Lo que no se dice del 24 de marzo
El relato kirchnerista sobre lo sucedido en la década del ‘70 debe
revisarse en pos de la verdad histórica, iluminando aquellos aspectos
esenciales de nuestro pasado reciente que han sido oscurecidos por un
proyecto de “memoria colectiva” que, hay que decirlo, guarda en sus
raíces fuertes determinantes políticos e ideológicos con los que hay que
barrer.
No se trata, es dable aclarar, de volver a la interpretación
alfonsinista que fuera bautizada como “la teoría de los dos demonios”,
que despojó de responsabilidades a la sociedad civil y política. Pero
tampoco es cuestión de reducir aún más la complejidad de la historia a
una explicación de “demonio único”, que necesariamente vuelve
inaprensibles los procesos históricos y diluye diversas
responsabilidades, tal como se ha estructurado el relato kirchnerista de
los ‘70.
Hoy suena políticamente incorrecto recordar que durante los gobiernos
democráticos que fueron de mayo de 1973 a marzo de 1976 operaron en la
Argentina organizaciones guerrilleras que –bautizados sus miembros como
“jóvenes idealistas” por el relato– se propusieron derrocar la
democracia para imponer una tiranía marxista. Los documentos de la época
son al respecto contundentes. La revista Estrella Roja de marzo de
1973, órgano de prensa del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP),
sentenciaba: “Las elecciones [que le dieron el triunfo a Cámpora] sólo
fueron un episodio insignificante, y nos anuncia ya la necesidad de
estar listos para un desarrollo aún mayor de la guerra, en otro nivel
superior al actual”. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), pocos
meses después integradas a Montoneros tras el asesinato de José Rucci,
dirían ese mismo mes en la revista Militancia que “nuestra estrategia
sigue siendo la guerra integral”. El máximo líder de Montoneros, Mario
Firmenich, le responderá en septiembre de 1973 a un periodista que le
preguntó si su organización dejaría los fusiles tras el retorno
democrático: “De ninguna manera. El poder político brota de la boca del
fusil”. En septiembre de 1974 Montoneros pasaría nuevamente a la
clandestinidad, desde la cual embestiría contra el gobierno peronista de
María Estela Martínez de Perón. En tanto, el ERP se asentará en la
selva tucumana para practicar “foquismo” al estilo cubano.
El accionar de estas organizaciones ha quedado registrado en los medios de prensa de la época. El diario La Opinión
del 23 de marzo de 1976, dirigido por Jacobo Timerman (padre de nuestro
actual canciller), efectuó un recuento de los muertos producidos por
los grupos armados: “El terrorismo ha causado 1358 muertos desde el 25
de mayo de 1973”. Cuatro días antes había titulado su tapa: “Un muerto
cada cinco horas, una bomba cada tres”. El vespertino La Tarde,
dirigido por Héctor Timerman, el 22 de marzo sentenciaba: “Un récord que
duele: cada 5 horas, asesinan a un argentino”. Muchos años después,
tras el Juicio a las Juntas Militares, conoceremos que el total de
atentados y acciones armadas perpetradas por estas organizaciones
terroristas fue de 21.664 entre 1969 y 1979, lo que promedia casi cinco
operaciones guerrilleras por día.
Hay algo verdaderamente irónico de esta historia que ha quedado
borrado de la llamada “memoria colectiva”: Montoneros y ERP, en su afán
por llegar a una fase de “guerra abierta” contra las Fuerzas Armadas,
instigaron y presionaron para que éstas tomasen el gobierno. Eran los
tiempos del “cuanto peor, mejor”.
El ERP, desde Estrella Roja (16/2/76), lo explicaba así: “La
concreción del golpe militar producirá un cambio en el desarrollo de la
lucha revolucionaria de nuestra Patria. Será el inicio de la guerra
civil abierta. […] La aventura golpista del enemigo significará la
derrota del enemigo”. La ex montonera Adriana Robles, en su libro
Perejiles, ha contado que “tras el golpe que se anunciaba se esperaba el
inicio de algo que pensábamos como un cambio político favorable a
nuestros objetivos”. ¡Vaya ironía histórica!
Dentro de los esfuerzos por oscurecer esta parte de la historia, el
relato setentista ha borrado otro dato fundamental: la represión ilegal
no comenzó el 24 de marzo de 1976, sino mucho tiempo antes, desde los
tiempos de la organización paraestatal conocida como Triple A. Ocurre
que reconocer tal cosa obliga a extender las responsabilidades a la
clase política de la época, algo que contrariaría la doctrina del
“demonio único”.
Los desaparecidos anteriores al 24 de marzo contabilizados por la
CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) ascienden a
900 casos. El jerarca guerrillero Enrique Gorriarán Merlo afirma al
respecto en sus Memorias que “las técnicas represivas de ese gobierno
[peronista] surgido de elecciones fueron (aunque parezca difícil de
creerlo) más feroces que las instrumentadas por el gobierno de facto de
Onganía, Levingston y Lanusse”. Julio Santucho, hermano del jefe máximo
del ERP, expresará, en idéntico sentido, que “en un solo año de gobierno
popular, nuestro pueblo tuvo más muertos que en siete años de dictadura
militar (…) la represión actuada por el gobierno peronista fue diez
veces mayor que la de la Revolución Argentina proclamada por el general
Onganía”.
Paradójicamente, hoy parece ser políticamente incorrecto traer a la
memoria los decretos 261 y 2.772 del Poder Ejecutivo del año 1975, que
ordenaban a las Fuerzas Armadas “ejecutar las operaciones militares que
sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de
los elementos subversivos” primero en Tucumán y luego en toda la
República. Vale preguntarse: ¿A quién pretende encubrir el relato
setentista?
Se cumplen 38 años del 24 de marzo de 1976. Urge completar la
narración de una historia que, en virtud de intereses políticos,
ideológicos y económicos, ha quedado incompleta y, por lo tanto,
absolutamente deformada.
