La corporación judicial, el cristinismo y un sector radical juegan a favor de la impunidad
Ayer señalamos
que el descargo voluntario para el juez Norberto Oyarbide y el
obligatorio para Claudio Bonadío (vinculado este último a Sergio Massa)
formaban parte de una nueva coalición. La misma se formó después que la
Corte Suprema de Justicia impidió con un fallo la elección popular del
Consejo de la Magistratura. Fue entonces cuando el cristinismo adoptó
una estrategia cercana a la practicada por sus antecesores montoneros. O
sea, si no puedes derrotar a tus enemigos, únete a ellos. Y de este
nuevo enfoque surgió otro fallo de la Corte, en este caso declarando la
constitucionalidad de la ley de medios. Luego, esta alianza se evidenció
en la elección de autoridades del Consejo de la Magistratura, en la
cual los representantes de La Cámpora votaron a los camaristas Alejandro
Sánchez Freites y Ricardo Recondo. Las primeras consecuencias las vimos
el jueves pasado, con las distintas sanciones a Oyarbide y Bonadío.
Pero en el caso del descargo obligatorio a Claudio Bonadío, también votó
a favor el senador radical chubutense Mario Cimadevilla, quien también
votó por la destitución del juez Daniel Rafecas, después de que éste
allanara el departamento de Amado Boudou en Puerto Madero.
Un cuadro completo
Sin embargo, este senador chubutense no es el único radical del nuevo
contubernio, ya que los principales abogados defensores de los
kirchneristas amenazados por la justicia son los doctores Darío
Richarte, ex segundo de la SIDE, y su socio Diego Pirota, y hace tiempo
que existe una alianza entre la SI y la justicia federal. El enlace era
hasta hace un tiempo el auditor Javier Fernández, quien le presentó a
Richarte y Pirota a Julio de Vido quien, como dijimos, maneja un fondo
de 100 millones de dólares para obtener sobreseimientos o cajoneamientos
de causas contra funcionarios del cristinismo. Esta alianza se plasmó
también en la Universidad de Buenos Aires, donde el contubernio llevó a
la designación como rector de la misma del oscuro contador Alfredo
Barbieri, vinculado en otro tiempo a José Pampuro, y como vicerrector a
Richarte, el defensor de corruptos. Ninguno de los dos tiene una sola
línea escrita sobre las materias que enseñan, ya que sólo se destacan
por su actividad intrigante, sin ningún antecedente académico en una
universidad que tuvo como rectores a Risieri Frondizi, Julio Olivera e
Hilario Fernández Long, este último defenestrado en la noche de los
bastones largos. A tanto llega esta trenza universitaria que De Vido
donó el nuevo edificio de la Facultad de Ciencias Económicas, una
edificación imponente para comprar voluntades a espaldas de los
estudiantes ajenos a esta alianza espuria. Desde ahora hasta la entrega
del poder la corporación judicial, ahora a cubierto de las intenciones
colonizadoras de la presidente, goza de sus altos sueldos, ya que un
fiscal gana 70.000 pesos limpios por mes y una subrogancia suma otros
40.000 pesos mensuales. Es decir, los mejores niveles de la historia.
Esos fondos para la justicia los logró el hábil presidente de la Corte
Suprema, Ricardo Lorenzetti, un excelente político pese a las diatribas
de Horacio Verbitsky y del abolicionista Eugenio Zaffaroni. El objetivo
presidencial es la impunidad de ella y de sus hijos Máximo y Florencia,
que firmaron recibos de los alquileres fraudulentos de Lázaro Báez de
los hoteles presidenciales, una causa que duerme en tribunales por la
acción de De Vido. Éste, además, insiste con la gran jugada que se
viene, como es la desvinculación de Boudou de la causa Ciccone por la
Cámara de Casación Penal, ya que el fiscal de casación Javier de Luca
aceptó la excepción por falta de acción que presentó el estudio de
Richarte y Pirota. Así, los camaristas, haciendo responsable al fiscal
de Luca, podrían lograr que Boudou zafe de la causa.
