Un poder judicial infestado de jueces parciales y sobornables. Por Cosme Beccar Varela
Un país
cuyo Poder Judicial no merece confianza, no es un Estado de Derecho. Los
habitantes están inermes ante los poderosos y expuestos a la
arbitrariedad, la parcialidad o la desidia de jueces y fiscales
indignos.
Esa es la argentina del 2018. Los jueces penales federales son los
mismos que ocupaban esos cargos en la era kirchnerista y son todos ellos
culpables, entre otras cosas, de prevaricación al someter a su
jurisdicción omnímoda a los que combatieron el terrorismo de los años 70
encarcelándolos “preventivamente” por muchos más años que los que
permite la ley, negarles la prisión domiciliaria a los mayores de 70
años y a los enfermos, a causa de lo cual han muerto tras las rejas más
de 450 víctimas de esa “polÍtica de Estado”, como la definió Lorenzetti,
ex-Presidente de la Corte Suprema. Igualmente prevaricaron al permitir
la enorme corrupción de los políticos kirchneristas y de los actuales,
así como también los Fiscales acompañaron esa saga horrenda de
injusticias por acción u omisión.
A partir del 18 de Noviembre próximo el macrismo “podrá conseguir sin
esfuerzos la mayoría agravada para designar y remover jueces” (“La
Nación”, 11/10/2018, pag. 16).
Tendrá la mayoría con 10 de los 13
consejeros que integran el Consejo de la Magistratura (ibidem). Siendo
así, es indispensable que Macri cumpla con su obligación de asegurar al
país un Poder Judicial moral e intelectualmente idóneo para lo cual debe
remover a los jueces indignos y designar jueces para cubrir las
numerosas vacantes que hay en los Tribunales, cubiertas hasta ahora por
“subrogantes” que son ineptos y ausentistas o por substitutos que son a
su vez titulares de otros Juzgados, lo cual retrasa enormemente los
trámites judiciales y, lo que es peor, en el caso de los subrogantes
ineptos, pone los derechos de los litigantes en manos de incompetentes
irresponsables.
Para
realizar esta recuperación del Poder Judicial con la celeridad debida,
será necesario que Macri inste al Consejo dela Magistratura a cumplir
con su deber que es precisamente el que acabo de señalar. Y si es
necesario, contrate por un plazo determinado abogados auxiliares
independientes y de probada capacidad que investiguen todos los Juzgados
nacionales y federales, empezando por los penales federales que son los
más sospechosos de haber incurrido en graves injusticias, e informen al
Consejo sobre sus conclusiones y recomendaciones para la remoción de
los indignos.
A su vez, el Presidente debe instar al Consejo para que active la
presentación de nuevos candidatos para su designación en los Juzgados
vacantes que según el último dato que leí en los diarios hace unos
meses, son más de 100. No puedo confirmar ese número porque ni el
gobierno ni el Consejo informan al público sobre ese asunto, pero los
abogados que debemos litigar dentro del actual Poder Judicial
sufrimos en carne propia las demoras escandalosas y los errores aún más
escandalosos de los Tribunales. Entretanto, tampoco he leído en la
prensa noticia alguna que permita celebrar el fin de esa intolerable
acefalía.
Si Macri no lo hace, como dije más arriba, la argentina seguirá sin
ser un “Estado de Derecho” y los particulares seguirán careciendo de las
mínimas garantías de Justicia que se exigen para ser considerado un
país civilizado.
A la fecha puedo asegurar, con mi experiencia de 59 años de ejercer
la abogacía, que nunca he visto un Poder Judicial peor que el actual,
empezando por la desastrosa Corte Suprema, cuya parcialidad es
repulsiva. Hace unos días hemos visto que el nuevo Presidente de ella,
uno de los jueces nombrados por Macri y ex-abogado de una asociación de
homosexuales, denunció a su predecesor Lorenzetti por haber “vaciado”
una Oficina esencial de la Corte Suprema al disponer en sus últimos días
en el cargo supremo el traslado de 10 de sus 16
funcionarios. Lorenzetti es un político que fue “montonero” en su
juventud y está acusado por la diputada Carrió de diversos delitos, pero
sigue siendo ministro de la Corte Suprema. Presidió la Corte durante 12
años y firmó diversos fallos inicuos, entre ellos el conocido caso
F.A.L. que excusó el crimen del aborto más allá de lo que lo excusa el
art. 86 del Código Penal, la retroactividad de las leyes penales, la
convalidación de la decisión inaudita del Congreso de anular en lo que
respecta a los antiterroristas las leyes de amnistía dictadas por el
mismo Poder hace más de 20 años y mantener su vigencia en favor de los
terroristas, etc.
Si
Macri termina su “gobierno” sin prestar al país por lo menos este
servicio, su presidencia pasará a la Historia como una de las mayores
frustraciones que ha sufrido la Patria.
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