tipo de fondos en bancos y entidades
financieras de los Estados Unidos con el objetivo de no tener dinero en
el momento en que la Corte Suprema autorice el Discovery. Luego, y como
consecuencia legal de este retiro de fondos, la Justicia norteamericana
debería avanzar sobre los activos de sociedades privadas que hayan
estado relacionadas con fondos del Estado argentino.
Para los abogados del estudio Cleary Gotlieb Steen & Hamilton
(CGS&H), que representan al país en el "juicio del siglo", la
posibilidad que un juez avale este tipo de presentaciones es más que
lejana.