CAPÍTULO 11
DETENIDAS EN
ESTADO DE EMBARAZO
O CON HIJOS
MENORES
La militancia de
los presuntos desaparecidos
A partir de la difusión
del Informe de la CONADEP ocurrido a fines de 1984 a través de medios
escritos orales y televisados de todo el país, se conoció que miembros de
las fuerzas del Estado –durante el enfrentamiento armado interno debido a
la guerra revolucionaria en curso– cuando procedían a detener personas
consideradas militantes de las organizaciones político militares (OPM) se
encontraban con el caso de mujeres embarazadas (o no) acompañadas de hijos
menores de muy corta edad.
En tales circunstancias
y ante la ausencia de familiares directos que pudieran hacerse cargo de la guarda
de estos últimos, esos niños eran llevados con su madre a los Centros de
Reunión de Prisioneros (CRP). La realidad, conocida posteriormente, fue que
las mujeres eran preservadas hasta dar a luz. Los menores así como los
recién nacidos se debían entregar según las órdenes de los Comandos
superiores a sus familiares directos o en su defecto a las instituciones
pertinentes como la Casa Cuna, Ministerio de Bienestar Social u organismos
provinciales similares, etc. En algunos casos sucedió que niños pequeños o recién nacidos
fueron entregados ilegalmente a personas allegadas a los responsables de la
custodia de esas mujeres –médicos, personal policial, fuerzas de seguridad o
militares– cuya situación biológica no les permitía tener hijos y deseaban
criarlos como si fueran propios.
Esta situación fue
analizada inicialmente en el juicio a los Comandantes (Causa 13/84) en cuya
Sentencia del 9 de diciembre de 1985 se hizo referencia, pero sin imputar a
ninguno de los sentenciados, debido a que los casos de niños desaparecidos
eran producto de actos ilegales individuales de aquellos que entregaron las
criaturas a terceras personas o se apropiaron de esos menores
desobedeciendo las órdenes al respecto insertas en la Directiva Nº 404/75
(Lucha contra la subversión) emitida por el Comandante General del Ejército
en octubre de 1975.
Para el debido
conocimiento y ejemplo transcribimos el documento que el Comandante de la
Zona 1 emitió para sus subordinados (ver página 92 del libro Obediencia Debida de D’Andrea Mohr, editorial Colihue. Bs. As., 1999, escrito
con la colaboración de todas las ONG de DDHH) donde en el final del
Apéndice 1 se establece el modo de proceder con niños de hasta 10 años que
eventualmente quedaran desamparados debido a las operaciones militares.
Dice la citada Orden de Operaciones:
1) En caso de conocerse la filiación de los detenidos o
desaparecidos deberá hacer entrega del o de los menores a los parientes de
primer grado. 2) en el caso mencionado en 1) la entrega deberá efectuarse
mediante acta documentada…, 3) Bajo ningún concepto deberá hacerse entrega
de los menores a los vecinos del lugar. 4) En caso de no conocerse la
filiación de los detenidos deberá hacerse entrega de los menores al
organismo más próximo de la PFA o provincial a fin que estos efectúen la
entrega al Ministerio de Bienestar Social o dependencias similares
provinciales. En el caso 4) la entrega se hará con firma documentada”…
Queda claro entonces
que no existió ningún
“Plan sistemático de apropiación de menores”, tal como expresan y
publicitan numerosas fuentes parciales afi nes al terrorismo aunque sin
precisar datos o pruebas que confi rmen esa afirmación. La verdad es que
ocurrió todo lo contrario ya que las máximas autoridades militares
establecieron normas expresas para salvaguardar vida y derechos de los
menores envueltos en las operaciones militares contra la insurgencia
terrorista. Lo anterior no se contrapone con la existencia de actos
personales ilegales de apropiación de menores, delitos basados en la
convicción de algunas personas que, al actuar de esa forma, pensaban estar
contribuyendo a mejorar el futuro de esos niños. Los medios de comunicación
social nos han informado sobre estos casos cuando, al ser identificados y localizados
años después por sus parientes biológicos o al enterase de su verdadera
identidad por diferentes procedimientos, varios de ellos eligieron quedarse
con aquellos que los criaron y educaron con amor, o bien mantuvieron con
los mismos una relación afectiva firme y sentimientos de gratitud por el
cuidado y amor brindados al margen de entender la ilegalidad del hecho
consumado. Hay en estos momentos en la justicia una acción legal de un
joven, ya mayor de edad, que no quiere tener el apellido de sus padres
biológicos a pesar de las presiones de las llamadas “Abuelas de Plaza de
Mayo” y mantener el actual apellido de sus padres adoptivos.
Sobre la base de las
denuncias oficiales insertas en el Informe de la CONADEP (Nunca Más) de 1984 y su posterior informe actualizado del 2006, se ha
confeccionado un documento que lleva el Nº 6 cuyo contenido figura en la
página web complementaria de este libro donde se observan los casos de las
mujeres embarazadas que habrían dado a luz en cautiverio y los bebés o
niños menores de 10 años que fueron inicialmente dados como desaparecidos
en las denuncias oficiales citadas en los mencionados informes. De ellos y
otra información obtenida en la web tenemos registrados 90 niños localizados a los que se les devolvió su identidad biológica.
■ Con respecto al número
de 223 madres
embarazadas que estuvieron detenidas
según los mismos informes mencionados se aprecia que, como el 20% de ellas
fueron denunciadas por sus familiares o amigos como transitando un embarazo
de 1 a 2 meses –y al margen de la certeza de esos datos– podemos
razonablemente pensar que las condiciones del cautiverio no eran las
óptimas para que todas llegaran a dar a luz normalmente. Por lo que,
arbitrariamente y para estimar un número más aproximado a la probable
realidad, disminuimos un 20% que no habría podido llegar a feliz término y así
obtenemos el número de 169
bebés (hoy jóvenes) nacidos en cautiverio que sumados a otros 9 niños
apropiados ya nacidos, sumarían 175 que
continuarían fuera del ámbito familiar biológico Observamos que en el
documento de referencia detallado en la web fi guran tres casos que no
llegaron a término (uno por aborto
no deseado en un
hospital y dos madres embarazadas muertas al resistirse a ser
aprehendidas).
Insistimos nuevamente
que estos guarismos surgen de las denuncias y los informes de la CONADEP
1984 y 2006, ya que no coinciden con los números ni con el contenido de los
niños difundidos por la asociación
“Abuelas de Plaza de
Mayo”, las que en su libro Niños desaparecidos – Jóvenes localizados 1976 a 1999 editorial propia, año 1999, registran sólo 129 niños desaparecidos que se deben sumar a otros 55, ya jóvenes, localizados, hasta esa fecha y restituidos, sumando 184.
También se registran 9 muertos, de ellos 6 nonatos por muerte de madres
embarazadas en combate y 3 como consecuencias de acciones armadas violentas
contra viviendas en que se encontraban esos niños mientras sus padres y
otros se resistían con armas de fuego.
Si hacemos un ejercicio
de memoria y vemos que el ex secretario de DDHH Eduardo L. Duhalde, ya
fallecido, había escrito un libro presentado a la vuelta de su exilio
titulado El estado
terrorista argentino, ed. El Caballito,
Bs. As., 1983 donde a sabiendas mentía sobre la existencia de 30.000
desaparecidos (de ellas 10.000 eran mujeres y según lo ya expresado, deducía
falazmente que los niños nacidos en cautiverio debían ser 500. Esta cifra
de inmediato fue tomada como propia por las “Abuelas de Plaza de Mayo”
(Sra. de Carlotto) como “bandera” en sus expresiones públicas sosteniendo
aún hoy, que hay 400 niños
desaparecidos sin aportar quiénes son.
Sería bueno que el
periodismo le pidiera los nombres para su publicación y búsqueda y también,
si ella creía que esas cifras eran ciertas y si pensaba que todas las
10.000 estaban embarazadas y detenidas. Lo más grave en este caso es que
Duhalde fue un funcionario que dirigió un área clave en nuestro país y que
junto con una presidenta de una ONG de Derechos Humanos mintieron a
sabiendas sobre aspectos claves de nuestra historia reciente y que en lugar
de despejar el camino hacia la verdad alimentaron aún más el relato falaz
que benefició y aún beneficia al grupo responsable del inicio de la mayor
tragedia argentina.
La conclusión emergente
del relato mentiroso expresado por estos personajes llenos de odio y
venganza, amén de otros intereses pecuniarios y de “estatus social”,
permite razonar nuevamente lo difícil que es difundir la historia cuando se
hacen dueños del poder personas ideologizadas que sostienen sus mentiras sólo para
obtener réditos personales, políticos y económicos. Con sus acciones y
declaraciones han bastardeado la verdad histórica de lo ocurrido, negando a
las víctimas del terrorismo sedicioso marxista los beneficios morales,
económicos y sociales que les dieron oportunamente a los victimarios del
terrorismo convertidos en su falso relato en “inocentes víctimas”.
Esas víctimas del
terrorismo insurrecto: hombres,
mujeres y niños, aunque están todas enterradas, son los verdaderos ausentes de los recuerdos de la sociedad argentina por obra del odio y venganza de los
familiares y militantes
de las organizaciones político militares además de las seudo organizaciones
de derechos humanos (sólo parcializado y de los 70).
donde están todos los datos pertinentes.
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